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© Foto AP /Andreea Alexandru. Una mujer sonríe tras una puerta en Tandarei, este de Rumania, el sábado 4 de abril de 2020, después de que las autoridades impusieran el confinamiento en la ciudad.

Europa en la encrucijada del coronavirus

Qué deben hacer y qué no las autoridades al responder a la pandemia de COVID-19

En la actual crisis sanitaria y social del coronavirus, Amnistía Internacional demanda a los gobiernos europeos que sitúen los derechos humanos en el centro de todos sus esfuerzos de prevención, contención y tratamiento para lograr un doble objetivo fundamental: proteger mejor la salud pública y apoyar a grupos y personas en mayor riesgo. Una vez que termine la pandemia, la necesaria reconstrucción social también deberá basarse en los derechos humanos.

Este es el mensaje clave del documento “Europe at a Crossroads”, en el que AI recuerda a los gobiernos europeos sus obligaciones internacionales para garantizar el derecho humano a la salud –que pasa por asegurar los derechos a vivienda, agua y saneamiento– y la protección de las personas más vulnerables.

En respuesta a la petición de la OMS de acciones urgentes frente a la pandemia, gran parte del continente ha aprobado leyes de emergencia que restringen las libertades de circulación, asociación, expresión y reunión pública, así como los derechos a la vida privada y familiar y al trabajo. La lista incluye cuarentenas, prohibiciones de viaje, veto a visitar a familiares enfermos en el hospital o a personas mayores en sus hogares y cierres temporales de centros educativos, negocios y fábricas.

Aunque algunas medidas puedan estar justificadas por la situación excepcional, Amnistía recuerda a los gobiernos sus requisitos básicos: deben ser legales, necesarias, proporcionadas, temporales y sujetas a supervisión parlamentaria e independiente. Y todo ello marcado por la transparencia y la comunicación a la ciudadanía en todas sus fases de preparación, aplicación y evaluación.

Grandes retos

La pandemia plantea importantes retos. El primero, reducir al mínimo posible el riesgo de infección, que es mayor –por diferentes motivos– en grupos como el personal sanitario y otros profesionales que están en primera línea de la respuesta al coronavirus. Pero también en personas mayores o con problemas previos de salud, en personas con discapacidad, en personas sin hogar o en las que viven en campamentos y asentamientos informales sin apenas agua ni saneamiento para poder aplicar medidas básicas de protección como el lavado de manos, el distanciamiento físico y el aislamiento.

En paralelo, el otro gran desafío para los gobiernos es el de dedicar todos los recursos disponibles –incluido el uso público de hospitales privados u otras instalaciones de salud si escasean los recursos asistenciales– para enfrentar la pandemia y garantizar el derecho a la salud. Todos los servicios de atención, incluidas pruebas, vacunas y tratamientos que vayan desarrollándose, deben estar disponibles en cantidad suficiente y ser accesibles para toda la ciudadanía sin discriminación.

Este enfoque es imprescindible para contrarrestar las desigualdades socioeconómicas estructurales en Europa, que acrecientan la vulnerabilidad ante la pandemia de colectivos como las minorías racionales y étnicas, y que aumentan su riesgo de discriminación. Las autoridades deben prestar especial atención al impacto de medidas como las restricciones de movimiento, que implican riesgos específicos para las mujeres víctimas de violencia de género –y por extensión para las niñas y niños– cuando se ven obligadas a aislarse junto a sus maltratadores.

Personas refugiadas

En ese contexto general, la crisis sanitaria plantea serios problemas para los grupos más vulnerables. Es el caso de las personas refugiadas que huyen de guerras, persecución y pobreza y que, al llegar a Europa, pueden encontrar las fronteras cerradas y ver negado su derecho a solicitar asilo.

En vez de cerrar puertas físicas y legales, las autoridades europeas deben abordar los problemas de salud pública de quienes piden asilo con medidas preventivas y sanitarias, y garantizar que estas personas acceden a protección internacional.

En cuanto a las personas refugiadas que ya viven en Europa, muchas permanecen hacinadas en campamentos insalubres donde la prevención y la atención sanitaria en caso de enfermar de COVID-19 son una quimera, como por ejemplo en Grecia. La situación es aún más complicada para mujeres embarazadas y para personas mayores, con enfermedades crónicas o con discapacidades. Ahora es más urgente que nunca descongestionar los campamentos y trasladar a sus residentes a un refugio adecuado.

En España sucede en los CETIS de Ceuta y Melilla, especialmente este último donde hay más de 1.700 personas en un centro con capacidad para 780, con personas solicitantes de asilo, mujeres, niños y niñas, personas con enfermedades de base que pueden ver agravada su situación en caso de contagio.

También los centros de detención de inmigrantes son lugares de riesgo por su frecuente hacinamiento. En crisis sanitarias como la actual, la detención por motivos migratorios en esas instalaciones –algunas en antiguas cárceles– no se justifica, y las autoridades deben poner en libertad al mayor número posible de personas allí retenidas. En el caso español, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) han quedado prácticamente vacíos tras ser liberadas las personas que habían superado el máximo legal de 60 días o que no podían ser retornadas a su país de origen. Las autoridades deben garantizarles ahora el acceso a servicios esenciales, atención sanitaria y alojamiento adecuado, así como la máxima protección contra el coronavirus a quienes queden bajo detención.

Prisiones

Las cárceles son otro escenario de riesgo –tanto para personas presas como para personal penitenciario– en tiempos de pandemia. A menudo superpobladas, sus condiciones y régimen interno dificultan las medidas preventivas, sobre todo las de distanciamiento y aislamiento. La población penitenciaria (en España ronda las 59.000 personas, 126 por cada 100.000 habitantes, un poco por encima de la media de 116 en la UE) procede en buena parte de colectivos vulnerables con un estatus socioeconómico bajo, incluidos inmigrantes y minorías étnicas, y suele arrastrarproblemas de salud que elevan su riesgo de infección por coronavirus.

El gobierno español ha adoptado medidas restrictivas para evitar el contagio, como suspender salidas, suspender la entrada de voluntariado y sustituir comunicaciones familiares directas por videollamadas. Desde el funcionariado de prisiones, los sindicatos han denunciado la falta de mascarillas y otros equipos de protección.

Amnistía Internacional ha recordado a los gobiernos su obligación de garantizar a las personas presas la atención sanitaria que precisen, así como el acceso a agua limpia, saneamiento y productos de higiene personal para poder seguir las medidas de prevención. En línea con la OMS y el Consejo de Europa, que han planteado la necesidad de alternativas a la prisión para limitar el impacto del coronavirus en las cárceles, Amnistía ha pedido a las autoridades que consideren medidas para reducir temporalmente la población penitenciaria, como la libertad de personas en detención preventiva y la liberación anticipada o condicional de presos en situación de mayor riesgo, como los presos mayores, con dolencias graves o el sistema inmune debilitado.

Residencias de mayores y personas con discapacidad

La amenaza del coronavirus para las personas mayores ha quedado patente especialmente en las residencias. Y no solo para sus residentes, sino también para quienes trabajan en su atención y cuidado, que han denunciado la falta de equipos y material de protección.

A esos riesgos directos se suman otros de tipo psicológico relacionados con las propias medidas de aislamiento y la prohibición de visitas familiares, que pueden causar enorme sufrimiento emocional a muchas personas mayores.

Las personas con discapacidad también podrían verse afectadas de manera desproporcionada, por lo que las autoridades deben garantizar que, a lo largo de la crisis continúen recibiendo apoyo y servicios vitales, incluida asistencia financiera y social adicional, para evitar que estén expuestas a riesgos mayores.

Personas sin hogar y asentamientos precarios

La crisis sanitaria ha puesto en primer plano los derechos a una vivienda adecuada y a agua y saneamiento, que son básicos para la prevención del coronavirus y para contrarrestar la pandemia. Por eso algunos colectivos vulnerables, como las personas sin hogar y las que viven en asentamientos informales, lo tienen especialmente difícil para protegerse con las medidas habituales de higiene, aislamiento domiciliario y distanciamiento social. Y otro tanto sucede cuando contraen la enfermedad, dado su limitado acceso a la atención sanitaria. Ante ese alto riesgo de infección de las personas sin hogar, las autoridades deberían adoptar medidas específicas de protección, como el acceso inmediato a un alojamiento –incluidos edificios y hoteles vacíos– donde puedan hacer realidad el aislamiento y demás recomendaciones preventivas.

Los riesgos sanitarios también son elevados en los asentamientos informales de comunidades romaníes en países europeos como Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia o Rumania, que carecen de agua y saneamiento para poder desarrollar una prevención eficaz del coronavirus. La falta de agua limpia, que según la Comisión Económica para Europa de la ONU alcanza al 12% de la población continental, es un serio obstáculo para afrontar la pandemia de COVID-19. Máxime cuando las personas de los asentamientos tienen que buscarla en pozos y en estaciones de servicio, lo que las obliga a salir de casa y exponerse a posibles contagios del coronavirus. En ese contexto, las autoridades deben asegurarles acceso inmediato a agua y saneamiento adecuados y asequibles, así como a beneficios sociales para que puedan seguir las medidas de salud pública.

Desempleo y trabajo precario

Además de su coste en vidas y enfermedad, la pandemia de COVID-19 y las medidas preventivas de confinamiento y prohibición de desplazamientos han provocado un auténtico terremoto socioeconómico, con cierres de comercios y fábricas e importantes pérdidas de empleo. Todo ello ha puesto contra las cuerdas a empresas, autónomos y personas empleadas, y muy particularmente a colectivos –migrantes, contratos temporales, sector informal– con trabajos precarios y bajos ingresos que con frecuencia ni siquiera reciben beneficios de seguridad social. Para estos grupos, cuarentena significa falta de ingresos y, por tanto, incapacidad de cubrir sus necesidades básicas de salud e higiene, alimentación y vivienda, con el consiguiente riesgo de desalojo por impago del alquiler o la hipoteca.

En esta situación, los gobiernos europeos deben garantizar a todas las personas las prestaciones de seguridad social y protección social para que puedan mantener su derecho a un nivel de vida digno y disponer de asistencia sanitaria, baja por enfermedad y permiso para el cuidado de hijos e hijas ante el cierre de colegios. Al asegurar unos ingresos básicos, estas medidas de apoyo facilitan el cumplimiento de las restricciones de movilidad.

La crisis sanitaria ha situado bajo especial vulnerabilidad laboral a dos colectivos: los trabajadores migrantes, sobre todo si se encuentran en situación irregular, y las trabajadoras del hogar. En el primer caso, su frecuente precariedad –empleos peores, mal remunerados e inestables– se traduce en riesgos adicionales por la falta de protección y medidas preventivas en el trabajo, así como por la dificultad de acceso a la atención sanitaria y otros servicios esenciales. Para los migrantes irregulares la situación es aún más difícil, ya que la posibilidad de detención o deportación les impide prácticamente denunciar cualquier abuso.

En cuanto al empleo del hogar, un sector abrumadoramente femenino (90-95%) en el que trabajan al menos 600.000 personas (42% de origen extranjero), la pandemia no ha hecho sino profundizar la desigualdad y vulnerabilidad que ya existía. Solo dos tercios están afiliadas al Sistema Especial de la Seguridad Social, que no incluye el derecho a paro, lo que las deja en la máxima precariedad en la actual crisis; muchas han perdido su trabajo “mientras dure esta crisis”, y otras han tenido que asumir la cuarentena en casa de sus empleadores y reconvertirse en internas.

Trabajadoras y trabajadores de la salud y "personal esencial"

Pero si hay un colectivo situado en primera línea contra la pandemia, es el de las trabajadoras y trabajadores de la salud, que siguen prestando servicios con gran riesgo personal y para sus familias, dada la posibilidad de infección por coronavirus durante su jornada laboral.

Además del enorme estrés por las horas de trabajo excesivas, la fatiga y la angustia psicológica asociada a su trabajo en primera línea, el colectivo sanitario está sometido a una creciente ansiedad por la escasez de equipos de protección personal, que complica aún más su tarea. Y de ahí la insistencia de Amnistía Internacional en la obligación de los gobiernos europeos de minimizar esos riesgos profesionales proporcionando material de protección adecuado, capacitación sobre control de infecciones y apoyo psicológico.

Las medidas eficaces de protección deben alcanzar también a otros colectivos profesionales en riesgo de contagio por su trabajo durante la crisis sanitaria, como los empleados de prisiones, el personal policial y militar que participa en operaciones preventivas o los trabajadores y trabajadoras que garantizan el acceso a servicios considerados "esenciales". En caso de aislamiento o infección, deberían estar cubiertos por el correspondiente permiso remunerado.

Mujeres, violencia de género, cuidados

La crisis y las medidas restrictivas para contenerla han tenido un fuerte impacto de género y planteado serios riesgos para las mujeres en general y para las víctimas de violencia machista en particular. Toda persona tiene derecho a vivir sin violencia de género, también durante una pandemia, advierte Amnistía Internacional. Máxime cuando "quedarse en casa" significa para muchas mujeres y niñas estar confinadas en un entorno inseguro con alguien que ya las ha maltratado antes. En la Unión Europea, una de cada cinco mujeres ha sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o expareja.

Amnistía reclama a los gobiernos europeos recursos y medidas específicas para garantizar la continuidad durante la pandemia de los servicios de apoyo a esas mujeres en riesgo, incluidas órdenes de protección, líneas directas, refugios, espacios seguros para hacerse pruebas y aislarse si es necesario, o ayuda psicológica y legal. También es importante una aplicación flexible del confinamiento para ayudar a las mujeres y niñas a alcanzar la seguridad si huyen de su entorno de violencia, sobre todo cuando se trata de víctimas inmigrantes en situación irregular, que podrían renunciar a denunciar su caso por temor a ser deportadas.  En España, las autoridades han desarrollado una plan de contingencia específico para abordar las distintas violencias de género que pueden sufrir las mujeres en esta situación, es fundamental también garantizar su implementación y una adecuada coordinación entre las distintas administraciones involucradas para garantizar su efectividad.

Desde la perspectiva de género, la crisis sanitaria plantea un amplio abanico de problemas relacionados con los servicios de salud sexual y reproductiva, cuyo acceso seguro debe seguir garantizado, o con la discriminación en el acceso a la atención sanitaria y servicios de apoyo de algunos grupos, como las mujeres –muchas de ellas trans– que se dedican al trabajo sexual.

En ese escenario de problemas y dificultades, resulta imprescindible destacar el papel crucial de las mujeres europeas como cuidadoras de niñas y niños, mayores y personas dependientes. También se sitúan a la vanguardia de la atención sociosanitaria a las personas afectadas: son el 84% del personal de enfermería y el 83% del colectivo profesional que cuida a mayores y personas con discapacidad.

Libertad de expresión y de información

Amnistía Internacional recuerda a los gobiernos europeos que nunca deben utilizar una emergencia de salud pública como pretexto para aplicar medidas represivas contra la población general o grupos concretos –migrantes y refugiados, minorías, opositores, defensores y defensoras de derechos humanos– ni para recortar el derecho a las libertades de expresión, información y comunicación. Aunque puedan aprobarse restricciones por razones de salud pública, siempre deben ser legales, no discriminatorias y necesarias y proporcionadas a ese fin.

Ante una pandemia que exige la contribución de toda la ciudadanía para frenarla, la transparencia es fundamental para garantizar el fácil acceso a la información sobre la situación y las medidas preventivas, tanto a través de los medios de comunicación e Internet como de las fuentes oficiales. La censura no está justificada en ningún caso, subraya Amnistía, y las autoridades deben evitar maniobras de intimidación o represalia contra periodistas y reporteros ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, activistas o profesionales de la salud.

Las prohibiciones generales basadas en conceptos vagos y ambiguos como la difusión de "noticias falsas" o "información no objetiva", son incompatibles con los derechos humanos. Y deberían ser los propios gobiernos los que garantizaran la difusión de información fiable sobre sus medidas para proteger la salud pública y abordar la pandemia. De ahí la preocupación por la actitud de países como Hungría, que ha introducido cambios penales para castigar con hasta cinco años de prisión a quienes difundan información "falsa" que cause alarma pública, o como Turquía, que ha abierto investigaciones penales a más de 400 personas por sus comentarios –a veces en redes sociales– sobre la pandemia.

Los gobiernos no deben limitar el escrutinio público de sus medidas, sino, al contrario, deben garantizar que las personas y comunidades afectadas puedan acceder a información actualizada, clara y accesible sobre la crisis sanitaria y las acciones tomadas para afrontarla. Es el único modo de que la población pueda tomar decisiones informadas y participar en ellas. Lo que sí deben evitar las autoridades es el recurso a mecanismos injustificados de vigilancia digital masiva e indiscriminada.