Un pinchazo justo

Acceso universal a las vacunas contra la COVID-19

A través de la campaña mundial #UnPinchazoJusto Amnistía Internacional pide a gobiernos y farmacéuticas que compartan recursos y conocimientos, renuncien temporalmente a los derechos de propiedad intelectual y garanticen un reparto equitativo de las vacunas entre todos los países hasta alcanzar la inmunidad global necesaria para controlar el virus.

“La pandemia no acabará hasta que no acabe para todo el mundo.

Retos para luchar contra la pandemia 

La COVID-19 ha provocado una crisis mundial de salud sin precedentes, ocasionando la muerte de más de dos millones de personas. También ha puesto de manifiesto y agravado desigualdades, incluidas de género, y ha afectado desproporcionadamente a las poblaciones marginadas. Ha llevado a los gobiernos a aplicar medidas que ponen en riesgo diversos derechos humanos y, a medida que continúa propagándose, amenaza con dejar sin trabajo a la mitad de la fuerza laboral del mundo y con sumir en la pobreza extrema hasta a 150 millones de personas más en 2021.

Estados, empresas farmacéuticas, organizaciones intergubernamentales e institutos de investigación de todo el mundo han tomado medidas para desarrollar productos médicos que puedan prevenir, diagnosticar y tratar la COVID-19, dando lugar a una carrera sin precedentes por producir vacunas en un tiempo récord. Se calcula que los gobiernos han invertido casi 20.000 millones de dólares estadounidenses para acelerar la investigación, fabricación y distribución de vacunas.

Este enorme esfuerzo mundial contra la COVID-19 podría ser la mayor iniciativa de inmunización de la historia. Pero a la vez se plantean extraordinarios retos en materia de derechos humanos, especialmente con respecto a la producción de las vacunas, su distribución, para quién y a qué precio.

Los países ricos y la distribución de las vacunas

Los países ricos han comprado más de la mitad del suministro de vacunas del mundo, aunque representan sólo el 16% de la población mundial. Los mismos países han administrado hasta ahora más del 75% de las dosis del mundo, mientras que más de 100 países no han vacunado todavía a ni a una sola persona.

Tal como está actualmente el reparto de vacunas, los países de bajos ingresos tardarán hasta 2024 en lograr la inmunización masiva.

Recomendaciones para una correcta distribución de la vacuna

En mayo de 2020, la Asamblea Mundial de la Salud, máximo órgano decisorio de la Organización Mundial de la Salud, reconoció “la función de la inmunización extensiva contra la COVID-19 como bien de salud pública mundial”. El secretario general de ONU añadió que debía ser accesible para todas las personas. Desde entonces, 140 figuras públicas, expertas y expertos mundiales se han sumado a un llamamiento mundial en favor de una vacuna universal que se ponga ”a disposición de todas las personas, en todos los países, de forma gratuita”. En noviembre de 2020, varios expertos en derechos humanos de la ONU indicaron que el acceso a las vacunas era una herramienta esencial para prevenir y contener la COVID-19 en todo el mundo.

En este contexto, es esencial que los Estados y las empresas elaboren y apliquen políticas acordes con las normas de derechos humanos para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de las vacunas para todas las personas, estén donde estén, y sin discriminación de ningún tipo. Deben hacerlo fomentando la cooperación internacional y eliminando los obstáculos a la disponibilidad y asequibilidad en todos los países. 

Amnistía Internacional pide:

• Que todos los Estados cooperen a escala mundial y se eliminen los posibles obstáculos que no garanticen que las vacunas se desarrollan y fabrican en cantidad suficiente y distribuyen a tiempo y de manera inclusiva en todo el mundo. Esto abarca prestar asistencia técnica y económica a otros Estados, colaborar en mecanismos establecidos por la OMS para compartir ciencia y recursos COVID-19, tales como el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (ACT-A) y su pilar para el reparto equitativo de vacunas entre países (COVAX), y abstenerse de adoptar acuerdos bilaterales con las empresas farmacéuticas que comprometan la capacidad de otros Estados.
   
• Que los Estados aseguren que los derechos de propiedad intelectual no impiden a ningún país garantizar el derecho a la salud. Esto incluye acordar una exención de determinados aspectos del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para la producción de productos sanitarios contra la COVID-19, promover el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) de la OMS e imponer condiciones a la financiación pública para garantizar que las empresas farmacéuticas comparten sus innovaciones, tecnología y datos con otros fabricantes.
   
• Que las empresas farmacéuticas compartan su investigación y se unan a la iniciativa C-TAP, de la Organización Mundial de la Salud, para compartir recursos entre empresas para que las vacunas se puedan producir más rápido en diferentes partes del mundo, y todas las personas puedan acceder a las vacunas cuanto antes y a un precio más bajo.
   
• Que se elaboren y apliquen políticas para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los productos sanitarios contra la COVID-19 para todas las personas, garantizando la gratuidad de las vacunas a todas las personas que lo necesiten sin discriminación de ningún tipo.