Saltar al contenido
Actuamos por los derechos humanos en todo el mundo
Buscar

Pena de muerte

© REUTERS/Romeo Ranoco. Manifestación contra la pena de muerte celebrada en Manila, Filipinas. La pancarta pone "¡Vida, no muerte!".
© REUTERS/Romeo Ranoco. Manifestación contra la pena de muerte celebrada en Manila, Filipinas. La pancarta pone "¡Vida, no muerte!".

 

El Informe Global de condenas a muerte y ejecuciones en 2017 de Amnistía Internacional resalta los grandes pasos que África subsahariana ha dado en la lucha mundial por la abolición de la pena capital, con un considerable descenso en el número de condenas a muerte en toda la región.

Las ejecuciones y las condenas a muerte han disminuido en todo el mundo tras haber alcanzado máximos históricos en años anteriores.

Durante 2017 se registraron 993 ejecuciones en 23 países. Se trata de una reducción del 4% respecto a 2016, con 1.032 ejecuciones, y del 39% respecto a 2015, cuando la organización informó de la cifra más elevada desde 1989.

Amnistía Internacional registró 2.591 condenas a muerte en 53 países en 2017, lo que supone un descenso considerable con respecto a la cifra récord de 3.117 condenas a muerte registrada en 2016.

Información por países

La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán, por este orden.

China siguió siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte en ese país, pues los datos al respecto están clasificados como secreto de Estado. En la citada cifra global de al menos 993 ejecuciones no están incluidas las miles que se cree que se han llevado a cabo en China.

Excluyendo a China, el 84% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, Irán, Irak y Pakistán.

Irán ejecutó al menos a 507 personas, el 60% del total de ejecuciones confirmadas en Oriente Medio y el Norte de África. Al menos cinco personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, y otras 80, como mínimo, permanecían condenadas a muerte.

Arabia Saudí ejecutó a 146 personas, el 17% del total de ejecuciones confirmadas en la región y un número levemente inferior al alcanzado en 2015 (158), que constituyó la cifra más alta registrada en ese país desde 1995.

Estados Unidos siguió siendo el único país de América que llevó a cabo ejecuciones por noveno año consecutivo. El número de ejecuciones (23) y condenas a muerte (41) en Estados Unidos aumentó ligeramente respecto a 2016, pero siguió estando dentro de las tendencias históricamente bajas de los últimos años.

Como métodos de ejecución se utilizaron la decapitación, el ahorcamiento, la inyección letal y muerte por arma de fuego.

En Irán se llevaron a cabo al menos 31 ejecuciones públicas.

En muchos países donde hubo condenas a muerte o ejecuciones, los procedimientos judiciales no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Tal incumplimiento supuso la obtención de “confesiones” mediante tortura u otros malos tratos; esto sucedió, entre otros lugares, en Arabia Saudí, Bahréin, China, Irak e Irán.

Los cinco mayores ejecutores del mundo en 2017
© Amnistía Internacional
Más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte
© AI
Herman Lindsey, exonerado de la pena de muerte, abraza a una activista de Amnistía Internacional. Ambos estaban entre el grupo de personas que se manifestaban contra la ejecución de John Ruthell Henry.
Herman Lindsey, exonerado de la pena de muerte, abraza a una activista de Amnistía Internacional. Ambos estaban entre el grupo de personas que se manifestaban contra la ejecución de John Ruthell Henry. © AP Photo/Phil Sandlin
Ejecuciones registradas por delitos relacionados con drogas en 2016 y 2017
© Amnistía Internacional

Algunos motivos para el optimismo

Se han observado avances en toda África subsahariana, donde Guinea se ha convertido en el 20º Estado abolicionista, las condenas a muerte han disminuido sustancialmente y ha habido iniciativas legislativas constantes. Amnistía Internacional ha registrado un descenso en el número de países de África subsahariana que consuman ejecuciones: de cinco en 2016 a dos en 2017 —Somalia y Sudán del Sur— .

Dos países —Guinea y Mongolia— abolieron la pena de muerte en la ley para todos los delitos. Guatemala se convirtió en abolicionista para los delitos comunes. Gambia firmó un tratado internacional por el que se comprometió a no llevar a cabo ejecuciones y a adoptar las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su legislación.

Amnistía Internacional registró conmutaciones o indultos de la pena de muerte en 21 países y se registraron 55 exoneraciones de presos condenados a muerte en seis países. Además no se registraron ejecuciones en cinco países —Botsuana, Indonesia, Nigeria, Sudán y Taiwán— que sí las habían llevado a cabo en 2016.

Las ejecuciones experimentaron un descenso notable en Bielorrusia (50%), Pakistán (31%), Egipto (20%) Irán (11%) y Arabia Saudí (5%).

Al terminar 2017, 106 países (la mayoría de los Estados del mundo) habían abolido la pena de muerte en la ley para todos los delitos, y 142 (más de dos tercios) la habían abolido en la ley o en la práctica.

Mucho por hacer contra la pena de muerte

A pesar de la mejora de los datos, el informe nos muestra que queda mucho por hacer: numerosos países siguen poniendo en práctica la pena de muerte sin restricciones y, al final de 2017, se tenía constancia de que había al menos 21.919 personas condenadas a muerte.

Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait reanudaron las ejecuciones en 2017. Se duplicaron, o casi se duplicaron, en el Estado de Palestina, de tres en 2016 a seis en 2017; en Singapur, de cuatro a ocho; y en Somalia de 14 a 24.

El número de estados de Estados Unidos que llevaban a cabo ejecuciones aumentó de cinco en 2016 a ocho, al reanudar Arkansas, Ohio y Virginia las ejecuciones tras una pausa de varios años.

En 15 países se condenó a muerte o ejecutó a personas por delitos de drogas, contraviniendo así el derecho internacional. La región de Oriente Medio y norte de África registró la cifra más alta de ejecuciones relacionadas con las drogas en 2017, mientras que Asia y Oceanía fue la región con mayor número de países que utilizaron la pena capital para ese tipo de delitos (10 países de 16).

En muchos países donde hubo condenas a muerte o ejecuciones, los procedimientos judiciales no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Tal incumplimiento supuso la obtención de “confesiones” mediante tortura u otros malos tratos; esto sucedió, entre otros lugares, en Arabia Saudí, Bahréin, China, Irak e Irán.

DATOS Y CIFRAS

106

En total, 106 países han abolido la pena de muerte.

23

En 2017, al menos 23 países de todo el mundo llevaron a cabo ejecuciones.

2.591

Al menos 2.591 personas han sido condenadas a muerte en 53 países en el año 2017, lo que supone un descenso con respecto a las 3.117 de 2016.

993

Además, 993 personas fueron ejecutadas en 2017.

Activistas de Amnistía Internacional despliegan pancartas contra la pena de muerte.
Activistas de Amnistía Internacional despliegan pancartas contra la pena de muerte. © Sven Hoppe/picture-alliance/dpa/AP Images

¿Qué hace Amnistía Internacional contra la pena de muerte?

Poco después de su creación, en 1961, Amnistía Internacional comenzó a actuar contra la pena de muerte. El abogado británico, Peter Benenson, publicó un llamamiento en el diario londinense The Observer en el que hacía referencia al uso de la pena de muerte contra presos de conciencia: "Abran el periódico cualquier día de la semana y descubrirán que alguien, en alguna parte del mundo, ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus opiniones o su religión resultan inaceptables para el gobierno de su país".

Con el tiempo, nuestro trabajo sobre la pena de muerte se fue ampliando. La organización comenzó su campaña global contra la pena de muerte en 1977. En aquel momento, la pena capital estaba abolida solo en 16 países. Cuarenta años después, 142 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica; 57 países se consideran ahora retencionistas, y el número de los que la siguen utilizando es mucho menor.

Amnistía Internacional sigue trabajando para poner fin a las ejecuciones y en favor de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y en toda circunstancia. La organización considera que es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.

Países con pena de muerte

Inspirado por su fe, Rais Bhuiyan trató de salvar al hombre que le disparó en un ataque racista

Argumentos contra la pena de muerte

Niega derechos humanos. Condenar a muerte a una persona supone negarle el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es irreversible y se cometen errores. Ejecutar a una persona es definitivo e irrevocable y no se puede descartar nunca el riesgo de ejecutar a inocentes. En Estados Unidos, desde 1976, 150 condenados a muerte han sido absueltos. En algunos casos, la absolución llegó cuando ya habían sido ejecutados.

No disuade contra el crimen. Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Esta postura ha sido desacreditada en repetidas ocasiones. No hay pruebas que demuestren que es más eficaz que la cárcel a la hora de reducir el crimen.

Suele emplearse en sistemas de justicia sesgados. Algunos de los países que más personas ejecutan tienen sistemas judiciales profundamente injustos. Los tres países que más usan la pena capital (China, Irán y Arabia Saudí) lo hacen en circunstancias turbias y poco claras. Muchas condenas de muerte se basan en "confesiones" obtenidas mediante tortura.

Se aplica de forma discriminatoria.
Si eres pobre o perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa, tienes más probabilidades que el resto de personas de ser condenado a muerte, debido a la discriminación que existe en el sistema de justicia. Además, los colectivos pobres o marginados tienen más dificultades para acceder a los recursos legales que necesitan para defenderse.

Se usa como herramienta política. Las autoridades de algunos países usan la pena de muerte para castigar a los opositores políticos.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2017

Este informe trata sobre la aplicación judicial de la pena de muerte durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2017. Como en años anteriores, la información se ha recabado de diversas fuentes, entre ellas, las cifras oficiales disponibles, las sentencias dictadas, información de personas condenadas a muerte y sus familias y representantes, informes de otras organizaciones de la sociedad civil e informaciones de los medios de comunicación... © AP Photo/Aaron Favila

¡Lee el informe!
Familiares de Aftab Bahadur protestan contra su ejecución el 10 de junio en Pakistán por un asesinato cometido en 1992, cuando tenía 15 años.
Familiares de Aftab Bahadur protestan contra su ejecución el 10 de junio en Pakistán por un asesinato cometido en 1992, cuando tenía 15 años.
Viñeta sobre la ejecución de jóvenes en Irán © Kianoush Ramezani
Viñeta sobre la ejecución de jóvenes en Irán © Kianoush Ramezani

Más información sobre la pena de muerte

Ejecución de Menores

La pena capital contra menores está prohibida en el derecho internacional pero todavía un reducido grupo de países la mantiene. La ejecución de estas personas constituye una vulneración del derecho internacional. La Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe terminantemente el uso de la pena de muerte por delitos cometidos por cualquier persona menor de 18 años.

Cuando se habla de menores, se entiende que no hayan cumplido 18 años en el momento de cometer presuntamente el delito. La edad real de la persona acusada es a menudo objeto de polémica si no existen pruebas claras que la confirmen, como un certificado de inscripción del nacimiento.

Amnistía Internacional recibió informes que indicaban que en 2017 al menos cinco personas en Irán habían sido ejecutadas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años. Irán también condenó a muerte a otra persona que era menor en el momento del delito y en 2017 había en el corredor de la muerte al menos 80 condenados que eran menores de edad en el momento del delito.

Sudán del Sur ejecutó a dos personas que eran menores en el momento de cometerse el delito.

Amnistía Internacional cree que sigue habiendo personas  que eran menores de 18 años en el momento del delito en los corredores de la muerte de Bangladesh, Irán, Maldivas, Pakistán y Arabia Saudí.

Cuestión de género

Aunque no existen datos desagregados por género del número de ejecuciones o condenas a muerte, ni sobre el impacto de género de la pena capital, no cabe duda que la pena de muerte afecta no solo a hombres. Si bien la mayoría de las personas que enfrentan penas de ejecución son hombres y las mujeres tan sólo representan una pequeña parte de las personas condenadas a muerte del mundo, la realidad es que suelen ser víctimas indirectas por la ejecución de un miembro masculino de la familia, debiendo hacerse cargo de mayores responsabilidades sobre el bienestar del resto de la familia, tanto durante el duelo como en cuanto al sustento familiar.

En 2017 fueron condenadas a muerte al menos 39 mujeres (tres mujeres en EEUU, cuatro en Bangladesh, cuatro en Malasia, una en Singapur, 19 en Tailandia y ocho en Egipto).

En el informe global se refleja que en 2017 se ejecutó a seis mujeres en Irán, al menos a una mujer en Egipto y dos en Arabia Saudí.

Amnistía Internacional no recibió información sobre ejecuciones judiciales por lapidación. En 2017 el Código Penal Islámico continuaba contemplando la ejecución por lapidación. Algunas conductas homosexuales mantenidas de mutuo acuerdo seguían siendo punibles con la muerte.

España y la pena de muerte

Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en España datan de septiembre de 1975, cuando fueron fusilados Jon Paredes, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena. Con la Constitución de 1978 quedó abolida la pena de muerte, excepto en los casos que la legislación militar establecía en tiempo de guerra. El Código Penal Militar la preveía como pena máxima para casos de traición, rebelión militar, espionaje, sabotaje o crímenes de guerra.

En 1995, después de una larga campaña de Amnistía Internacional, de acciones de distintas organizaciones sociales y de iniciativas individuales, quedó totalmente abolida con el acuerdo final de todos los partidos políticos. La Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, que abolía la pena de muerte en tiempo de guerra, vino a completar la abolición y a convertirla en absoluta.

El 16 de diciembre de 2009 España ratificó el Protocolo 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que establece la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia.

Sin embargo, el Artículo 15 de la Constitución sigue haciendo mención a la pena capital: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”.

Amnistía Internacional considera que la Constitución española debería eliminar la mención a la pena de muerte e incluso prohibir expresamente la aplicación de la misma.

Españoles en el corredor de la muerte de otros países

Un juicio plagado de irregularidades celebrado en el año 2000 consideró culpable a Pablo Ibar de un triple asesinato que tuvo lugar en 1994. Desde entonces permaneció 16 años en el corredor de la muerte de la penitenciaría de Starke, en el estado de Florida, hasta que el 4 de febrero de 2016 el Tribunal Supremo de Florida, tras largos años de sucesivas apelaciones, se pronunció a favor de anular la condena a muerte que pesaba contra Pablo Ibar.

Su padre, Cándido Ibar, declaró en ese momento: "Tania (su mujer) y yo hemos chillado de alegría al enterarnos. No hubiéramos podido sin el apoyo de la familia, de los periodistas, de todos vosotros. Gracias a toda Amnistía Internacional".

El Tribunal Supremos de Florida consideró que había tenido una defensa letrada ineficaz, y que había sido hallado culpable y condenado a muerte con pruebas “escasas” y “débiles”. Pablo Ibar ha seguido declarándose inocente durante estas más de dos décadas.

El 1 de octubre comenzó el nuevo juicio. La Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar ha informado sobre la selección del jurado, que puede durar entre entre 4 y 6 semanas. La totalidad del juicio, puede durar entre 3 y 6 meses. El jurado debe llegar a un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad por unanimidad. Si esta unanimidad no se logra el jurado quedaría disuelto, se declararía juicio nulo y sería necesario emprender otro nuevo juicio.

Florida sigue siendo un defensor intransigente de la pena de muerte, incluido entre el pequeño número de estados que son responsables del grueso de las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos, el cual es el único país de América que ha empleado la pena capital en los últimos 10 años. Desde 1976, en Estados Unidos 150 condenados a muerte han sido absueltos.

Más información: Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar

El 21 de abril de 2017 se produjo la condena a muerte del español Artur Segarra en Tailandia, acusado del asesinato en Bangkok de otro español, David Bernat. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de la culpabilidad o inocencia del acusado, así como del delito por el que la persona haya sido condenada.

La organización tuvo conocimiento de la condena a muerte en Egipto de Ahmed el Saadany Ghaly, quien cuenta con nacionalidad española tras haber vivido alrededor de 20 años en España. Ahmed fue detenido acusado de haber asesinado a su cuñado el 13 de diciembre de 2016. Según informaciones recibidas no tuvo abogado a su disposición y fue avisado de que su familia sería torturada en caso de que él no obedeciese. Su mujer y su hermano fueron golpeados enfrente de él y le comunicaron que también traerían a su madre y a sus hermanas. Actualmente la organización está documentando su caso.

Además Amnistía Internacional ha recibido información sobre la condena a muerte en Malasia de Víctor Parada. Teniendo nacionalidad boliviana, vivió en Alicante de 2002 a 2009. Su madre y sus tres hermanas residen en España y tienen doble nacionalidad española y boliviana. El 5 de enero de 2018 Victor Parada fue condenado a la pena de muerte por ahorcamiento por tráfico de drogas, decisión que ha sido recurrida. Amnistía Internacional está dando seguimiento al caso.

Acto de Ciudades por la Vida celebrado en la ciudad de Oviedo.
Acto de Ciudades por la Vida celebrado en la ciudad de Oviedo. © AI
Imagen de Cándido Ibar viendo una fotografía de su hijo, Pablo Ibar, el único español condenado a muerte en el extranjero.
Imagen de Cándido Ibar viendo una fotografía de su hijo, Pablo Ibar, proyectada sobre una pantalla. © AI
Activistas de Amnistía Internacional España se manifiestan contra la pena de muerte.
Activistas de Amnistía Internacional España se manifiestan contra la pena de muerte. © AI

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE:

– Que los países que aún aplican la pena de muerte detengan de inmediato las ejecuciones.

– Que los países que han abandonado ya las ejecuciones eliminen definitivamente la pena de muerte de su legislación.

– Que todas las condenas a muerte se conmuten por penas de prisión.

Opositores a la pena de muerte se manifiestan contra ella delante de la mansión del gobernador de Oklahoma. © AP Photo/Sue Ogrocki

Ver más contenidos

Cómo puedes ayudar