Agentes de policía se reúnen para desalojar a los activistas durante una protesta contra la pena de muerte celebrada frente a la Corte Suprema de Estados Unidos 17 de enero de 2017 en Washington, DC. © BRENDAN SMIALOWSKI/AFP vía Getty Images
En 2022 tuvo lugar un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte, que significaron un aumento del 53% con respecto a las cifras de 2021 y la mayor cifra en los últimos 5 años. Destacan, en este aumento, las 576 ejecuciones realizadas en Irán y las 196 llevadas a cabo en Arabia Saudí, donde se ejecutó a 81 personas en un sólo día.
China siguió siendo el principal ejecutor del mundo, aunque se sigue ignorando la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte en ese país, al estar este dato clasificado como secreto de estado. Le siguen Irán, Arabia Saudí, Egipto y Estados Unidos, en este orden.
Además, cinco países reanudaron el uso de la pena de muerte: Afganistán, Kuwait, el Estado de Palestina, Myanmar y Singapur.
“ MATAR INTENCIONADAMENTE A OTRA PERSONA ESTÁ MAL Y, COMO GOBERNADOR, NO VOY A SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE NADIE.
La evolución mundial de la pena de muerte en los últimos años confirma que el mundo avanza de forma continuada hacia su abolición. A pesar de países como Irán o Arabia Saudí, otros Estados nos dejaron buenas noticias en 2022. Por ejemplo, Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona y República Centroafricana abolieron la pena de muerte para todos los delitos; mientras que Guinea Ecuatorial y Zambia la abolieron para los delitos comunes.
Estos avances supusieron que, a diciembre de 2022, 112 países hubieran abolido la pena de muerte para todos los delitos y 9 la hubieran abolido para los delitos comunes, lo cual supone un significativo avance y es que, en 1977, cuando Amnistía Internacional comenzó su campaña global contra la pena de muerte, únicamente 16 países tenían abolida la pena de muerte en sus legislaciones.
En 2022 tuvo lugar un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte en alguno de los países que tradicionalmente más recurren a la pena capital. Al menos 883 personas fueron ejecutadas en 20 países, algo que supone un aumento del 53% respecto al total registrado en 2021.
El número total de condenas a muerte disminuyó ligeramente con respecto a la cifra global de 2021. 52 países dictaron al menos 2.016 nuevas condenas a muerte. Globalmente, al concluir 2022, había al menos 28,282 personas condenadas a muerte.
Además, en 2022, la pena de muerte se utilizó en varios países en formas que violaron el derecho y las normas internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos, Irán, Japón y Maldivas condenaron a muerte a personas con discapacidad mental o intelectual. En Irán, al menos 5 personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años. Asimismo, casi el 40% de todas las ejecuciones judiciales conocidas fueron por delitos relacionados con drogas, lo que viola el derecho internacional de los derechos humanos, que establece que sólo deberán llevarse a cabo ejecuciones por los más graves delitos, es decir, aquellos en los que hubo homicidio intencionado. Estos delitos, además, perjudican de forma desproporcionada a los grupos históricamente excluidos, como son las minorías étnicas, las personas con recursos socioeconómicos más bajos y otros grupos marginalizados.
Gran parte del incremento en el número de ejecuciones correspondió a Irán, país que ejecutó al menos a 576 personas, entre ellas a personas que únicamente habían hecho uso de su legítimo derecho a la protesta. Mientras tanto, en Arabia Saudí se ejecutó a 196 personas, la cifra más alta en 30 años, llegando incluso a ejecutar a 81 personas en un sólo día.
Las cifras globales de condenas a muerte y ejecuciones registradas no incluyen las miles de personas que Amnistía Internacional cree que han sido condenadas a muerte y ejecutadas en China, ni la gran cantidad de ejecuciones que se cree que han tenido lugar en Corea del Norte y Vietnam. El secretismo y el acceso restringido a la información en el caso de estos tres países impidieron llevar a cabo un seguimiento riguroso de estas ejecuciones.
Pero no solo los tradicionalmente grandes verdugos del mundo aumentaron las ejecuciones. Se produjeron otros aumentos significativos en Kuwait, Myanmar, Estado de Palestina y Singapur, países que en 2021 no habían llevado ninguna ejecución.
Por otra parte, las ejecuciones disminuyeron de forma significativa en Egipto, Irak, Japón, Somalia, Sudán del Sur y Yemen.
“ Cuando tantos países siguen relegando la pena de muerte al vertedero de la historia, es hora de que otros sigan su ejemplo.
Poco después de su creación, en 1961, Amnistía Internacional comenzó a actuar contra la pena de muerte. El abogado británico, Peter Benenson, publicó un llamamiento en el diario londinense The Observer en el que hacía referencia al uso de la pena de muerte contra presos de conciencia:
"Abran el periódico cualquier día de la semana y descubrirán que alguien, en alguna parte del mundo, ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus opiniones o su religión resultan inaceptables para el gobierno de su país".
Cuando Amnistía Internacional comenzó su campaña global contra la pena de muerte en 1977, la pena capital estaba abolida solo en 16 países. Al terminar 2022, 112 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 9 países la habían abolido para delitos comunes.
Amnistía Internacional sigue trabajando para poner fin a las ejecuciones y en favor de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y en toda circunstancia. La organización considera que es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.
Condenar a muerte a una persona supone negarle el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.
Ejecutar a una persona es definitivo e irrevocable y no se puede descartar nunca el riesgo de ejecutar a inocentes. En Estados Unidos, desde 1976, 150 condenados a muerte han sido absueltos. En algunos casos, la absolución llegó cuando ya habían sido ejecutados.
Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Esta postura ha sido desacreditada en repetidas ocasiones. No hay pruebas que demuestren que es más eficaz que la cárcel a la hora de reducir el crimen.
Algunos de los países que más personas ejecutan tienen sistemas judiciales profundamente injustos. Los tres países que más usan la pena capital (China, Irán y Arabia Saudí) lo hacen en circunstancias turbias y poco claras. Muchas condenas de muerte se basan en "confesiones" obtenidas mediante tortura.
Si eres pobre o perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa tienes más probabilidades que el resto de personas de ser condenado a muerte, debido a la discriminación que existe en el sistema de justicia. Además, los colectivos pobres o marginados tienen más dificultades para acceder a los recursos legales que necesitan para defenderse.
Las autoridades de algunos países usan la pena de muerte para castigar a los opositores políticos
Hay otros aspectos importantes relacionados con la pena de muerte que deben tenerse en cuenta. A continuación explicamos algunos de ellos:
La pena capital contra menores está prohibida en el derecho internacional pero todavía un reducido grupo de países la mantiene. La ejecución de estas personas constituye una vulneración del derecho internacional. La Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe terminantemente el uso de la pena de muerte por delitos cometidos por cualquier persona menor de 18 años.
Cuando se habla de menores, se entiende que no hayan cumplido 18 años en el momento de cometer presuntamente el delito. La edad real de la persona acusada es a menudo objeto de polémica si no existen pruebas claras que la confirmen, como un certificado de inscripción del nacimiento.
En 2022, al menos 5 personas fueron ejecutadas en Irán por delitos que se habían cometido cuando eran menores de edad, mientras que en Arabia Saudí y las Maldivas, además de en Irán, menores de edad seguían en el corredor de la muerte.
En muchas ocasiones, la pena de muerte se aplica tras un telón de silencio. La falta de transparencia de varios países dificulta hacer una valoración completa del uso de la pena capital en el mundo. Países como China, Corea del Norte y Vietnam, siguen restringiendo el acceso a la información sobre la pena de muerte, ocultando así la realidad de su uso.
Muchos países no facilitan información oficial sobre el uso de esta pena, ni siquiera tras las peticiones expresas en este sentido realizadas por Amnistía Internacional. En algunos países, sólo se hace pública información incompleta y otros llevan a cabo ejecuciones sin anunciarlas antes ni avisar previamente a las familias o representantes legales de las personas ejecutadas.
No cabe duda de que la pena de muerte no solo afecta a los hombres. Si bien la mayoría de las personas que enfrentan penas de ejecución son hombres y las mujeres tan sólo representan una pequeña parte de las personas condenadas a muerte del mundo, la realidad es que suelen ser víctimas indirectas por la ejecución de un miembro masculino de la familia, debiendo hacerse cargo de mayores responsabilidades sobre el bienestar del resto de la familia, tanto durante el duelo como en cuanto al sustento familiar.
De las 883 personas que se sabe que fueron ejecutadas en 2022, 13 eran mujeres, a las que Arabia Saudí e Irán mataron en nombre de la justicia.
Amnistía Internacional ha documentado cómo, en numerosos casos, se niega justicia a mujeres condenadas a muerte que, antes del delito por el que fueron condenadas, sufrieron de manera prolongada violencia y abusos tanto físicos como sexuales, que, a su vez, dieron lugar al delito en cuestión. Al condenar a estas mujeres a muerte, los sistemas de justicia del mundo no sólo perpetúan un castigo aberrante y cruel, sino que también hacen pagar a las mujeres la falta de medidas de las autoridades para combatir la discriminación. Además, los casos que conocemos no son más que la punta del iceberg, dada la ausencia de transparencia existente sobre el empleo de la pena de muerte.
En algunos países, como Ghana, la pena de muerte preceptiva para ciertos delitos, como el de asesinato, ha impedido a algunas mujeres alegar experiencias de violencia de género y discriminación como factores atenuantes de la condena. En Tailandia, la mayoría abrumadora de las mujeres condenadas a muerte han sido declaradas culpables de tráfico de drogas.
“Muchas mujeres han sido declaradas culpables y condenadas a muerte en juicios muy deficientes e injustos que, a menudo, incumplen el debido proceso y no tienen en consideración factores atenuantes, como son los abusos, los actos de violencia y las agresiones sexuales de manera continuada”, Rajat Khosla, director general de Investigación, Incidencia y Política de Amnistía Internacional.
“Le debo la vida a Amnistía Internacional. Ahora dedico mi vida a luchar contra la pena de muerte.”
Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en España datan de septiembre de 1975, cuando fueron fusilados Jon Paredes, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena. Con la Constitución de 1978 quedó abolida la pena de muerte, excepto en los casos que la legislación militar establecía en tiempo de guerra. El Código Penal Militar la preveía como pena máxima para casos de traición, rebelión militar, espionaje, sabotaje o crímenes de guerra.
En 1995, después de una larga campaña de Amnistía Internacional, de acciones de distintas organizaciones sociales y de iniciativas individuales, quedó totalmente abolida con el acuerdo final de todos los partidos políticos. La Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, que abolía la pena de muerte en tiempo de guerra, vino a completar la abolición y a convertirla en absoluta.
El 16 de diciembre de 2009 España ratificó el Protocolo 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que establece la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia.
Sin embargo, el artículo 15 de la Constitución sigue haciendo mención a la pena capital: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”.
Amnistía Internacional considera que la Constitución española debería eliminar la mención a la pena de muerte e incluso prohibir expresamente la aplicación de la misma.
“Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en España datan de septiembre de 1975 cuando fueron fusilados Jon Paredes, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena”
Ahmed el Saadany Ghaly, de nacionalidad española, permanece condenado a muerte en Egipto.
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Más de 100 personas han sido ejecutadas en Irán. Las autoridades iraníes están utilizando la pena de muerte como una herramienta de represión, para sembrar el miedo y vengarse de quienes se oponen al sistema: se podrían producir más ejecuciones en cualquier momento. Únete hoy para ser la voz del cambio y defender los derechos humanos en Irán.
