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Georgia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

La persistente impunidad por abusos contra los derechos humanos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley subrayaba la necesidad de contar con un mecanismo de investigación independiente. La disputa jurídica sobre un canal de televisión afín a la oposición hizo temer por la independencia judicial y la libertad de los medios de comunicación. El vallado de la frontera de facto entre las regiones escindidas de Abjasia y Osetia del Sur continuó afectando negativamente a los derechos económicos y sociales de la población local.

El Parlamento, con mayoría del partido gobernante, Sueño Georgiano, aprobó en octubre una nueva Constitución que aplazaba hasta 2024 la introducción de un sistema electoral plenamente proporcional, como llevaba solicitando largo tiempo la oposición, y garantizaba que, a partir de ese año, los votos obtenidos por partidos políticos que no alcanzaran el umbral electoral serían asignados al partido ganador. Con arreglo a las nuevas normas, los bloques electorales dejarán de estar permitidos desde 2020 y el presidente ya no será elegido por votación popular directa después de 2018.

En diciembre, el Parlamento comenzó el proceso para volver a modificar la Constitución con el fin de incorporar algunas de las demandas de la oposición que se habían visto excluidas de la nueva Constitución.

Los movimientos de ultraderecha organizaron marchas xenófobas y homófobas en la capital, Tiflis.

La moneda nacional, el lari, siguió devaluándose, lo que afectó negativamente al nivel de vida.

Tras la adopción por el gobierno de varias reformas institucionales y legislativas fundamentales que la UE había exigido como requisito previo, los nacionales georgianos pudieron viajar sin visado a la zona Schengen desde febrero.

Persistía la impunidad por abusos contra los derechos humanos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, mientras el gobierno seguía prometiendo, sin cumplirlo, establecer un mecanismo de investigación independiente. En junio, en lugar de este mecanismo, el gobierno propuso crear un nuevo departamento dentro de la Fiscalía encargado de investigar presuntos abusos cometidos por dichos funcionarios.

En junio, dos miembros del grupo de música rap Birja Mafia fueron detenidos por presunta posesión de drogas, y estallaron manifestaciones en su apoyo. Los músicos detenidos afirmaron que la policía les había colocado drogas para incriminarlos en venganza por un vídeo satírico sobre un agente de policía publicado en YouTube, y mencionaron amenazas anteriores de la policía exigiéndoles que retiraran el vídeo. Como resultado de lasprotestas, los detenidos salieron en libertad bajo fianza en espera de juicio. Se abrió una investigación sobre las denuncias de los músicos por abusos policiales, que al terminar el año seguía tramitándose.

En junio, el tribunal de primera instancia de Kutaisi absolvió a un agente de policía acusado de “abuso del cargo oficial”. La presunta víctima, Demur Sturua, de 22 años y residente en Dapnari, en el oeste de Georgia, se había suicidado el 8 de agosto de 2016. Entre las pruebas de la acusación había una nota de Demur Sturua en la que culpaba de su suicidio al agente, una autopsia que constataba señales de malos tratos, imágenes de vídeo en las que se veía al agente recogiendo con su vehículo a Demur Sturua el mismo día de su suicidio y registros de llamadas telefónicas. Las ONG criticaron la decisión del tribunal y afirmaron que carecía de fundamento a la luz de las pruebas; la acusación la recurrió.

El 29 de mayo, Afghan Mukhtarli, periodista de investigación azerbaiyano exiliado en Georgia, desapareció en Tiflis y reapareció al día siguiente en Azerbaiyán bajo custodia oficial, acusado falsamente de cruce ilegal de la frontera y contrabando de dinero. Según contó a su abogado, unos hombres que hablaban georgiano —algunos con uniforme de la policía criminal georgiana— lo habían secuestrado y lo habían pasado ilegalmente a través de la frontera. Las autoridades negaron la implicación de fuerzas georgianas y abrieron una investigación sobre las denuncias de Afghan Mukhtarli. No se tuvo conocimiento de que la investigación hubiera dado resultados significativos; al final del año, Mukhtarli continuaba detenido en Azerbaiyán.

Continuó el litigio sobre la propiedad de Rustavi 2, una cadena de televisión afín a la oposición. El 2 de marzo, el Tribunal Supremo ordenó restituir la propiedad de Rustavi 2 a sus anteriores copropietarios —cuya afinidad al gobierno era conocida— y confirmó así las resoluciones anteriores del tribunal de primera instancia y el de apelación. Las ONG locales expresaron su preocupación por la posible injerencia del gobierno en el proceso judicial y calificaron el juicio de injusto. En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió que, hasta que hubiera examinado el caso, la ejecución de la resolución del Tribunal Supremo quedara en suspenso.

Las fuerzas rusas y las autoridades de facto en las regiones escindidas de Abjasia y Osetia del Sur continuaron imponiendo restricciones de circulación en toda la frontera de facto y sometiendo a decenas de personas a detenciones breves y multas por cruzar “ilegalmente” la frontera. La prolongación del vallado a lo largo de las líneas fronterizas administrativas continuó afectando negativamente los derechos de la población local —entre ellos el derecho al trabajo, a la alimentación y a un nivel de vida adecuado— debido a la pérdida de acceso a sus huertos y tierras de labranza y pastoreo.

La nueva Constitución restringía la definición de matrimonio, de “unión voluntaria basada en la igualdad de los cónyuges” a “unión entre un hombre y una mujer”. Las parejas del mismo sexo no estaban legalmente reconocidas.

El 25 de agosto, la policía detuvo a dos activistas LGBTI tras un episodio violento en un club nocturno de Batumi, la segunda ciudaddel país. Los activistas preguntaron por qué habían sido detenidos y acusados de “alteración del orden público” ellos, las víctimas de la violencia, y no sus agresores, y denunciaron que la policía los había golpeado e insultado. Se abrió una investigación sobre su denuncia, que continuaba en curso al final del año.

El 24 de mayo, Mustafa Çabuk, ciudadano turco residente en Georgia desde 2002, fue detenido en virtud de una solicitud de extradición presentada por Turquía en la que se lo acusaba de “apoyar el terrorismo” y estar vinculado al movimiento Fethullah Gülen. Mustafa Çabuk corría un peligro real de sufrir tortura y otros malos tratos si era devuelto a Turquía. Su solicitud de que se le concediera la condición de refugiado en Georgia fue denegada, decisión que recurrió. Al final del año, Mustafa Çabuk continuaba privado de libertad en espera de su extradición.

Durante el año se denunciaron más de una docena de accidentes laborales con resultado de muerte, sobre todo de mineros y obreros de la construcción. Continuaba existiendo la necesidad de contar con normas laborales más estrictas y de hacer que fueran supervisadas de forma efectiva por una autoridad reguladora independiente.

Georgia
Jefe del Estado: Giorgi Margvelashvili
Jefe del gobierno: Giorgi Kvirikashvili