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Violencia contra las mujeres en España

© AI/Carmen López
© AI/Carmen López

La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más habitual y que afecta a un mayor número de personas. Millones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas de violencia por razón de su género, y en España no somos ajenos a ello. Desde el 1 de enero de 2003 y hasta el 25 de noviembre de 2015, según los datos oficiales, 814 mujeres han sido asesinadas. A esto hay que añadir el número de menores asesinados por sus padres en el ejercicio de su derecho a visitas, un total de 20 entre 2008 y 2014, según los datos que recoge el Comité de la CEDAW (siglas en inglés del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres).

Los datos conocidos arrojan una realidad preocupante. El Observatorio del Consejo General del Poder Judicial indica que en los 6 primeros meses de 2015 se presentaron más de 62.300 denuncias en los juzgados de violencia contra la mujer, de las que el 39,8% se han archivado sin llegar a juicio. Sólo en un 11'7% de los casos ha habido una sentencia condenatoria contra el agresor.

Pero la violencia de género está cargada de cifras ocultas. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, el 12,5% de las mujeres de 16 y más años que viven en España han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y el 13% de las mujeres han tenido miedo de su pareja en algún momento. Si se extrapola el porcentaje a la población femenina de esa edad estaríamos hablando de más de 2,5 millones de mujeres. Sólo en 2015, el 2,7% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual y 9,2% ha padecido violencia psicológica, control, humillaciones, acoso, amenazas.

Las autoridades se amparan en la necesidad de que las víctimas pongan denuncia para intervenir, pero Amnistía Internacional considera que, además, es necesario evaluar e identificar todos los obstáculos en la persecución de este tipo de violencia. A lo largo de estos años, la organización ha denunciado la persistencia de múltiples obstáculos para la protección e identificación de las mujeres y víctimas de violencia de género.

Manifestación contra la violencia de género.
Manifestación contra la violencia de género. © Daniel Ochoa de Olza

El miedo al proceso judicial, a no ser creídas, a las represalias, a perder a sus hijos e hijas, a la vergüenza, a no darle importancia al maltrato recibido, o el desconocimiento del proceso judicial lleva a que el 67'8% de las mujeres que reconocen en la Macroencuesta de 2015 haber sufrido violencia no vayan a los juzgados. Entre estas trabas que las mujeres víctimas de violencia de género se encuentran en los juzgados destacan: la falta de información sobre sus derechos, la falta de diligencia en la investigación judicial, la dificultad para demostrar la violencia psicológica, o los prejuicios y trato irrespetuoso en la obtención del testimonio de las víctimas.

Amnistía Internacional valoró positivamente algunas medidas que han aumentado la protección a las víctimas de violencia contra las mujeres como fue la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, así como las reformas legislativas tendentes a mejorar la protección a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, o a las mujeres migrantes en situación irregular víctimas de violencia en el ámbito familiar. Sin embargo, la Ley Integral aborda únicamente la violencia cometida por pareja o ex-pareja y deja en una situación de especial vulnerabilidad a las mujeres víctimas de violencia sexual llevada a cabo por terceros. Según datos de la Macroencuesta de 2015, el 7'2% de las niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, lo que equivale a más de 1,4 millones de niñas y mujeres.

Amnistía Internacional valora positivamente que se haya modificado la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y se reconozca a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género también como víctimas. Según los datos de la Macroencuesta de 2015, más del 70% de las mujeres que han sufrido o sufren violencia de género tienen hijos e hijas menores que viven expuestos a esta situación y que por tanto son víctimas de la misma. El 61'7% de las mujeres que alegan haber sufrido maltrato en el último año, aseguran que los menores también han sido víctimas de maltrato en algún momento. Sin embargo, las madres que pierden a sus hijos e hijas asesinados por sus parejas o ex parejas no son consideradas víctimas de violencia de género por este hecho.

Existen datos preocupantes que confirman que las políticas de austeridad han afectado a la implementación de la Ley Integral por parte de la administración central, las administraciones autonómicas y locales. Desde 2011 a 2015, se ha producido un descenso del 21% de las partidas destinadas para la protección estatal a las víctimas de violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado. Mientras que la partida específica destinada a los servicios de atención a víctimas gestionadas por las Comunidades Autónomas se ha reducido un 50%.

La Ley Integral no aborda el derecho a la reparación de las víctimas de violencia de género que debería incluir entre otras cuestiones, una indemnización adecuada y garantías de no repetición. Doce años después la falta de compromiso con las víctimas supervivientes es una asignatura pendiente y no abordada. La Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito ha sido una oportunidad perdida para alinear el derecho español a los estándares internacionales de derechos humanos.

Organismos internacionales, como el Comité de la CEDAW, han reiterado a España su obligación de velar porque las mujeres y las niñas tengan acceso a medios inmediatos de reparación y protección.

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE:

Amnistía Internacional ha recordado y sigue recordando a las autoridades españolas que legislar por sí sólo no basta. Ninguna ley o normativa será suficiente si no va acompañada de un verdadero compromiso de las autoridades para ponerla en práctica. Para ello, el Gobierno español debe comprometerse a:

– Hacer una evaluación de todas las medidas establecidas en la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, especialmente en relación al funcionamiento de los juzgados especializados de violencia de género.
– Asegurar que en dicha evaluación hay una participación activa de las víctimas supervivientes y sus familiares para conocer los obstáculos a los que se enfrentan y adoptar medidas adecuadas para atender sus necesidades.
– Garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual, ya sea cometida por pareja o expareja o por terceros, tienen todos sus derechos garantizados y recursos disponibles para su protección.
– Garantizar el derecho a una verdadera reparación de las víctimas, que incluya la no repetición de los abusos.

Manifestación contra la violencia machista celebrada en Madrid. © Carmen López/AI

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