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Al anunciar propiedades y atracciones en asentamientos israelíes, las empresas de turismo digital se están lucrando de crímenes de guerra.
Las empresas digitales están revolucionando la forma en que el mundo hace turismo. Compañías como Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor, que dominan la industria multimillonaria del turismo global en Internet, han logrado un éxito enorme. Todas estas empresas anuncian también numerosos hoteles, hostales, atracciones y visitas en asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), y lo hacen pese a saber que los asentamientos israelíes son ilegales en virtud del derecho internacional y un crimen de guerra.
Estas empresas saben también que los asentamientos israelíes tienen un impacto negativo en un gran número de derechos humanos de la población palestina, algo que viene siendo documentado exhaustivamente por la ONU y organizaciones internacionales independientes como Amnistía Internacional, y muchas organizaciones palestinas e israelíes. Cualquier evaluación de riesgos preliminar básico de las empresas revelaría que toda actividad empresarial en los asentamientos o con ellos contribuiría inevitablemente a sostener una situación ilegal, así como un régimen intrínsecamente discriminatorio y abusivo que conculca los derechos humanos de la población palestina.
Las cuatro empresas afirman que sus operaciones se rigen por elevados valores éticos y respetan el Estado de derecho. Sin embargo, ninguna de estas normas parece influir en sus decisiones en relación con los anuncios en asentamientos. Al hacer negocios con asentamientos, las cuatro empresas están contribuyendo al mantenimiento, desarrollo y expansión de unos sentamientos ilegales, y beneficiándose de ello, lo que equivale a crímenes e guerra tipificados en el derecho penal internacional. Su promoción de los asentamientos israelíes en los TPO como destino turístico también tiene el efecto de “normalizar” y legitimar ante la opinión pública lo que el derecho internacional reconoce como una situación ilegal.
En un nuevo informe, Destino: Ocupación, Amnistía Internacional documenta las formas en que estas empresas de turismo digital contribuyen a la comisión de violaciones de derechos humanos y actúan en directa contradicción con sus propias normas empresariales.>
“Por la noche una excavadora podría destruir todo. Aquí los niños viven con miedo.”
Fatima Nawaja, residente de Khirbet Susiya, donde Israel somete a desplazamiento forzado a la población residente palestina para ampliar el asentamiento de Susya
Líderes de la industria que publican anuncios en asentamientos ilegales
Airbnb
En noviembre de 2018, Airbnb anunció —aunque aún no ha puesto en práctica aún— la retirada de alrededor de 200 anuncios en asentamientos israelíes en la “Cisjordania ocupada”. Pero este compromiso no se extendía a sus 100 anuncios en asentamientos de Jerusalén
Booking.com
Booking.com es el sitio web de reservas de alojamiento más popular del mundo. Amnistía Internacional halló que Booking.com anunciaba 45 hoteles y alojamientos de alquiler en asentamientos, incluida Jerusalén Oriental.
Expedia
Expedia, que cotiza en la Bolsa estadounidense, es la empresa propietaria y operadora de los sitios web de reserva de alojamientos Expedia.com y Hotels.com, que anunciaban nueve proveedores de alojamiento, cuatro grandes hoteles entre ellos, en asentamientos en los TPO incluida Jerusalén Oriental.
TripAdvisor
TripAdvisor, empresa con sede en Estados Unidos, dice que gestiona el sitio relacionado con el turismo más visitado del mundo. Amnistía Internacional halló que TripAdvisor anuncia más de 70 atracciones, visitas, restaurantes, cafés, hoteles y apartamentos de alquiler en asentamientos en los TPO incluida Jerusalén Oriental.
La industria turística de los asentamientos
Desde 1967, la política del gobierno israelí es promocionar la creación y expansión de asentamientos israelíes en los TPO. En la actualidad, hay aproximadamente 250 asentamientos. Algunos tienen menos de 100 habitantes. Otros, como el de Maale Adumim, con una población de alrededor de 37.000 personas, son localidades bien dotadas de recursos.
La mayoría de los Estados y organismos internacionales reconocen desde hace tiempo que los asentamientos israelíes son ilegales en virtud del derecho internacional. Pero a pesar del reconocimiento generalizado de la ilegalidad de los asentamientos, Israel sigue infringiendo de forma flagrante el derecho internacional y está construyendo miles de nuevas unidades habitacionales. La población civil palestina sigue siendo sometida a desplazamiento forzado, a la confiscación de sus tierras y recursos naturales, a la demolición de sus casas, propiedades e infraestructuras; y a restricciones de su libertad de circulación. Esto tiene un efecto demoledor en los derechos de la población palestina a un nivel de vida adecuado, al trabajo, a la vivienda, a la salud y a la educación, y ha paralizado progresivamente la economía palestina.
Una misión internacional independiente de investigación enviada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las implicaciones para los derechos humanos de los asentamientos israelíes en los TPO informó en 2013 sobre cómo una serie de actividades empresariales, en las que participaban empresas israelíes y extranjeras, sostiene los asentamientos ilegales. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicado en 2018 señalaba que las actividades turísticas “garantizan la sostenibilidad de las comunidades de los asentamientos residenciales” y “contribuyen a la rentabilidad de los asentamientos”.>
“ [Las actividades turísticas] contribuyen a la rentabilidad de los asentamientos [israelíes].”Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Israel ofrece toda una serie de incentivos económicos a las empresas que trabajan en diversos sectores que operan en los asentamientos como parte de su política de contribuir al sostenimiento y expansión de estos. En este sentido, Israel ha aumentado en los últimos años el apoyo a la industria turística ligada a los asentamientos, asignando recursos económicos considerables al desarrollo de atracciones turísticas y de infraestructuras
La política israelí de desarrollar una industria turística basada en los asentamientos y en torno a ellos llega cuando el país goza de un auge del número de visitantes; en 2018, Israel recibió a más de cuatro millones de visitantes, una cifra récord. Este crecimiento ha dado beneficios económicos tanto a Israel como a las empresas que operan en territorio ocupado, pues la mayoría de los visitantes extranjeros entran también en los TPO y visitan importantes atracciones turísticas como el Parque Nacional Ciudad de David, en Jerusalén Oriental, y el Mar Muerto. Incluso los pequeños asentamientos rurales reciben un gran número de visitantes.
Además de los beneficios económicos, el gobierno israelí tiene razones políticas e ideológicas para desarrollar la industria turística en Cisjordania. Grupos de colonos, con el respaldo del gobierno israelí, subrayan la relación histórica del pueblo judío con la región. Israel ha construido muchos de sus asentamientos cerca de yacimientos arqueológicos para hacer explícito el vínculo que une el moderno Estado de Israel con su historia judía. Al mismo tiempo, Israel resta importancia o ignora la importancia de los periodos no judíos en yacimientos arqueológicos y sitios históricos.
El gobierno israelí también usa la designación de ciertos lugares como sitios turísticos para justificar la apropiación de tierras y viviendas palestinas. Esto ha desembocado en desalojos forzosos, así como en restricciones a la capacidad de la población palestina residente para establecer o ampliar sus viviendas o usar tierras con fines agrícolas.>
Únete a nuestra campaña para que Tripadvisor deje de publicar anuncios en asentamientos ilegales
TripAdvisor es el principal objetivo de esta campaña debido a su importancia relativa para el sector del turismo en los asentamientos israelíes. Constituye el sitio web de turismo online más visitado por los turistas extranjeros en Israel, y promociona más alojamientos (al menos 70) y en más asentamientos (27) que ninguna otra empresa digital turística, con excepción de Airbnb, que se comprometió en noviembre de 2018 a eliminar la mayoría de los alojamientos que promocionaba en asentamientos.
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La ilegalidad de los asentamientos israelíes
Los asentamientos y la responsabilidad de terceros Estados
Todos los Estados partes en el IV Convenio de Ginebra, entre los que figuran Israel y sus socios económicos más importantes, tienen la obligación de “hacer respetar” el Convenio, lo que incluye tomar medidas para hacerlo cumplir entre quienes están bajo la jurisdicción del Estado. El proyecto de asentamientos de Israel conlleva infracciones graves de normas imperativas que dan lugar a ciertas obligaciones adicionales de todos los Estados. Aunque diferentes en cuanto a fondo, las implicaciones de estas obligaciones convergen claramente en una dirección: los Estados no deben promover, apoyar ni permitir que entidades empresariales domiciliadas o con sede en su jurisdicción lleven a cabo negocios en los asentamientos o con actores de los asentamientos. Estas actividades estimulan la economía de los asentamientos, lo que contribuye a financiar que sigan existiendo asentamientos ilegales y su expansión. Los Estados deben asimismo prohibir o regular las actividades que se producen dentro de su jurisdicción que sirvan para apoyar, promover o fomentar la economía de los asentamientos. La no prohibición o regulación de estas actividades cuando el Estado pueda hacerlo, en la práctica y legalmente, es contraria a las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional.
La obligación de proteger los derechos humanos más allá de sus fronteras
Además de garantizar el respeto a los derechos de las personas protegidas en situaciones de conflicto, los terceros Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de estas personas de posibles abusos a manos de actores empresariales sobre los que ejerzan un control regulador.
Muchos órganos de tratados de la ONU, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Humanos, han confirmado la obligación extraterritorial de los Estados de prevenir las infracciones de derechos humanos que se producen fuera de sus territorios debido a las actividades de entidades empresariales sobre las que pueden ejercer control y de resarcir a las personas afectadas por ellas. Los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU (Principios rectores de la ONU) abordan expresamente las implicaciones de las obligaciones de los Estados en relación con las empresas que actúen en zonas afectadas por conflictos. Entre otras medidas, recomiendan que los Estados aseguren “la eficacia de las políticas, leyes, reglamentos y medidas coercitivas vigentes para prevenir el riesgo de que las empresas se vean implicadas en graves violaciones de los derechos humanos”.>
La responsabilidad social de las empresas en virtud de las normas internacionales
Los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU dejan claro que las empresas tienen la responsabilidad de respetar el derecho internacional humanitario. También estipulan que las empresas tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente en cualquier lugar del mundo en el que operen. La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas “eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan”. Si una empresa determina que está provocando o contribuyendo a provocar abusos contra los derechos humanos y que no puede prevenirlos, la única medida posible es no llevar a cabo la actividad de que se trate.
Recomendaciones de Amnistía Internacional
Los gobiernos del mundo deben tomar medidas para regular las empresas —o las actividades sobre las que éstas tienen control— con el fin de prevenir que fomenten la economía de los asentamientos y mantengan así la empresa ilegal de los asentamientos israelíes. No hacerlo y limitarse a quedarse al margen los convierte en cómplices de esta actividad. En el contexto concreto de las actividades turísticas que se citan en este informe, los gobiernos deben tomar medidas reguladoras para garantizar que las empresas de turismo digital como Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor no hacen negocios con colonos israelíes y no promueven servicios turísticos en los TPO.
Para cumplir su responsabilidad de defender el derecho internacional humanitario y respetar los derechos humanos, Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor deben dejar de anunciar alojamientos, actividades y atracciones de carácter turístico en asentamientos o gestionados por colonos en los TPO, incluida Jerusalén Oriental.>
Descárgate el informe completo
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