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Bulgaria

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Bulgaria no facilitaba todos los servicios necesarios al creciente número de personas migrantes y refugiadas que llegaban al país, ni les daba acceso a los procedimientos adecuados. Tampoco actuaba ante las denuncias de devoluciones sumarias y abusos en las fronteras. El clima de xenofobia e intolerancia se intensificó notablemente. La población romaní seguía sufriendo discriminación generalizada. El Parlamento aprobó una nueva ley antiterrorista en primera lectura.

En respuesta al aumento de las medidas de control de fronteras por parte de Serbia y Hungría, las autoridades búlgaras adoptaron una estrategia dirigida a limitar el número de personas refugiadas y migrantes que llegaban al país como vía alternativa para acceder a la Unión Europea. Organizaciones de derechos humanos documentaron frecuentes denuncias de devoluciones instantáneas, agresiones físicas y robos a manos de la policía de fronteras. Aunque no justificó abiertamente este tipo de devoluciones, el primer ministro Borisov admitió que el gobierno había adoptado “un enfoque pragmático” en relación con la crisis de refugiados y dijo que, en el periodo transcurrido hasta agosto, más de 25.000 personas habían sido devueltas a Turquía y a Grecia.

La impunidad de los abusos en las fronteras denunciados era constante. En julio, la fiscalía del distrito de Burgas cerró el procedimiento penal sobre la muerte de un afgano desarmado en octubre de 2015 por disparos de la policía de fronteras.

La mayoría de las personas migrantes y refugiadas seguía siendo objeto de detención administrativa de forma habitual, a menudo durante periodos que superaban en varios meses el límite establecido por la ley. Intentar cruzar irregularmente la frontera en dos ocasiones, ya fuera para entrar o para salir del país, estaba tipificado como delito. Por consiguiente, los refugiados y migrantes aprehendidos cuando trataban de abandonar el país de forma irregular eran procesados y encarcelados, a veces durante periodos superiores a un año.

Niños y niñas

Persistía la práctica de detener ilegítimamente a menores no acompañados. Para eludir la prohibición de llevar a cabo estas detenciones, las autoridades migratorias asignaban de forma arbitraria a los menores a personas adultas no emparentadas con ellos.

Los centros de acogida no estaban preparados para alojar a menores no acompañados. Habitualmente, las autoridades no facilitaban un acceso adecuado a asistencia letrada, servicios de traducción, atención médica y educación, asistencia psicosocial y un entorno seguro y protegido. Ante la falta de centros destinados específicamente a niños y niñas, muchos menores no acompañados eran recluidos junto a adultos y sin una supervisión profesional adecuada, lo que los dejaba expuestos a sufrir abusos sexuales, al consumo de drogas y al tráfico de personas.

Xenofobia

Varias organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por el elevado grado de xenofobia e intolerancia que sufrían ciertos grupos —como personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes— que seguían estando especialmente expuestos a la violencia y el acoso. El gobierno no tomaba medidas para contrarrestar este clima de intolerancia, y era habitual el uso de lenguaje discriminatorio o xenófobo por parte de algunos funcionarios públicos.

En abril, varios medios de comunicación nacionales e internacionales emitieron imágenes de las denominadas “patrullas fronterizas voluntarias” rodeando y apresando a migrantes iraquíes y afganos que intentaban cruzar la frontera desde Turquía, para a continuación entregarlos a la policía. Inicialmente, estos “arrestos ciudadanos” ilegales cosecharon elogios de las autoridades y de ciertos sectores de la población; sin embargo, después de que el Comité Búlgaro de Helsinki presentase una queja formal, la policía local detuvo a algunos de los perpetradores y el Ministerio del Interior emitió comunicados en los que pedía a la ciudadanía que se abstuviera de aprehender a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.

Romaníes

Persistían la exclusión social y la discriminación generalizada de la población romaní. El Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, expresó preocupación por las persistentes carencias en el acceso de los niños y niñas romaníes a la educación, a la atención médica y a viviendas adecuadas. La población romaní seguía teniendo una presencia desproporcionada en las escuelas “especiales”, las instituciones de salud mental y los centros de detención para menores. Las autoridades continuaban efectuando desalojos forzosos sin proporcionar viviendas alternativas adecuadas, dejando sin hogar a numerosas familias.

Mujeres musulmanas

En septiembre, la Asamblea Nacional aprobó una ley de ámbito nacional que prohibía el uso del velo integral en lugares públicos. La ley formaba parte de un paquete de propuestas del Frente Patriótico, partido integrante del gobierno de coalición, presuntamente dirigidas a prevenir lo que se calificaba de “radicalización”. Otros proyectos de ley que se estaban examinando al concluir el año proponían medidas de amplio calado, como la proscripción del “islam radical”, la prohibición total de la financiación extranjera de confesiones religiosas y la obligación de usar el idioma búlgaro en todos los servicios religiosos. Varios centros regionales de población, como la ciudad de Pazardzhik, ya habían prohibido el uso del velo integral en público a lo largo del año. Aunque pocas mujeres llevaban velo integral o burka en Bulgaria, la prohibición a nivel nacional podría tener un impacto injusto en las mujeres pertenecientes a las minorías étnicas turca y romaní musulmana.

En julio, la Asamblea Nacional aprobó con celeridad un nuevo proyecto de ley antiterrorista que definía los “actos terroristas” de forma imprecisa y excesivamente amplia1 y facultaba al presidente a declarar, con la aprobación de la Asamblea Nacional, el “estado de excepción” en caso de producirse un atentado terrorista en territorio búlgaro. Durante el estado de excepción, las autoridades podrían prohibir cualquier tipo de reunión, concentración o manifestación pública, sin supervisión independiente y efectiva. Además, el proyecto de ley contemplaba la aplicación de una serie de medidas de control administrativo, como la prohibición de viajar o la restricción de la libertad de circulación y asociación, a cualquier persona sospechosa de estar “preparando o planeando un atentado terrorista”.

No devolución

En agosto, Bulgaria incumplió el principio jurídico internacional de no devolución (non-refoulement). La policía aprehendió a Abdullah Buyuk, ciudadano turco residente en Bulgaria desde finales de 2015, y lo entregó en secreto a las autoridades turcas. Las autoridades actuaron sobre la base de una orden de la Interpol, dictada a petición del gobierno turco, que pedía la extradición de Abdullah Buyuk por cargos de blanqueo de dinero y terrorismo en conexión con el movimiento gulenista. El abogado de Abdullah Buyuk dijo que no se había dado a su cliente la oportunidad de ponerse en contacto con asistencia letrada ni con su familia, ni de impugnar en modo alguno la transferencia. Bulgaria había rechazado la solicitud de asilo de Abdullah Buyuk sólo unos días antes de la entrega, que se llevó a cabo pese a que dos sentencias judiciales habían bloqueado la extradición: en marzo de 2016, el Tribunal Municipal de Sofía y el Tribunal de Apelación de Sofía habían fallado que Abdullah Buyuk no debía ser extraditado porque los cargos contra él parecían ser de motivación política y Turquía no podía garantizarle un juicio justo. La Oficina del Defensor del Pueblo declaró públicamente que la devolución de Abdullah Buyuk a Turquía contravenía la Constitución búlgara, la legislación nacional y las obligaciones de Bulgaria en virtud del derecho internacional.

  1. Bulgaria: Proposed counter-terrorism bill would be a serious step back for human rights (EUR 15/4545/2016)
República de Bulgaria
Jefe del Estado: Rosen Plevneliev
Jefe del gobierno: Boiko Borisov
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