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Georgia

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Las normas de seguridad en el trabajo no se aplicaban de manera efectiva, lo que causó elevados índices de lesiones y muertes en el lugar de trabajo e impulsó el refuerzo de la legislación sobre derechos laborales. Se modificaron las normas electorales para garantizar una mayor representación de las mujeres en el Parlamento. Las autoridades continuaron haciendo un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra quienes se manifestaban de forma mayoritariamente pacífica. Persistía la preocupación por los procesamientos de motivación política. Rusia y los territorios escindidos de Abjasia y Osetia del Sur/Región de Tsjinvali continuaron restringiendo la libertad de circulación con el resto de Georgia. En Osetia del Sur/Región de Tsjinvali estallaron protestas generalizadas a causa de nuevas denuncias de tortura y una muerte relacionada con ésta.

Información general

En marzo se declaró el estado de excepción para responder a la pandemia de COVID-19; incluía medidas de confinamiento parcial y restricciones de los viajes nacionales e internacionales, entre otras. La prohibición a nivel nacional de las reuniones públicas estuvo en vigor hasta finales de abril. Las medidas restrictivas se levantaron en junio, aunque se mantuvieron las normas de distanciamiento físico.

Miles de personas se vieron afectadas por medidas restrictivas asociadas a la COVID-19 que repercutieron negativamente en la economía y dieron lugar a un aumento del desempleo y al cierre de numerosos negocios. El plan del gobierno contra la crisis de la COVID-19, anunciado en abril, introdujo medidas para apoyar a los grupos más vulnerables económicamente, incluidas las personas sin empleo, las familias con menos ingresos, las personas con discapacidad y los pensionistas. También sufragó las facturas de agua, gas y electricidad de algunos consumidores domésticos. Pese a estas medidas, los efectos negativos de la pandemia continuaron siendo enormes, y un número cada vez mayor de personas estaba en riesgo de pobreza.

Tras las batallas políticas y las protestas de 2019, en marzo se alcanzó un acuerdo de reforma del sistema electoral que introducía un cambio en el sistema mixto (proporcional-mayoritario) y un umbral electoral más bajo para los partidos. Las elecciones parlamentarias de octubre dieron al partido gobernante, Sueño Georgiano, la nueva mayoría necesaria para formar gobierno. Los partidos políticos de oposición no reconocieron el resultado de las elecciones y alegaron fraude electoral; la mayoría de ellos rechazaron asumir sus mandatos parlamentarios.

Los territorios escindidos de Abjasia y Osetia del Sur/Región de Tsjinvali continuaron bajo ocupación y control general de Rusia, y sus autoridades de facto siguieron negando el acceso a observadores internacionales.

Rendición de cuentas de las empresas

Durante el año se denunciaron decenas de accidentes mortales (especialmente de mineros y trabajadores de la construcción), en un contexto de inadecuada vigilancia y aplicación de las normas de salud y seguridad en los lugares de trabajo.

En octubre, a pesar de la persistente oposición de algunos grupos empresariales, el Parlamento aprobó unas modificaciones del Código de Trabajo que reforzaban los derechos laborales y adecuaban más la legislación nacional a las normas y el derecho internacional de los derechos humanos. Dichas modificaciones fortalecían la independencia institucional del Ministerio de Trabajo y ampliaban su mandato a la inspección de las normas laborales más allá de la seguridad en el trabajo. Asimismo, regulaban las horas de trabajo, las horas extras, el trabajo nocturno, el descanso semanal obligatorio, las pasantías y las pausas en el trabajo.

Discriminación

Persistía la discriminación de género. El Índice Global de la Brecha de Género 2020 del Foro Económico Mundial situó a Georgia en el puesto 74 de 153 países, y señaló que las mujeres estaban cerca de la paridad en cuanto a nivel educativo y salud y supervivencia, pero que había una brecha significativa en materia de participación y oportunidad económica, y una profunda disparidad en lo referente al empoderamiento político.

Tras años de campaña por parte de grupos de defensa de los derechos de las mujeres, en julio el Parlamento introdujo cuotas de género electorales para incrementar la representación de las mujeres en el órgano legislativo. Eso requería que todos los partidos políticos garantizaran que al menos una cuarta parte de sus representantes en el Parlamento elegidos mediante el sistema proporcional fueran mujeres, lo que en las elecciones parlamentarias de octubre se tradujo en la elección de al menos 30 mujeres de un total de 150 representantes.

Libertad de reunión

El 8 de noviembre, la policía empleó cañones de agua de manera desproporcionada e indiscriminada contra manifestantes afines a la oposición mayoritariamente pacíficos, después de que varias personas trataran de entrar en el edificio de la Comisión Electoral Central. Los manifestantes protestaban contra el presunto fraude en las elecciones parlamentarias.

Juicios injustos

Algunas organizaciones de la sociedad civil continuaron expresando preocupación por los procesamientos de motivación política.

En octubre, dos cartógrafos que habían estado trabajando en la delimitación de la frontera entre Georgia y Azerbaiyán fueron detenidos y acusados de violar la integridad territorial del país. La Fiscalía alegó que habían utilizado un mapa erróneo y habían puesto a Georgia en peligro de entregar parte de su territorio a Azerbaiyán. Algunos grupos locales de la sociedad civil afirmaban que los cargos eran falsos y que su objetivo era causar daño político a la oposición, que durante las negociaciones sobre la delimitación estaba en el poder.

Libertad de circulación

En noviembre, las autoridades de facto de Abjasia abrieron un paso fronterizo con el resto de Georgia para los pensionistas de Abjasia que tenían nacionalidad georgiana y recibían su pensión en territorios controlados por Georgia. Sin embargo, las fuerzas rusas y las autoridades de facto de Abjasia y Osetia del Sur/Región de Tsjinvali continuaron colocando barreras físicas y restringiendo la circulación en la línea divisoria con el resto de Georgia, y deteniendo e imponiendo multas a residentes por “cruzar la frontera ilegalmente”.

En julio, el residente local Zaza Gakheldze fue detenido cerca de un tramo sin marcar de la línea divisoria con Osetia del Sur/Región de Tsjinvali y acusado de “cruzar la frontera ilegalmente” y, presuntamente, disparar contra “guardias de fronteras”, lo que constituían delitos punibles con hasta 20 años de prisión. Al terminar el año continuaba detenido en espera de juicio en un centro de detención de Tsjinvali.

Derecho a la salud

Siguieron sin abrirse los pasos fronterizos de Osetia del Sur/Región de Tsjinvali cerrados en 2019. Las autoridades georgianas y fuentes independientes de Osetia del Sur/Región de Tsjinvali denunciaron que al menos 10 residentes de Akhalgori habían muerto tras serles denegado el permiso para ser trasladados por razones médicas al resto de Georgia.

Tortura y otros malos tratos

Seguían siendo generalizados la tortura y otros malos tratos en el territorio escindido de Osetia del Sur/Región de Tsjinvali, con tres casos denunciados, incluida una muerte en agosto. Inal Dzhabiev y Nikolai Tskhovrebov fueron presuntamente golpeados con brutalidad tras ser detenidos el 23 de agosto. Inal Dzhabiev murió a causa de las heridas y Nikolai Tskhovrebov quedó paralítico por una lesión en la columna. En las redes sociales circularon fotos de sus lesiones junto con las de un tercer hombre, Gennady Kulaev, detenido el 24 de agosto. Estos casos provocaron una gran indignación pública que dio lugar a la destitución del gobierno de facto en pleno y a la detención de ocho policías. Todavía no se había celebrado el juicio contra los policías al concluir el año.

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Georgia
Jefa del Estado: Salomé Zurabishvili
Jefe del gobierno: Giorgi Gakharia

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