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© REUTERS/Stephen Lam. El recluso Sean Vines es visto dentro de su celda en el Bloque Este de la prisión estatal de San Quintín, California, 29 de diciembre de 2015

Pena de muerte

La pena de muerte sigue en retroceso... salvo en algunos países, que siguen ejecutando a centenares de personas

El año 2019 vio como el impulso hacia la abolición mundial de este castigo cruel, inhumano y degradante sigue su curso a pesar de que algunos países van en contra de esta tendencia.

En comparación con 2018, las ejecuciones confirmadas disminuyeron un 5%, hasta descender a la cifra de 657 ejecuciones repartidas en 20 países, la más baja registrada en al menos una década.

Cuando Amnistía Internacional comenzó su campaña global contra la pena de muerte en 1977, la pena capital estaba abolida solo en 16 países. Al terminar 2019, 106 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 142 países la habían abolido en la ley o en la práctica.

Buenas noticias: cada vez menos países

Aunque ningún país abolió la pena de muerte en 2019, se tuvo constancia de algunas señales positivas que indican que el deseo de mantener esta pena disminuye entre los países que aún no la han abolido. En Estados Unidos, New Hampshire se convirtió en el vigesimoprimer estado que abolía la pena capital para todos los delitos y el gobernador de California —el estado del país con la mayor población de personas condenadas a muerte— decretó una moratoria de las ejecuciones.

Otros países, como Kazajistán, la Federación Rusa, Tayikistán, Malasia y Gambia continuaron aplicando sendas moratorias de las ejecuciones. Barbados eliminó la pena capital preceptiva de su Constitución, y hubo medidas o declaraciones positivas que podrían propiciar en breve la abolición en Gambia, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Kenia, la República Centroafricana y Zimbabue.

Además, se dieron conmutaciones o indultos de la pena de muerte en 24 países: Bangladesh, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Gambia, Ghana, Guyana, India, Indonesia, Irak, Kuwait, Malasia, Marruecos y el Sáhara Occidental, Mauritania, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Singapur, Sudán, Tailandia, Zambia y Zimbabue.

Por primera vez desde 2011, disminuyó el número de países que llevaron a cabo ejecuciones en la región de Asia y Oceanía. Por primera vez desde 2010 no se llevaron a cabo ejecuciones en Afganistán y en países como Taiwán y Tailandia no se llevaron a cabo ejecuciones, al contrario que en 2018.

Pero aún no hemos logrado hacer desaparecer la pena de muerte

No cabe duda que nuestro objetivo final, el de ver un mundo libre de la pena de muerte, cada vez está más cerca. Sin embargo, queda trabajo por hacer. En 2019 varios países desafiaron la tendencia mundial hacia la reducción de la pena capital y recurrieron cada vez más a las ejecuciones.

En 2019, algunos países, como Bahréin y Bangladesh reanudaron las ejecuciones y en 56 países se registraron, al menos, 2.307 condenas a muerte. Cifras que no incluyen las condenas a muerte impuestas en Malasia, Nigeria y SriLanka, países que en años anteriores habían comunicado cifras oficiales elevadas al respecto.

Al finalizar 2019 había al menos 26.604 personas en corredores de la muerte de todo el mundo. 26.604 personas que pueden perder la vida mediante los siguientes métodos: decapitación, electrocución, ahorcamiento, inyección letal y fusilamiento.

La pena de muerte por países

Sólo 20 países son responsables de todas las ejecuciones conocidas que se llevaron a cabo en el mundo. Países como China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Egipto continúan liderando esta terrorífica lista. China sigue, año tras año, siendo el mayor ejecutor mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar clasificados los datos relacionados con ella como secreto de Estado; la cifra oficial de, al menos, 657 ejecuciones no incluye las miles de ejecuciones que, presumiblemente, tuvieron lugar en el país asiático. Excluyendo a China, el 86% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, Egipto, Irak e Irán.

Irán es el segundo país, sólo superado por China, que más utilizó la pena de muerte. En 2019 ejecutó al menos a 251 personas; cuatro de ellas menores de 18 años en el momento en que se cometió el delito. Sin embargo, la falta de transparencia hace que resulte difícil confirmar el número real de ejecuciones, que podría ser mucho mayor.

Arabia Saudí ejecutó a un número sin precedentes de personas en 2019. Al menos 184 personas fueron ejecutadas, el mayor número de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional en un solo país en un año. La mayoría de las ejecuciones se llevaron a cabo por delitos relacionados con las drogas y por asesinatos, pero además, creció el empleo de la pena capital como arma política contra la disidencia de la minoría musulmana chií en Arabia Saudí. Además, en abril fueron ejecutadas 37 personas, condenadas por “terrorismo” tras juicios que se basaron en confesiones obtenidas bajo tortura.

En Irak, casi se duplicó el número de personas ejecutadas, de al menos 52 en 2018 a, al menos, 100 en 2019, debido en gran medida a que la pena capital se siguió usando contra personas acusadas de pertenecer al “Estado Islámico”.

Egipto impuso el 62% de las condenas a muerte confirmadas en el Norte de África y Oriente Medio. 32 personas fueron ejecutadas y 435 condenadas a muerte. Las ejecuciones registradas se llevaron a cabo por  asesinato, y las condenas a muerte se impusieron por asesinato, delitos relacionados con el terrorismo, violación, atentado contra el presidente, intento de asesinato e incitación a la violencia.

DATOS Y CIFRAS

142

Países, más de dos tercios del mundo, han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.

11

Personas fueron exoneradas en dos países: Estados Unidos y Zambia

24

Países conmutaron o indultaron a personas condenadas a muerte.

26.604

Personas permanecen condenadas a muerte en todo el mundo.

¿Qué hace Amnistía Internacional contra la pena de muerte?

Poco después de su creación, en 1961, Amnistía Internacional comenzó a actuar contra la pena de muerte. El abogado británico, Peter Benenson, publicó un llamamiento en el diario londinense The Observer en el que hacía referencia al uso de la pena de muerte contra presos de conciencia:

"Abran el periódico cualquier día de la semana y descubrirán que alguien, en alguna parte del mundo, ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus opiniones o su religión resultan inaceptables para el gobierno de su país".

Amnistía Internacional sigue trabajando para poner fin a las ejecuciones y en favor de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y en toda circunstancia. La organización considera que es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.

SALVA LA VIDA DE YAHAYA

Yahaya Sharif-Aminu tiene 22 años. Vive en el estado de Kano, en Nigeria. Su vida es la música y precisamente la música le ha condenado a muerte. En febrero compuso una canción y la compartió a través de WhatsApp. Ahora esa canción lo ha llevado a prisión y podría llevarlo a la horca porque supuestamente, contiene comentarios despectivos sobre el profeta Mahoma.

¡SALVA SU VIDA!

Argumentos contra la pena de muerte

Niega derechos humanos. Condenar a muerte a una persona supone negarle el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.

Es irreversible y se cometen errores. Ejecutar a una persona es definitivo e irrevocable y no se puede descartar nunca el riesgo de ejecutar a inocentes. En Estados Unidos, desde 1976, 150 condenados a muerte han sido absueltos. En algunos casos, la absolución llegó cuando ya habían sido ejecutados.

No disuade contra el crimen. Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Esta postura ha sido desacreditada en repetidas ocasiones. No hay pruebas que demuestren que es más eficaz que la cárcel a la hora de reducir el crimen.

Suele emplearse en sistemas de justicia sesgados. Algunos de los países que más personas ejecutan tienen sistemas judiciales profundamente injustos. Los tres países que más usan la pena capital (China, Irán y Arabia Saudí) lo hacen en circunstancias turbias y poco claras. Muchas condenas de muerte se basan en "confesiones" obtenidas mediante tortura.

Se aplica de forma discriminatoria. Si eres pobre o perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa tienes más probabilidades que el resto de personas de ser condenado a muerte, debido a la discriminación que existe en el sistema de justicia. Además, los colectivos pobres o marginados tienen más dificultades para acceder a los recursos legales que necesitan para defenderse.

Se usa como herramienta política. Las autoridades de algunos países usan la pena de muerte para castigar a los opositores políticos.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2019

Este informe trata sobre la aplicación judicial de la pena de muerte durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019. Como en años anteriores, la información se ha recabado de diversas fuentes, entre ellas, las cifras oficiales disponibles, las sentencias dictadas, información de personas condenadas a muerte y sus familias y representantes, informes de otras organizaciones de la sociedad civil e informaciones de los medios de comunicación. © AP Photo/Kiichiro Sato, File

¡Lee el informe!

Más información sobre la pena de muerte

Ejecución de menores de edad

La pena capital contra menores está prohibida en el derecho internacional pero todavía un reducido grupo de países la mantiene. La ejecución de estas personas constituye una vulneración del derecho internacional. La Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe terminantemente el uso de la pena de muerte por delitos cometidos por cualquier persona menor de 18 años.

Cuando se habla de menores, se entiende que no hayan cumplido 18 años en el momento de cometer presuntamente el delito. La edad real de la persona acusada es a menudo objeto de polémica si no existen pruebas claras que la confirmen, como un certificado de inscripción del nacimiento.

Al menos 6 personas —4 en Irán, 1 en ArabiaSaudí y 1 en Sudán del Sur– fueron ejecutadas en 2019 por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años y en ArabiaSaudí, Irán, Maldivas, Pakistán y Sudán del Sur hay menores en el corredor de la muerte.

Falta de transparencia

En muchas ocasiones, la pena de muerte se aplica tras un telón de silencio. La falta de transparencia de varios países dificulta hacer una valoración completa del uso de la pena capital en el mundo. Los principales países que llevan a cabo ejecuciones, como China, Corea del Norte y Vietnam, siguen restringiendo el acceso a la información sobre la pena de muerte, ocultando así todo el alcance de su uso.

Muchos países no facilitan información oficial sobre el uso de esta pena, ni siquiera tras las peticiones expresas en este sentido realizadas por Amnistía Internacional. En algunos países, sólo se hace pública información incompleta; por ejemplo, los datos parciales facilitados públicamente por las autoridades de Vietnam sobre ejecuciones indicaban un número similar al de 2018, pero, al ser cifras fragmentarias, fue difícil hacer una evaluación integral del uso de la pena de muerte. Además, algunos países llevaron a cabo ejecuciones sin anunciarlas antes ni avisar previamente a las familias o representantes legales de las personas ejecutadas.

Cuestión de género

No cabe duda que la pena de muerte afecta no solo a hombres. Si bien la mayoría de las personas que enfrentan penas de ejecución son hombres y las mujeres tan sólo representan una pequeña parte de las personas condenadas a muerte del mundo, la realidad es que suelen ser víctimas indirectas por la ejecución de un miembro masculino de la familia, debiendo hacerse cargo de mayores responsabilidades sobre el bienestar del resto de la familia, tanto durante el duelo como en cuanto al sustento familiar.

En Irán, donde el Código Penal Islámico sigue estipulando la lapidación como método de ejecución, no se tuvo constancia de que se llegara a aplicar durante 2019. Sin embargo, 15 mujeres fueron ejecutadas, 10 más que en 2018. En ArabiaSaudí fueron 6 las mujeres ejecutadas y en Tailandia al menos 56 mujeres fueron condenadas a muerte. De ellas, 49 de ellas tailandesas y tres de otras nacionalidades, eran condenas en firme.

España y la pena de muerte

Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en España datan de septiembre de 1975, cuando fueron fusilados Jon Paredes, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena. Con la Constitución de 1978 quedó abolida la pena de muerte, excepto en los casos que la legislación militar establecía en tiempo de guerra. El Código Penal Militar la preveía como pena máxima para casos de traición, rebelión militar, espionaje, sabotaje o crímenes de guerra.

En 1995, después de una larga campaña de Amnistía Internacional, de acciones de distintas organizaciones sociales y de iniciativas individuales, quedó totalmente abolida con el acuerdo final de todos los partidos políticos. La Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, que abolía la pena de muerte en tiempo de guerra, vino a completar la abolición y a convertirla en absoluta.

El 16 de diciembre de 2009 España ratificó el Protocolo 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que establece la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia.

Sin embargo, el Artículo 15 de la Constitución sigue haciendo mención a la pena capital: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”.

Amnistía Internacional considera que la Constitución española debería eliminar la mención a la pena de muerte e incluso prohibir expresamente la aplicación de la misma.

Españoles en el corredor de la muerte de otros países

El año 2019 vio como uno de los ciudadanos españoles condenados a muerte en el mundo salía definitivamente del corredor de la muerte. Pablo Ibar, quien permaneció 16 años en el corredor de la muerte de la penitenciaría de Starke, hasta que el 4 de febrero de 2016 el Tribunal Supremo de Florida, en Estados Unidos, tras largos años de sucesivas apelaciones, se pronunció a favor de anular su condena a muerte y repetir el juicio, ya que consideró que había tenido una defensa letrada ineficaz, y que había sido hallado culpable y condenado a muerte con pruebas “escasas” y “débiles”. Tras la repetición del juicio, el 20 de enero de 2019, Pablo Ibar fue declarado culpable y el 22 de mayo el jurado, tras escuchar los argumentos a favor y en contra de fiscalía y defensa, comunicó al juez Bailey la sentencia: cadena perpetua, sentencia que ha sido recurrida por la defensa de Ibar, que ha seguido declarándose inocente durante más de dos décadas. Puedes encontrar más información en la Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo”.

En noviembre de 2019, el Tribunal Supremo de Tailandia rechazó la última apelación del español Artur Segarra, y ratificó la pena porque consideró que las evidencias presentadas por la policía son suficientes para demostrar su culpabilidad. La única opción de que Segarra evite la pena de muerte es que la casa real de Tailandia le conceda un perdón real. De recibirlo, Segarra podría conmutar la pena capital con la cadena perpetua. En ese supuesto existe también la posibilidad de que el acusado pudiera solicitar su extradición a una cárcel española después de cumplir ocho años de condena en el país asiático.

Otros ciudadanos con nacionalidad española, como Ahmed el Saadany Ghaly, quien ha vivido alrededor de 20 años en España, y VíctorParada, quien teniendo nacionalidad boliviana, vivió en Alicante de 2002 a 2009 y cuya madre y hermanas residen en España y tienen doble nacionalidad española y boliviana, permanecen condenados a muerte en Egipto y Malasia, respectivamente.

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE:

– Que los países que aún aplican la pena de muerte detengan de inmediato las ejecuciones.

– Que los países que han abandonado ya las ejecuciones eliminen definitivamente la pena de muerte de su legislación.

– Que todas las condenas a muerte se conmuten por penas de prisión.

© AP Photo/Dita Alangkara
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