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Albania

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Persistía la impunidad por homicidios y desapariciones forzadas perpetrados en el pasado. No hubo una aplicación adecuada de las medidas para proteger a las mujeres frente a la violencia intrafamiliar. Las mujeres y los niños y niñas eran objeto de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. El acceso de Albania a la Unión Europea se vio obstaculizado por el lento avance en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada.

Las elecciones de junio estuvieron precedidas por una crisis política. El Partido Democrático, en la oposición, organizó protestas en la calle en febrero y boicoteó el proceso electoral hasta mayo, cuando un acuerdo apoyado por la Unión Europea y Estados Unidos le prometió representación en el gobierno y en los organismos del Estado. El Partido Socialista, en el gobierno, volvió a ganar las elecciones y aumentó su mayoría. Los observadores electorales internacionales denunciaron incidentes de intimidación a votantes y presunta compra de votos.

En virtud de un nuevo mecanismo establecido en enero, hasta agosto 183 personas, entre ellas el escritor Ismail Kadaré, solicitaron acceso a expedientes secretos que la policía había elaborado sobre ellas durante el periodo comunista. En septiembre, la Comisión Internacional sobre Desaparecidos acordó ayudar con la identificación de los cadáveres recuperados de fosas comunes de dicho periodo.

Se implementaron parcialmente medidas para garantizar la independencia judicial. En junio, dos asociaciones judiciales recurrieron ante el Tribunal Constitucional una ley relativa al estudio de antecedentes del personal judicial que buscaba garantizar la independencia de jueces y fiscales respecto al crimen organizado.

En abril, en una causa presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el gobierno acordó reabrir los procedimientos en la causa de cuatro manifestantes que murieron durante las protestas de enero de 2011. Entre las familias de dos de las víctimas se dividió un pago total de algo más de 100.000 euros en concepto de indemnización.

No se tomaron medidas para localizar el cadáver de Remzi Hoxha, macedonio de etnia albanesa sometido a desaparición forzada por funcionarios del Servicio de Inteligencia Nacional en 1995. No se informó de ningún avance en la exhumación de los restos de unas 6.000 personas desaparecidas entre 1945 y 1991.

Miembros de la delincuencia organizada o dueños de empresas privadas perpetraron agresiones físicas contra periodistas de investigación. En marzo, el periodista Elvi Fundo recibió una paliza en la capital, Tirana, a manos de unos agresores que se cree que formaban parte del crimen organizado. En junio, Erven Hyseni, propietario de un canal de televisión, y un funcionario público murieron abatidos por disparos en Vlora.

En julio, unos periodistas aseguraron que los procesos por difamación entablados contra dos medios de comunicación por el juez del Tribunal Supremo Gjin Gjoni y su esposa, la empresaria Elona Caushi, tenían por objeto intimidar a los periodistas de investigación y alentar la autocensura.

En febrero, dos ONG presentaron una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para pedir una enmienda al Código de Familia, que prohibía los derechos de cohabitación a las parejas del mismo sexo. Un estudio realizado en agosto constató una discriminación laboral generalizada, tanto en el sector público como en el privado.

En mayo, un tribunal de Reino Unido concluyó que cientos de personas lesbianas y gays, víctimas de tráfico y sobrevivientes de violencia intrafamiliar podían haber sido expulsadas erróneamente a Albania desde 2011 porque los tribunales de Reino Unido se habían basado en planteamientos incorrectos. Unas 4.421 personas albanesas solicitantes de asilo retornaron voluntariamente de países de la UE; 2.500 personas solicitantes de asilo rechazadas fueron devueltas desde Alemania.

Hubo casos de menores no acompañados y familias con hijos que fueron recluidos en el centro para extranjeros en situación irregular de Karreç, un centro cerrado para personas migrantes en situación irregular antes de ser expulsadas.

En septiembre, 20 ONG que trabajaban por los derechos de la infancia protestaron contra la eliminación del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, una medida que amenazaba con poner en peligro los servicios sociales.

El Ministerio de Desarrollo Urbanístico reconstruyó 300 viviendas de personas romaníes y egipcianas y mejoró el saneamiento. Sin embargo, la mayoría de las personas romaníes carecían de agua potable y muchas de ellas corrían peligro de desalojo forzoso.

Aumentaron las denuncias de violencia intrafamiliar. Hasta el 1 de julio se dictaron 420 órdenes de protección inmediata. En agosto, la jueza Fildeze Hafizi murió abatida a tiros en su automóvil a manos de su exesposo. En 2015 se había dictado en favor de la jueza una orden de protección después de que su exesposo la golpeara. Éste fue declarado culpable y encarcelado en abril de 2016, pero a principios de 2017 quedó en libertad en virtud de una amnistía general.

República de Albania
Jefe del Estado: Ilir Meta (sustituyó a Bujar Nishani en julio)
Jefe del gobierno: Edi Rama
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