Varios migrantes escalan las vallas que separan el enclave español de Melilla de Marruecos, el 24 de junio de 2022. © AP Photo/Javier Bernardo
Zacharias, un hombre de 22 años oriundo de Chad, huyó de allí y atravesó ocho países, en algunos de los cuales pidió asilo sin que en ninguno le otorgaran protección. El 24 de junio hizo su primer intento de entrar en España: “Lo que he visto es aterrador. Pensaba que Europa era otra cosa, algo diferente”.
Ese día, Zacharias fue golpeado por agentes de policía marroquíes y españoles y aprehendido por la policía española cuando descendía de la valla fronteriza por el lado melillense de la frontera.
El 24 de junio de 2022, el incidente más mortífero jamás registrado en la frontera de Melilla entre Marruecos y España se saldó con la muerte de al menos 37 personas y la desaparición de otras 77. Estas personas, que venían del África subsahariana buscando seguridad, fueron sometidas a un uso de la fuerza prolongado y excesivo por las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, y muchas quedaron heridas, tendidas en el suelo en el interior de un recinto vallado durante horas.
"Lo golpearon en la cabeza para comprobar si estaba muerto"
Un informe de Amnistía Internacional explica en detalle cómo esta violencia, junto con la omisión de asistencia médica oportuna, contribuyó a sus muertes y lesiones —si es que no las causó directamente—. Sin embargo, han transcurrido seis meses y ni Marruecos ni España han realizado investigaciones independientes e imparciales, y no se ha llevado a nadie ante la justicia para responder por estas graves violaciones de derechos humanos. Esto no sólo es un insulto a la memoria de las personas fallecidas, sino que también aumenta el sufrimiento de sus seres queridos y de otras víctimas que necesitan verdad, justicia y reparación por estos crímenes.
La tragedia del 24 de junio sintetiza el fracaso de las políticas migratorias europeas y del enfoque de la gestión fronteriza de Marruecos y España, que llevan décadas poniendo el foco en la seguridad nacional en lugar de garantizar que se dispensa un trato humano y seguro a las personas migrantes y solicitantes de asilo. Este incidente catastrófico ilustra la discriminación y el desprecio por las vidas humanas tanto de quienes elaboran las políticas como de quienes las ejecutan en las fronteras.
“Te tiran piedras, te pegan con palos y también con objetos punzantes. Cuando estás arriba, te dan con piedras y palos para derribarte. Si te caes corres el riesgo de ahogarte. La policía marroquí llega incluso a empujarnos al foso. Hay personas que desaparecen; no se vuelve a saber nada de ellas”
Melilla, una fortaleza inaccesible
Melilla, uno de los dos enclaves españoles en Marruecos, comparte una frontera terrestre física de 11,2 km con Marruecos y está separada de la provincia septentrional de Nador por tres vallas. Estas vallas, y en particular los cuarto puestos fronterizos oficiales situados a lo largo de su recorrido, son los lugares en los que numerosas personas han perdido la vida o resultado heridas al intentar salir de Marruecos y entrar en Europa.
Melilla es una zona fortificada con vallas, muros de hormigón, fosos y alambradas de espinos, elementos concebidos para impedir el acceso de personas al territorio español. Amnistía Internacional lleva mucho tiempo documentando cómo la militarización de los sistemas de gestión de fronteras y su consideración como una cuestión de seguridad, así como el uso de armas para impedir el cruce de las fronteras de Ceuta y Melilla, dificulta el acceso de la gente a vías seguras de solicitud de asilo.
¿Qué sucedió en la frontera de Melilla el 24 de junio?
Atrapados en una jaula de violencia. La tragedia del 24 de junio de 2022
La mañana de ese día funesto, entre 1.500 y 2.000 personas refugiadas y migrantes, la mayoría sudanesas, intentaron cruzar la frontera entre Marruecos y Melilla.
A medida que se acercaban al paso fronterizo informal del Barrio Chino, más de 100 guardias de fronteras marroquíes las rociaron con gas lacrimógeno, les arrojaron piedras y las golpearon con porras.
La contundencia de la respuesta, que duró más de dos horas, provocó la muerte al menos a 37 personas y lesiones a muchas más. A día de hoy aún continúan desaparecidas 77.
Las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas utilizaron armas como porras, gas lacrimógeno y balas de goma en un recinto cerrado que la gente no podía abandonar fácilmente. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley siguieron usándolas incluso después de que las personas estuvieran bajo control policial y no pudieran moverse. Los testimonios indican que las actuaciones de la policía y los guardias de fronteras tanto españoles como marroquíes emplearon fuerza ilegítima y tuvieron una intención punitiva. Distintas personas han descrito a Amnistía Internacional que los guardias de fronteras las golpearon, las rociaron con gas lacrimógeno en repetidas ocasiones en espacios sin una vía de salida y les negaron el acceso a atención médica, incluso estando gravemente heridas.
“[…] la violencia documentada en los vídeos de las escenas en el puesto fronterizo de Melilla revela trágicamente la situación de las fronteras de la Unión Europea, a saber, la exclusión basada en la raza y la violencia letal desplegada para mantener fuera a las personas de ascendencia africana y de Oriente Medio, así como a otras poblaciones no blancas, sin importar cuáles son sus derechos en virtud del derecho internacional sobre los refugiados o el derecho internacional de los derechos humanos.”
Exige a España y Marruecos justicia por las muertes y las desapariciones en Melilla
¡ACTÚA!Abusos cometidos por las fuerzas de fronteras y policiales marroquíes
Según declaraciones de testigos presenciales, cuando las fuerzas de fronteras marroquíes comenzaron a arrojar gas lacrimógeno y piedras contra el grupo, se formaron dos estampidas en un intento desesperado por escapar del ataque.
Los testigos afirmaron que los agentes marroquíes empezaron a golpear a la gente con porras, a darle patadas y arrojarle piedras, incluso a personas que ya estaban tendidas en el suelo y heridas. Las que seguían encaramadas en las vallas fueron atacadas específicamente por las fuerzas de fronteras, que les arrojaron piedras y las golpearon con porras en la espalda y los pies. Esto provocó la caída de muchas personas, que luego fueron conducidas en grupo, mediante cargas con porras, a una zona de concentración. Unas 400 quedaron atrapadas en un recinto cerrado de 200 m2 entre las paredes y las fuerzas marroquíes. En ese momento, los agentes de policía marroquíes arrojaron a unas personas sobre otras, sin importar si estaban vivas, heridas o muertas.
Abusos cometidos por las fuerzas de seguridad españolas
Mientras tanto, las fuerzas policiales españolas se aproximaron a las vallas desde el lado español en el paso fronterizo del Barrio Chino e impidieron la entrada de personas en Melilla.
Amnistía Internacional condena el uso ilegítimo de la fuerza, a veces con intención o efecto punitivo, a manos de las fuerzas de seguridad españolas en Melilla, así como su uso indebido de armas como pelotas de goma, botes de humo y gas lacrimógeno.
Fue particularmente impactante el uso de pulverizadores de pimienta y gas lacrimógeno a corta distancia para impedir la entrada de personas en Melilla, incluso durante las dos horas en que estuvieron encerradas en el recinto de la frontera siendo atacadas desde todos los flancos por las fuerzas marroquíes y españolas, y cuando estaba claro que el gas afectaría a quienes no pudieran escapar.
A Amnistía Internacional le consta que las fuerzas de seguridad españolas continuaron golpeando a personas incluso después de que estuvieran bajo su control y no pudieran responder, y aun mientras las entregaban a las fuerzas marroquíes.
“Un agente me golpeó [...]. Se me llenó la cara de sangre. Me ató las manos, me levantó agarrándome por la camisa y me pasó entre las vallas, donde esperaba un policía marroquí.”
Negación de asistencia médica a personas heridas
Los agentes marroquíes y españoles propinaron palizas generalizadas a las personas heridas que estaban atrapadas entre las vallas del puesto fronterizo del Barrio Chino. El aplastamiento hizo que quedaran amontonadas unas encima de otras —algunas ya muertas—, y se intensificó a medida que los agentes empujaban violentamente a más sobre las que ya estaban tendidas en el suelo. La represión violenta duró más de dos horas.
Y lo que es aún más inquietante, durante las ocho horas siguientes ni los agentes marroquíes ni los españoles proporcionaron atención médica adecuada a las personas heridas, en una exhibición de falta de humanidad que probablemente contribuyó a una pérdida de vidas evitable.
Las autoridades marroquíes no enviaron ambulancias al lugar hasta las 11.30 h, alrededor de dos horas y media después del inicio del intento de cruzar la frontera. Las cuatro ambulancias que Marruecos envió en un inicio se utilizaron primero para retirar los cadáveres en lugar de para ayudar a las personas heridas.
Más tarde llegaron más ambulancias, lo que permitió el traslado de más personas heridas. La última ambulancia abandonó el lugar a las 21 h, 12 horas después de que todo comenzara. Entre las 11.30 h y las 21 h, la atención médica que se prestó a las personas heridas en el lugar fue mínima y completamente inadecuada, según los testimonios recibidos por Amnistía Internacional.
En el lado español de la frontera, las autoridades tampoco hicieron ningún esfuerzo por proporcionar la muy necesitada asistencia médica a las personas heridas hacinadas en las instalaciones. Lo que es más, Isam, un joven sudanés, describió que las autoridades españolas expulsaron forzosamente a personas del territorio español y las devolvieron a las fuerzas de seguridad marroquíes, sin ninguna señal del debido proceso para evaluar los riesgos de seguridad y pese a que era evidente que necesitaban asistencia médica, omisión que puede constituir tortura y otros malos tratos e incluso haber contribuido a algunas muertes.
Negación de respuestas a los seres queridos
Meses después, las familias de las 77 personas que están desaparecidas desde ese día continúan buscando respuestas.
Hasta ahora los ministros de Justicia y del Interior marroquíes no han hecho nada para ayudarles a descubrir la suerte que han corrido sus seres queridos y su paradero; de hecho, han obstruido los intentos de las familias y las ONG por localizarlos.
Todas estas personas fueron vistas por última vez bajo custodia de funcionarios estatales, siendo montadas en autobuses para ser trasladadas a otras ciudades de Marruecos o inmovilizadas en la frontera.
Kori, un muchacho sudanés de 17 años, perdió a muchos amigos el 24 de junio. Dijo que él, junto con “todas las personas aprehendidas por la policía, fueron llevados a la prisión por la policía marroquí y luego, allí, golpeados con martillos en la cabeza hasta la muerte”.
Según su testimonio, en la prisión algunos policías dispararon a gente directamente en la cabeza con balas de goma. Unos días después, dijo que la policía “empezó a sacar a gente y llevarla al desierto argelino, a unos 200 km de la ciudad. Los que tenían lesiones graves fueron llevados al hospital, y otros fueron distribuidos por distintas ciudades de Marruecos”.
Las autoridades marroquíes se han negado a publicar la lista de las personas que murieron ese día y a informar activamente a sus familias, y han hecho que para organizaciones como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sea prácticamente imposible realizar su trabajo en la búsqueda de las personas desaparecidas.
El día después del intento de cruzar la frontera, la AMDH accedió a la morgue de Nador por primera y única vez, y encontró los cadáveres de 15 personas que parecían haber sufrido lesiones en la cabeza y la cara, el pecho y los pies. Tras publicar esta información se le negó el permiso para ver los cadáveres y verificar su identidad.
Verdad, justicia y reparación para las víctimas de la masacre de Melilla y sus familiares
Las víctimas y sus familiares merecen verdad, justicia y reparación por el catálogo de abusos contra los derechos humanos cometidos el 24 de junio de 2022 en Melilla.
Hay pruebas abrumadoras de que las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas emplearon fuerza innecesaria y excesiva, cometieron actos que pueden constituir tortura y otros malos tratos —como golpear a personas que ya habían sido inmovilizadas— y negaron la atención médica a personas heridas por funcionarios estatales, lo que además de provocar dolor y sufrimiento posiblemente contribuyera a la muerte de al menos 37 de ellas y provocara lesiones a muchas más.
Tampoco garantizaron que se respetara el derecho a solicitar asilo, sino que cometieron devolución (refoulement) al poner de nuevo por la fuerza a las personas en manos de los agentes de Marruecos, donde corrían un peligro real de sufrir graves violaciones de derechos humanos.
Muchas personas fueron trasladadas forzosamente lejos del paso fronterizo, y muchas fueron sometidas a desaparición forzada, pues siguen sin conocerse la suerte que corrieron y su paradero.
Pese a las pruebas de esas graves violaciones de derechos humanos, ni las autoridades españolas ni las marroquíes han iniciado investigaciones independientes e imparciales, y nadie ha rendido cuentas.
De hecho, las autoridades han seguido vulnerando el derecho a la información, la verdad y la justicia de las familias y amistades de al menos 77 personas a las que sus seres queridos no han vuelto a ver ni oír desde que fueron vistas por última vez en manos de las fuerzas marroquíes ese día.
“En un vídeo vi [a mi tío] tirado en el suelo y parecía que estaba muerto [...]. Uno de mis tíos vive en Francia y fue a España para verificar la noticia del fallecimiento de Anwar, pero las autoridades españolas no le dejaron hacer nada.”
Los sucesos de Melilla demuestran que las nocivas políticas de asilo de España (y Europa) y sus iniciativas para externalizar la migración pueden tener consecuencias letales
Las autoridades españolas sostienen que existen vías seguras y legales para solicitar asilo, pero en Melilla esta pretensión ha demostrado ser infundada.
En esta frontera, el 24 de junio se sometió a personas negras a violencia letal que podría constituir tortura y otros malos tratos, abusos, devolución (refoulement), traslados forzosos y desapariciones forzadas, entre otras violaciones de derechos humanos, a manos de los guardias de fronteras marroquíes y españoles.
Es preocupante que a los familiares de las personas que han perdido la vida se les pongan obstáculos en la búsqueda de sus seres queridos en vez de brindarles ayuda para tal fin. Han transcurrido seis meses y ni siquiera sabemos con exactitud cuántas personas murieron ese día, y siguen sin conocerse la suerte y el paradero de al menos 77.
La ausencia de investigaciones imparciales de lo que sucedió ese día no sólo incumple las obligaciones en materia de derechos humanos, sino que también demuestra un completo desprecio por las victimas y sus familias y deja abierta la puerta a que tales abusos vuelvan a cometerse en el futuro.