Pena de muerte

En el año 2023, las ejecuciones judiciales aumentaron hasta alcanzar la cifra más alta en casi un decenio, con un registro de 1153 ejecuciones en 16 países, sin contar con las miles llevadas a cabo en China, Vietnam y Corea del Norte, donde estas cifras siguen siendo consideradas secreto de estado y, por tanto, se sigue desconociendo la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte en estos países.

Esta cifra lamentablemente supone un aumento del 31% respecto de las 883 ejecuciones registradas en 2022 debido, principalmente, a Irán, donde se llevó a cabo el mayor número de ejecuciones desde 2015. Tal es así, que Irán se convirtió en el responsable del 74% de todas las ejecuciones registradas.

La mayoría de las ejecuciones conocidas se llevaron a cabo en China (miles), Irán (al menos 853), Arabia Saudí (172), Somalia (al menos 38) y Estados Unidos (24). Arabia Saudí, fue el responsable del 15% de todas las ejecuciones, mientras que Somalia y Estados Unidos llevaron a cabo más ejecuciones en 2023 que en el año anterior.

La evolución mundial de la pena de muerte en los últimos años confirma que el mundo avanza de forma continuada hacia su abolición. A pesar del aumento en el número de ejecuciones, cada vez son menos los países que llevan a cabo la pena de muerte como castigo. En este sentido, Amnistía Internacional documentó ejecuciones en 16 países frente a los 20 de 2022, el número de países más bajo registrado por Amnistía Internacional.

Dichos avances supusieron que, al terminar 2023, 112 países fueran totalmente abolicionistas y 144 hubieran abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Esto, sin duda, supone un significativo avance con respecto a 1977, año en el cual Amnistía Internacional comenzó su campaña global contra la pena de muerte con únicamente 16 países con este cruel castigo abolido en sus legislaciones. En la actualidad, más de dos tercios del mundo son abolicionistas en la ley o en la práctica.

En 2023 tuvo lugar un preocupante aumento de las ejecuciones y de las condenas a muerte en algunos de los países que tradicionalmente más recurren a la pena capital. Al menos1153 personas fueron ejecutadas en 16 países (cifra que no incluye los miles que se cree que se realizaron en China, Vietnam y Corea del Norte), lo que que supone un aumento de más del 30% respecto al total registrado en 2022. Afortunadamente, países como Bielorrusia, Japón, Myanmar y Sudán del Sur, no registraron ejecuciones en 2023, a pesar de sí llevarlas a cabo en 2022.

Desgraciadamente, el número de condenas a muerte impuestas en todo el mundo en 2023 también aumentó en un 20%, elevando el total de personas condenada a muerte a 2.428, lo que elevó el número de personas condenadas a muerte a nivel global a, al menos, 27.687.

Además, en 2022, la pena de muerte se utilizó en varios países en formas que violaron el derecho y las normas internacionales, las cuales establecen que sólo deberán llevarse a cabo ejecuciones por los más graves delitos, es decir, aquellos delitos en los que hubo homicidio intencionado. Sin embargo, se documentaron 508 ejecuciones por delitos de drogas, lo que constituyó el 44% del total de ejecuciones a nivel mundial; se tuvo constancia de al menos 8 ejecuciones públicas en Afganistán e Irán y al menos 5 personas fueron ejecutadas por delitos que se habían cometido cuando eran menores de 18 años. Además, en varios países, incluidos Japón, Maldivas y Estados Unidos, se condenó a muerte a personas con discapacidad mental o intelectual.

Gran parte del incremento en el número de ejecuciones correspondió a Irán, país que ejecutó a al menos 853 personas, lo que representa un aumento del 48% respecto de las 576 de 2022. En este país, las autoridades intensificaron el uso de la pena de muerte para infundir temor y aumentar su control en la población. El número de ejecuciones de miembros de la minoría étnica baluchi de Irán, como se puede comprobar en nuestro informe. "Irán: urge acción internacional para detener la matanza masiva de manifestantes baluchis" fue desproporcionado, pues constituyó el 20% de las ejecuciones registradas, a pesar de que esta etnia representa alrededor del 5% de la población de Irán. Mientras tanto, en Arabia Saudí se ejecutó a 172 personas, lo que significó una ligera disminución en comparación con 2022.

Las cifras globales de condenas a muerte y ejecuciones registradas no incluyen las miles de personas que Amnistía Internacional cree que han sido condenadas a muerte y ejecutadas en China, ni la gran cantidad de ejecuciones que se cree que han tenido lugar en Corea del Norte y Vietnam. El secretismo y el acceso restringido a la información en el caso de estos tres países impidieron llevar a cabo un seguimiento riguroso de estas ejecuciones.

Los avances de años anteriores perdieron fuerza en Estados Unidos, donde las ejecuciones aumentaron en un 33%, pasando de 18 a 24. Pese al aumento, esta cifra siguió siendo de las más bajas de la serie histórica. Otros países donde se produjeron significativos aumentos fueron Bangladesh, donde las condenas a muerte registradas se incrementaron en un 47% en comparación con 2022; en Yemen, país en el que las ejecuciones conocidas casi se cuadruplicaron, pasando de 4 en 2022 a 15 en 2023 y en Somalia, donde las ejecuciones registradas se sextuplicaron con creces, pasando de 6 en 2022 a 38 en 2023. Por otra parte, las ejecuciones disminuyeron de forma significativa en Egipto, con un 67% menos de ejecuciones y afortunadamentepaíses como Bielorrusia, Japón, Myanmar y Sudán del Sur no registraron ejecuciones en 2023, a pesar de sí llevarlas a cabo el año anterior.

Además, Pakistán derogó la pena de muerte para delitos de drogas y Malasia abolió la pena de muerte preceptiva. Por su parte, las autoridades de Sri Lanka confirmaron que el presidente no tenía la intención de firmar órdenes de ejecución, lo que disminuyó la preocupación de que se reanudaran las ejecuciones. Además, durante 2023 se siguieron tramitando proyectos de ley para abolir la pena capital en Kenia, Liberia y Zimbabue. En Ghana, el Parlamento votó a favor de dos proyectos de ley que eliminaban la pena de muerte de la legislación vigente, aunque, al concluir 2023, aún no se habían convertido en ley.

Poco después de su creación, en 1961, Amnistía Internacional comenzó a actuar contra la pena de muerte. El abogado británico, Peter Benenson, publicó un llamamiento en el diario londinense The Observer en el que hacía referencia al uso de la pena de muerte contra presos de conciencia:

"Abran el periódico cualquier día de la semana y descubrirán que alguien, en alguna parte del mundo, ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus opiniones o su religión resultan inaceptables para el gobierno de su país".

Cuando Amnistía Internacional comenzó su campaña global contra la pena de muerte en 1977, la pena capital estaba abolida solo en 16 países. Al terminar 2023, 112 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 9 países la habían abolido para delitos comunes.

Amnistía Internacional sigue trabajando para poner fin a las ejecuciones y en favor de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y en toda circunstancia. La organización considera que es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.

Niega derechos humanos

Condenar a muerte a una persona supone negarle el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.

Es irreversible y se cometen errores

Ejecutar a una persona es definitivo e irrevocable y no se puede descartar nunca el riesgo de ejecutar a inocentes. En Estados Unidos, desde 1976, 150 condenados a muerte han sido absueltos. En algunos casos, la absolución llegó cuando ya habían sido ejecutados.

No disuade contra el crimen

Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Esta postura ha sido desacreditada en repetidas ocasiones. No hay pruebas que demuestren que es más eficaz que la cárcel a la hora de reducir el crimen.

Suele emplearse en sistemas de justicia sesgados

Algunos de los países que más personas ejecutan tienen sistemas judiciales profundamente injustos. Los tres países que más usan la pena capital (China, Irán y Arabia Saudí) lo hacen en circunstancias turbias y poco claras. Muchas condenas de muerte se basan en "confesiones" obtenidas mediante tortura.

Se aplica de forma discriminatoria

Si eres pobre o perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa tienes más probabilidades que el resto de personas de ser condenado a muerte, debido a la discriminación que existe en el sistema de justicia. Además, los colectivos pobres o marginados tienen más dificultades para acceder a los recursos legales que necesitan para defenderse.

Se usa como herramienta política

Las autoridades de algunos países usan la pena de muerte para castigar a los opositores políticos

Hay otros aspectos importantes relacionados con la pena de muerte que deben tenerse en cuenta. A continuación explicamos algunos de ellos:

Ejecución de menores de edad

La pena capital contra menores está prohibida en el derecho internacional pero todavía un reducido grupo de países la mantiene. La ejecución de estas personas constituye una vulneración del derecho internacional. La Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe terminantemente el uso de la pena de muerte por delitos cometidos por cualquier persona menor de 18 años.

Cuando se habla de menores, se entiende que no hayan cumplido 18 años en el momento de cometer presuntamente el delito. La edad real de la persona acusada es a menudo objeto de polémica si no existen pruebas claras que la confirmen, como un certificado de inscripción del nacimiento.

En 2023, al menos 5 personas fueron ejecutadas en Irán por delitos que se habían cometido cuando eran menores de edad, mientras que en las Maldivas y también en Irán, menores de edad seguían en el corredor de la muerte.

Falta de transparencia

En muchas ocasiones, la pena de muerte se aplica tras un telón de silencio. La falta de transparencia de varios países dificulta hacer una valoración completa del uso de la pena capital en el mundo. Países como China, Corea del Norte y Vietnam, siguen restringiendo el acceso a la información sobre la pena de muerte, ocultando así la realidad de su uso.

Muchos países no facilitan información oficial sobre el uso de esta pena, ni siquiera tras las peticiones expresas en este sentido realizadas por Amnistía Internacional. En algunos países, sólo se hace pública información incompleta y otros llevan a cabo ejecuciones sin anunciarlas antes ni avisar previamente a las familias o representantes legales de las personas ejecutadas.

Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en España datan de septiembre de 1975, cuando fueron fusilados Jon Paredes, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena. Con la Constitución de 1978 quedó abolida la pena de muerte, excepto en los casos que la legislación militar establecía en tiempo de guerra. El Código Penal Militar la preveía como pena máxima para casos de traición, rebelión militar, espionaje, sabotaje o crímenes de guerra.

En 1995, después de una larga campaña de Amnistía Internacional, de acciones de distintas organizaciones sociales y de iniciativas individuales, quedó totalmente abolida con el acuerdo final de todos los partidos políticos. La Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, que abolía la pena de muerte en tiempo de guerra, vino a completar la abolición y a convertirla en absoluta.

El 16 de diciembre de 2009 España ratificó el Protocolo 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que establece la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia.

Sin embargo, el artículo 15 de la Constitución sigue haciendo mención a la pena capital: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”.

Amnistía Internacional considera que la Constitución española debería eliminar la mención a la pena de muerte e incluso prohibir expresamente la aplicación de la misma.>

• Que los países que aún aplican la pena de muerte detengan de inmediato las ejecuciones.
   
• Que los países que han abandonado ya las ejecuciones eliminen definitivamente la pena de muerte de su legislación.
   
• Que todas las condenas a muerte se conmuten por penas de prisión.