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Bulgaria

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Continuó el deterioro de la libertad de los medios de comunicación, ya que había periodistas que sufrían intimidación, amenazas y litigios abusivos. Migrantes y solicitantes de asilo fueron objeto de devolución sumaria. Aumentó la violencia de género en el ámbito familiar. Los tribunales resolvieron que se había discriminado a las personas romaníes en los disturbios de 2019. Las personas con discapacidad sufrían discriminación persistente.

Información general

En junio, la coalición reformista liderada por Kiril Petkov perdió una moción de censura, lo que provocó que se celebraran elecciones parlamentarias anticipadas en octubre. Galab Donev asumió el cargo de primer ministro interino en agosto. El partido del ex primer ministro Boyko Borissov, Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria, obtuvo la mayoría de los escaños, pero no consiguió una mayoría clara, lo que aumentaba la probabilidad de que el país se sumiera en un estado de crisis política prolongada.

Libertad de expresión

Los periodistas y los medios de comunicación independientes que informaban sobre delincuencia organizada, corrupción o derechos de las minorías hacían frente a amenazas y hostigamiento constantes, y a menudo eran víctimas de litigios abusivos iniciados por cargos públicos y personas del ámbito empresarial. Una encuesta de la Asociación de Periodistas Europeos señaló que una de cada 2 personas que ejercían el periodismo sufría presiones indebidas, y que una de cada 10 había sido amenazada con acciones judiciales. Esto tenía un efecto disuasorio en la labor informativa y provocaba un aumento de la autocensura. Los periodistas y las personas que defendían los derechos humanos que no vivían en la capital, Sofía, estaban particularmente expuestos a sufrir intimidación.

Los principales medios de comunicación seguían estando controlados por políticos y oligarcas, lo que socavaba aún más la independencia editorial y limitaba el acceso a la información.

En noviembre, el Parlamento adoptó en primera lectura reformas del Código Penal para armonizarlo con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. Las reformas eliminaban la disposición existente que consideraba la difamación a un cargo público como circunstancia agravante y reducían las multas excesivas y desproporcionadas por difamación.

También en noviembre, el partido Renacimiento propuso legislación que catalogaba públicamente como “agentes extranjeros” a las personas y organizaciones que recibieran ayuda económica de fuentes internacionales, les imponía multas por no revelar donaciones extranjeras y les prohibía realizar actividades políticas o educativas. Algunas organizaciones de la sociedad civil advirtieron de que dicha ley socavaba la libertad de expresión y de asociación.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Se produjo un fuerte aumento del número de personas refugiadas y migrantes que llegaban a la frontera con Turquía. Las autoridades registraron más de 85.000 llegadas, más del doble que en 2021. Las devoluciones sumarias, a veces violentas, siguieron siendo generalizadas.

Las organizaciones de derechos humanos denunciaron prácticas discriminatorias constantes en el sistema de asilo, en el que se rechazaban automáticamente las solicitudes de personas de determinados países, como Afganistán, Argelia, Bangladesh, Marruecos y Túnez.

Bulgaria recibió a casi un millón de personas ucranianas, en su mayoría mujeres y menores de edad, y proporcionó acceso a asistencia médica, servicios sociales y educación a las 150.000 que se inscribieron para recibir protección temporal. Muchas personas refugiadas se marcharon de Bulgaria en septiembre en un contexto de incertidumbre creciente sobre la ampliación por el gobierno del plan de alojamiento en hoteles. El ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, instó a las autoridades a ofrecer una solución duradera para el alojamiento de esta población.

En diversas ocasiones, las autoridades proporcionaron alojamiento provisional a refugiados ucranianos, incluidas familias con hijos, en un centro de acogida temporal de Elhovo concebido como centro de detención de personas que entraban de forma irregular en el país. La ONG Comité Búlgaro de Helsinki puso de relieve las condiciones inadecuadas e indignas del centro.

En agosto, un tribunal de apelación de Varna revocó una decisión de un tribunal de distrito que había aprobado la extradición a Rusia de Aleksei Alchin, ciudadano ruso que había criticado la invasión rusa de Ucrania. El tribunal de apelación resolvió que, debido a las convicciones políticas de Aleksei Alchin, era probable que se vulneraran sus derechos tras ser devuelto.

Violencia sexual y de género

Continuaron aumentando los casos de violencia de género en el ámbito familiar, cuyo número se había disparado durante la pandemia de COVID-19.

Al terminar el año no se habían adoptado las reformas de la Ley de Protección frente a la Violencia de Género Intrafamiliar ni del Código Penal, cuyo propósito era seguir armonizando la legislación nacional con las normas internacionales y reforzar la protección de las víctimas.

La comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa pidió a las autoridades que abordaran con urgencia la grave carencia de servicios de apoyo para las víctimas de violencia de género intrafamiliar en todas las regiones del país.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En junio, un tribunal de Sofía impuso a Boyan Rassate, candidato del partido Unión Nacional Búlgara en las elecciones presidenciales de 2021, una multa de 3.000 levas búlgaras (unos 1.500 euros) por el asalto en 2021 a un centro comunitario LGBTI —el Rainbow Hub— durante el cual se cometieron actos de vandalismo y fue agredida una activista. Quedó absuelto del cargo de agresión.

En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió a Bulgaria que indemnizara a la madre de un joven que había muerto de manera violenta en un ataque homófobo en 2008. Con arreglo a la resolución del Tribunal, en diciembre, el Consejo de Ministros propuso unas reformas al Código Penal que reconocían la homofobia como circunstancia agravante en ciertos delitos contra la persona, incluido el asesinato.

Las autoridades no adoptaron medidas para desarrollar una estrategia nacional y un plan de acción para luchar contra la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Discriminación

En octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que las autoridades habían violado el derecho a la vida privada y familiar de las personas romaníes residentes en Voivodinovo expulsadas de sus casas durante las protestas violentas contra los romaníes en 2019, y ordenó a las autoridades el pago de una indemnización. En agosto, la Comisión para la Protección contra la Discriminación, organismo de ámbito nacional, declaró que la expulsión de romaníes de Voivodinovo constituía un acto de discriminación.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia instó a las autoridades a adoptar más medidas para combatir el discurso de odio y los prejuicios contra la población romaní.

Derecho a la privacidad

En una sentencia dictada en enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la legislación de Bulgaria sobre vigilancia secreta contravenía el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal falló que dicha legislación no proporcionaba salvaguardias suficientes contra la vigilancia arbitraria o abusiva y que la supervisión contra el acceso innecesario y desproporcionado a los datos de comunicaciones almacenados era deficiente.

Derechos de las personas con discapacidad

En dos causas distintas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Bulgaria había vulnerado el derecho a votar de dos personas con discapacidad mental parcialmente tuteladas, al concluir que la prohibición general de facto impuesta por Bulgaria al voto de las personas con discapacidad mental era desproporcionada e injustificable. El Tribunal Constitucional se negó a ofrecer una interpretación de la legislación nacional que abordara el derecho a votar de las personas con discapacidad, afirmando que las disposiciones pertinentes de la Constitución eran suficientemente claras.

Las autoridades reiteraron su compromiso de cerrar las instituciones especializadas para personas adultas con discapacidad. No obstante, según las organizaciones de derechos humanos, el gobierno necesitaba mejorar los servicios comunitarios para ofrecer una alternativa digna al alojamiento colectivo en instituciones.

En junio, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura instó a Bulgaria a adoptar medidas urgentes para abordar las deficientes condiciones de vida y la desatención física en los hogares de protección social.

República de Bulgaria
Jefe del Estado: Rumen Radev
Jefe del gobierno: Galab Donev (sustituyó a Kiril Petkov en agosto)