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Pena de muerte

Manifestación de Amnistía Internacional contra la pena de muerte en Alemania. Florian Zeidler © Amnistía Internacional

El Informe 2016 sobre la pena de muerte de Amnistía Internacional resalta el alarmante aumento de las ejecuciones. Nunca, en los últimos 25 años, habían sido ejecutadas tantas personas por Estados de todo el mundo.

Al menos 1.634 personas fueron ejecutadas en 2015. El dato supone un aumento de más del 50% con respecto al año anterior y es la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional desde 1989. Además, China no se incluye en esta cifra total. En este país es probable que fueran ejecutadas miles de personas más, pero los datos sobre la pena de muerte se tratan como secreto de Estado.

De todas las ejecuciones registradas, el 89 % se llevaron a cabo en solo tres países: Irán, Pakistán y Arabia Saudí. Estados Unidos completa el grupo de los cinco principales verdugos del mundo.

Información por países

En 2015 Irán ejecutó al menos a 977 personas, lo que supone un 82 % de todas las ejecuciones confirmadas en la región de Oriente Medio. El país ejecutó al menos a 16 mujeres y a no menos de 4 personas que eran menores de edad en el momento del delito del que habían sido declaradas culpables.

Pakistán continuó con la oleada de homicidios sancionados por el Estado que había emprendido desde diciembre de 2014. Más de 320 personas fueron enviadas a la horca en 2015, la cifra más alta jamás registrada por Amnistía Internacional en el país.

El número de personas que han sido ejecutadas en Arabia Saudí fue de al menos a 158 (4 mujeres y 154 hombres), la cifra más alta desde 1995 con un incremento del 76% en comparación con el 2014.

Por séptimo año consecutivo Estados Unidos fue el único país que aplicó la pena de muerte en la región de América. Ejecutó a 28 personas, la cifra más baja desde 1991. El número de condenas a muerte impuestas (52) fue el más bajo que se registraba desde 1977.

Algunos motivos para el optimismo

A pesar de estas malas noticias en 2015, hay motivos para el optimismo. El número de condenas a muerte impuestas en 2015 ha decrecido en comparación con el año anterior.

Además, por primera vez, la mayoría de los países del mundo, 102, han abolido ya por completo la pena de muerte. En total, hay en todo el mundo: 140 estados abolicionistas, ya sea en la ley como en la práctica, y 58 estados que son retencionistas. Los últimos países en los que se ha conseguido la abolición son: la República del Congo, Fiji, Madagascar y Surinam. Además, Mongolia se ha comprometido a la abolición de la pena de muerte para cualquier delito en 2016.

Mucho por hacer

A pesar del tímido optimismo de los datos, el informe nos muestra que queda mucho por hacer: numerosos países siguen poniendo en práctica la pena de muerte sin restricciones y al final de 2015 había en el mundo al menos 20.292 personas condenadas a muerte.

© Amnistía Internacional
© Amnistía Internacional
Un soldado del ejército paquistaní hace guardia en el lugar del ataque contra una escuela en Peshawar, diciembre de 2014. © A Majeed/AFP/Getty Images
Un soldado del ejército paquistaní hace guardia en el lugar del ataque contra una escuela en Peshawar, diciembre de 2014. © A Majeed/AFP/Getty Images

Arabia Saudí

¡Urgente! Tres jóvenes pueden ser ejecutados en cualquier momento

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DATOS Y CIFRAS

102

Tras la abolición de la pena de muerte en Mongolia ya son 102 los países que la han abolido para todos los delitos y 140 los que la han abolido en la práctica.

25

En 2015, al menos 25 países de todo el mundo llevaron a cabo ejecuciones. 3 más que en 2014.

1.998

Al menos 1.998 personas han sido condenadas a muerte en 61 países en el año 2015, una cifra ligeramente inferior a 2014 (468 personas menos).

Además, 1.634 personas fueron ejecutadas en el año 2015, un aumento de más del 50% con respecto al año anterior.

Simpatizantes de Amnistía hacen campaña por la abolición de la pena de muerte en 2008, en Mongolia © Amnistía Internacional
Simpatizantes de Amnistía hacen campaña por la abolición de la pena de muerte en 2008, en Mongolia © Amnistía Internacional

¿Qué hace Amnistía Internacional?

Poco después de su creación, en 1961, Amnistía Internacional comenzó a enviar llamamientos para impedir la ejecución de presos de conciencia.

El abogado británico, Peter Benenson, publicó un llamamiento en el diario londinense The Observer en el que hacía referencia al uso de la pena de muerte contra presos de conciencia:

"Abran el periódico cualquier día de la semana y descubrirán que alguien, en alguna parte del mundo, ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus opiniones o su religión resultan inaceptables para el gobierno de su país".

Con el tiempo, nuestro trabajo sobre la pena de muerte se fue ampliando. La organización comenzó su campaña global contra la pena de muerte en 1977. En aquel momento, la pena capital estaba abolida solo en 16 países. Más de 30 años después, 140 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica; 58 países se consideran ahora retencionistas, y el número de los que la siguen utilizando es mucho menor. De hecho, solo durante los últimos 10 años se han registrado enormes avances hacia la abolición de la pena de muerte, puesto que más de 30 países se han convertido en abolicionistas en la ley o en la práctica.

Amnistía Internacional sigue trabajando para poner fin a las ejecuciones y en favor de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y en toda circunstancia. La organización considera que la pena de muerte es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.

Vidas salvadas

El 24 de abril, un tribunal suspendió la pena impuesta a Li Yan, en la provincia de Sichuan, China. Li Yan había sido condenada a la pena capital en agosto de 2011 por matar a su esposo, a pesar de las pruebas de violencia intrafamiliar constante y de sus intentos de pedir protección de la policía.

Acción de solidaridad en Hong Kong para Li Yan © Amnistía Internacional

Argumentos contra la pena de muerte

Niega derechos humanos. Condenar a muerte a una persona supone negarle el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es irreversible y se cometen errores. Ejecutar a una persona es definitivo e irrevocable y no se puede descartar nunca el riesgo de ejecutar a inocentes. En Estados Unidos, desde 1976, 150 condenados a muerte han sido absueltos. En algunos casos, la absolución llegó cuando ya habían sido ejecutados.

No disuade contra el crimen. Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Esta postura ha sido desacreditada en repetidas ocasiones. No hay pruebas que demuestren que es más eficaz que la cárcel a la hora de reducir el crimen.

Suele emplearse en sistemas de justicia sesgados. Algunos de los países que más personas ejecutan tienen sistemas judiciales profundamente injustos. Los tres países que más usan la pena capital (China, Irán e Irak) aplican la pena capital en circunstancias turbias y poco claras. Muchas condenas de muerte se basan en "confesiones" obtenidas mediante tortura.

Se aplica de forma discriminatoria. Si eres pobre o perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa, tienes más probabilidades que el resto de personas de ser condenado a muerte, debido a la discriminación que existe en el sistema de justicia. Además, los colectivos pobres o marginados tienen más dificultades para acceder a los recursos legales que necesitan para defenderse.

Se usa como herramienta política. Las autoridades de algunos países usan la pena de muerte para castigar a los opositores políticos.

Día Mundial contra la pena de muerte 2012 © Amnistía Internacional
Día Mundial contra la pena de muerte 2012 © Amnistía Internacional
Vidas segadas
Familiares de Aftab Bahadur protestan contra su ejecución el 10 de junio en Pakistán por un asesinato cometido en 1992, cuando tenía 15 años.
Viñeta sobre la ejecución de jóvenes en Irán © Kianoush Ramezani

Viñeta sobre la ejecución de jóvenes en Irán © Kianoush Ramezani

Más información

Ejecución de Menores

La pena capital contra menores está prohibida en el derecho internacional pero todavía un reducido grupo de países la mantiene. Cuando se habla de menores, se entiende menores de 18 años en el momento de cometer presuntamente el delito. La ejecución de estas personas constituye una vulneración del derecho internacional. La edad real de la persona acusada es a menudo objeto de polémica si no existen pruebas claras que la confirmen, como un certificado de inscripción del nacimiento.

Durante el año 2015, Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que al menos nueve personas - cuatro en Irán y cinco en Pakistán - fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años de edad. Entre los países que han llevado a cabo condenas a menores en 2015 se encuentran Bangladesh, Irán , Maldivas y Pakistán. Los países donde sigue habiendo menores condenados anteriormente, y a la espera de ser ejecutados son Indonesia, Irán, Nigeria, Papua Nueva Guinea y Arabia Saudí.

Cuestión de género


Aunque no existen datos desagregados por género del número de ejecuciones o condenas a muerte, ni sobre el impacto de género de la pena capital, no cabe duda que la pena de muerte afecta no solo a hombres. Si bien la mayoría de las personas que enfrentan penas de ejecución son hombres y las mujeres tan sólo representan una pequeña parte de las personas condenadas a muerte del mundo, la realidad es que suelen ser víctimas indirectas por la ejecución de un miembro masculino de la familia, debiendo hacerse cargo de mayores responsabilidades sobre el bienestar del resto de la familia, tanto durante el duelo como en cuanto al sustento familiar.

En el informe global de 2015 sí que se refleja que en Irán se ejecutó al menos a 16 mujeres y en Arabia Saudí a 4. Dos mujeres fueron condenadas a muerte por lapidación por cometer “adulterio” estando casadas, una en Maldivas y la otra en Arabia Saudí.

Por otro lado, las personas lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero están sujetas también a la pena de muerte. Es especialmente significativo el caso de Irán, Nigeria y Uganda. En este país se siguen debatiendo los intentos legislativos de permitir la pena de muerte para la denominada “homosexualidad con agravantes”.

España y la pena de muerte

Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en España datan de septiembre de 1975, cuando fueron fusilados Jon Paredes, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena. Con la Constitución de 1978 quedó abolida la pena de muerte, excepto en los casos que la legislación militar establecía en tiempo de guerra. El Código Penal Militar preveía la pena de muerte como pena máxima para casos de traición, rebelión militar, espionaje, sabotaje o crímenes de guerra.

Desde 1995 la pena de muerte está abolida en España. Sin embargo, el Artículo 15 de la Constitución sigue haciendo mención a la misma: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”.

En 1995, después de una larga campaña de Amnistía Internacional, de acciones de distintas organizaciones sociales y de iniciativas individuales, quedó totalmente abolida la pena de muerte con el acuerdo final de todos los partidos políticos. La Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, que abolía la pena de muerte en tiempo de guerra, vino a completar la abolición y a convertirla en absoluta.

España ratificó el Protocolo 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que establece la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, el 16 de diciembre de 2009.

Sin embargo, a pesar de que está abolida y teniendo en cuenta que en más de 40 países sus constituciones prohíben expresamente la pena de muerte, Amnistía Internacional considera que la Constitución española debería eliminar la mención a la pena de muerte e incluso prohibir expresamente la aplicación de la misma.

Españoles en el corredor de la muerte

El Tribunal Supremo de Florida anuló el 4 de febrero de 2016 la condena a muerte de Pablo Ibar, el único español en el mundo que permanecía en un corredor de la muerte, y ordenó llevar a cabo un nuevo juicio, por el que Amnistía Internacional hizo campaña durante años. Se abría por fin un camino para que Ibar por fin pudiera demostrar su inocencia. Su padre, Cándido Ibar, declaró en ese momento: "Tania (su mujer) y yo hemos chillado de alegría al enterarnos. Por fin una noticia positiva en 15 años. No hubiéramos podido sin el apoyo de la familia, de los periodistas, de todos vosotros. Gracias a toda Amnistía Internacional".

En 1994 fue acusado de asesinar a tres personas durante un robo en una vivienda. En 1998, un jurado de Broward County no pudo llegar a un veredicto unánime de culpabilidad y el juez declaró nulo el juicio. Sin embargo, en un nuevo juicio plagado de irregularidades celebrado en el año 2000 se le consideró culpable del triple asesinato. Desde entonces permanecía en el corredor de la muerte de la penitenciaría de Starke, en el estado de Florida. Pablo Ibar sigue declarándose inocente.

Más información: Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar

Activistas de Amnistía Internacional España se manifiestan contra la pena de muerte.
Activistas de Amnistía Internacional España se manifiestan contra la pena de muerte. © AI
Imagen de Cándido Ibar viendo una fotografía de su hijo, Pablo Ibar, el único español condenado a muerte en el extranjero.
Imagen de Cándido Ibar viendo una fotografía de su hijo, Pablo Ibar, proyectada sobre una pantalla. © AI

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE:

– Que los países que aún aplican la pena de muerte detengan de inmediato las ejecuciones.

– Que los países que han abandonado ya las ejecuciones eliminen definitivamente la pena de muerte de su legislación.

– Que todas las condenas a muerte se conmuten por penas de prisión.

Manifestantes denuncian el uso por Irán de la pena de muerte en enero de 2016, París. © AFP/Getty Images

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