Agentes de policía se reúnen para desalojar a los activistas durante una protesta contra la pena de muerte celebrada frente a la Corte Suprema de Estados Unidos 17 de enero de 2017 en Washington, DC. © BRENDAN SMIALOWSKI/AFP vía Getty Images
En 2021 tuvo lugar un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte, a raíz de que algunos de los verdugos más prolíficos del mundo volvieran a las andadas y los tribunales se liberaran de las restricciones relacionadas con la COVID-19.
Varios Estados aprovecharon que las restricciones, que con anterioridad habían retrasado los procesos judiciales, se levantaran para incrementar el número de condenas a muerte.
A pesar de la regresión en países como Irán o Arabia Saudí, el total de ejecuciones de 2021 representa la segunda cifra más baja que ha registrado Amnistía Internacional desde al menos 2010, lo que confirma que las ejecuciones son propias de tan solo una minoría de países.
“ MATAR INTENCIONADAMENTE A OTRA PERSONA ESTÁ MAL Y, COMO GOBERNADOR, NO VOY A SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE NADIE.
La evolución mundial de la pena de muerte en los últimos años confirma que el mundo avanza de forma continuada hacia su abolición. A pesar de países como Irán o Arabia Saudí, otros Estados nos dejaron buenas noticias en 2021. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde se constató la cifra más baja de ejecuciones desde 1988. Además, Virginia se convirtió en el vigésimo tercer estado abolicionista y el primero del sur en abolir la pena de muerte, mientras que, por tercer año consecutivo, Ohio reprogramó o suspendió todas las ejecuciones previstas. El nuevo gobierno de Estados Unidos también estableció en julio una moratoria temporal de las ejecuciones federales.
En Sierra Leona, el Parlamento aprobó en julio, por unanimidad, una ley que abolía la pena de muerte para todos los delitos, aunque todavía no ha entrado en vigor. En diciembre, Kazajistán aprobó una ley para abolir la pena de muerte para todos los delitos, que entró en vigor en enero de 2022. El gobierno de Papúa Nueva Guinea emprendió una consulta nacional sobre la pena de muerte, que se tradujo en la adopción de un proyecto de ley en enero de 2022, pendiente aún de entrar en vigor. A finales de año, el gobierno de Malasia anunció que presentaría reformas legislativas sobre la pena de muerte en el tercer trimestre de 2022. Y, en la República Centroafricana y Ghana, los legisladores iniciaron procesos legislativos para abolir la pena capital, que siguen en marcha. Otros países, como la Federación Rusa, Gambia, Kazajistán y Tayikistán siguieron aplicando moratorias oficiales de las ejecuciones.
En 2021 tuvo lugar un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte en alguno de los países que tradicionalmente más recurren a la pena capital. Al menos 579 personas fueron ejecutadas en todo el mundo, algo que supone un aumento del 20% respecto al total registrado en 2020.
También aumentaron las condenas a muerte. 56 países dictaron al menos 2.052 sentencias a muerte, un crecimiento del 40% respecto al año anterior, siendo preocupante el repunte en países como Bangladesh, India o Pakistán.
Además, en 2021, la pena de muerte se utilizó en varios países como instrumento de represión del Estado contra minorías y manifestantes, y los gobiernos mostraron un absoluto desprecio por las salvaguardias y restricciones a la pena capital establecidas en virtud de las normas y el derecho internacional de los derechos humanos. Ejemplos como Myanmar, donde alrededor de 90 personas fueron condenadas a muerte arbitrariamente, Egipto, donde las autoridades siguieron recurriendo a la tortura y a las ejecuciones masivas, a menudo tras juicios injustos ante tribunales de seguridad del Estado para el estado de excepción, o Irán, donde al menos el 19% de las ejecuciones registradas correspondían a miembros de la minoría étnica baluchi, que constituye apenas alrededor del 5% de la población de Irán, son signos muy preocupantes.
“El afán por poner a trabajar al verdugo de países como Arabia Saudí o Irán no parece que haya remitido en los primeros meses de 2022”
Gran parte del incremento en el número de ejecuciones correspondió a Irán, país que ejecutó al menos a 314 personas, su mayor número de ejecuciones desde 2017. Esto se debió, en parte, a un notable aumento de las ejecuciones relacionadas con las drogas, lo que supuso una flagrante violación del derecho internacional. Mientras tanto, en Arabia Saudí se duplicó con creces el número de ejecuciones, una sombría tendencia que continuó en los primeros meses de 2022 con la ejecución de 81 personas en un mismo día en el mes de marzo.
Las cifras globales de condenas a muerte y ejecuciones registradas no incluyen los miles de personas que Amnistía Internacional cree que han sido condenadas a muerte y ejecutadas en China, ni la gran cantidad de ejecuciones que se cree que han tenido lugar en Corea del Norte y Vietnam. El secretismo y el acceso restringido a la información en el caso de estos tres países impidieron llevar a cabo un seguimiento riguroso de estas ejecuciones.
Pero no solo los tradicionalmente grandes verdugos del mundo aumentaron las ejecuciones. Se produjeron otros aumentos significativos en Somalia, Sudán del Sur y Yemen. También llevaron a cabo ejecuciones Bielorrusia, Japón y Emiratos Árabes Unidos, pese a que en 2020 no habían llevado a cabo ninguna.
En comparación con 2020, se registró un aumento de las condenas a muerte en Egipto, Irak, Myanmar, República Democrática del Congo, Vietnam y Yemen.
“ los pocos países que mantienen la pena de muerte están sobre aviso: no solo podemos imaginar un mundo sin homicidios autorizados por el estado, sino que está al alcance de la mano y seguiremos luchando por él.
Poco después de su creación, en 1961, Amnistía Internacional comenzó a actuar contra la pena de muerte. El abogado británico, Peter Benenson, publicó un llamamiento en el diario londinense The Observer en el que hacía referencia al uso de la pena de muerte contra presos de conciencia:
"Abran el periódico cualquier día de la semana y descubrirán que alguien, en alguna parte del mundo, ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus opiniones o su religión resultan inaceptables para el gobierno de su país".
Cuando Amnistía Internacional comenzó su campaña global contra la pena de muerte en 1977, la pena capital estaba abolida solo en 16 países. Al terminar 2021, 108 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 países la habían abolido en la ley o en la práctica.
Amnistía Internacional sigue trabajando para poner fin a las ejecuciones y en favor de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y en toda circunstancia. La organización considera que es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales:el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.
Condenar a muerte a una persona supone negarle el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.
Ejecutar a una persona es definitivo e irrevocable y no se puede descartar nunca el riesgo de ejecutar a inocentes. En Estados Unidos, desde 1976, 150 condenados a muerte han sido absueltos. En algunos casos, la absolución llegó cuando ya habían sido ejecutados.
Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Esta postura ha sido desacreditada en repetidas ocasiones. No hay pruebas que demuestren que es más eficaz que la cárcel a la hora de reducir el crimen.
Algunos de los países que más personas ejecutan tienen sistemas judiciales profundamente injustos. Los tres países que más usan la pena capital (China, Irán y Arabia Saudí) lo hacen en circunstancias turbias y poco claras. Muchas condenas de muerte se basan en "confesiones" obtenidas mediante tortura.
Si eres pobre o perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa tienes más probabilidades que el resto de personas de ser condenado a muerte, debido a la discriminación que existe en el sistema de justicia. Además, los colectivos pobres o marginados tienen más dificultades para acceder a los recursos legales que necesitan para defenderse.
Las autoridades de algunos países usan la pena de muerte para castigar a los opositores políticos
“El descenso de las ejecuciones demuestra que, incluso los países más insospechados, están empezando a darse cuenta de que la pena de muerte no es la solución.”
Hay otros aspectos importantes relacionados con la pena de muerte que deben tenerse en cuenta. A continuación explicamos algunos de ellos:
La pena capital contra menores está prohibida en el derecho internacional pero todavía un reducido grupo de países la mantiene. La ejecución de estas personas constituye una vulneración del derecho internacional. La Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe terminantemente el uso de la pena de muerte por delitos cometidos por cualquier persona menor de 18 años.
Cuando se habla de menores, se entiende que no hayan cumplido 18 años en el momento de cometer presuntamente el delito. La edad real de la persona acusada es a menudo objeto de polémica si no existen pruebas claras que la confirmen, como un certificado de inscripción del nacimiento.
En 2021, cuatro personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años en Irán y Yemen, y en Maldivas, Myanmar o Irán, por ejemplo, menores de edad seguían en el corredor de la muerte.
En muchas ocasiones, la pena de muerte se aplica tras un telón de silencio. La falta de transparencia de varios países dificulta hacer una valoración completa del uso de la pena capital en el mundo. Países como China, Corea del Norte y Vietnam, siguen restringiendo el acceso a la información sobre la pena de muerte, ocultando así la realidad de su uso.
Muchos países no facilitan información oficial sobre el uso de esta pena, ni siquiera tras las peticiones expresas en este sentido realizadas por Amnistía Internacional. En algunos países, sólo se hace pública información incompleta y otros llevan a cabo ejecuciones sin anunciarlas antes ni avisar previamente a las familias o representantes legales de las personas ejecutadas.
No cabe duda de que la pena de muerte no solo afecta a los hombres. Si bien la mayoría de las personas que enfrentan penas de ejecución son hombres y las mujeres tan sólo representan una pequeña parte de las personas condenadas a muerte del mundo, la realidad es que suelen ser víctimas indirectas por la ejecución de un miembro masculino de la familia, debiendo hacerse cargo de mayores responsabilidades sobre el bienestar del resto de la familia, tanto durante el duelo como en cuanto al sustento familiar.
De las 579 personas que se sabe que fueron ejecutadas en 2021, 24 eran mujeres, a las que Arabia Saudí, Egipto, Estados Unidos e Irán mataron en nombre de la justicia. Se sabe que entre las personas condenadas a muerte en 2021 había 10 mujeres en países como Bangladesh, Guyana, Indonesia, Malasia, Pakistán y República Democrática del Congo. Sin embargo, aquí no se incluyen otros, como Irán y Arabia Saudí, por lo que es probable que esta cifra sea más alta.
Amnistía Internacional ha documentado cómo, en numerosos casos, se niega justicia a mujeres condenadas a muerte que, antes del delito por el que fueron condenadas, sufrieron de manera prolongada violencia y abusos tanto físicos como sexuales, que, a su vez, dieron lugar al delito en cuestión. Al condenar a estas mujeres a muerte, los sistemas de justicia del mundo no sólo perpetúan un castigo aberrante y cruel, sino que también hacen pagar a las mujeres la falta de medidas de las autoridades para combatir la discriminación. Además, los casos que conocemos no son más que la punta del iceberg, dada la ausencia de transparencia existente sobre el empleo de la pena de muerte.
En algunos países, como Ghana, la pena de muerte preceptiva para ciertos delitos, como el de asesinato, ha impedido a algunas mujeres alegar experiencias de violencia de género y discriminación como factores atenuantes de la condena. En Malasia, la mayoría abrumadora de las mujeres condenadas a muerte —y sobre todo, las extranjeras— han sido declaradas culpables de tráfico de drogas, delito castigado, de manera preceptiva, con la pena capital.
“Muchas mujeres han sido declaradas culpables y condenadas a muerte en juicios muy deficientes e injustos que, a menudo, incumplen el debido proceso y no tienen en consideración factores atenuantes, como son los abusos, los actos de violencia y las agresiones sexuales de manera continuada”, Rajat Khosla, director general de Investigación, Incidencia y Política de Amnistía Internacional.
“Le debo la vida a Amnistía Internacional. Ahora dedico mi vida a luchar contra la pena de muerte.”
Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en España datan de septiembre de 1975, cuando fueron fusilados Jon Paredes, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena. Con la Constitución de 1978 quedó abolida la pena de muerte, excepto en los casos que la legislación militar establecía en tiempo de guerra. El Código Penal Militar la preveía como pena máxima para casos de traición, rebelión militar, espionaje, sabotaje o crímenes de guerra.
En 1995, después de una larga campaña de Amnistía Internacional, de acciones de distintas organizaciones sociales y de iniciativas individuales, quedó totalmente abolida con el acuerdo final de todos los partidos políticos. La Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, que abolía la pena de muerte en tiempo de guerra, vino a completar la abolición y a convertirla en absoluta.
El 16 de diciembre de 2009 España ratificó el Protocolo 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que establece la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia.
Sin embargo, el artículo 15 de la Constitución sigue haciendo mención a la pena capital: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”.
Amnistía Internacional considera que la Constitución española debería eliminar la mención a la pena de muerte e incluso prohibir expresamente la aplicación de la misma.
“Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en España datan de septiembre de 1975 cuando fueron fusilados Jon Paredes, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena”
Durante el año 2020, Pablo Ibar, quien permaneció 16 años en el corredor de la muerte de la penitenciaría de Starke, hasta que el 4 de febrero de 2016 el Tribunal Supremo de Florida, en Estados Unidos, tras largos años de sucesivas apelaciones, se pronunció a favor de anular su condena a muerte y repetir el juicio, en el que finalmente fue condenado a cadena perpetua, tanto él como su defensa, siguieron con el recurso de dicha sentencia. Puedes encontrar más información en la Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo”.
En agosto de 2020, el rey de Tailandia conmutó la pena capital al español Artur Segarra por la cadena perpetua, en el marco del perdón real otorgado con motivo del 68 cumpleaños del rey Vajiralongkorn. Este indulto abre la puerta a que Artur Segarra pueda iniciar la solicitud de traslado a una cárcel española una vez cumpla al menos ocho años de encarcelamiento.
Otro ciudadano con nacionalidad española, Ahmed el Saadany Ghaly, quien ha vivido alrededor de 20 años en España, permanece condenado a muerte en Egipto.
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Las autoridades iraníes han ejecutado a cuatro manifestantes tras juicios falsos e injustos. Irán está utilizando la pena de muerte para sembrar el miedo y vengarse de quienes se oponen al sistema: se podrían producir más ejecuciones en cualquier momento. Ayúdanos a evitarlo. Únete hoy para ser la voz del cambio y defender los derechos humanos en Irán.
