España

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Siguieron ejecutándose miles de desalojos, en su mayoría por motivos económicos. Se dieron pasos para una reforma legislativa dirigida a mejorar el acceso a atención sanitaria universal. El Parlamento no derogó disposiciones jurídicas que violaban la libertad de expresión. Persistieron las restricciones desproporcionadas del derecho de reunión pacífica. Había una causa pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que los tribunales españoles rehusaran investigar casos de tortura del periodo franquista. No se protegió debidamente a las personas menores migrantes no acompañadas. España prohibió las exportaciones de armas a Israel. Las autoridades incumplieron sus compromisos en materia de prevención y gestión del riesgo de inundaciones.

Información general

En junio, el Tribunal Constitucional avaló la Ley de Amnistía de 2024, que concedía la amnistía por actos relacionados con el proceso independentista catalán entre 2011 y 2023, incluido el uso de fuerza excesiva por la policía.

En noviembre, el fiscal general del Estado se vio obligado a dejar el cargo tras ser declarado culpable por el Tribunal Supremo del “delito de revelación de secretos”. La retirada de un partido político de la mayoría parlamentaria que respaldaba al gobierno afectó a la estabilidad de éste y a su agenda legislativa.

Derecho a la vivienda

Entre enero y septiembre se llevaron a cabo 19.347 desalojos, más del 90% de los cuales obedecían a motivos económicos. En enero se prorrogaron hasta el final del año las medidas para suspender los desalojos de personas en situación de extrema vulnerabilidad económica.

Derecho a la salud

En septiembre, el gobierno central abrió una consulta pública previa para reformar y mejorar el Real Decreto-ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Las propuestas de enmienda no se habían hecho públicas al terminar el año.

Libertad de expresión

En octubre, el partido político Vox lanzó una amplia campaña de acoso en redes sociales contra la periodista y escritora Cristina Fallarás, quien posteriormente denunció graves amenazas e insultos que la habían llevado a cancelar varias apariciones en público que tenía previstas y a presentar una denuncia ante la fiscalía contra la secretaria jurídica de ese partido por incitación al odio, acoso, injurias y calumnias y revelación de secretos.

El Parlamento no emprendió las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal —como derogar las disposiciones que violaban la libertad de expresión y despenalizar la calumnia y la injuria— ampliamente reclamadas por la sociedad civil y que habían sido recomendadas por mecanismos de derechos humanos, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de la ONU en sus observaciones finales tras examinar las obligaciones internacionales de España en julio.

Libertad de reunión pacífica

Continuaron las restricciones desproporcionadas del derecho a la libertad de reunión pacífica así como el uso excesivo de la fuerza contra las protestas en solidaridad con el pueblo palestino, incluidos actos de desobediencia civil como los registrados en septiembre en la capital, Madrid, que obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista.

Un manifestante pacífico fue indultado y puesto en libertad después de un año y medio en prisión en cumplimiento de una sentencia condenatoria injusta por desórdenes públicos y “atentado contra la autoridad” basada exclusivamente en testimonios policiales.

Aunque los tribunales penales continuaron negándose a investigar los casos de infiltración policial en movimientos sociales, algunas denuncias seguían pendientes ante el Tribunal Constitucional. El año concluyó sin que el Parlamento hubiera aprobado una propuesta legislativa para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de impedir ese tipo de operaciones policiales.

Un total de 27 activistas contra el cambio climático del grupo Futuro Vegetal seguían siendo objeto de investigación por presunta pertenencia a una organización criminal en relación con su participación en acciones directas no violentas.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En sus observaciones finales, el Comité de Derechos Humanos expresó satisfacción por la adopción de la Ley de Memoria Democrática, cuyo propósito era el reconocimiento de las víctimas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Sin embargo, el Comité también expresó preocupación por que la Ley de Amnistía de 1977 aún no hubiera sido derogada y por que las actuaciones iniciadas contra presuntos responsables de violaciones graves de derechos humanos durante ambos periodos no hubieran dado lugar a acciones penales efectivas.

A este respecto, había al menos un caso pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que el Tribunal Constitucional desestimara varios recursos contra la negativa de los tribunales españoles a investigar denuncias de tortura durante el periodo franquista.

Un ex alto cargo público en ese periodo continuaba investigado y había sido llamado a declarar en relación con crímenes cometidos durante el periodo de transición política a la democracia.

Violencia sexual y de género

Persistía la violencia por motivos de género; 46 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas y 15 de otros individuos durante el año. Dos niñas y un niño fueron víctimas de homicidio en el contexto de la violencia de género.

Había varios centros de crisis habilitados para prestar ayuda inmediata y especializada a víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual pero en la práctica muchos de ellos no eran plenamente eficaces, ya que no funcionaban las 24 horas y tampoco ofrecían apoyo integral ni garantizaban acceso efectivo a todas las víctimas y sobrevivientes.

Derechos sexuales y reproductivos

Según datos oficiales publicados en octubre, 13 de las 17 comunidades autónomas habían creado registros de profesionales de la salud que se negaban a practicar abortos por motivos de conciencia. Estos registros se crearon con el fin garantizar una dotación de personal suficiente y asegurar el acceso al aborto. Cuando no estaba disponible en los centros de salud pública, el aborto se practicaba en clínicas privadas, aunque en algunos casos las pacientes tenían que salir de su región para acceder a este servicio.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resolvió que la devolución a Marruecos de migrantes interceptados en el mar en torno al enclave de Ceuta sin garantías o sin el debido proceso era ilegal. La delegada del gobierno en la ciudad autónoma de Ceuta dijo que la sentencia no era firme, dando a entender la intención de desoírla o no aplicarla íntegramente hasta que lo fuera.

En Canarias y Ceuta, los derechos de los menores refugiados y migrantes no acompañados estaban amenazados. En marzo, el Tribunal Supremo ordenó al gobierno central adoptar con urgencia medidas para mejorar las condiciones de acogida de más de 1.000 niños y niñas solicitantes de asilo. El incumplimiento conllevaría multas o incluso actuaciones penales contra las autoridades responsables. Al final del año, sólo 408 menores habían sido trasladados a centros de acogida estatales.

La Audiencia Provincial de Cádiz declaró a la exdelegada del gobierno en Ceuta y a la exvicepresidenta de la ciudad culpables de prevaricación administrativa al concluir que habían actuado de forma arbitraria y manifiestamente injusta en la repatriación acelerada de 55 menores no acompañados marroquíes sin que se hubieran realizado las evaluaciones individuales que exigía la ley.

Transferencias irresponsables de armas

En octubre, España prohibió las exportaciones de armas a Israel y también las importaciones desde asentamientos ilegales en el Territorio Palestino Ocupado, de acuerdo con sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

Discriminación

En julio estalló la violencia xenófoba en el pueblo de Torre Pacheco (región de Murcia) tras una agresión a un hombre de 68 años. Grupos antiderechos organizaron “cacerías de inmigrantes” contra personas racializadas, especialmente las que percibían como norteafricanas. Los disturbios fueron amplificados por contenidos racistas en Internet, donde se observó un aumento del 1.500% de los discursos de odio contra la comunidad norteafricana entre el 6 y el 22 de julio. El 14 de julio, un restaurante de kebab sufrió un ataque de unos 50 hombres cubiertos con cascos que empuñaban bates y palos, a pesar de que había presencia policial en las proximidades. El propietario tuvo que escapar por la puerta trasera.

Derecho a la privacidad

La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, sometida a investigación judicial en relación con el uso del programa espía Pegasus contra activistas independentistas y figuras políticas de Cataluña, se acogió a la Ley de Secretos Oficiales y se negó a revelar detalles por tratarse de información clasificada.

Derecho a un medioambiente saludable

Tras las inundaciones que causaron la muerte de 238 personas en octubre de 2024, principalmente en la Comunidad Valenciana, las autoridades se enfrentaron al escrutinio mediante investigaciones penales y parlamentarias dirigidas a determinar los hechos y la responsabilidad.

Ni el gobierno de la Comunidad Valenciana ni el gobierno central cumplieron ciertos compromisos expuestos en los planes de reconstrucción elaborados tras el desastre, a saber, un plan local de prevención del riesgo de inundaciones y la reforma de la normativa nacional sobre la gestión del riesgo de inundaciones, respectivamente. En cambio, el gobierno regional aprobó la Ley 2/2025, de 15 de abril, de medidas urbanísticas urgentes para favorecer las tareas de reconstrucción después de los daños producidos por la dana, que flexibilizaba las normas de planificación urbana y permitía construir en zonas inundables sin una evaluación de riesgos previa o adecuada.

España registró el peor año del que se tenía constancia en cuanto a incendios forestales, con más de 392.183 hectáreas de bosque, matorral y pastizal destruidas hasta el final de octubre, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Como consecuencia del cambio climático inducido por la actividad humana, el país sufrió el verano más caluroso registrado hasta entonces, con una temperatura media de 24,2 °C en la España peninsular; 2,1 °C más alta que en el periodo de referencia, 1991-2020.

El gobierno aprobó el Real Decreto 214/2025, por el que se creaba el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, que exigía a algunas grandes empresas y organismos públicos calcular y hacer públicas sus emisiones anuales de gases de efecto invernadero, así como elaborar y publicar planes quinquenales de reducción de las emisiones.