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Pena de muerte

Un manifestante sostiene un eslogan durante una manifestación frente a la Cámara de Representantes en la ciudad de Quezon, al norte de Manila, Filipinas, el martes 7 de marzo de 2017. © AP Photo/Aaron Favila
Un manifestante sostiene un eslogan durante una manifestación frente a la Cámara de Representantes en la ciudad de Quezon, al norte de Manila, Filipinas, el martes 7 de marzo de 2017. © AP Photo/Aaron Favila

El Informe Global de condenas a muerte y ejecuciones en 2018 de Amnistía Internacional resalta la caída de un 31% de las ejecuciones globales, alcanzando la cifra más baja en la última década.

Estamos ganando la batalla

Las cifras de 2018 muestran que la pena de muerte está firmemente en decadencia y que se están tomando medidas efectivas en todo el mundo para poner fin al uso de este castigo cruel e inhumano. Las ejecuciones y las condenas a muerte han disminuido en todo el mundo, tras haber alcanzado máximos históricos en años anteriores.

Durante 2018 se registraron 690 ejecuciones en 20 países. Se trata de una reducción del 31% respecto a 2017, con 993 ejecuciones, siendo el número más bajo de ejecuciones que ha registrado Amnistía Internacional en la última década. La organización registró 2.531 condenas a muerte en 54 países en 2018, lo que supone un leve descenso con respecto a la cifra de 2.591 condenas a muerte registrada en 2017.

Cuando Amnistía Internacional comenzó su campaña global contra la pena de muerte en 1977, la pena capital estaba abolida solo en 16 países. Al terminar 2018, la habían abolido en la ley para todos los delitos 106 países, la mayoría de los Estados del mundo, y más de dos tercios, 142 países, la habían abolido en la ley o en la práctica.

Burkina Faso abolió la pena de muerte en su nuevo código penal en junio de 2018. En febrero y julio respectivamente, Gambia y Malaysia declararon oficialmente una moratoria de las ejecuciones. Y en Estados Unidos, la pena de muerte fue declarada incontitucional en el estado de Washington en el mes de octubre.

Amnistía Internacional registró conmutaciones o indultos de la pena de muerte en 29 países y se registraron 8 exoneraciones de presos condenados a muerte en otros cuatro. Además no se registraron ejecuciones en siete países —Bahréin, Bangladesh, Jordania, Kuwait, Malaysia, Palestina (Estado de) y Estados Arabes Unidos (UAE)— que sí las habían llevado a cabo en 2017.

Durante la Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre de 2018, 121 países votaron a favor de apoyar una moratoria global de todas las ejecuciones. Solo 35 países votaron en contra.

Pero aún queda mucho por hacer

A pesar de la mejora de los datos, el informe nos muestra que numerosos países siguen poniendo en práctica la pena de muerte sin restricciones y al final de 2018 se tenía constancia de que había al menos 19.336 personas condenadas a muerte.

A pesar de una disminución significativa en el número de ejecuciones, Irán llevó a cabo más de un tercio de las ejecuciones registradas a nivel mundial. Irak cuadruplicó la cifra de condenas a muerte de las 65 en 2017, a 271 en 2018. En Egipto, el número de sentencias a muerte incrementaron en más del 75%, de 402 en 2017, a 717 en 2018.

Botswana, Sudán, Taiwan y Tailandia reanudaron las ejecuciones en 2018. 

Hubo un incremento de las ejecuciones en Bielorrusia, Japón, Singapur, Sudán del Sur y Estados Unidos. Tailandia llevó a cabo su primera ejecución desde 2009, mientras que el presidente de Sri Lanka declaró que reanudaría las ejecuciones tras más de 40 años, anunciando nuevas ejecuciones en febrero de 2019.

Información por países

La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Vietnam e Irak, por este orden.

China siguió siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte en ese país, pues los datos al respecto están clasificados como secreto de Estado. En la cifra global de 690 ejecuciones no están incluidas las miles que se cree que se han llevado a cabo en China.

Excluyendo a China, el 78% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, Irán, Vietnam e Irak.

Irán ejecutó a 253 personas, lo que supone un descenso de las ejecuciones del país del  50% con respecto al año 2017 donde la cifra fue de 507 ejecuciones. Al menos siete personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años.

Irak ejecutó a 52 personas en 2018, un importante descenso con respecto a 2017 cuando fueron ejecutadas 125 personas, mientras en Pakistán las ejecuciones cayeron a 14 personas en 2018, de las 60 de 2017. Somalia redujo sus ejecuciones de 24 en 2017 a 13 en 2018.

Vietnam ejecutó 85 personas durante 2018, colocando al país entre los cinco primeros del mundo.

Como métodos se utilizaron la decapitación, la electrocución, el ahorcamiento, la inyección letal y por arma de fuego. También se conocieron dos nuevas sentencias impuestas por lapidación en Irán.

En cuatro países se ejecutó a 98 personas por delitos de drogas, el 14% del total a nivel global y por debajo del 28% de 2017. Al menos 226 de estas sentencias fueron impuestas en 14 países, contraviniendo el derecho internacional.

En muchos países donde hubo condenas a muerte o ejecuciones, los procedimientos judiciales no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Tal incumplimiento supuso la obtención de “confesiones” mediante tortura u otros malos tratos, entre otros lugares, en Bangladesh, Bielorrusia, Egipto, Malaysia, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudí, Singapur, Vietnam, China, Irak e Irán.

DATOS Y CIFRAS

106

En total, 106 países han abolido la pena de muerte.

8

Se registraron un total de 8 exoneraciones de personas condenadas a muerte.

2.531

Al menos 2.531 personas han sido condenadas a muerte en 54 países en el año 2018, lo que supone un descenso con respecto a las 2.591 de 2017.

690

Número de ejecuciones repartidas en 20 países, lo que supone un descenso del 31% con respecto a 2017

¿Qué hace Amnistía Internacional contra la pena de muerte?

 

Poco después de su creación, en 1961, Amnistía Internacional comenzó a actuar contra la pena de muerte. El abogado británico, Peter Benenson, publicó un llamamiento en el diario londinense The Observer en el que hacía referencia al uso de la pena de muerte contra presos de conciencia:

"Abran el periódico cualquier día de la semana y descubrirán que alguien, en alguna parte del mundo, ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus opiniones o su religión resultan inaceptables para el gobierno de su país".

Amnistía Internacional sigue trabajando para poner fin a las ejecuciones y en favor de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y en toda circunstancia. La organización considera que es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.

Países con pena de muerte

SALVA LA VIDA DE MOHAMMAD

Mohammad Reza Haddadi lleva casi 14 años en espera de ejecución tras ser condenado a la pena capital por un delito cometido cuando solo era un niño de 15 años. Mohammad ha pasado gran parte de su juventud en una situación de terrible ansiedad y constante trauma por su ejecución inminente.

La situación en que se encuentra Mohammad ademas de ser absolutamente intolerable es ilegal. Irán ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos de la Infancia que prohíben estrictamente el uso de la pena de muerte para delitos cometidos por menores de 18 de edad.

¡SALVA SU VIDA!

Argumentos contra la pena de muerte

Niega derechos humanos. Condenar a muerte a una persona supone negarle el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.


Es irreversible y se cometen errores. Ejecutar a una persona es definitivo e irrevocable y no se puede descartar nunca el riesgo de ejecutar a inocentes. En Estados Unidos, desde 1976, 150 condenados a muerte han sido absueltos. En algunos casos, la absolución llegó cuando ya habían sido ejecutados.

No disuade contra el crimen. Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Esta postura ha sido desacreditada en repetidas ocasiones. No hay pruebas que demuestren que es más eficaz que la cárcel a la hora de reducir el crimen.

Suele emplearse en sistemas de justicia sesgados. Algunos de los países que más personas ejecutan tienen sistemas judiciales profundamente injustos. Los tres países que más usan la pena capital (China, Irán y Arabia Saudí) lo hacen en circunstancias turbias y poco claras. Muchas condenas de muerte se basan en "confesiones" obtenidas mediante tortura.

Se aplica de forma discriminatoria.
Si eres pobre o perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa tienes más probabilidades que el resto de personas de ser condenado a muerte, debido a la discriminación que existe en el sistema de justicia. Además, los colectivos pobres o marginados tienen más dificultades para acceder a los recursos legales que necesitan para defenderse.

Se usa como herramienta política. Las autoridades de algunos países usan la pena de muerte para castigar a los opositores políticos.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2018

Este informe trata sobre la aplicación judicial de la pena de muerte durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2018. Como en años anteriores, la información se ha recabado de diversas fuentes, entre ellas, las cifras oficiales disponibles, las sentencias dictadas, información de personas condenadas a muerte y sus familias y representantes, informes de otras organizaciones de la sociedad civil e informaciones de los medios de comunicación... © AP Photo/Kiichiro Sato, File

¡Lee el informe!

Más información sobre la pena de muerte

Ejecución de Menores

La pena capital contra menores está prohibida en el derecho internacional pero todavía un reducido grupo de países la mantiene. La ejecución de estas personas constituye una vulneración del derecho internacional. La Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe terminantemente el uso de la pena de muerte por delitos cometidos por cualquier persona menor de 18 años.

Cuando se habla de menores, se entiende que no hayan cumplido 18 años en el momento de cometer presuntamente el delito. La edad real de la persona acusada es a menudo objeto de polémica si no existen pruebas claras que la confirmen, como un certificado de inscripción del nacimiento.

Irán incrementó el empleo de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento del delito ejecutando a siete personas de estas características: dos mujeres —Zeinab Sekaanvand y Mahboubeh Mofidi— y cinco hombres —Ali Kazemi, Amirhossein Pourjafar, Abolfazl Chezani Sharahi, Omid Rostami y Abolfazl Naderi—. En virtud de Código Penal Islámico, es posible condenar a muerte, como si fueran personas adultas, a niños de más de 15 años y a niñas de más 9 años, si son declarados culpables de asesinato o de otros delitos capitales.

Al acabar el año, había al menos 85 menores de 18 años en el momento del delito en espera de ejecución en Irán y al menos cuatro en Arabia Saudí.

Cuestión de género

No cabe duda que la pena de muerte afecta no solo a hombres. Si bien la mayoría de las personas que enfrentan penas de ejecución son hombres y las mujeres tan sólo representan una pequeña parte de las personas condenadas a muerte del mundo, la realidad es que suelen ser víctimas indirectas por la ejecución de un miembro masculino de la familia, debiendo hacerse cargo de mayores responsabilidades sobre el bienestar del resto de la familia, tanto durante el duelo como en cuanto al sustento familiar.

En el informe global se refleja que en 2018 se ejecutó a 5 mujeres en Irán y 2 en Arabia Saudí.

La legislación iraní siguió contemplando la pena de muerte por adulterio. Dos mujeres, Zahra Derakhshani y Golestan Jankanlou, fueron condenadas a muerte por lapidación por ese “delito”.

En Arabia Saudí las autoridades ejecutaron a Tuti Tursilawati, trabajadora doméstica migrante de nacionalidad indonesia, sin haber informado de antemano ni a las autoridades indonesias ni a su familia.

Según las noticias publicadas durante el año en Malasia el 11% de las personas condenadas a muerte, 142, son mujeres.

También hubo logros en la pena de muerte contra las mujeres.

Noura Husein, una joven sudanesa, fue sentenciada a pena capital en mayo de 2018 por matar al hombre con el que había sido obligada a casarse, cuando éste intentó violarla. Después de una intensa campaña global por su caso, se le conmutó la pena de muerte por 5 años de prisión.

España y la pena de muerte

Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en España datan de septiembre de 1975, cuando fueron fusilados Jon Paredes, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena. Con la Constitución de 1978 quedó abolida la pena de muerte, excepto en los casos que la legislación militar establecía en tiempo de guerra. El Código Penal Militar la preveía como pena máxima para casos de traición, rebelión militar, espionaje, sabotaje o crímenes de guerra.

En 1995, después de una larga campaña de Amnistía Internacional, de acciones de distintas organizaciones sociales y de iniciativas individuales, quedó totalmente abolida con el acuerdo final de todos los partidos políticos. La Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, que abolía la pena de muerte en tiempo de guerra, vino a completar la abolición y a convertirla en absoluta.

El 16 de diciembre de 2009 España ratificó el Protocolo 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que establece la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia.

Sin embargo, el Artículo 15 de la Constitución sigue haciendo mención a la pena capital: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”.

Amnistía Internacional considera que la Constitución española debería eliminar la mención a la pena de muerte e incluso prohibir expresamente la aplicación de la misma.

Españoles en el corredor de la muerte de otros países

Un juicio plagado de irregularidades celebrado en el año 2000 consideró culpable a Pablo Ibar de un triple asesinato que tuvo lugar en 1994. Desde entonces permaneció 16 años en el corredor de la muerte de la penitenciaría de Starke, hasta que el 4 de febrero de 2016 el Tribunal Supremo de Florida, tras largos años de sucesivas apelaciones, se pronunció a favor de anular su condena a muerte.

El Tribunal consideró que había tenido una defensa letrada ineficaz, y que había sido hallado culpable y condenado a muerte con pruebas “escasas” y “débiles”. Pablo Ibar ha seguido declarándose inocente durante más de dos décadas.

El 20 de enero de 2019  Pablo Ibar fue declarado culpable en el nuevo juicio. A mediados de mayo de 2019 se conocerá la sentencia.

Florida sigue siendo un defensor intransigente de la pena de muerte, incluido entre el pequeño número de estados que son responsables del grueso de las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos, el cual es el único país de América que ha empleado la pena capital en los últimos 10 años.

Más información: Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar

El 21 de abril de 2017 se produjo la condena a muerte del español Artur Segarra en Tailandia, acusado del asesinato en Bangkok de otro español, David Bernat. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de la culpabilidad o inocencia del acusado, así como del delito por el que la persona haya sido condenada.

La organización tuvo conocimiento de la condena a muerte en Egipto de Ahmed el Saadany Ghaly, quien cuenta con nacionalidad española tras haber vivido alrededor de 20 años en España. Ahmed fue detenido acusado de haber asesinado a su cuñado el 13 de diciembre de 2016. Según informaciones recibidas no tuvo abogado a su disposición y fue avisado de que su familia sería torturada en caso de que él no obedeciese. Su mujer y su hermano fueron golpeados enfrente de él y le comunicaron que también traerían a su madre y a sus hermanas. Actualmente la organización está documentando su caso.

Además Amnistía Internacional ha recibido información sobre la condena a muerte en Malasia de Víctor Parada. Teniendo nacionalidad boliviana, vivió en Alicante de 2002 a 2009. Su madre y sus tres hermanas residen en España y tienen doble nacionalidad española y boliviana. El 5 de enero de 2018 Victor Parada fue condenado a la pena de muerte por ahorcamiento por tráfico de drogas, decisión que ha sido recurrida. Amnistía Internacional está dando seguimiento al caso.

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE:

– Que los países que aún aplican la pena de muerte detengan de inmediato las ejecuciones.

– Que los países que han abandonado ya las ejecuciones eliminen definitivamente la pena de muerte de su legislación.

– Que todas las condenas a muerte se conmuten por penas de prisión.

© AP Photo/Dita Alangkara
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