Manifestación convocada por el sindicato Amyts este miércoles en Madrid, en apoyo de la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria. EFE/ Borja Sánchez Trillo
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Trece años después del inicio de las medidas de austeridad y tras la crisis sanitaria sin precedentes que supuso la pandemia, el sistema de salud público ha seguido sin ser una prioridad.
La falta de una inversión adecuada se traduce en el agotamiento de profesionales sanitarios desbordados, esperas para citas, retraso en diagnósticos e incapacidad para atender necesidades crecientes de salud mental, entre otras consecuencias. Los problemas en el acceso y calidad de la atención sanitaria ponen el peligro el derecho a la salud de las personas en el país.
Mientras, crece ampliamente el gasto privado en salud de la ciudadanía (un 27%, hasta 2021) impulsado por las deficiencias de inversión en un sistema público que solo ha crecido un 3% hasta 2022 (último año con datos publicados por el Ministerio de Sanidad), recuperándose apenas de las medidas de austeridad. Este tímido incremento está impulsado por el gasto extraordinario que supuso la pandemia y es preocupante constatar cómo desde 2020 se encadenan dos años seguidos de nueva reducción de la inversión pública en sanidad.
La evolución del gasto sanitario público en la atención primaria es aún más alarmante en el nivel asistencial clave para garantizar el derecho a la salud ya que atiende la mayor parte de las necesidades de salud a lo largo de la vida de las personas. Ni siquiera la inversión extra por la pandemia ha permitido a la atención primaria recuperar los recursos anteriores a los recortes. Es urgente un compromiso de las autoridades estatales y autonómicas para incrementar el gasto y reducir los tiempos de espera para consulta: 7 de cada 10 peticiones de citas en atención primaria tardan más de dos días en ser atendidas por falta de disponibilidad de citas y de ella, más del 50% tiene que esperar por encima de siete días.
En este momento crítico para la adaptación de los sistemas de salud a posibles pandemias futuras y a los efectos de la crisis climática, como recomiendan la OMS y a OCDE, el incremento de la inversión en atención primaria y la reducción de los tiempos de espera son clave para la protección de las personas.
En términos de evolución en los últimos años, el sistema sanitario público enfrentó la pandemia sin haberse recuperado de los recortes con una inversión un 6% menor en 2019 que en 2009; y en 2022 vemos ya cómo la inyección de fondos extraordinarios por la pandemia se va disipando y el gasto sanitario público encadena dos ejercicios de descenso, siendo ya solo un 3% mayor que hace 13 años. Destaca negativamente la realidad de Extremadura, Aragón y Castilla La-Mancha, Comunidades donde la totalidad o prácticamente todos los indicadores de evolución de gasto (total, por habitante y específico de atención primaria) presentan variaciones negativas.
Tiempos de espera: el acceso a la atención primaria cada vez más deteriorado
La realidad por Comunidades Autónomas es muy diversa, pero dentro de la preocupación general encontramos un indicador alarmantes de impacto en la población en todas ellas: el manifiesto deterioro en los tiempos de acceso a la atención primaria en los últimos cinco años.
A pesar de que las autoridades sanitarias acordaron en 2019 como objetivo que el 100% de las peticiones de citas no urgentes en atención primaria se atiendan en las primeras 48 horas, no solo se ha incumplido sistemáticamente el objetivo sino que el acceso ha ido empeorando año tras año. En 2023, solo un 27% de las solicitudes se atendió en esa franja, la mitad de las que se atendía antes del compromiso fijado.
El porcentaje de pacientes que tuvieron que esperar más allá por falta de disponibilidad de citas no ha parado de crecer y suponen ya el 70% de las peticiones. La realidad por territorios es similar, con la única diferencia de incrementos grandes de las esperas en aquellas que tenían mejores datos e incrementos menores en aquellas que ya en 2018 tenían graves problemas de acceso.
Y no solo crece el porcentaje de personas obligadas a esperar sino que además las esperas son cada vez mayores: en 2023, la media más allá de las primeras 48 horas ya superaba los 9 días, frente a los 4 de 2018.
Más preocupante si cabe es cómo se distribuyen los tiempos de espera para atención primaria: las citas atendidas se concentran en la mayoría de los casos pasados más de 7 días desde la solicitud, con las implicaciones que esta espera tiene para el bienestar y la salud física y mental de las personas.
La salud es un derecho de las personas y una obligación del Estado
España, como firmante de numerosos tratados internacionales de derechos humanos está obligada a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud. Pero la realidad es que, aunque desde 2014 se ha recuperado inversión perdida con los recortes, este incremento no ha acompañado las necesidades del sistema de salud.
España incumple así sus obligaciones internacionales respecto al derecho a la salud. Para garantizar este derecho humano, el Gobierno Central, el Parlamento y las Comunidades Autónomas deben:
Adoptar una estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud, priorizando la atención primaria, tal y como recomiendan organismos internacionales, estatales y el propio sector sanitario.
Evaluar el Plan de acción de atención primaria y comunitaria 2022-2023 y adoptar un nuevo plan de acción en 2024.
Incrementar la inversión con el fin de reforzar plantillas, mejorar las infraestructuras y recursos materiales, con especial foco en la atención primaria.
Reducir los tiempos de espera en atención primaria de manera que las demandas no urgentes se resuelvan en un máximo de dos días.
Garantizar una auténtica consulta y participación del sector profesional sanitario y de la población afectada para tener en cuenta sus propuestas en el diseño de esta estrategia de refuerzo.
¡Súmate y actúa!
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