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Letonia

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

La población romaní y las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación. Los índices de apatridia continuaron siendo elevados. No había ninguna ley integral sobre violencia de género. Continuaron las limitaciones a la educación en idiomas minoritarios.

Información general

Un estado de emergencia decretado para responder a la pandemia de COVID-19 y efectivo de marzo a junio y, luego, de noviembre en adelante, permitió imponer restricciones a determinados derechos humanos. Durante el primer periodo, Letonia adoptó medidas que suponían la suspensión de algunas de las obligaciones contraídas en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El gobierno adoptó medidas rápidas para abordar el impacto de la pandemia y contener la propagación del virus, pero al final de año repuntaron las infecciones y las muertes por COVID-19.

Discriminación

En marzo, el Centro Letón de Derechos Humanos observó un aumento de los casos de incitación a la violencia y de discriminación contra ciudadanos letones que regresaban del extranjero a causa de la COVID-19.

Romaníes

La discriminación de las personas romaníes seguía impregnando muchos aspectos de la vida en Letonia.

Las medidas concretas para integrar a los niños y, especialmente, las niñas romaníes en el sistema educativo general continuaron siendo insuficientes. No había disponibles datos sobre los índices de abandono escolar del alumnado romaní, desglosados en función de factores como el sexo y la edad.

Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El marco legislativo letón relativo a los derechos de las personas LGBTI continuaba siendo débil, y las ONG denunciaron discriminación generalizada contra este colectivo. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea informó de que el 47% de las personas LGBTI no denunciaba ante la policía las agresiones físicas o sexuales, por miedo a su reacción homófoba o tránsfoba.

El 12 de noviembre, el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de las parejas homosexuales al permiso por paternidad/maternidad.

Apatridia

Los índices de apatridia continuaron siendo elevados: 212.814 personas tenían la condición de “no ciudadanos” (categoría especial de ciudadanos de la ex Unión Soviética que no tenían la nacionalidad letona ni ninguna otra), y 163 personas, la de “apátridas”. Las disposiciones de la legislación nacional para los “no ciudadanos” seguían incumpliendo las normas internacionales, e incluían la ausencia de derechos políticos y algunas restricciones en materia de empleo y propiedad de tierras. Las personas migrantes apátridas seguían sufriendo carencias, como falta de protección durante el proceso de determinación de la apatridia, ausencia de una vía agilizada para la naturalización y escasas salvaguardias contra la detención arbitraria, situación en la que las alternativas a la reclusión sólo se aplicaban en un porcentaje reducido de los casos.

Derechos de las mujeres

En sus observaciones finales de marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reiteró muchos de los motivos de preocupación expresados en su anterior examen de 2004, entre ellos la necesidad de que Letonia adoptara una ley integral sobre la violencia por motivos de género.

Letonia siguió sin ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), y 21 miembros del Parlamento presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional para impugnar su constitucionalidad.

Derecho a la educación

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa observó en junio que determinadas reformas de 2018 de la ley sobre la educación en idiomas minoritarios no alcanzaban un equilibrio justo entre la promoción del idioma oficial del Estado y la protección a los derechos de las minorías.

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República de Letonia
Jefe del Estado: Egils Levits
Jefe del gobierno: Arturs Krišjānis Kariņš

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