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Ayudar a la gente es normal. Y es lo correcto
¿Cuál es el problema?
En los últimos años, en Europa se ha hecho de la compasión un delito. Se ha amenazado, difamado, intimidado, hostigado y castigado en los tribunales a personas que han prestado ayuda a población refugiada y migrante, simplemente por el hecho de ayudar a quienes lo necesitaban.
Cuando las autoridades castigan y criminalizan simples actos de humanidad, están atacando nuestra dignidad común.
¿Qué dimensión tiene?
En toda Europa se está castigando a centenares de personas simplemente por ofrecer ayuda o solidaridad a quienes las necesitan. En Italia, Grecia, Francia y Suiza se han abierto decenas de procesos contra ONG y personas anónimas.
¿A quién afecta?
La criminalización de la solidaridad afecta a organizaciones de la sociedad civil y personas anónimas de toda Europa, entre ellas pensionistas, guías de montaña, sacerdotes, activistas juveniles y capitanes de barco. También afecta a las personas refugiadas y migrantes que se atreven a ayudar a amistades u otras personas en movimiento.
“Para mí ayudar es lo normal. No sabía que estaba prohibido. Ayudar es mi deber como ser humano.”
Sarah Mardini
¿Qué se está criminalizando?
- Dar alimentos
- Dar té caliente
- Ofrecer cobijo
- Llevar en su vehículo a personas exhaustas
- Tuitear
- Ayudar a gente en la montaña
- Llevar a niños y niñas a la comisaría de policía
- Encender y apagar las luces del coche
- Informar a la gente sobre sus derechos
- Alertar a la guardia costera de que hay gente ahogándose en el mar
- Salvar vidas en el mar
- Vigilar y denunciar las violaciones de derechos humanos
- Protestar contra las devoluciones a situaciones de detención y tortura
- Manifestarse pacíficamente
- Detener la salida de un vuelo de deportación
Esta lista tan sólo contiene algunos ejemplos de casos documentos por Amnistía en que distintos gobiernos de Europa criminalizan acciones que proporcionan ayuda a personas que la necesitan.
“... incluso sabiendo que mi vida podría trastocarse totalmente como consecuencia de ello, puedo decir que haría exactamente lo mismo.”
Sarah Mardini
La historia de Sarah y Seán
Sarah y Seán se conocieron trabajando como voluntarios cualificados de salvamento en Lesbos, Grecia. Sarah es refugiada de Siria. Su viaje a Europa fue noticia internacional: ella y su hermana salvaron a 18 personas al arrastrar hasta un lugar seguro la embarcación en la que viajaban junto con ellas, que se estaba hundiendo. Junto con su amigo Séan Binder, buzo de profundidad alemán que vive en Irlanda, patrullaban Lesbos para avistar embarcaciones en peligro. Decidieron hacerse voluntarios porque no podían quedarse mirando sin hacer nada mientras había gente que se ahogaba.
Su labor humanitaria ayudó a muchas personas refugiadas, pero, como muchas personas en toda Europa, están siendo criminalizados. Pueden ser condenados a hasta 25 años de cárcel por cargos de “tráfico de personas”. Ya pasaron más de 100 días en prisión antes de quedar en libertad bajo fianza en diciembre de 2018.
¿Cómo las están criminalizando?
Los gobiernos están utilizando diversas medidas para castigar la solidaridad, entre ellas:
- Campañas difamatorias
- Legislación represiva
- La imposición de un código de conducta a las ONG que puede retrasar las operaciones de salvamento en el mar
- Investigaciones penales y prohibición de entrar a un país
- Apertura de procesos e interposición de cargos infundados para llevarlas ante los tribunales
- Hostigamiento e intimidación policiales
- Multas
Salvar vidas en el mar
Se han llevado a cabo campañas difamatorias e investigaciones penales contra miembros de operaciones de salvamento. Se ha bloqueado en el puerto o se han confiscado barcos de ONG, lo que ha reducido el número de embarcaciones disponibles para salvar a gente de morir ahogada.
En España, el gobierno bloqueó arbitrariamente dos barcos de salvamento durante meses, impidiéndoles salvar vidas en el Mediterráneo central.
En Italia se ha obligado a las ONG de salvamento a aplicar un “código de conducta” que puede retrasar las operaciones de salvamento y se las ha investigado sólo por salvar vidas. Las cosas empeoraron en 2019, cuando Italia cerró los puertos y aprobó legislación que prohibía a las ONG entrar en sus aguas territoriales, a riesgo de ser multadas.
En Grecia, dos expertos miembros de equipos de salvamento pasaron meses en prisión provisional tras ser detenidos por las autoridades griegas por ayudar a personas refugiadas que llegaban a la isla de Lesbos.
Elisa de Pieri (investigadora de Amnistía Internacional)
Los 10 del Iuventa
El 2 de agosto de 2017, la fiscalía italiana ordenó la confiscación del Iuventa, un barco operado por la ONG alemana Jugend Rettet. Desde entonces, pese a haber rescatado a 14.000 personas, 10 miembros de la tripulación —“los 10 del Iuventa”— siguen sometidos a investigación por facilitar la entrada irregular de personas refugiadas y migrantes en tres operaciones distintas llevadas a cabo entre 2016 y 2017.
La organización independiente Forensic Architecture ha reconstruido los hechos y recopilado pruebas que demuestran que la tripulación del Iuventa estaba salvando vidas.
Los 10 del Iuventa llevan dos años y medio en el limbo, con su vida en suspenso a causa del proceso penal pendiente. Amnistía pide que se cierre la investigación.
El Hiblu
En Malta se está procesando por cargos graves que podrían acarrear condenas a cadena perpetua a tres adolescentes solicitantes de asilo simplemente por osar hacer frente al intento ilegal de un capitán de buque de llevarlos de regreso a Libia junto con más de 100 personas que también habían sido rescatadas. En Libia corrían un riesgo real de sufrir abusos indescriptibles, entre ellos la reclusión en condiciones inhumanas en un centro de detención, la extorsión y la tortura y otros malos tratos.
Amnistía pide a las autoridades de Malta que retiren los cargos desproporcionados que pesan contra los jóvenes que participaron en el incidente de El Hiblu 1, que estaban tratando de protegerse a sí mismos y al resto de personas rescatadas.
Luigi Chiampo, párroco de Bussoleno (Italia)
La solidaridad es ayudar a alguien a mantener la dignidad
Ayudar a gente en la montaña
En los Alpes nevados, en la frontera de Francia con Italia, una red de solidaridad intenta evitar la muerte de las personas refugiadas y migrantes que cruzan de Italia a Francia. Los miembros de la red intentan garantizar que las personas refugiadas y migrantes conocen plenamente los riesgos, les proporcionan mapas, calzado resistente y ropa de abrigo para mantenerse a salvo en la montaña, y ofrecen ayuda a las que se pierden y necesitan regresar a un lugar seguro.
Cristina, una voluntaria de Soccorso Alpino, dijo: “Para mí, ayudar forma parte de mi amor por la montaña. La solidaridad consiste en cuidar de otras personas. En el Valle de Susa, somos una familia cuyos miembros se ayudan mutuamente”.
En el lado francés de la frontera, en el pueblo de Briançon, la gente ha organizado salidas a la montaña en esquís o a pie para buscar a personas refugiadas y migrantes que puedan necesitar ayuda.
En el lado italiano de la frontera, las autoridades apoyan los actos de solidaridad, pero en el lado francés esos mismos actos se castigan.
También se han criminalizado otras acciones solidarias. Se declaró culpables a siete personas que participaron en una marcha espontánea contra la presencia de un grupo contra la migración, que había llegado a la zona de Briançon en abril de 2018, creando un clima de miedo. Durante la protesta, una persona migrante entró a Francia de forma irregular, lo que permitió a las autoridades utilizar indebidamente el cargo de ayuda a la inmigración irregular para reprimir la protesta.
“Cuando ves a una persona exhausta, que no camina, le das la mano.”
Pierre Mumber, guía de montaña francés
Anni Lanz, ayuda a las personas en situación de necesidad extrema
¿Por qué está pasando esto?
Los gobiernos de la región han puesto un creciente énfasis en limitar y disuadir las llegadas a Europa. Esto se ha traducido en que la prestación de ayuda a personas refugiadas y migrantes en situación de necesidad se vea como una amenaza y se considere un delito.
Cuando los países europeos no satisfacen las necesidades básicas de las personas refugiadas y migrantes, la provisión de alimentos, cobijo y apoyo queda a menudo en manos de la gente corriente. Al castigar a quienes se ofrecen a paliar las carencias existentes, los gobiernos europeos ponen aún más en riesgo a las personas refugiadas y migrantes.
Cuando las autoridades procesan a quienes prestan ayuda, crean un entorno hostil que disuade a otras personas de ofrecer solidaridad y ayuda a las personas refugiadas y migrantes.
Ante las multas y el coste de su asistencia jurídica, las ONG y los defensores y defensoras de los derechos humanos a quienes se está criminalizando se ven obligados a dedicar parte del tiempo y los recursos de que disponen para su labor humanitaria a defenderse de cargos infundados.
Sean Binder
¿Cómo podemos parar esto?
Las autoridades deben dejar de criminalizar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y garantizar que la gente goza de libertad y seguridad para ayudar a los demás.
Las autoridades europeas deben retirar los cargos contra quienes no han hecho más que ofrecer ayuda y solidaridad a personas refugiadas y migrantes. Las autoridades deben dejar de usar indebidamente leyes sobre el tráfico ilícito de personas contra quienes actúan por humanidad para ayudar a quienes lo necesitan.
Los gobiernos europeos podrían hacerlo reformando la legislación a fin de garantizar que sólo se enjuicia a quienes obtienen un beneficio material.
La solidaridad debe ser celebrada, no castigada.