Chipre

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

La investigación de la muerte por disparos de la policía de un hombre racializado suscitó gran preocupación. Se aprobó un controvertido proyecto de ley para regular las protestas. Se puso en marcha un plan de retorno voluntario para las personas sirias que suscitaba inquietud respecto a los derechos de la infancia. Continuaron los informes sobre devoluciones sumarias ilegales en el mar. Chipre no investigó de forma efectiva dos casos relacionados con denuncias de violación.

Derecho a la vida

En enero, la policía chipriota mató a tiros a Shoaib Khan, migrante de Pakistán de 24 años, en la zona de seguridad establecida por la ONU en la isla. En mayo, la sociedad civil expresó gran preocupación por cómo habían manejado el caso las autoridades, incluidas una valoración inicial de muerte natural y la ausencia de una investigación independiente sobre la responsabilidad de la policía. En octubre se abrió una investigación oficial de los hechos.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Tras una protesta pacífica en enero a raíz de la muerte por disparos de Shoaib Khan, seis manifestantes se enfrentaron a cargos, entre ellos el de “insultos” por las consignas contra la policía que se habían oído durante la protesta.

En septiembre, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) señaló que varias disposiciones de la legislación aprobada en julio para regular las protestas eran incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos.

En enero, varias ONG pidieron la retirada de los cargos penales formulados contra Doros Polykarpou, exdirector ejecutivo de la ONG antirracista Kisa, ya que parecían ser infundados y deberse sólo a su labor de derechos humanos.

En octubre, el Tribunal Supremo Constitucional anuló la decisión de eliminar a Kisa del Registro de Asociaciones, adoptada en 2020. Al concluir el año, no se había aplicado aún la decisión del Tribunal.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En junio se puso en marcha un plan de retorno voluntario para las personas sirias que ofrecía a las familias incentivos económicos para regresar a su país de forma voluntaria y permitía que un miembro de la familia permaneciera en Chipre con un visado temporal de trabajo. Para la ONG Consejo de Refugiados de Chipre era motivo de preocupación que el plan no tuviera en cuenta el interés superior de la infancia al no consultar debidamente a los niños y niñas, y que promoviese el retorno de familias que atravesaban dificultades en Chipre y que vivirían en condiciones precarias en Siria.

Continuaron los informes sobre devoluciones sumarias ilegales en el mar, con casos de hombres sirios devueltos a su país, donde corrían peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos.

En julio, un grupo de personas que en 2024 habían estado varios meses atrapadas en la zona de seguridad de la ONU presentaron una demanda contra Chipre ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por presuntas devoluciones sumarias y otras violaciones de derechos.

Impunidad

En febrero, el Tribunal Supremo confirmó la conclusión de una investigación según la cual el recluta Athanasios Nicolaou había sido asesinado en 2005.

Derechos de las mujeres

En febrero y julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sendas sentencias en las que resolvía que Chipre no había investigado de forma efectiva dos casos relacionados con denuncias de violación. En la sentencia de julio, el Tribunal también concluyó que la demandante había sido expuesta a una victimización secundaria que constituía discriminación de género.