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Día Internacional de la Mujer en Ámsterdam, Países Bajos © Anne Harbers

Europa y Asia Central

La perspectiva regional resume la situación de los derechos humanos y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2020.

Las respuestas de los gobiernos a la COVID-19 hicieron peligrar una amplia diversidad de derechos en la región de Europa y Asia Central y pusieron al descubierto el coste humano de la exclusión social, la desigualdad y las extralimitaciones del Estado. La insuficiencia de recursos en los sistemas de salud, incluidos equipos de protección individual (EPI) adecuados, agravó las tasas de mortalidad; los trabajadores y las trabajadoras encontraron obstáculos para acceder a prestaciones adecuadas de seguridad social, y las medidas de salud pública adoptadas afectaron de manera desproporcionada a las personas y grupos marginados. Muchos gobiernos también utilizaron la pandemia como cortina de humo para aferrarse al poder y reprimir libertades y como pretexto para no cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En varios países, el gobierno continuó socavando la independencia del poder judicial. Las controvertidas elecciones presidenciales de Bielorrusia dieron paso a una situación de emergencia de derechos humanos en la que no había ningún atisbo de derecho a un juicio justo y rendición de cuentas. Los conflictos no resueltos en la región afectaron negativamente a la libertad de circulación y a varios derechos más, como la salud. En el conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán, todas las partes usaron municiones de racimo prohibidas en zonas civiles y cometieron crímenes de guerra.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos vieron reducida su capacidad de acción como consecuencia de restrictivas leyes y de recortes de fondos asociados a la pandemia. Las organizaciones de ayuda a las víctimas denunciaron repuntes de la violencia de género en el ámbito familiar durante los confinamientos impuestos a causa de la COVID-19, los cuales limitaron, además, el acceso a los servicios de apoyo.

La pandemia también agravó la situación ya precaria de las personas refugiadas y migrantes, que, obligadas a vivir en muchos casos en condiciones de hacinamiento e insalubridad, corrieron especial peligro cuando varios países demoraron o suspendieron los procedimientos de asilo. Los Estados no establecieron unos objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al ritmo necesario para evitar las peores repercusiones de la crisis climática en los derechos humanos. Continuaron los ataques al sistema europeo de derechos humanos, así como las ventas de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) pese al riesgo de que se utilizaran para cometer violaciones de derechos humanos en el conflicto de Yemen.

Derecho a la salud y la seguridad social

La región de Europa y Asia Central fue duramente golpeada por la pandemia de COVID-19. Al final de año se habían registrado en ella unos 27 millones de casos y 585.000 muertes, cifras equivalentes a cerca de un tercio del total mundial y que probablemente fueran aún mayores, ya que no se contabilizaban todos los casos, a veces de forma deliberada, como ocurría en Turkmenistán. Las respuestas a la pandemia variaron enormemente de unos gobiernos a otros, al igual que la calidad de la asistencia médica y la recopilación de datos. Debido a ello, las tasas de contagios y muertes registradas eran muy dispares.

Las cifras de contagios y muertes también variaban mucho de unos grupos poblacionales a otros. Según la Organización Mundial de la Salud, en algunos países hasta la mitad de las muertes por COVID-19 fueron de personas de edad avanzada que residían en centros de cuidados de larga duración. La tasa de contagios y muertes entre el personal sanitario y de las residencias de la tercera edad fue mayor que la del resto de la población, a veces debido a la falta de EPI adecuados y suficientes. Según los datos disponibles, en septiembre las mayores tasas de mortalidad del personal sanitario se daban en Reino Unido, Rusia, Italia, Kirguistán y España. La pandemia puso al descubierto el debilitamiento de numerosos sistemas de salud de Europa occidental como consecuencia de las medidas de austeridad adoptadas durante años, así como la falta crónica de recursos en los sistemas de salud de Europa oriental y Asia central.

Las medidas de confinamiento asociadas a la COVID-19 tuvieron repercusiones directas en la economía y en los derechos laborales. Un gran número de trabajadores y trabajadoras, en especial los que tenían empleos informales, encontraron obstáculos para acceder a prestaciones de seguridad social, como programas de regulación temporal de empleo, bajas por enfermedad y otros mecanismos de prestación de ayuda económica. En especial se vieron afectadas las personas empleadas en sectores como la economía bajo demanda, el trabajo de temporada, los servicios de limpieza, las residencias de mayores y el trabajo sexual. La pandemia evidenció la función esencial de los trabajadores y trabajadoras migrantes en la agricultura y otros sectores cuando, en el punto álgido del primer confinamiento, gobiernos como los de Reino Unido y Alemania gestionaron llegadas de migrantes por avión a sus países, y otros, como los de España, Italia y Portugal, se apresuraron a regularizar su situación en algunos casos.

En muchos países, las tasas de contagios y muertes entre las personas de color y pertenecientes a minorías étnicas fueron desproporcionadamente altas, lo que reflejaba las múltiples dificultades que encontraban estos colectivos —como obstáculos para recibir asistencia médica adecuada y mayor incidencia de problemas de salud previos—, agravadas por la pobreza, la discriminación y el racismo sistémico. En general, las autoridades incumplieron sus promesas iniciales de poner en libertad a las personas presas de edad avanzada y las detenidas en espera de juicio o a las que eran menores de edad, las mujeres con hijos o hijas o las que tenían problemas de salud previos. Una consecuencia trágica de ello fue la muerte del defensor de los derechos humanos y preso de conciencia kirguís Azimjan Askarov el 25 de julio, al parecer de neumonía. Había sido condenado a cadena perpetua en 2010 por cargos falsos y se habían hecho reiterados llamamientos en favor de su excarcelación, entre otras cosas por el riesgo que entrañaba la COVID-19 para su salud.

Los gobiernos deben investigar el número desproporcionado de muertes ocurridas en entornos como las residencias de mayores, así como la falta de provisión de EPI adecuados. Es también urgente garantizar la igualdad de acceso a las vacunas entre los países y dentro de ellos, así como la cooperación entre los Estados, a fin de asegurar la aceptabilidad, asequibilidad, accesibilidad y disponibilidad de los tratamientos y vacunas para todas las personas.

Extralimitaciones del Estado

Cerca de la mitad de los países de la región declararon estados de excepción relacionados con la COVID-19. Los gobiernos no sólo restringieron la libertad de circulación, sino también otros derechos, como las libertades de expresión y de reunión pacífica. Algunos movimientos políticos intentaron apropiarse del discurso de los derechos humanos al oponerse a las medidas de confinamiento y el uso de mascarilla, pero el número de muertes causadas por el virus subrayó la importancia de la ciencia y los datos. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, por ejemplo, cuestionó ambas cosas al tachar la COVID-19 de “psicosis”.

Un número sin precedente de países (10 a mediados de año) dejaron sin efecto disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en varios casos durante periodos prolongados. Aunque, en tiempos de crisis, los Estados pueden suspender en determinadas condiciones algunas de sus obligaciones de derechos humanos, las restricciones que impongan deben ser temporales, necesarias y proporcionadas.

La aplicación de los confinamientos y de otras medidas de salud pública asociadas a la COVID-19 afectó de manera desproporcionada a las personas y grupos marginados, que fueron víctimas de violencia, controles de identidad discriminatorios, cuarentenas forzosas y multas. Tales prácticas evidenciaron la existencia de racismo institucional, discriminación y ausencia de rendición de cuentas respecto a las denuncias de uso ilegítimo de la fuerza por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. En Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Francia, Grecia, Hungría, Rusia y Serbia se sometió a “cuarentenas forzosas” discriminatorias a comunidades romaníes y a poblaciones en movimiento, como las personas refugiadas y solicitantes de asilo. El uso ilegítimo de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley, junto con otras violaciones de derechos humanos, fue documentado por mecanismos de observación de la situación en Bélgica, España, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Kazajistán, Kirguistán, Polonia y Rumania. En Azerbaiyán se intensificaron las detenciones por cargos de motivación política con el pretexto de contener la pandemia y se detuvo a personas críticas con el gobierno cuando, en marzo, el presidente declaró su intención de “aislar” y “limpiar” la oposición.

Durante 2020, varios países restringieron aún más las libertades en contextos donde estaban ya gravemente limitadas. Las autoridades rusas hicieron extensiva a las personas la clasificación como “agentes extranjeros” con que estigmatizaban ya a las organizaciones y reprimieron aún más las protestas de una sola persona. Las autoridades de Kazajistán y Uzbekistán aprobaron o propusieron nuevas y restrictivas leyes sobre la celebración de reuniones. Cuando estallaron protestas multitudinarias a raíz de las denuncias de fraude electoral, la policía bielorrusa reaccionó con violencia y tortura y otros malos tratos a una escala masiva y sin precedentes. Se reprimieron brutalmente las voces independientes y aumentaron las detenciones arbitrarias, los enjuiciamientos por motivos políticos y otras formas de represalia contra miembros de la oposición y sus simpatizantes, activistas de la esfera política y de la sociedad civil y medios de comunicación independientes.

Aunque existía una necesidad imperiosa de información oportuna, precisa y basada en la ciencia para combatir la pandemia, varios gobiernos impusieron restricciones injustificadas a la libertad de expresión y el acceso a la información. Las autoridades hicieron uso indebido de leyes nuevas y ya existentes para coartar la libertad de expresión en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Francia, Hungría, Kazajistán, Polonia, Rumania, Rusia, Serbia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Uzbekistán.

En algunos países no se adoptaron medidas suficientes para proteger a periodistas y a denunciantes de irregularidades —incluido personal sanitario— a quienes en ocasiones se sometió a hostigamiento por criticar la respuesta del gobierno a la COVID-19. Tal fue el caso de Albania, Armenia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Hungría, Kazajistán, Kosovo, Polonia, Rusia, Serbia, Turquía, Ucrania y Uzbekistán. En Tayikistán y Turkmenistán, el personal médico y de servicios esenciales no se atrevía a alzar la voz contra las severas restricciones de la libertad de expresión que ya existían. En Turquía, el gobierno organizó ejércitos de troles e impuso restricciones online y redireccionamientos de URL para impedir el acceso a determinados sitios web, cuentas e información incómoda.

Algunos gobiernos, entre ellos el de Hungría, vincularon la crisis de salud pública a problemas de seguridad nacional. En Francia y Turquía, por ejemplo, se aprobó apresuradamente legislación de seguridad nacional mediante procedimientos acelerados, mientras que los gobiernos de Rusia y otros países reforzaron las funciones de vigilancia y recabaron y, ocasionalmente, revelaron datos personales, haciendo peligrar a largo plazo el derecho a la privacidad, entre otros. La Agenda de Lucha contra el Terrorismo de la Unión Europea (UE), presentada en diciembre, prometía aprovechar el poder de la tecnología para proteger a la ciudadanía de ataques violentos. Sin embargo, ampliaba enormemente la capacidad de vigilancia y el uso de tecnologías predictivas en detrimento de la libertad de expresión y de los derechos a la privacidad, a un juicio justo y a no sufrir discriminación.

Los gobiernos deben dejar de utilizar la pandemia como excusa para reprimir la disidencia, controlar las extralimitaciones policiales, garantizar rendición de cuentas por las conductas indebidas e impedir el deslizamiento hacia un Estado de vigilancia.

Menoscabo de la independencia judicial

En varios países, el gobierno continuó adoptando medidas que socavaban la independencia del poder judicial. Una de las comunes consistía en iniciar actuaciones disciplinarias contra miembros de la judicatura, o interferir en su nombramiento o en su inamovilidad en el cargo por dar muestras de independencia, criticar a las autoridades o dictar sentencias contrarias a los deseos del gobierno.

En Polonia, el Parlamento aprobó una nueva ley que prohibía a jueces y juezas cuestionar la acreditación de sus iguales nombrados por el presidente para integrar la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo. En agosto, el Estado inició actuaciones disciplinarias contra 1.278 miembros de la judicatura que habían pedido a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que interviniera como observadora en las elecciones presidenciales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pidió al gobierno polaco que suspendiera de inmediato su nuevo sistema de actuaciones disciplinarias contra miembros de la judicatura en una decisión adoptada en abril, pero las autoridades se negaron a hacerlo.

En Hungría, altos cargos públicos cuestionaron la validez de sentencias finales en comunicaciones oficiales y en los medios de comunicación, demorando su ejecución. En Turquía, el Consejo de Jueces y Fiscales abrió actuaciones disciplinarias contra los tres jueces que, el 18 de febrero, habían absuelto a las personas acusadas en el juicio de Gezi, después de que el presidente criticara públicamente la decisión absolutoria.

Las autoridades turcas también socavaron garantías procesales al tomar medidas para controlar los colegios de abogacía y hostigar a profesionales del derecho por realizar su trabajo. En julio, el Parlamento aprobó una ley para modificar la estructura de estos colegios que mermaba su capacidad para expresar preocupación por cuestiones como la falta de independencia del poder judicial y los derechos humanos. En septiembre, la policía detuvo a 47 abogados y abogadas por presunta “pertenencia a una organización terrorista” debido simplemente a su trabajo. Ese mismo mes, el Tribunal de Casación confirmó las condenas de prisión impuestas a 14 profesionales del derecho por cargos de terrorismo.

En Rusia y gran parte de Europa oriental y Asia central continuaron cometiéndose violaciones del derecho a un juicio justo de forma generalizada, y las autoridades usaron la pandemia como argumento para impedir a personas detenidas recibir asistencia letrada y para prohibir la observación pública de juicios. En Bielorrusia no hubo ningún atisbo de derecho a un juicio justo y rendición de cuentas durante la situación de emergencia creada en materia de derechos humanos: no sólo no se investigaron los casos de tortura y homicidio de personas participantes en manifestaciones pacíficas, sino que además las autoridades pusieron todo su empeño en obstaculizar o impedir los intentos de las víctimas de abusos de presentar denuncias contra sus autores.

Los gobiernos deben garantizar que se respeta el Estado de derecho, proteger la independencia del poder judicial y hacer valer las garantías de juicio justo.

Derechos humanos en las zonas de conflicto

Los conflictos sin resolver en países de la antigua Unión Soviética seguían impidiendo el desarrollo humano y la cooperación regional, y las líneas de contacto con territorios no reconocidos coartaban los derechos de quienes residían a uno y otro lado.

En Georgia, Rusia y los territorios escindidos de Abjasia y Osetia del Sur/región de Tsjinvali continuaron restringiendo la libertad de circulación con el resto del país, incluso con la instalación de más barreras físicas. Los pasos fronterizos estaban cerrados desde 2019 y, al parecer, al menos 10 personas murieron tras denegárseles el permiso de traslado médico a otras partes de Georgia. En Moldavia, las autoridades de facto de la región no reconocida de Transnistria introdujeron restricciones de viaje desde el territorio controlado por el gobierno que afectaron a la provisión de material médico a la población local. En Ucrania, tanto las fuerzas gubernamentales como las separatistas respaldadas por Rusia en el este del país impusieron restricciones de viaje a través de la línea de contacto, a menudo con apariencia de medidas recíprocas, y, en octubre, el número de personas que la cruzaban había descendido de una media mensual de un millón a varias decenas de miles. Estas restricciones y las asociadas a la COVID-19 separaron de sus familias a decenas de personas y las dejaron sin acceso a asistencia médica, su pensión o su lugar de trabajo. Las personas de edad avanzada y las pertenecientes a grupos vulnerables fueron algunas de las más perjudicadas.

Los peores enfrentamientos tuvieron lugar en septiembre, cuando estallaron intensos combates entre Azerbaiyán y Armenia y fuerzas con apoyo armenio en la región secesionista azerbaiyana de Nagorno Karabaj que causaron más de 5.000 muertes. Todas las partes usaron armas pesadas explosivas con efectos en una amplia superficie contra zonas civiles densamente pobladas, incluidos misiles balísticos y cohetes notoriamente imprecisos disparados en descargas de artillería. Estas armas mataron e hirieron a civiles y causaron daños generalizados en zonas civiles. En ataques contra Stepanakert/Jankendi, capital de Nagorno Karabaj, y contra la ciudad de Barda, en una zona bajo el control del gobierno de Azerbaiyán, se usaron municiones de racimo, prohibidas por el derecho internacional humanitario. Tanto las fuerzas azerbaiyanas como las armenias cometieron crímenes de guerra, como ejecuciones extrajudiciales, tortura de personas capturadas y profanación de cadáveres enemigos.

Todas las partes en un conflicto deben respetar plenamente el derecho internacional humanitario y proteger a la población civil de los efectos de las hostilidades. Toda medida de restricción de la libertad de circulación que se imponga debe ser estrictamente necesaria y proporcionada y estar basada en auténticos motivos de seguridad y militares.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Algunos gobiernos redujeron aún más el espacio de las ONG y las personas defensoras de los derechos humanos por medio de leyes y políticas restrictivas y de una retórica estigmatizadora. Esta tendencia se aceleró durante la pandemia, que redujo las filas de la sociedad civil a través de la disminución de fondos, ya que las líneas de financiación de particulares, fundaciones, empresas y gobiernos se interrumpieron como consecuencia de la difícil situación económica derivada de la COVID-19.

Turquía continuó reprimiendo y hostigando a ONG, defensores y defensoras de los derechos humanos y voces disidentes, y además no cumplió una sentencia clave del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pedía la liberación inmediata del activista de la sociedad civil Osman Kavala, injustamente detenido. Los gobiernos de Kazajistán y Rusia continuaron intentando silenciar a las ONG con campañas de desprestigio, y las autoridades fiscales kazajas amenazaron con suspender a más de una decena de organizaciones de derechos humanos basándose en presuntos incumplimientos del requisito de informar sobre sus ingresos procedentes del extranjero. En Rusia, quienes se manifestaban pacíficamente, defendían los derechos humanos o se implicaban en activismo cívico y político corrían riesgo de detención y procesamiento. En Kirguistán se propusieron reformas de la legislación sobre ONG que establecían onerosos requisitos de presentación de informes económicos.

En el contexto de la lucha contra el terrorismo, Francia y Austria optaron por disolver diversas asociaciones musulmanas por procedimientos problemáticos. En Bulgaria, Grecia, Polonia y Serbia se propusieron nuevas y restrictivas leyes sobre las ONG, mientras que los gobiernos de Francia, Italia, Malta y otros Estados continuaron obstruyendo y, en ocasiones, criminalizando el trabajo de las ONG involucradas en labores de salvamento y ayuda humanitaria a migrantes y solicitantes de asilo.

Una noticia positiva del año fue que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló que la restrictiva legislación húngara sobre ONG aprobada en 2017 infringía el derecho de la UE. Otra fue el fortalecimiento de los movimientos sociales centrados en el medioambiente, la rendición de cuentas, los derechos de las mujeres y la lucha contra el racismo. Hubo movilizaciones contra los controvertidos resultados electorales en Bielorrusia, contra la corrupción en Bulgaria y contra las medidas regresivas del nuevo gobierno en Eslovenia. Miles de personas se opusieron a una polémica ley de seguridad propuesta en Francia y a una sentencia judicial que restringía aún más el acceso al aborto seguro en Polonia.

Los gobiernos deben poner fin a la estigmatización de las ONG y las personas que defienden los derechos humanos y garantizar un entorno seguro y propicio, que permita defender y promover los derechos humanos sin temor a sufrir castigos, represalias ni intimidaciones.

Derechos de las mujeres y de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

La lucha contra la violencia de género en el ámbito familiar se paralizó e incluso retrocedió en múltiples países. Durante el año no hubo firmas ni ratificaciones del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul). Al contrario, el Parlamento húngaro se negó a ratificarlo, mientras que el ministro de Justicia polaco anunció que su país pensaba retirarse del Convenio y el presidente de Turquía propuso hacer lo mismo.

Cuando, durante el confinamiento, muchas mujeres permanecieron encerradas en sus casas con sus maltratadores y el acceso a los servicios de apoyo se volvió más complicado, las organizaciones de ayuda a las víctimas informaron de repuntes de la violencia de género intrafamiliar en varios países. Debido a las estrictas medidas de confinamiento, en Ucrania y otros muchos países de Europa oriental y Asia central, muchas sobrevivientes no pudieron acceder a servicios de asistencia letrada gratuita por Internet, ya que convivían con su maltratador, o no pudieron acudir a refugios. Algunos gobiernos de la UE adoptaron medidas especiales para ayudar a las víctimas durante la pandemia, como alquilar habitaciones de hotel para que no tuvieran que ir a albergues, donde había mayor peligro de contagio, o establecer nuevas líneas de ayuda telefónica. Algunos gobiernos, entre ellos los de Croacia, Dinamarca, España y Países Bajos, procedieron finalmente a mejorar su legislación sobre la violación para que estuviera basada en el consentimiento.

Durante el confinamiento, los servicios de aborto se clasificaron como no esenciales en algunas jurisdicciones, lo que creó nuevos obstáculos para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Mientras que en Eslovaquia fracasó por un estrecho margen una iniciativa legislativa que restringía aún más el acceso a servicios de aborto, en Polonia el Tribunal Constitucional revocó una disposición que permitía a las mujeres poner fin al embarazo en caso de anomalía grave o mortal del feto. Esta decisión provocó protestas multitudinarias de las mujeres y sus simpatizantes en el país. La policía utilizó la violencia contra quienes participaron pacíficamente en ellas, que se enfrentaron además a sanciones administrativas y penales. Mientras, en Grecia, 11 activistas de los derechos de las mujeres fueron detenidas y acusadas de infringir las normas de salud pública tras realizar una acción simbólica contra la violencia de género.

En varios países, figuras políticas y religiosas utilizaron la COVID-19 como excusa para hacer apología del odio contra las personas LGBTI, a quienes culpaban de la pandemia. Las entidades observadoras de la situación informaron también de repuntes de la violencia intrafamiliar contra las personas LGBTI en relación con la COVID-19. Algunos gobiernos utilizaron la pandemia como pretexto para restringir el acceso de las personas transgénero a terapia hormonal y otros tratamientos médicos. Varios gobiernos locales de Polonia declararon sus municipios “zonas sin LGBTI”, y el presidente Andrzej Duda hizo apología del odio contra este colectivo durante su campaña para la reelección. Al final del año, el gobierno húngaro presentó una serie de propuestas legislativas que restringían los derechos LGBTI. Por su parte, el Parlamento rumano aprobó una ley que prohibía impartir educación sobre género, aunque al final del año estaba impugnada ante el Tribunal Constitucional.

Los gobiernos están obligados a reforzar los servicios de apoyo a las mujeres y las personas LGBTI que han sufrido violencia intrafamiliar, a eliminar los obstáculos que les impiden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y a combatir la discriminación contra ellas.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

La COVID-19 empeoró la situación ya precaria de las personas refugiadas y migrantes. Varios países retrasaron o suspendieron los procedimientos de solicitud de asilo, y un gran número de personas refugiadas y migrantes corrían especial peligro de contraer la enfermedad al vivir en campos, centros de detención o edificios ocupados donde había problemas de hacinamiento y falta de higiene. El caso más representativo fue el del campo de Moria, en la isla griega de Lesbos, cuyo incendio dejó sin refugio a 13.000 personas. Los cierres de fronteras privaron a trabajadores y trabajadoras migrantes y estacionales de sus medios de subsistencia, y a sus familias de sus envíos regulares de dinero, especialmente en Asia central.

Continuaron las devoluciones sumarias y la violencia en fronteras terrestres y marítimas. Turquía tomó la cínica y peligrosa decisión de instrumentalizar a las personas refugiadas y migrantes con fines políticos, animándolas a desplazarse por su territorio hasta la frontera terrestre con Grecia y, en algunos casos, facilitando su transporte. Por su parte, las autoridades griegas cometieron violaciones de derechos humanos contra la población en movimiento, como uso de fuerza excesiva y munición real, palizas y devoluciones sumarias a Turquía. Croacia continuó con las expulsiones de solicitantes de asilo, a menudo acompañadas de violencia y abusos. Gobiernos de todo el sur de Europa prohibieron desembarcar en sus puertos a personas rescatadas en el Mediterráneo, dejándolas abandonadas a su suerte en el mar durante periodos sin precedentes. En un claro intento de eludir su obligación jurídica de no llevar a cabo devoluciones sumarias, Italia, Malta y la UE continuaron colaborando con Libia, donde las personas refugiadas y migrantes desembarcadas eran víctimas de graves violaciones de derechos humanos. La UE inició conversaciones sobre un nuevo pacto de migración que daba continuidad a su política principal, a saber, impedir la migración, en vez de gestionarla de manera compatible con los derechos humanos.

Los gobiernos deben aumentar las vías regulares y seguras de migración —especialmente para las personas necesitadas de protección que se dirigen a Europa—, entre ellas la concesión de visados por razones humanitarias, el reasentamiento, el patrocinio comunitario y la reagrupación familiar.

Prevención del cambio climático y rendición de cuentas de las empresas

En diciembre, el Consejo Europeo decidió reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55% para 2030. Aunque suponía un avance respecto a su compromiso anterior, que era mucho menos ambicioso, este objetivo no permitiría aún reducir las emisiones a un ritmo que evitase los peores efectos de la crisis climática sobre los derechos humanos, y además impondría una carga excesiva a los países en desarrollo. En cuanto a los propios Estados europeos, la inmensa mayoría de los que anunciaron el objetivo del nivel cero neto de emisiones, continuaron comprometiéndose sólo a alcanzarlo para 2050. Deberían intentar alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono mucho antes de esa fecha para no causar graves perjuicios en los derechos de las personas dentro y fuera de Europa. Además, en la mayoría de los casos, los planes para llegar al nivel cero neto de emisiones contenían lagunas que podían retrasar la acción en materia climática, junto con medidas que iban en detrimento del disfrute de los derechos humanos. Varios países, como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Rusia, permitieron que empresas del sector de los combustibles fósiles y la industria de la aviación y otras empresas emisoras de carbono se beneficiaran de medidas de estímulo económico, como créditos y desgravaciones fiscales, sin imponer la condición de reducir la huella de carbono.

Aumentaron de forma significativa los litigios contra gobiernos y empresas por cuestiones climáticas, con nuevas e importantes causas en Alemania, España, Francia (en aplicación de la reciente “ley de vigilancia”), Polonia y Reino Unido entre otros países, y una demanda presentada por seis menores y jóvenes portugueses contra 33 países ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Supremo irlandés exigió al gobierno adoptar unos objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos, mientras que el Tribunal Federal suizo desestimó una petición similar.

Tras años de presión de los sindicatos y la sociedad civil, la Comisión Europea inició el proceso de introducción de una ley que obligaba a las empresas a respetar los derechos humanos y las normas medioambientales en la totalidad de sus cadenas de valor globales. En noviembre, la población suiza votó por mayoría a favor de aprobar una ley análoga en su país, pero la iniciativa no prosperó porque no tuvo el apoyo mayoritario de los cantones.

Los gobiernos con planes insuficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y llegar a cero emisiones de carbono deben acelerarlos y eliminar las lagunas que retrasan la acción climática. Toda medida de apoyo económico a empresas con altas emisiones debe condicionarse a que asuman el compromiso de eliminar gradualmente los combustibles fósiles en plazos establecidos. La UE debe garantizar que su legislación obliga de manera efectiva a las empresas a rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos y los daños medioambientales causados en su cadena de valor, y facilitar a las víctimas el acceso a un recurso.

Los derechos humanos en la región y en el mundo

Persistieron los ataques al sistema europeo de derechos humanos durante el año. Los Estados de la OSCE no lograron ponerse de acuerdo sobre el liderazgo de las instituciones clave de derechos humanos y dejaron pasar muchos meses sin aprobar las sustituciones pertinentes tras expirar los mandatos. Estados miembros del Consejo de Europa continuaron retrasando el cumplimiento de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o aplicándolas de manera selectiva. Un claro indicador de retroceso fue el incremento del número de sentencias que confirmaban una violación del artículo 18 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe restringir derechos con fines distintos de los establecidos en él. El Tribunal concluyó que Estados miembros como Azerbaiyán, Rusia y Turquía habían detenido o procesado a personas o restringido de otro modo sus derechos de manera indebida. Las violaciones del artículo 18 indicaban persecución política y debían hacer sonar las alarmas.

La UE continuó teniendo dificultades para abordar la continua erosión del Estado de derecho en Hungría y Polonia, aunque activó procedimientos contra ambos Estados por el riesgo de violación grave de los valores fundamentales de la Unión. Al final del año, los Estados miembros acordaron condicionar la financiación de la UE —incluida la destinada a la recuperación económica de la COVID-19 y la asociada al clima— al respeto del Estado de derecho, pero no quedó claro cómo podría activarse este condicionamiento en el futuro. A pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó varias sentencias importantes en materia de derechos humanos, relativas a la independencia del poder judicial y los ataques a ONG, el hecho de que la UE no frenara o revirtiera la reducción del espacio para las ONG ni las violaciones de derechos humanos asociadas a la migración tensó al máximo la cohesión interna y externa y dificultó aún más la participación creíble de la UE en una política exterior basada en los derechos humanos.

En Europa oriental y Asia central, Rusia y China continuaron ejerciendo su influencia política, económica y, ocasionalmente, militar y socavaron el sistema internacional de derechos humanos y las instituciones encargadas de protegerlo. Cuando las autoridades bielorrusas lanzaron sin contemplaciones un violento ataque contra la población, Rusia les ofreció apoyo económico y mediático; en cambio, la UE, la ONU y las instituciones regionales de derechos humanos no lograron reunir el peso político necesario para poner fin a las atroces violaciones de derechos humanos. En Europa occidental, Bélgica, Francia, Reino Unido y República Checa figuraban entre los países que permitían la venta de armas a Arabia Saudí y EAU a pesar de que era muy probable que se utilizaran para cometer violaciones de derechos humanos en el conflicto de Yemen.

A pesar de los desafíos internos, la UE y sus Estados miembros continuaron siendo actores importantes en la promoción de los derechos humanos en todo el mundo. En 2020, la UE dio algunos pasos importantes para impulsar su política de derechos humanos, como la adopción de un nuevo plan de acción sobre ellos.

Los Estados deben cumplir las obligaciones que han contraído voluntariamente en virtud de los tratados y respetar la arquitectura de derechos humanos de la que forman parte. Cuando un Estado se ha comprometido a respetar las decisiones de los tribunales internacionales de derechos humanos, está obligado a acatar sus sentencias.

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