Peter Benenson © Particular
Presente hoy casi todos los países del mundo, Amnistía Internacional fue fundada en 1961 por el abogado británico Peter Benenson. Inspirado en el caso de unos estudiantes portugueses encarcelados por brindar por la libertad en su país, publicó el artículo "The Forgotten Prisoners” (Los presos olvidados) en el diario The Observer. Desde su fundación, Amnistía Internacional trabaja, junto a personas como tú, para emprender acciones por un mundo mejor. Creemos en el poder de la gente y en la fuerza de la unión para conseguir que los derechos humanos se respeten en todos los rincones del planeta.
“Abra el periódico cualquier día de la semana y verá la noticia de que alguien, en algún lugar del mundo, ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus opiniones o su religión son inaceptables para su gobierno (...) El lector tiene una desagradable sensación de impotencia. Pero si estos sentimientos de rechazo que experimentan personas de todo el mundo pudieran unirse en una acción común, podría hacerse algo eficaz”.
Peter Benenson, fundador de Amnistía Internacional
En 1961, inspirado por el caso de dos estudiantes portugueses que habían sido encarcelados por brindar por la libertad, el abogado británico Peter Benenson emprende una acción mundial: la Campaña en Pro de la Amnistía 1961. Su llamamiento a dejar en libertad a los presos y presas de conciencia se publica en el diario The Observer el 28 de mayo, así como en otros periódicos de todo el mundo, y se convierte en la génesis de Amnistía Internacional. En 1966 habían sido excarceladas 1.000 personas gracias los esfuerzos incansables de gente como tú, que quería ver un mundo mejor.
En 1962, Amnistía envió a un abogado a Sudáfrica para que asistiera como observador al juicio de Nelson Mandela. En palabras de Mandela, "su mera presencia y la ayuda que prestó nos resultaron tremendamente inspiradoras y alentadoras".
En 1973, Amnistía Internacional emite su primera Acción Urgente completa, para animar a la opinión pública a actuar en favor del profesor brasileño Luiz Basilio Rossi, detenido por motivos políticos. Luiz atribuyó después la mejora de su situación al apoyo popular a este llamamiento: “Sabía que mi caso se había hecho público, sabía que ya no podían matarme. Entonces la presión sobre mí disminuyó y las condiciones mejoraron".
Desde entonces, simpatizantes de Amnistía Internacional de todo el mundo han hecho campaña en favor de miles de personas, familias y comunidades. En aproximadamente la tercera parte de este tipo de casos, se logra un cambio positivo o, si no, la acción sirve para levantar el ánimo y brindar esperanza.
En los 70, el nuevo régimen chileno del general Augusto Pinochet accede a admitir a una delegación de tres personas enviada por la organización para investigar denuncias de violaciones masivas de derechos humanos. Más de 20 años después, Amnistía Internacional es parte en procedimientos judiciales que conducen a la detención de Pinochet en Reino Unido por crímenes cometidos en Chile.
En 1979, Amnistía Internacional publica una lista de 2.665 casos de personas desaparecidas en Argentina tras el golpe militar de Jorge Rafael Videla, con el fin de ayudar a sus familiares y amigos a hacer rendir cuentas a los responsables.
En la misma década, la organización gana el Premio Nobel de la Paz por “haber contribuido a afianzar la libertad, la justicia y, con ello, también la paz en el mundo”.
Cuando Amnistía Internacional y sus simpatizantes inician la lucha contra la pena de muerte en 1977, sólo la habían abolido 16 países. En la actualidad, la cifra ha ascendido a 108, más de la mitad de los países del mundo. Desde 2011 han abolido la pena de muerte para todos los delitos países como Benín, Chad, Fiyi, Guinea, Letonia, Madagascar, Mongolia, Nauru, República del Congo y Surinam. Nuestro éxito ha estado impulsado por la creencia de que el derecho a la vida es sagrado. Con tu ayuda, no nos detendremos hasta que el mundo entero esté libre definitivamente de esa forma extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
En 1984, tras el incansable trabajo de campaña de gran número de simpatizantes de Amnistía, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Como consecuencia de ello, los países están ahora obligados por el derecho internacional a tomar medidas efectivas para prevenir la tortura en los territorios que controlan y tienen prohibido trasladar a personas a cualquier país donde haya razones para creer que serán torturadas.
En la década de 1990 denunciamos abusos contra los derechos humanos en Kuwait tras la invasión de Irak, lo cual genera titulares en todo el mundo. Nuestros equipos lanzan también una acción sobre la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en Brasil y reciben una respuesta inmediata del presidente Fernando Collor, que afirma: “No podemos ni queremos volver a ser un país ejemplo de violencia”.
Amnistía Internacional llama también la atención mundial sobre la situación de 300.000 niños y niñas soldados y aúna fuerzas con otras cinco ONG internacionales en la Coalición para Acabar con la Utilización de Niños y Niñas Soldados.
Ya en 2002, la presión que llevan ejerciendo simpatizantes de la organización durante mucho tiempo prepara por fin el terrero a la creación de una Corte Penal Internacional (CPI) para iniciar investigaciones y enjuiciamientos contra personas –incluidos líderes políticos, dirigentes de grupos armados y otras figuras de alto rango– razonablemente sospechosas de cometer, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o el crimen de agresión.
En 2013, nuestra acción llega incluso a países como Papúa Nueva Guinea, que deroga la controvertida Ley de Brujería. Esta ley preveía sentencias reducidas por asesinato si la víctima había sido acusada de brujería. Esta decisión supuso un gran avance en la lucha por poner fin a la violencia contra las mujeres en un país donde las acusaciones de brujería servían a menudo de excusa para golpear, matar y torturar a mujeres. Otra buena noticia fue la probación ese mismo año de la Ley de Protección de la Familia (sobre la violencia en el ámbito familiar).
En 2014, tras 20 años de presión de nuestros activistas, entra en vigor el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, importante triunfo para la humanidad. El tratado tiene por objeto poner fin a flujo irresponsable de armas que causan millones de muertes y fomentan los conflictos y los abusos generalizados contra los derechos humanos. Esta inmensa victoria no habría sido posible sin el impresionante prestado a Amnistía por sus donantes, miembros y activistas.
En 2015, también tras un largo periodo de presión por parte de la organización y sus simpatizantes, la filial nigeriana de Shell anuncia el pago de 55 millones de libras esterlinas en concepto de indemnización a 15.600 campesinos y pescadores de Bodo, Nigeria, cuyas vidas se habían visto truncadas por dos grandes vertidos de petróleo de Shell en 2008. El anuncio prepara el terreno para futuras acciones de otras comunidades nigerianas que ha sufrido las consecuencias de la negligencia de la compañía. En 2021, el Tribunal Supremo de Reino Unido decide que otras dos comunidades del delta del Níger afectadas por años de vertidos pueden demandar al gigante petrolero ante los tribunales británicos.
En una sentencia histórica para la justicia internacional, el 30 mayo de 2016, el ex presidente de Chad Hissène Habré es condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra y tortura cometidos en el país entre 1982 y 1990. La acusación se basa en nuestros informes de la década de 1980 y en la declaración pericial de un ex miembro del personal de la organización, entre otras pruebas. La organización también contribuyó a que Charles Taylor fuera juzgado en el Tribunal Especial para Sierra Leona, acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y a que los líderes serbios Slobodan Milosevic, Ratko Mladic, Radovan Karadzic, fueran juzgados y condenados en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia por genocidio. Hoy más del 80% de los Estados miembros de Naciones Unidas tienen legislación que les permite aplicar el principio de jurisdicción universal.
También en 2016, Albert Woodfox es excarcelado finalmente en Estados Unidos tras decenios de presión de simpatizantes de Amnistía. Había pasado 43 años y 10 meses en régimen de aislamiento en una prisión estatal de Luisiana; al parecer, nadie ha sobrevivido tanto tiempo en régimen de aislamiento en Estados Unidos. “Nunca insistiré lo suficiente en lo importante que es recibir cartas de personas de todo el mundo —dijo Albert—. Me dieron un sentimiento de dignidad. Me dieron fuerza, me convencieron de que estaba haciendo lo correcto”.
En 2017, el Tribunal Superior de Kenia bloquea la decisión unilateral del gobierno de cerrar el campo de refugiados de Dadaab, el mayor del mundo. La sentencia se dicta en respuesta a una petición de dos organizaciones kenianas de derechos humanos, a las que Amnistía apoyó. El cierre de Dadaab habría dejado a más de 260.000 personas refugiadas somalíes expuestas a ser devueltas a Somalia, país asolado por el conflicto armado.
En 2018, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la interceptación masiva de millones de comunicaciones privadas por parte de los servicios de inteligencia del Reino Unido infringía la legislación sobre derechos humanos. En 2021, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos amplió la histórica sentencia, dejando claro que la vigilancia sin restricciones viola el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión de las personas y exigiendo el establecimiento de sólidas salvaguardias contra los abusos.
En 2018 es excarcelada Teodora del Carmen Vásquez tras pasar 10 años entre rejas en el Salvador como consecuencia de haber sufrido una emergencia obstétrica por la que la acusaron y declararon culpable de abortar, acto ilegal en el país. Quedó en libertad al reducirle un tribunal la indignante pena de 30 años de prisión que le había sido impuesta. Desde peticiones a protestas, Amnistía y sus simpatizantes habían venido llevando a cabo actividades de campaña desde 2015 para conseguir que Teodora fuera puesta en libertad.
En 2018, Irlanda revoca en referéndum la prohibición constitucional del aborto y logra una enorme victoria para los derechos de las mujeres, basada en años de activismo sobre el tema, en el que participó Amnistía Internacional. En 2020, Argentina legaliza por fin el aborto, auténtico triunfo para el movimiento de defensa de los derechos de las mujeres y para el gran número de simpatizantes de Amnistía que llevaban decenios luchando por ello. La decisión sirve de inspiración a otros países de la región y del mundo para avanzar en el reconocimiento del acceso a servicios seguros y legales de aborto.
En 2019, Sierra Leona levanta la prohibición del acceso a la educación impuesta a las niñas embarazadas tras determinarse que es discriminatoria. Amnistía había intervenido en el caso, basándose en su investigación sobre el tema y en el derecho internacional pertinente. La decisión constituye un claro mensaje a otros países africanos que imponen o se plantean prohibiciones similares.
Entre 2019 y 2020 se introducen en Dinamarca, Suecia y Grecia cambios legislativos por los que se reconoce por fin que el sexo sin consentimiento es violación. La decisión se toma después de años de activismo de grupos de sobrevivientes y de defensa de los derechos de las mujeres, y también de la campaña Hablemos del SÍ de Amnistía. España anuncia también un proyecto de ley para definir como violación el sexo sin consentimiento, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
Y ya en la actualidad, desde inicio de la pandemia en marzo de 2020, Amnistía Internacional ha dedicado muchos esfuerzos en hacer seguimiento de la crisis sanitaria, denunciando cómo la pandemia ha puesto al descubierto enormes desigualdades sistémicas que sufren en todo el mundo las minorías étnicas, el personal sanitario y las mujeres, entre otros grupos especialmente afectados y cómo la COVID-19 ha sido instrumentalizada por dirigentes de varios países para intensificar su asalto a los derechos humanos.
En 1995 se consiguió la abolición de la pena de muerte en el Código Penal Militar, tras una gran campaña de presión de AI España para un tema considerado tabú a principios de los 90. Ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos se fueron pronunciando a favor de la abolición total, lo que obligó al Parlamento de la nación a poner fin a la pena de muerte.
En 2004, de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que supuso grandes avances, no solo en la protección de las mujeres si no que también ayudó a generar cambios en la opinión pública y mejoró la formación a profesionales de distintos sectores. También fue un gran paso la ratificación por parte de España del Convenio de Estambul, así como el proyecto de ley, pendiente de aprobación, que tiene por objetivo definir como violación el sexo sin consentimiento de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional trabajó para que en 2007 se aprobara la ley que regula el comercio de armas en España, que contempla la denegación de autorizaciones de exportación “cuando existan indicios racionales" de que las armas puedan emplearse "en acciones que perturben la paz", para "exacerbar tensiones o conflictos latentes" "con fines de represión interna" o "en situaciones de violación de derechos humanos".
En materia de derechos económicos, sociales y culturales Amnistía Internacional también ha contribuido a grandes logros, como la legislación propia de las comunidades autónomas sobre vivienda y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de desahucios, que garantiza que se articulen medidas de coordinación y cooperación entre las administraciones públicas y servicios sociales para dar respuesta adecuada a personas en situación de vulnerabilidad.
El trabajo para conseguir la universalidad del derecho a la salud en España, después de que la Reforma del RDL 16/2012 dejara sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas (gran parte de ellas inmigrantes en situación irregular), vio finalmente sus frutos cuando se sustituyó por el RDL 7/2018, que, aunque contiene lagunas y ambigüedades, supuso mejoras en la universalidad de este derecho.
La investigación realizada en 2020 sobre la situación vivida en las residencias de personas mayores durante los meses más críticos de la primera oleada de la pandemia contribuyó a que se adoptaran medidas a corto plazo para garantizar el derecho a la vida y a la salud de las personas residentes, y también a generar un debate acerca de la necesidad de crear un nuevo modelo residencial para garantizar sus derechos humanos.
