Menores en Andranosira, Madagascar, mayo de 2021. © Pierrot Men. La foto es parte de la exposición: "The Challenge of the Deep South"
Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) hablan de cuestiones tan básicas para la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua.
Que 800 millones de personas sufran malnutrición crónica o que más de 100 millones de menores no tengan acceso a la educación primaria no son desgraciadas realidades, sino un escándalo para los derechos humanos.
Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Las violaciones de los DESC (por ejemplo, no proteger los derechos sobre las tierras de los pueblos indígenas, negar los derechos de educación a las minorías y prestar servicios de atención médica de manera no equitativa) a menudo están relacionadas con violaciones de los derechos civiles y políticos en forma de negaciones reiteradas.
Del mismo modo que para el pleno disfrute del derecho a la libertad de expresión es necesario concentrar esfuerzos en favor del derecho a la educación, para el disfrute del derecho a la vida es preciso tomar medidas encaminadas a la reducción de la mortalidad infantil, las epidemias y la malnutrición.
El reconocimiento de los DESC no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los Estados. Son derechos que se derivan de tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (1966). En mayo de 2013 entró en vigor el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este nuevo mecanismo da a las personas la facultad de pedir justicia a la ONU si su propio país no quiere escucharlas.
La jurisprudencia interna de muchos países y la tendencia a incluir estos derechos en las reformas constitucionales demuestran que estos derechos se pueden hacer cumplir mediante recursos legales. Sin embargo, queda mucho hasta lograr que estos derechos se equiparen a los civiles y políticos en lo que se refiere a su exigencia jurídica.
En España, las barreras para acceder a recursos legales aumentan la indefensión y agravan la pobreza.
““Fui a la oficina de mi jefe para decirle que quiero volver a casa porque siempre me pagan con retraso. Me dijo a gritos: 'sigue trabajando o no te irás nunca'.” ”
Obrero de la construcción en Qatar, donde se celebrará la Copa del Mundo de Fútbol en 2022
La gente que vive en la pobreza suele estar atrapada porque está excluida del resto de la sociedad. Se enfrentan a amenazas contra su seguridad y la de su familia, y están expuestas a la violencia estatal y a la de los grupos armados. Probablemente su hogar, sus pertenencias y su medio de vida no están protegidos por la ley. No pueden acceder a una protección social mínima en caso de enfermedad o de pérdida de su medio de vida. Las mujeres y las niñas están especialmente expuestas a la violencia y sufren un doble rechazo: tanto la familia como la sociedad las excluyen de los procesos de toma de decisiones y les niegan cualquier poder.
Con demasiada frecuencia, los tribunales, la policía, los organismos asistenciales, los servicios urbanos y el sistema educativo tratan a quienes viven en la pobreza con desprecio o indiferencia. Sus opiniones no se tienen en cuenta. Se reprimen sus esfuerzos por organizarse y no se les permite informarse de las cuestiones vitales para sus comunidades. Ya sea porque se les silencia deliberadamente o porque la indiferencia les hace enmudecer, el resultado es que no tienen voz.
Las vulneraciones a los derechos humanos causan y perpetúan la pobreza. Y la pobreza conduce directamente a esos abusos.
Pero los derechos humanos son la clave para salir de la trampa. Constituyen el único marco global en el cual todas las personas tienen derecho a obtener alimentos y agua, a la asistencia médica básica, a la educación y a la vivienda, a la igualdad de oportunidades, a un nivel de vida adecuado, a la seguridad, a vivir sin miedo, a participar...
Es el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, teniendo en cuenta la configuración genética del individuo y la elección de su estilo de vida, así como el grado de conocimiento científico y los recursos de que dispone el Estado. Consta de dos componentes básicos: condiciones de vida saludables y atención médica.
Según datos de la ONU, más de 1.000 millones de personas en todo el mundo carecen de una vivienda adecuada y más de 100 millones no tienen hogar. La vivienda debería ser accesible a todas las personas que, además, deberían tener cierta seguridad de tenencia que las proteja de desalojos forzados, hostigamiento y otras amenazas. Entre los servicios disponibles deberían encontrarse el agua limpia potable, saneamiento y energía. De conformidad con las normas internacionales, los Estados deberían tomar medidas para garantizar que las viviendas están ubicadas en zonas seguras y que respetan los derechos culturales.
Supone el derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria, y un mayor acceso a la educación secundaria, técnica, profesional o superior. Lograr la efectividad del derecho de las personas a la educación reduce la vulnerabilidad de estas al trabajo infantil, los matrimonios precoces, la discriminación y muchos otros abusos contra los derechos humanos. Los Estados deben garantizar una educación primaria gratuita y obligatoria de manera prioritaria, así como la libertad de educación.
El acceso a suficiente agua limpia y a saneamiento es esencial para la efectividad del derecho a la salud, a la alimentación y a un sustento seguro (por ejemplo, en la producción de alimentos). Se ha interpretado recientemente que el derecho al agua debe garantizar disponibilidad, acceso (tanto físico como económico) y calidad (libre de organismos perjudiciales o contaminación) suficientes.
En el mundo se producen alimentos más que suficientes para alimentar a todas las personas. Sin embargo, cientos de millones sufren malnutrición crónica. Para cumplir las obligaciones relativas al derecho a una alimentación adecuada, los Estados deben abordar inmediatamente el problema del hambre y asegurar de forma progresiva que toda persona tenga acceso físico y económico a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla.
El derecho al trabajo va más allá del derecho a tener un puesto de trabajo y a la obligación de garantizar el pleno empleo. Abarca, al menos, el acceso a un trabajo sin discriminación, la libertad de elección del empleo y una estructura de apoyo que facilite el acceso al trabajo, incluida una formación profesional adecuada. Una violación particularmente atroz del derecho a la libre elección del empleo es el trabajo forzoso.
La cultura afecta a amplios aspectos de la vida: la vivienda, la alimentación, la relación con la tierra y el entorno natural, la atención médica, la religión, la educación y las artes. En muchas ocasiones es complicado determinar la adecuación cultural porque las «culturas» nunca son monolíticas.
Por ello, brindar auténticas oportunidades de participación a las minorías, en particular a los pueblos indígenas, mediante el respeto por la libertad de expresión, de asociación y de participación en la vida política, es un elemento central del respeto por los derechos culturales.
– Que garanticen todos los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación.
– Que establezcan mejor las prioridades de gasto del dinero, poniendo en primer lugar a las personas más desfavorecidas.
– Que den prioridad a unos niveles mínimos esenciales de derechos, como la educación primaria gratuita.
– Que dejen de expulsar a las personas de sus casas sin previa notificación, sin una indemnización o sin una consulta adecuadas.
– Que firmen y ratifiquen el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
– Que los proyectos de desarrollo económico (como infraestructuras o minería) ayudan a las personas más desfavorecidas y no causan abusos contra los derechos humanos.
