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Agentes de policía se reúnen para desalojar a los activistas durante una protesta contra la pena de muerte celebrada frente a la Corte Suprema de Estados Unidos 17 de enero de 2017 en Washington, DC. © BRENDAN SMIALOWSKI/AFP vía Getty Images

Pena de muerte

Las ejecuciones alcanzaron en 2020 su cifra más baja en un decenio

El año 2020 nos dejó un 26% menos de ejecuciones en todo el mundo que en 2019, algo que da continuidad a la reducción que se registra año tras año desde 2015. Se trata de la cifra más baja en más de 10 años.

Este considerable descenso está vinculado a la reducción del número de ejecuciones en dos de los países que históricamente han comunicado cifras elevadas de ejecuciones, Arabia Saudí e Irak, y, en menor medida, a algunas interrupciones declaradas en respuesta a la pandemia de COVID-19.

El número de países en los que se tiene constancia de que se llevaron a cabo ejecuciones también disminuyó respecto a 2019, lo que confirma que las ejecuciones son propias de tan solo una minoría de países.

MATAR INTENCIONADAMENTE A OTRA PERSONA ESTÁ MAL Y, COMO GOBERNADOR, NO VOY A SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE NADIE.

Gavin Newsom, gobernador de California, marzo de 2019

Buenas noticias: cada vez menos países

La evolución mundial de la pena de muerte en los últimos años confirma que el mundo avanza de forma continuada hacia su abolición. El año 2020 también apuntó en la misma dirección: en mayo, Chad abolió totalmente la pena de muerte y se convirtió en el quinto país africano en dar este paso en la última década. En septiembre, Kazajistán firmó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y en diciembre tomó medidas para ratificarlo. Además, países como Bahréin, Bielorrusia, Japón, Pakistán o Sudán, donde en los últimos años se habían llevado a cabo ejecuciones, en 2020 no se registró ninguna. La Federación Rusa, Gambia, Kazajistán, Malasia y Tayikistán siguieron aplicando moratorias oficiales de las ejecuciones. En Estados Unidos, Colorado se convirtió en el estado abolicionista número 22, y las suspensiones de las ejecuciones ordenadas por los gobernadores continuaron durante el año en California, Oregón y Pensilvania; Ohio reprogramó todas las ejecuciones previstas.

También llegaron avances de países donde la pena de muerte es tremendamente preocupante, como Arabia Saudí, donde se anunció el final del uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento de cometerse el delito en casos no relacionados con la ley antiterrorista, o Sudán, donde las autoridades abolieron el uso de la pena de muerte por apostasía.

Herman Lindsey, exonerado de la pena de muerte, abraza a una activista de Amnistía Internacional. Ambos estaban entre el grupo de personas que se manifestaban contra la ejecución de John Ruthell Henry.
Herman Lindsey, exonerado de la pena de muerte, abraza a una activista de Amnistía Internacional. Ambos estaban entre el grupo de personas que se manifestaban contra la ejecución de John Ruthell Henry. © AP Photo/Phil Sandlin
Activistas sostienen pancartas durante una manifestación de protesta contra la aprobación del proyecto de ley a favor de la pena de muerte, en Manila, Filipinas, 7 de marzo de 2017.
Activistas sostienen pancartas durante una manifestación de protesta contra la aprobación del proyecto de ley a favor de la pena de muerte en Manila, Filipinas, 7 de marzo de 2017. © Reuters/Romeo Ranoco

“La pena de muerte es un castigo abominable, y llevar a cabo ejecuciones en medio de una pandemia subraya aún más su crueldad

Pero aún no hemos logrado hacer desaparecer la pena de muerte

No cabe duda que nuestro objetivo final, el de ver un mundo libre de la pena de muerte, cada vez está más cerca. Sin embargo, queda trabajo por hacer y no podemos bajar la guardia. Los desafíos sin precedentes planteados por la pandemia de COVID-19 no bastaron para disuadir a 18 países de llevar a cabo ejecuciones en 2020. Algunos mantuvieron o incluso aumentaron el número de ejecuciones llevadas a cabo, lo que indica un escalofriante desprecio por la vida humana en un momento en el que la atención mundial se centraba en proteger a la gente de un virus mortal.

Al menos 483 personas fueron ejecutadas en 2020 y cuatro países —Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudí— fueron responsables del 88% del total de ejecuciones conocidas. Como en años anteriores, estas cifras no incluyen los miles de ejecuciones que —a juicio de Amnistía Internacional— tuvieron lugar en China.

A finales del año 2020 se tenía constancia de al menos 28.567 personas condenadas a muerte en todo el mundo, si bien tan solo nueve países eran responsables del 82% del total conocido: Irak, Pakistán, Nigeria, Estados Unidos, Bangladesh, Malasia, Vietnam, Kenia y Sri Lanka. Además, hay un número elevado de personas condenadas a muerte en varios países más, pero no se dispone de cifras o es imposible calcular un número adecuado. Se trata de Arabia Saudí, China, Corea del Norte, Egipto e Irán.

La pena de muerte por países

Entre los países que llevaron a cabo ejecuciones en 2020 destaca el caso de Egipto, que triplicó su cifra anual de ejecuciones respecto al año anterior, y también China, que anunció que se castigarían los actos delictivos que afectaran a las medidas de prevención de la COVID-19, lo que dio lugar a que al menos un hombre fuera condenado a muerte y ejecutado. Mientras tanto, en Estados Unidos, el gobierno de Trump reanudó las ejecuciones federales después de un paréntesis de 17 años, con la escalofriante cifra de 10 ejecuciones en menos de seis meses. India, Omán, Qatar y Taiwán también reanudaron las ejecuciones.

Un año más, China es el gran verdugo del mundo. China clasifica todas sus ejecuciones y condenas a muerte como secreto de Estado e impide el escrutinio independiente. Por tanto, las cifras de que dispone Amnistía Internacional sobre todas las ejecuciones de las que se ha tenido noticia no incluyen las llevadas a cabo en China. Sin embargo, se cree que China ejecuta a miles de personas cada año, lo que convierte una vez más a este país en el verdugo más prolífico del año, por delante de Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudí.

Egipto se convirtió en el tercer país que más ejecuciones llevó a cabo en 2020. Al menos 23 de las personas ejecutadas fueron condenadas a muerte en relación con casos de violencia política tras juicios manifiestamente injustos, empañados por “confesiones” forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos, como tortura y desaparición forzada. En solo dos meses, entre octubre y noviembre, las autoridades egipcias ejecutaron al menos a 57 personas (53 hombres y 4 mujeres).

Aunque las ejecuciones registradas en Irán siguieron estando por debajo de las de años anteriores, el país utilizó la pena de muerte como arma de represión política contra disidentes, manifestantes y miembros de grupos étnicos minoritarios.

mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente a la covid-19, varios gobiernos mostraron una inquietante determinación de recurrir a la pena capital y ejecutar a personas a toda costa

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

 

Activistas de Amnistía Internacional sostienen pancartas fuera de la prisión de Bang Kwang para protestar contra la pena de muerte en Bangkok, Tailandia, 19 de junio de 2018.
Activistas de Amnistía Internacional sostienen pancartas fuera de la prisión de Bang Kwang para protestar contra la pena de muerte en Bangkok, Tailandia, 19 de junio de 2018. © REUTERS/Athit Perawongmetha

¿Qué hace Amnistía Internacional contra la pena de muerte?

Poco después de su creación, en 1961, Amnistía Internacional comenzó a actuar contra la pena de muerte. El abogado británico, Peter Benenson, publicó un llamamiento en el diario londinense The Observer en el que hacía referencia al uso de la pena de muerte contra presos de conciencia:

"Abran el periódico cualquier día de la semana y descubrirán que alguien, en alguna parte del mundo, ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus opiniones o su religión resultan inaceptables para el gobierno de su país".

Cuando Amnistía Internacional comenzó su campaña global contra la pena de muerte en 1977, la pena capital estaba abolida solo en 16 países. Al terminar 2020, 108 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 países la habían abolido en la ley o en la práctica.

Amnistía Internacional sigue trabajando para poner fin a las ejecuciones y en favor de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y en toda circunstancia. La organización considera que es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.

Países con pena de muerte

Argumentos contra la pena de muerte

Niega derechos humanos. Condenar a muerte a una persona supone negarle el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.

Es irreversible y se cometen errores. Ejecutar a una persona es definitivo e irrevocable y no se puede descartar nunca el riesgo de ejecutar a inocentes. En Estados Unidos, desde 1976, 150 condenados a muerte han sido absueltos. En algunos casos, la absolución llegó cuando ya habían sido ejecutados.

No disuade contra el crimen. Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Esta postura ha sido desacreditada en repetidas ocasiones. No hay pruebas que demuestren que es más eficaz que la cárcel a la hora de reducir el crimen.

Suele emplearse en sistemas de justicia sesgados. Algunos de los países que más personas ejecutan tienen sistemas judiciales profundamente injustos. Los tres países que más usan la pena capital (China, Irán y Arabia Saudí) lo hacen en circunstancias turbias y poco claras. Muchas condenas de muerte se basan en "confesiones" obtenidas mediante tortura.

Se aplica de forma discriminatoria. Si eres pobre o perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa tienes más probabilidades que el resto de personas de ser condenado a muerte, debido a la discriminación que existe en el sistema de justicia. Además, los colectivos pobres o marginados tienen más dificultades para acceder a los recursos legales que necesitan para defenderse.

Se usa como herramienta política. Las autoridades de algunos países usan la pena de muerte para castigar a los opositores políticos

El descenso de las ejecuciones demuestra que, incluso los países más insospechados, están empezando a darse cuenta de que la pena de muerte no es la solución.

Viñeta sobre la ejecución de jóvenes en Irán © Kianoush Ramezani
Viñeta sobre la ejecución de jóvenes en Irán © Kianoush Ramezani
Simpatizantes de Amnistía hacen campaña por la abolición de la pena de muerte en 2008, en Mongolia © Amnistía Internacional
Simpatizantes de Amnistía hacen campaña por la abolición de la pena de muerte en 2008, en Mongolia © Amnistía Internacional

Más información sobre la pena de muerte

Ejecución de menores de edad

La pena capital contra menores está prohibida en el derecho internacional pero todavía un reducido grupo de países la mantiene. La ejecución de estas personas constituye una vulneración del derecho internacional. La Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe terminantemente el uso de la pena de muerte por delitos cometidos por cualquier persona menor de 18 años.

Cuando se habla de menores, se entiende que no hayan cumplido 18 años en el momento de cometer presuntamente el delito. La edad real de la persona acusada es a menudo objeto de polémica si no existen pruebas claras que la confirmen, como un certificado de inscripción del nacimiento.

En 2020, tres personas fueron ejecutadas en Irán por delitos que se habían cometido cuando eran menores de 18 años. Los informes indicaban que otras personas de esta categoría permanecían condenadas a muerte en Maldivas e Irán.

Falta de transparencia

En muchas ocasiones, la pena de muerte se aplica tras un telón de silencio. La falta de transparencia de varios países dificulta hacer una valoración completa del uso de la pena capital en el mundo. Países como China, Corea del Norte y Vietnam, siguen restringiendo el acceso a la información sobre la pena de muerte, ocultando así la realidad de su uso.

Muchos países no facilitan información oficial sobre el uso de esta pena, ni siquiera tras las peticiones expresas en este sentido realizadas por Amnistía Internacional. En algunos países, sólo se hace pública información incompleta y otros llevan a cabo ejecuciones sin anunciarlas antes ni avisar previamente a las familias o representantes legales de las personas ejecutadas.

Cuestión de género

No cabe duda que la pena de muerte afecta no solo a hombres. Si bien la mayoría de las personas que enfrentan penas de ejecución son hombres y las mujeres tan sólo representan una pequeña parte de las personas condenadas a muerte del mundo, la realidad es que suelen ser víctimas indirectas por la ejecución de un miembro masculino de la familia, debiendo hacerse cargo de mayores responsabilidades sobre el bienestar del resto de la familia, tanto durante el duelo como en cuanto al sustento familiar.

En 2020, de las 483 personas que se sabe que fueron ejecutadas en todo el mundo, 16 eran mujeres, y fueron ejecutadas en cuatro países: Arabia Saudí, Egipto, Irán y Omán.

Le debo la vida a Amnistía Internacional. Ahora dedico mi vida a luchar contra la pena de muerte.
Hafez Ibrahim, condenado a pena de muerte, envió un mensaje a un investigador de Amnistía Internacional pidiendo su ayuda. La organización trabajó su caso hasta lograr su liberación.

España y la pena de muerte

Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en España datan de septiembre de 1975, cuando fueron fusilados Jon Paredes, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena. Con la Constitución de 1978 quedó abolida la pena de muerte, excepto en los casos que la legislación militar establecía en tiempo de guerra. El Código Penal Militar la preveía como pena máxima para casos de traición, rebelión militar, espionaje, sabotaje o crímenes de guerra.

En 1995, después de una larga campaña de Amnistía Internacional, de acciones de distintas organizaciones sociales y de iniciativas individuales, quedó totalmente abolida con el acuerdo final de todos los partidos políticos. La Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, que abolía la pena de muerte en tiempo de guerra, vino a completar la abolición y a convertirla en absoluta.

El 16 de diciembre de 2009 España ratificó el Protocolo 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que establece la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia.

Sin embargo, el Artículo 15 de la Constitución sigue haciendo mención a la pena capital: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”.

Amnistía Internacional considera que la Constitución española debería eliminar la mención a la pena de muerte e incluso prohibir expresamente la aplicación de la misma.

Imagen de Cándido Ibar viendo una fotografía de su hijo, Pablo Ibar, el único español condenado a muerte en el extranjero.
Imagen de Cándido Ibar viendo una fotografía de su hijo, Pablo Ibar, proyectada sobre una pantalla. © AI
Activistas de Amnistía Internacional España se manifiestan contra la pena de muerte.
Activistas de Amnistía Internacional España se manifiestan contra la pena de muerte. © AI

Españoles en el corredor de la muerte de otros países

Durante el año 2020, Pablo Ibar, quien permaneció 16 años en el corredor de la muerte de la penitenciaría de Starke, hasta que el 4 de febrero de 2016 el Tribunal Supremo de Florida, en Estados Unidos, tras largos años de sucesivas apelaciones, se pronunció a favor de anular su condena a muerte y repetir el juicio, en el que finalmente fue condenado a cadena perpetua, tanto él como su defensa, siguieron con el recurso de dicha sentencia. Puedes encontrar más información en la Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo”.

En agosto de 2020, el rey de Tailandia conmutó la pena capital al español Artur Segarra por la cadena perpetua, en el marco del perdón real otorgado con motivo del 68 cumpleaños del rey Vajiralongkorn. Este indulto abre la puerta a que Artur Segarra pueda iniciar la solicitud de traslado a una cárcel española una vez cumpla al menos ocho años de encarcelamiento.

Otro ciudadano con nacionalidad española, Ahmed el Saadany Ghaly, quien ha vivido alrededor de 20 años en España, permanece condenado a muerte en Egipto.

Pablo Ibar se sienta a la mesa de la defensa durante los argumentos finales de su juicio en el juzgado del condado de Broward en Fort Lauderdale, el 22 de mayo de 2019
Pablo Ibar se sienta a la mesa de la defensa durante los argumentos finales de su juicio en el juzgado del condado de Broward en Fort Lauderdale, el 22 de mayo de 2019. © Amy Beth Bennett/South Florida Sun-Sentinel a través de AP, Pool

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