Derecho a la alimentación
Todas las personas tienen derecho a acceder a una alimentación saludable, pero entre 691 y 783 millones de personas padecieron hambre en 2022 según la FAO (la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
Derecho a la educación
Sean de la etnia, religión o nacionalidad que sean, los y las menores tienen derecho a la educación. Sin embargo, unos 262 millones de niños y adolescentes de todo el mundo, 1 de cada 5, no pueden ir a la escuela o completar su formación, debido a la pobreza, la discriminación, los conflictos, el desplazamiento, el cambio climático o la falta de infraestructuras y personal docente, según datos de UNICEF.
Un símbolo es Malala Yousafzai, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2014 y defensora del derecho a la educación de niños y niñas. En nuestro reportaje te contamos su historia y su lucha por el derecho a la educación, que casi le costó la vida.
Derecho a la salud
Todos y todas tenemos derecho a vivir en un medio ambiente saludable y a recibir atención médica de calidad en condiciones de igualdad. Nuestros informes “La receta equivocada”, “La década perdida” y “La otra pandemia” han denunciado cómo, al debilitar los sistemas de salud, España ha desoído durante 12 años las recomendaciones internacionales, en especial en el caso de la atención primaria.
Desde Amnistía Internacional lanzamos nuestra campaña: Defiende la sanidad pública en España: invertir es vivir. Consulta nuestro último análisis de gasto sanitario y, si aún no lo has hecho, únete a nuestra petición respaldada ya por más de 400.000 personas.
Derecho a la vivienda
La vivienda debería ser accesible a todas las personas que, además, deberían tener cierta seguridad de tenencia que las proteja de desalojos forzados, hostigamiento y otras amenazas. En España, hay una crisis de la vivienda.
En mayo de 2023 entró en vigor la primera Ley estatal de Vivienda en democracia. Fue un paso adelante, pero con evidentes lagunas también. Incluye, entre otras, medidas de control del incremento de precios de alquiler, promueve más vivienda social e incrementa la protección de personas vulnerables en los procesos de desalojo. Pero la aplicación de una parte importante de las medidas es incierta pues la ley no incluye un sistema de inspección que asegure su cumplimiento ni tampoco un régimen sancionador en el caso de que no se cumpla. Hay más detalles, pero te los contamos aquí.