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Violencia de género en España

© AI/Carmen López
© AI/Carmen López

La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más habitual.

La violencia de género en España es una de las violaciones de los derechos humanos más repetida de la sociedad y que afecta a un mayor número de personas. Millones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas de violencia machista por razón de su género, y en España no somos ajenos a ello. En los 15 últimos años, más de 1000 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Cifras a las que hay que sumar las que corresponden a la muerte de mujeres provocadas por actos criminales cometidos por hombres distintos al compañero, cifras que no aparecen en las estadísticas.

Además, hay otras cifras ocultas en la violencia de género en España. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, el 12,5% de las mujeres de 16 y más años que viven en España han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y el 13% de las mujeres han tenido miedo de su pareja en algún momento. Si se extrapola el porcentaje a la población femenina de esa edad estaríamos hablando de más de 2,5 millones de mujeres.

Las autoridades se amparan en la necesidad de que las víctimas pongan denuncia para intervenir, pero además, es necesario evaluar e identificar todos los obstáculos en la persecución de este tipo de violencia. A lo largo de estos años, Amnistía Internacional ha denunciado la persistencia de múltiples obstáculos para la protección e identificación de las mujeres y víctimas de violencia de género.

Manifestación contra la violencia de género.
Manifestación contra la violencia de género. © Daniel Ochoa de Olza

El miedo al proceso judicial, a no ser creídas, a las represalias, a perder a sus hijos e hijas, a la vergüenza, a no darle importancia al maltrato recibido, o el desconocimiento del proceso judicial lleva a que el 67'8% de las mujeres que reconocen en la Macroencuesta de 2015 haber sufrido casos de violencia no vayan a los juzgados.

Entre estas trabas que las mujeres víctimas de violencia de género se encuentran en los juzgados destacan: la falta de información sobre sus derechos, la falta de diligencia en la investigación judicial, la dificultad para demostrar la violencia psicológica, o los prejuicios y trato irrespetuoso en la obtención del testimonio de las víctimas.

Si bien en relación a la protección a las víctimas de violencia de género en los últimos años se han puesto en marcha algunas medidas efectivas, como la Ley Integral contra la Violencia de Género, la realidad de la violencia sexual permanece prácticamente invisibilizada: Más de tres millones de mujeres han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida por parte de parejas, exparejas o terceros, un 13,7% de las mujeres residentes en España.

Además, aquellas que se atreven a denunciar, se enfrentan, además de a la propia agresión, a un duro y largo camino. Un terrible recorrido que les suponen dificultades casi insalvables cuando acuden a la comisaría, al hospital o en el juicio, un camino marcado por la violencia institucional en el que los prejuicios y los estereotipos son habituales.

Según los datos de la Macroencuesta de 2015, más del 70% de las mujeres que han sufrido o sufren violencia de género tienen hijos e hijas menores que viven expuestos a esta situación y que por tanto son víctimas de la misma. El 61'7% de las mujeres que alegaban haber sufrido maltrato en el último año, aseguran que los menores también han sido víctimas de maltrato en algún momento. Sin embargo, las madres que pierden a sus hijos e hijas asesinados por sus parejas o ex parejas no son consideradas víctimas de violencia de género por este hecho.

Amnistía Internacional valora positivamente que con la modificación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia se reconozca a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género también como víctimas, así como que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado en 2017 exija que se garantice una prestación a todos los huérfanos y huérfanas de la violencia de género como medida para proteger a los menores.

Amnistía Internacional valoró positivamente la aprobación en 2017 del Pacto de Estado que plantea un conjunto de 212 medidas sobre sensibilización y prevención; educación; mejora de la respuesta institucional, entre las que se encuentran medidas de asistencia, ayuda y protección de la víctima; protección de menores y formación especializada a los diferentes agentes.  

Pero no podemos olvidar que el  pacto vuelve a poner encima de la mesa muchas medidas que ya se contemplaban en la Ley Integral de 2004 y que no se han implementado correctamente y que hay que hacer efectiva la financiación de las medidas. Además, hay dos grandes ausencias: a la ausencia de una verdadera política pública para combatir la violencia sexual, se suma la falta de medidas para reparar a las víctimas mediante indemnización adecuada y con garantías de no repetición.

 

 

Catorce años después de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, la falta de compromiso con las víctimas supervivientes es una asignatura pendiente. No se abordó en la posterior Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, y tampoco se establecen medidas concretas en el Pacto de Estado de 2017, que ha sido una oportunidad perdida para alinear el derecho español a los estándares internacionales de derechos humanos.

Organismos internacionales, como el Comité de la CEDAW, han reiterado a España su obligación de velar porque las mujeres y las niñas tengan acceso a medios inmediatos de reparación y protección.

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE:

Amnistía Internacional ha recordado y sigue recordando a las autoridades españolas que legislar por sí sólo no basta. Ninguna ley o normativa será suficiente si no va acompañada de un verdadero compromiso de las autoridades para ponerla en práctica. Para ello, el Gobierno español debe comprometerse a:

– Hacer una evaluación de todas las medidas establecidas en la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, especialmente en relación al funcionamiento de los juzgados especializados de violencia de género.
– Asegurar que en dicha evaluación hay una participación activa de las víctimas supervivientes y sus familiares para conocer los obstáculos a los que se enfrentan y adoptar medidas adecuadas para atender sus necesidades.
– Garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual, ya sea cometida por pareja o expareja o por terceros, tienen todos sus derechos garantizados y recursos disponibles para su protección.
– Garantizar el derecho a una verdadera reparación de las víctimas, que incluya la no repetición de los abusos.

Manifestación contra la violencia machista celebrada en Madrid. © Carmen López/AI

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