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Migrantes frente a militares bielorrusos

Migrantes frente a militares bielorrusos cerca de la frontera bielorruso-polaca en la región de Grodno. (Foto de Oksana Manchuk/BELTA/AFP vía Getty Images)

Europa y Asia Central

La perspectiva regional resume la situación de los derechos humanos y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2021.

El autoritarismo fue en aumento en la región de Europa y Asia Central en 2021. Varios Estados mostraron con un descaro sin precedentes su falta de respeto por los derechos humanos, que amenazaba con convertir los compromisos en esta materia en letra muerta y los organismos regionales en foros sin sentido para un “diálogo” vacío. En algunos países estas tendencias se evidenciaron en la constante extralimitación del Estado, la erosión de la independencia judicial, la represión de las libertades y el silenciamiento de las voces disidentes. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron intimidación, restricciones y enjuiciamientos injustos en toda la región.

El discurso xenófobo sobre la migración caló en la opinión pública de toda la región, mientras se endurecían aún más las políticas. Continuó incesante el reforzamiento de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE), y muchos países anunciaron abiertamente el número de devoluciones sumarias efectuadas en sus fronteras. “Devolución sumaria” es una expresión anodina para referirse a unas prácticas que a menudo fueron terriblemente violentas. Una docena de países de la UE pidieron al órgano ejecutivo del bloque que atenuara las normas sobre protección de las personas refugiadas.

Creció el racismo contra las personas negras, musulmanas, romaníes y judías. En muchos países hubo una reacción adversa a las protestas del movimiento Black Lives Matter de 2020, el miedo a la migración reforzó los prejuicios contra la comunidad musulmana, la población romaní sufrió aún más exclusión social durante la pandemia de COVID-19 y la población judía experimentó un aumento sustancial de agresiones verbales y físicas. Fue difícil no ver racismo en las políticas sobre vacunación y sobre el clima adoptadas por los países europeos respecto al resto del mundo. Dentro de Europa, los índices de vacunación fueron relativamente altos, aunque en algunos países de Europa Oriental y Asia Central continuaron manteniéndose bajos.

A menudo, el racismo fue de la mano del sexismo y la homofobia. Aunque algunos países mostraron avances notables en cuanto a los derechos de las mujeres, varios continuaron retrocediendo en ese ámbito. El giro autoritario también se caracterizó por iniciativas legislativas que estigmatizaban y restringían los derechos de las personas LGBTI. En algunos países, el retroceso hacia el autoritarismo, sumado al impacto de la COVID-19 y de la toma del poder por los talibanes en Afganistán, podría haber ocasionado un retroceso de varias décadas en los derechos de las mujeres y las personas LGBTI.

Este retroceso interno fue acompañado de unas relaciones internacionales más agresivas. Siguió habiendo víctimas mortales como consecuencia del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Al final del año, Rusia había acumulado tropas en la frontera con Ucrania y la guerra en el continente europeo parecía cada vez más posible.

Extralimitaciones del Estado

Las extralimitaciones de los Estados y su desprecio por los sistemas tradicionales de controles y contrapesos formaron parte de la tendencia autoritaria. En Rusia se impuso una larga pena de prisión al principal político de oposición del país, Aleksei Navalny, por cargos de motivación política, y el Estado hizo caso omiso de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordenaban su liberación. En Bielorrusia, el gobierno utilizó un falso aviso de bomba para desviar el rumbo de un vuelo civil en el que viajaba el periodista exiliado Raman Pratasevich con el fin de arrestarlo.

Varios gobiernos continuaron sobrepasando los límites de la legalidad usando como cortina de humo la COVID-19, la “crisis” migratoria y la lucha contra el extremismo y el terrorismo. Por ejemplo, Polonia, Lituania y Letonia declararon sendos estados de excepción que no cumplían las normas internacionales y limitaban gravemente el trabajo de los medios de comunicación y las ONG en las fronteras.

Los gobiernos desplegaron medios técnicos cada vez más sofisticados contra quienes los criticaban. El Proyecto Pegasus reveló que Hungría, Polonia, Azerbaiyán y Kazajistán se sirvieron del programa espía Pegasus de la empresa de vigilancia NSO Group para actuar contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, entre otras, y el gobierno alemán reconoció haber adquirido esa tecnología. Se filtraron miles de archivos que demostraban la vigilancia generalizada de periodistas, activistas civiles, figuras políticas, clérigos y personal diplomático por los servicios de seguridad estatales de Georgia.

Algunas personas tuvieron que rendir cuentas por sus prácticas en el pasado. En Macedonia del Norte, el exjefe de la policía secreta y varios funcionarios más fueron declarados culpables de haber realizado escuchas ilegales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que las facultades del gobierno británico para interceptar datos de comunicaciones de forma indiscriminada carecían de garantías frente a los abusos. Al mismo tiempo, en Suiza se aprobó en referéndum una nueva ley antiterrorista que dotaba de amplios poderes a la policía. La retirada de Afganistán no generó ningún replanteamiento de las extralimitaciones de los Estados en materia de vigilancia ni de otros abusos cometidos en la lucha contra el terrorismo.

Erosión de la independencia judicial

Una de las principales extralimitaciones de los Estados fue la erosión de la independencia judicial. Polonia continuó desafiando los intentos de los organismos europeos de paralizar la destrucción de la independencia del poder judicial del país, haciendo que la UE se enfrentara a su mayor crisis del Estado de derecho hasta la fecha. En una serie de sentencias, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la UE concluyeron que los cambios judiciales introducidos en el país no cumplían los requisitos para celebrar juicios justos. En respuesta, el Tribunal Constitucional de Polonia resolvió que el derecho polaco primaba sobre el derecho de la UE y que el derecho a un juicio justo con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos era incompatible con la Constitución polaca, lo que dio lugar a una investigación excepcional por parte de la secretaria general del Consejo de Europa.

La situación fue peor en Bielorrusia, donde las autoridades instrumentalizaron el sistema de justicia para castigar a víctimas de tortura y testigos de violaciones de derechos humanos. En Georgia, el arresto de importantes dirigentes de la oposición, entre ellos el expresidente Mijeil Saakashvili, y el trato degradante que recibieron durante la detención suscitaron motivos de preocupación por la independencia judicial. Algunos organismos multilaterales señalaron que la nueva Constitución de Kirguistán podía mermar la independencia judicial.

Turquía sólo adoptó medidas superficiales respecto al poder judicial en lugar de abordar las graves deficiencias del sistema, y se resistió a las presiones para que cumpliera sentencias fundamentales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al final del año se enfrentaba a un procedimiento de infracción muy poco utilizado.

Libertad de expresión, reunión y asociación

Libertad de expresión

Muchos gobiernos intentaron acallar las críticas, amordazar a las organizaciones de la sociedad civil que pudieran sumar reclamaciones y disuadir a la gente de protestar en la calle. Los mayores peligros para la libertad de los medios de comunicación en algunos países fueron las campañas de desprestigio, las amenazas y el hostigamiento de periodistas —sobre todo mujeres— a través de Internet. En Bosnia y Herzegovina hubo casi 300 demandas por difamación contra periodistas, la mayoría presentadas por figuras políticas, mientras que en Croacia fueron más de 900. En Bulgaria, República Checa y Eslovenia, las autoridades intervinieron los medios de comunicación de servicio público.

En Polonia, los activistas en favor de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI siguieron sufriendo hostigamiento y criminalización. En Rumania, los periodistas que investigaban casos de corrupción fueron interrogados por los servicios encargados de hacer cumplir la ley sólo por razón de su labor periodística. En Kosovo, una empresa eléctrica austriaca retiró sus intimidatorias demandas presentadas contra activistas ambientales que habían denunciado públicamente los efectos perjudiciales de la construcción de plantas hidroeléctricas en los ríos del país.

Más al este de la región, numerosos activistas de la sociedad civil y periodistas que expresaban puntos de vista disidentes fueron enjuiciados por actividades legítimas, y las injurias contra figuras públicas también se tipificaron como delito en más países. Kazajistán y Rusia recurrieron cada vez más a la legislación contra el extremismo para reprimir la disidencia.

En Bielorrusia, las autoridades continuaron encarcelando a activistas y periodistas, eliminando prácticamente todo vestigio de expresión independiente y disidencia pacífica. Hubo reiteradas denuncias que apuntaban a que las autoridades bielorrusas perseguían a las voces disidentes en el exilio: existían indicios de que el asesinato del periodista Pavlo Sheremets había sido planeado por ellas, y el bielorruso en el exilio Vital Shyshou apareció ahorcado en un parque de la capital ucraniana tras haber denunciado amenazas de los servicios de seguridad bielorrusos. En Turkmenistán, varios usuarios de Internet informaron de que habían tenido que jurar sobre el Corán que no iban a usar redes privadas virtuales (VPN) para acceder a Internet.

Libertad de reunión

Muchos países promulgaron o mantuvieron unas restricciones desproporcionadas sobre las reuniones pacíficas, y la policía recurrió con frecuencia al uso ilegítimo de la fuerza o a medidas discriminatorias para controlar a quienes se manifestaban. Grecia siguió utilizando la pandemia como cortina de humo para restringir indebidamente el derecho a la libertad de reunión pacífica y, entre otras cosas, aprobó por tercera vez una prohibición general de las reuniones públicas al aire libre y disolvió varias manifestaciones pacíficas. Chipre también mantuvo una prohibición general de todas las manifestaciones. Las autoridades de Turquía continuaron restringiendo arbitrariamente la libertad de reunión pacífica al detener de forma arbitraria a cientos de personas, usar ilegalmente la fuerza contra ellas y procesarlas sólo por ejercer sus derechos.

En Bielorrusia, el derecho a la protesta pacífica dejó de existir en la práctica y miles de personas huyeron del país por miedo a sufrir represalias. En Rusia se procesaba por sistema incluso a quienes llevaban a cabo protestas en solitario y en Moscú, según informes, se usaba el reconocimiento facial para identificar y reprender a manifestantes pacíficos. En Kazajistán solían denegarse las peticiones para celebrar manifestaciones pacíficas en aplicación de una restrictiva legislación.

En Serbia no hubo avances en las denuncias penales presentadas por 40 personas que habían resultado heridas por la policía durante una manifestación en 2020. En Reino Unido, la fiscalía decidió no presentar cargos contra manifestantes del movimiento Black Lives Matter, y en Irlanda del Norte la policía tomó medidas para devolver el importe de las multas impuestas a 72 de ellos. Sin embargo, un controvertido proyecto de ley sobre la función policial preveía ampliar drásticamente las facultades de la policía para restringir indebidamente protestas y establecía penas draconianas por infracciones de la ley.

A finales de 2021, las restricciones asociadas a la COVID-19 desataron protestas multitudinarias en Austria, Bélgica, Croacia, Italia y Países Bajos. Algunas manifestaciones estuvieron marcadas por la violencia, y en ellas hubo decenas de arrestos y resultaron heridos tanto manifestantes como agentes de la ley.

Libertad de asociación

La libertad de asociación continuó amenazada en toda la región. En Hungría se revocó una ley que imponía restricciones arbitrarias a las ONG, pero la legislación adoptada en su lugar suscitó nuevos motivos de preocupación, y la que penalizaba la prestación de ayuda a las personas migrantes incumplía las leyes de la UE según una resolución del Tribunal de Justicia de la UE. En Grecia seguía en vigor una restrictiva normativa sobre la inscripción en registro de las ONG que trabajaban con personas refugiadas y migrantes. Las autoridades turcas utilizaron las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera como pantalla de humo para aprobar legislación que facilitaba el hostigamiento de las ONG.

En el este de la región, las autoridades relacionaban cada vez más las actividades de la sociedad civil con actividades políticas y dispusieron que infringir las restrictivas normas sobre la libertad de asociación fuera punible con la cárcel. Rusia recurrió sistemáticamente a la legislación sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables” para paralizar o prohibir un gran número de organizaciones de la sociedad civil y de medios de comunicación, y disolvió una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas, Memorial, por supuestas infracciones de la ley sobre “agentes extranjeros”.

Al final del año, más de 270 organizaciones de la sociedad civil habían sido arbitrariamente disueltas o estaban en proceso de cierre forzoso en Bielorrusia. En una entrevista a la BBC, Alexander Lukashenko vinculó las ONG a la oposición política y prometió “masacrar toda la escoria a la que ustedes [Occidente] han estado financiando”. En Uzbekistán, el incumplimiento de las restrictivas normas sobre “formación ilegítima de una asociación pública u organización religiosa” seguía siendo punible con la cárcel.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los Estados continuaron incumpliendo su obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para las personas que defendían los derechos humanos. Defensores y defensoras de las personas en movimiento eran objeto de restricciones administrativas, procesamientos y acoso policial. Quienes defendían los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI se enfrentaban a procesamientos injustos, amenazas y campañas de difamación.

En Chipre, Francia, Grecia, Italia y Malta, quienes defendían los derechos de las personas migrantes seguían siendo objeto de criminalización. En Italia y Grecia prosiguieron las causas abiertas contra particulares y ONG. En 2021 también hubo absoluciones de defensores y defensoras de los derechos de las personas migrantes, como en el caso de Stansted en Reino Unido.

Las autoridades de Polonia apelaron contra la absolución de tres defensoras acusadas de “ofender las creencias religiosas” por medio de unos carteles de la Virgen María con un halo de arcoíris. Las mujeres que defendían el acceso a unos servicios de aborto legales y seguros se enfrentaban a campañas de desprestigio y amenazas de muerte.

En Turquía, las personas defensoras de los derechos humanos se enfrentaron a investigaciones infundadas, procesamientos y condenas. El caso más representativo fue el de Osman Kavala, quien continuaba bajo custodia tras cuatro años de reclusión, acusado de nuevos cargos, a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pedía su liberación inmediata.

En Rusia, las represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos fueron generalizadas y muy graves. El abogado de derechos humanos Ivan Pavlov huyó de Rusia al ser acusado arbitrariamente de “divulgar los resultados de una investigación preliminar” y fue incluido en una lista de “personas buscadas”. Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que las autoridades no habían investigado debidamente el secuestro y asesinato de Natalia Estemirova. En Bielorrusia se persiguió a activistas de todos los sectores de la sociedad. Al final del año, siete miembros de la principal organización de derechos humanos del país, Viasna, habían sido detenidos arbitrariamente y condenados a largas penas de prisión o estaban en espera de condena. Huseyn Abdullayev, un azerbaiyano crítico con el gobierno, continuó en prisión a pesar de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria consideraba que su privación de libertad era arbitraria y había pedido su liberación.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En 2021 se levantaron nuevas vallas fronterizas, se debilitó el régimen de protección y hubo una aceptación generalizada de las torturas y muertes en las fronteras como disuasión de la migración irregular.

Grecia designó a Turquía como país seguro para solicitantes de asilo procedentes de Afganistán, Somalia y otros países. Las iniciativas de Dinamarca para rescindir los permisos de residencia concedidos a personas refugiadas sirias y devolverlas a su país marcaron un nuevo mínimo. Varios países estuvieron devolviendo a solicitantes de asilo de Afganistán hasta poco antes de la toma del poder por los talibanes.

Las autoridades de Bielorrusia facilitaron la creación de nuevas rutas migratorias que atravesaban su país en dirección a la UE y empujaron violentamente a las personas refugiadas y migrantes a dirigirse a las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia, que anularon el derecho a solicitar asilo en la frontera y legalizaron las devoluciones sumarias. Al final del año había una multitud de personas atrapada en las fronteras, y habían muerto varias. En las “antiguas” rutas migratorias de Turquía a Grecia, del Mediterráneo Central a Italia y de Marruecos a España continuaron las devoluciones sumarias violentas, y las personas rescatadas en el mar se enfrentaban a largas esperas para desembarcar.

Muchos países anunciaron abiertamente el número de personas cuya entrada se había “impedido”, lo que a menudo significaba que estas personas habían sufrido una devolución sumaria sin que se evaluaran sus necesidades de protección. El número anunciado en Turquía y Hungría era de varias decenas de miles, y en las fronteras de Bielorrusia con Polonia, Letonia y Lituania era superior a 40.000.

Otros muchos países, como Bosnia y Herzegovina, Croacia, Grecia y Macedonia del Norte, llevaron a cabo devoluciones sumarias e ilegales de personas refugiadas y migrantes sin tener en cuenta sus circunstancias particulares y después negaron haberlo hecho. Personas de etnia kazaja que habían huido de Xinjiang (China) se enfrentaron a acciones judiciales por cruzar ilegalmente la frontera kazaja.

Algunos tribunales reconocieron la ilegalidad de tales acciones. Tanto el Tribunal Constitucional de Serbia como el de Croacia resolvieron que la policía había violado derechos humanos en las devoluciones sumarias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Croacia había violado los derechos de una niña afgana que había muerto atropellada por un tren tras su expulsión ilegal a Serbia en 2017. Los tribunales de Italia y Austria concluyeron que las expulsiones en cadena de solicitantes de asilo a Eslovenia y Croacia vulneraban el derecho internacional. A pesar de estas resoluciones, la rendición de cuentas por las expulsiones sumarias y los malos tratos fue infrecuente.

La UE e Italia continuaron siendo cómplices en la financiación de las operaciones de “recuperación de migrantes” de la guardia costera libia, que llevaba a los migrantes de vuelta a Libia, donde podían sufrir graves violaciones de derechos humanos. A fecha de octubre, más de 27.000 personas refugiadas y migrantes habían sido capturadas en el Mediterráneo Central y devueltas a Libia por los guardacostas libios.

Discriminación

El racismo contra personas negras, musulmanas, romaníes y judías se hizo más patente en muchos contextos. En Reino Unido, un informe gubernamental descartaba los motivos de preocupación sobre el racismo institucional, mientras que un nuevo proyecto de ley sobre la policía auguraba un aumento de la discriminación de las comunidades negra, romaní y nómada. Las autoridades de Dinamarca suprimieron de la legislación toda referencia a los “guetos” pero siguieron imponiendo limitaciones en materia de vivienda social a los residentes de “procedencia no occidental”. Austria y Francia intensificaron la vigilancia de las comunidades musulmanas, irrumpieron en mezquitas y cerraron organizaciones que vigilaban la islamofobia, justificando tales medidas como parte de su lucha contra la radicalización y el terrorismo. En Alemania, a fecha del 5 de noviembre de 2021, se habían registrado 1.850 casos de antisemitismo y otros delitos de odio contra personas judías —la cifra más alta desde 2018— y se alcanzaron máximos exorbitantes de incidentes similares declarados también en Austria, Francia, Italia y Reino Unido.

Romaníes

Las personas romaníes continuaron sufriendo acoso y discriminación, que incluía su segregación en la educación, la vivienda y el empleo. Las comunidades romaníes seguían sometidas a un control policial excesivo y subescolarizadas. Dos casos de gran repercusión de romaníes muertos a manos de la policía en la República Checa y en Grecia recordaron a la muerte de George Floyd en Estados Unidos.

Tras años de campañas, el Senado checo votó a favor de un proyecto de ley para indemnizar a los miles de mujeres romaníes que habían sido esterilizadas ilegalmente por las autoridades entre 1966 y 2012. El gobierno de Eslovaquia se disculpó oficialmente por la esterilización forzada de miles de mujeres romaníes, pero seguía pendiente de poner en marcha un mecanismo de indemnización efectivo.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las personas LGBTI continuaron sufriendo discriminación y violencia en toda la región. Varios países debatieron o aprobaron legislación que las estigmatizaba o discriminaba, entre ellos Polonia y Hungría. En Serbia, el presidente rehusó firmar una ley sobre uniones civiles. En Bulgaria y Turquía, entre otros países, algunas figuras políticas participaron en discursos o actos homófobos.

Las relaciones sexuales de mutuo acuerdo entre hombres eran delito en Turkmenistán y Uzbekistán. En Rusia la ley sobre “propaganda gay” fomentó la discriminación de la comunidad LGBTI, y en Georgia un periodista murió cuando una turba asaltó la sede del Orgullo en la ciudad de Tiflis.

Derechos de las mujeres

Derechos sexuales y reproductivos

El acceso a un aborto seguro y legal seguía siendo un grave problema de derechos humanos en Andorra, Malta, Polonia, San Marino y otros lugares. En Polonia entró en vigor una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional el aborto en el supuesto de grave malformación del feto. El año siguiente a la sentencia, 34.000 mujeres se pusieron en contacto con Aborto sin Fronteras, una ONG que facilitaba viajar al extranjero para obtener asesoramiento y servicios de aborto.

En Andorra se mantenían los cargos por difamación presentados contra una defensora que había planteado ante la ONU sus motivos de preocupación sobre la prohibición total del aborto en el país. En un positivo avance, San Marino legalizó el aborto en una votación popular.

Violencia contra mujeres y niñas

El panorama respecto a la violencia contra las mujeres seguía siendo dispar. Mientras que Turquía se retiró de un tratado emblemático para combatirla —el Convenio de Estambul—, Moldavia y Liechtenstein lo ratificaron. Además, Eslovenia reformó su legislación sobre la violación para que su definición estuviera basada en el consentimiento, y en España, Países Bajos y Suiza también se estaba reformando la legislación análoga.

Sin embargo, la violencia contra las mujeres seguía siendo una práctica muy extendida. En Rusia, el Consorcio de ONG de Mujeres concluyó que el 66% de las mujeres asesinadas de 2011 a 2019 habían sido víctimas de violencia de género en el ámbito familiar. El Ministerio del Interior de Uzbekistán rechazó una petición de la ONG NeMolchi en relación con los enjuiciamientos por violencia contra las mujeres, afirmando que “no servía para nada”. En Azerbaiyán, activistas de los derechos de las mujeres y periodistas sufrieron chantajes y campañas de desprestigio basadas expresamente en el género y se disolvieron con violencia concentraciones de mujeres contra la violencia de género intrafamiliar. La toma del poder por los talibanes en Afganistán intensificó los esfuerzos para promover los valores “tradicionales” en Asia Central. En Ucrania continuaron los ataques homófobos y hubo informes sobre la falta de servicios para las sobrevivientes de violencia de género intrafamiliar en las zonas de la región de Dombás no controladas por el gobierno.

Derecho a la salud y a la seguridad social

La pandemia de COVID-19 siguió teniendo un impacto considerable, aunque atenuado en cierta medida por los altos índices de vacunación en muchos países de la región, especialmente en la UE. La pandemia ejerció una presión inmensa sobre unos sistemas de salud desbordados y faltos de financiación.

Algunos Estados suspendieron sus obligaciones contraídas en virtud del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y varios declararon prolongadas emergencias de salud pública e impusieron nuevos confinamientos y otras restricciones ante las sucesivas oleadas de contagios y la aparición de nuevas mutaciones del virus.

La desigualdad vacunal en la región se acentuó aún más, casi siempre por una fuerte reticencia a las vacunas. Por ejemplo, mientras que en España, Islandia, Malta y Portugal se había vacunado más del 80% de la población, en Armenia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kirguistán, Tayikistán y Ucrania, lo había hecho menos de un 30% de la población. En algunos casos, las personas migrantes sin documentación y las pertenecientes a grupos tradicionalmente discriminados tuvieron dificultades de acceso a la vacunación. Las muertes por COVID-19 seguían afectando de manera desproporcionada a las personas de edad avanzada.

A pesar de que Europa formuló importantes compromisos para donar vacunas, la desigualdad vacunal mundial se acentuó por culpa de Noruega, Reino Unido, Suiza y la UE, que siguieron bloqueando una exención del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que permitiría incrementar en gran medida la producción de vacunas, sobre todo en el Sur global.

Según informes, en la región ucraniana de Dombás los centros médicos estaban saturados de pacientes y carecían de personal y suministros médicos suficientes, incluidas vacunas. En Turkmenistán las autoridades continuaron negando que hubiera casos de COVID-19, pero en julio aprobaron la vacunación obligatoria para toda la población adulta.

La COVID-19 sumió en la precariedad a un número cada vez mayor de trabajadores y trabajadoras al no existir planes integrales de protección social. Las mujeres y las personas migrantes estaban en situación de especial vulnerabilidad. En Austria, las mujeres migrantes que trabajaban como internas en la prestación de cuidados eran víctimas de abusos, salarios discriminatorios e injustos y jornadas de trabajo excesivas. En Italia se tomaron medidas disciplinarias y represalias contra el personal sanitario y de residencias de mayores que expresó su preocupación por la inseguridad de las condiciones laborales en las residencias o que intentó sindicarse. En Armenia, la pandemia agravó la pesada carga que representaba para mujeres y niñas el trabajo no remunerado de los cuidados.

Derechos humanos en zonas de conflicto

Apenas hubo cambios en las zonas de conflicto de los países de la antigua Unión Soviética, lo que significaba que las trabas al desarrollo persistían y la libertad de circulación y el derecho a la salud de la población a ambos lados de las líneas de contacto estaban gravemente afectados.

Más de 100 personas murieron o resultaron heridas en el año por la explosión de minas colocadas por las fuerzas armenias en zonas cedidas a Azerbaiyán durante el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en 2020. No hubo rendición de cuentas ni justicia para las víctimas de los crímenes de guerra cometidos durante ese conflicto, y más de 40 personas de etnia armenia capturadas tras el alto el fuego seguían cautivas en condiciones inhumanas, según informes. La mayoría de los 40.000 civiles azerbaiyanos desplazados durante el conflicto de 2020 regresaron a sus hogares, pero las minas, la destrucción de infraestructuras y la pérdida de medios de subsistencia impidieron el retorno de más de 650.000 personas desplazadas en la década de 1990. Unas 36.000 personas de etnia armenia continuaban en situación de desplazamiento interno.

Persistía el conflicto en la región ucraniana de Dombás mientras el gobierno y los separatistas respaldados por Rusia se acusaban mutuamente de violaciones del alto el fuego, y la misión de vigilancia de la ONU informó de al menos nueve casos de detención arbitraria por el servicio secreto de seguridad de Ucrania. Al final del año, Rusia había reunido un gran número de efectivos militares en su frontera con Ucrania, despertando el temor de una posible invasión.

La circulación estaba restringida dentro y fuera de los territorios bajo control del gobierno en las regiones georgianas escindidas de Abjasia y Osetia del Sur/Tsjinvali. Persistían la tortura y otros malos tratos: no se llevó a cabo una investigación efectiva sobre la muerte bajo custodia de Inal Dzhabiev en Osetia del Sur/Tsjinvali en 2020, y Anri Ateiba murió tras su detención en Abjasia.

Actuación deficiente contra la crisis climática

A pesar de la especial responsabilidad que Europa tenía ante el resto del mundo de abordar la crisis climática, tanto por su papel en las emisiones globales hasta ese momento como por su riqueza, los países europeos y la UE continuaron sin adoptar unos objetivos de reducción de las emisiones —incluidas políticas para eliminar progresivamente los combustibles fósiles— que se ajustaran a su nivel de responsabilidad y al imperativo de evitar un aumento de la temperatura media global superior a los 1,5 °C. Además, en las negociaciones anuales de la ONU sobre el cambio climático (COP26), los países europeos se opusieron al establecimiento de una entidad financiera global para ofrecer apoyo económico a los países en desarrollo con pérdidas y daños ocasionados por la crisis climática. Sin embargo, Escocia y la región belga de Valonia se comprometieron a destinar fondos para pérdidas y daños.

Los movimientos de activistas recurrieron a litigios para obligar a los gobiernos a reducir las emisiones y combatir el cambio climático, y lograron victorias judiciales en Alemania, Bélgica y Francia. En una causa histórica emprendida por organizaciones de la sociedad civil, un tribunal neerlandés ordenó a Shell que redujera sus emisiones de carbono globales en un 45% respecto a los niveles de 2019 antes del fin de 2030, y basó su decisión en la obligación de las empresas comerciales de respetar los derechos humanos, entre otros argumentos. En Georgia se canceló la construcción de una planta hidroeléctrica a raíz de las protestas en torno a la preocupación por la seguridad ambiental.

Los derechos humanos en la región y en el mundo

El giro autoritario fue acompañado de una desvinculación creciente de los organismos multilaterales. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa parecía impotente para frenar la deriva hacia el conflicto, mientras importantes países desoían su consejo y desechaban su actividad de observación, cuando no la impedían por completo. El Consejo de Europa fue incapaz de obligar a los Estados miembros a acatar sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cumplir sus obligaciones. La UE estuvo paralizada por sucesivas crisis del Estado de derecho y se mostró reacia a hacer cumplir sus propias normas sobre los derechos de las personas refugiadas y migrantes.

Rusia y China continuaron generando y ejerciendo influencia, especialmente en la parte oriental de la región. Ambos países socavaron el marco internacional de los derechos humanos y Rusia respaldó las medidas de Bielorrusia para reprimir a su propia población. Las sanciones económicas y políticas adoptadas por la UE contra Rusia y Bielorrusia no lograron contener la incesante marea de represión.

En Reino Unido se aprobó legislación que podía facilitar la impunidad por delitos cometidos en el extranjero. La Ley de Operaciones Exteriores introducía restricciones sobre las actuaciones judiciales relacionadas con las operaciones militares en el extranjero, como plazos de presentación para las demandas civiles y una presunción en contra del enjuiciamiento para la mayoría de los delitos una vez transcurridos cinco años.

No obstante, hubo varias iniciativas positivas. En marzo, el Consejo de Europa aprobó una recomendación sobre la adopción de medidas contra el comercio de artículos empleados para la pena de muerte, la tortura y otros malos tratos. Algunos países tomaron medidas para poner freno a las transferencias irresponsables de armas. Alemania prolongó una suspensión de las exportaciones de armas a Arabia Saudí pero no a otros Estados implicados en el conflicto de Yemen. En Francia hubo actuaciones judiciales emprendidas por ONG para garantizar la transparencia de las transferencias de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Suiza aprobó una ley para regular la exportación de armas que prohibía su transferencia a Estados en los que hubiera conflicto interno o riesgo de violaciones de derechos humanos graves o sistemáticas.

Recomendaciones

Todo lo anterior debe servir de aviso a los gobiernos para que vuelvan a comprometerse con los derechos humanos y hagan cumplir colectivamente las obligaciones de los Estados. Hasta ahora, han sido principalmente activistas contra el cambio climático y defensores y defensoras de los derechos humanos quienes han mostrado un sentido de la urgencia, pero ambos colectivos sufren fuertes presiones por parte de gobiernos y empresas. La causa de los derechos humanos necesita más adalides ya, o corremos el riesgo de ver destruido todo lo logrado en las últimas décadas.

 

Los gobiernos deben reconocer la función primordial que cumplen los defensores y defensoras de los derechos humanos, y no estigmatizar y penalizar sus actividades. El espacio para que todas las personas puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica debe ser protegido de las extralimitaciones que los Estados llevan a cabo con diversos pretextos. Los Estados deben frenar su deriva hacia sociedades dominadas por la vigilancia, respetar el Estado de derecho y poner fin a la erosión de la independencia judicial. Los gobiernos también deben redoblar sus esfuerzos para prevenir la discriminación contra las personas negras, musulmanas, romaníes y judías, y garantizar que los actores estatales se abstienen de fomentar un discurso estigmatizante y de implementar políticas dirigidas contra estas comunidades.

La pandemia de COVID-19 continúa, y es urgente que haya igualdad de acceso a las vacunas en cada país y entre países, en la región y fuera de ella, e imprescindible la cooperación entre los Estados para garantizar tratamientos y vacunas aceptables, asequibles, accesibles y disponibles para todo el mundo.

Tanto en la tierra como en el mar siguen muriendo personas que huyen del conflicto y la pobreza tratando de alcanzar la seguridad. Ante esta realidad, los gobiernos deben proporcionar más vías de migración seguras y regulares —especialmente para personas que necesitan llegar a Europa—, como la concesión de visados por razones humanitarias, el reasentamiento, el patrocinio comunitario y la reagrupación familiar.

Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para combatir el problema —ocultado con frecuencia— de la violencia contra las mujeres y las niñas, dando prioridad a la eliminación de la violencia de género y a la actuación sobre sus causas estructurales. Asimismo es necesario seguir tomando medidas para eliminar todas las formas de discriminación, en la legislación y en la práctica.

Los gobiernos deben incrementar sus objetivos de reducción de emisiones y aplicar políticas adecuadas y compatibles con los derechos humanos, como eliminar progresivamente el uso y la producción de combustibles fósiles mediante una transición justa. Por último, también deben aumentar con urgencia la financiación climática para los países de ingresos bajos y comprometerse a proporcionar fondos adicionales específicos para pérdidas y daños en esos países.

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