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Derechos de las mujeres y niñas

© Pablo Cuadra/Getty Images
© Pablo Cuadra/Getty Images

Las mujeres son la mitad de la población mundial y tienen los mismos derechos que los hombres.

Tienen derecho a no sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres. Tienen derecho a no ser maltratadas ni asesinadas por sus parejas o ex parejas, a no vivir con el miedo constante a ser agredidas sexualmente con impunidad, a no ser discriminadas en el trabajo ni en el acceso a los recursos económicos y de producción, a vestirse como quieran, a estudiar lo que quieran, a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin coacción ni presiones. Tienen derecho a expresarse libremente, a hablar alto y reclamar sus derechos sin miedo a ser encarceladas, perseguidas o asesinadas por ello.

«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos».
Artículo 1, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948

Hace 70 años, las naciones del mundo adoptaron el compromiso de fomentar los derechos humanos y libertades sin distinción de sexo, raza, idioma y religión. Desde entonces se han puesto en marcha numerosos mecanismos y leyes, a nivel internacional, regional y nacional, para asegurar que dichos derechos y libertades llegan de manera efectiva a esa mitad de la población, las mujeres.

  • El primer gran hito fue la aprobación, en 1979, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento clave de Naciones Unidas en la protección de los derechos de las mujeres.

  • También han tenido enorme relevancia las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (ocho hasta la fecha, desde la resolución 1325 del año 2000) que reconocen el impacto desproporcionado de los conflictos en las mujeres y las niñas y promueven su participación en el mantenimiento y consolidación de la paz, dada su contribución clave en dichos procesos.

  • Un nuevo paso hacia la igualdad entre hombres y mujeres fue la creación, en 2010, de ONU Mujeres, organismo de Naciones Unidas centrado en impulsar la igualdad de género en el mundo.

  • En Europa, en 2011 se aprobó el Convenio de Estambul, con el objetivo de abordar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

  • Por su parte, el Foro Económico Mundial hizo un llamamiento para que 2018 fuera “el año en que las mujeres prosperen”, dando luz a otro ámbito, el laborar y económico en el que también son discriminadas.

  • España dio un gran paso al aprobar en 2004 una ley integral contra la violencia de género, y en 2017 se acordó un pacto de Estado orientado a abordar las deficiencias aún existentes en la protección efectiva de las mujeres.

En España, la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más habitual.

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El problema

Las mujeres sufren discriminación y violencia continuamente, ya sea institucionalizada por ley o en la práctica, ¡incluso en países con leyes que garantizan la igualdad! Y aunque se han conseguido avances significativos, en ningún país del mundo se ha alcanzado la plena igualdad de género.

En numerosos lugares del mundo a las mujeres se les niega la igualdad de derechos, lo que limita su autonomía y poder de decisión, su acceso a la justicia, a la educación, a la salud y a los recursos económicos, en un intento de convertirlas en ciudadanas de segunda. También son perseguidas por exigir sus derechos y alzar la voz contra la injusticia, por difundir información e ideas o, incluso, por su forma de vestir.

La falta de acceso en igualdad a la participación en la vida pública y política hace más difícil que las voces de las mujeres sean escuchadas, y cuando se atreven a defender sus derechos son perseguidas, amenazadas, agredidas e incluso pagan con su vida. Además se les dificulta el acceso a cuestiones tan vitales como la tierra y la propiedad, lo que les sume en la pobreza. Las mujeres poseen sólo el 12,8% de las tierras de cultivo del mundo.

Según el Banco Mundial, 104 paísestienen leyes que impiden a las mujeres realizar determinados trabajos. Y la Organización Internacional del Trabajo estima que 740 millones de mujeres trabajan en la economía informal, sin protección legal y con acceso o limitado o nulo a los sistemas de seguridad social. Además, las mujeres siguen soportando una carga desproporcionada del trabajo no retribuido y de cuidados. El 65% de las personas sin pensión regular de jubilación son mujeres y casi 750 millones no tienen permiso de maternidad.

El número de hijos, cuándo y con quién tenerlos, o poder acceder al aborto, son cuestiones sobre las que las mujeres deberían tener la primera y la última palabra. Sin embargo, la sexualidad y la reproducción son objeto de numerosas leyes o prácticas ideadas para que otros controlen y tomen decisiones sobre el cuerpo de las mujeres, lo que hipoteca sus opciones de vida.

La violencia contra las mujeres es la consecuencia más extendida y visible de la discriminación de género y tiene múltiples formas. La violencia en las relaciones de pareja, la violencia sexual, la violación de mujeres y niñas en contextos de guerra o prácticas como la mutilación genital femenina son caras de una violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo.

La violencia ejercida por las parejas sigue desatendida por los Estados. Según la Organización Mundial de la Salud, el 70% de las mujeres asesinadas en el mundo lo son a manos de sus parejas o exparejas.

La violencia sexual es, asimismo, una de las formas más significativas de la violencia contra las mujeres y la mayoría de los perpetradores gozan de impunidad. En algunos países la legislación incluso discrimina a las supervivientes, las estigmatiza y agrava su sufrimiento. En el mundo 150 millones de niñas menores de 18 años han sufrido agresión sexual, y en la Unión Europea, una de cada tres mujeres ha sufrido agresiones o abusos sexuales desde los 15 años de edad.

Los Estados deben garantizar los derechos humanos de las mujeres

Los organismos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otros, establecen que los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres, y a prevenir, investigar y sancionar todas las formas de violencia, así como reparar a las víctimas. Pero aunque ha habido logros significativos, en ningún país del mundo se ha conseguido la plena igualdad de género.

También en España, la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más habitual y las mujeres que se atreven a denunciar la violencia sexual se enfrentan, además, a un duro y largo camino marcado por maltrato institucional en todas las etapas.

La impunidad sigue siendo la norma cuando se trata de abusos cometidos contra los derechos de las mujeres y las niñas

En los conflictos armados las mujeres y niñas son las víctimas invisibles, violadas, reclutadas, secuestradas, utilizadas como escudos humanos o en atentados suicidas, explotadas como esclavas sexuales, obligadas a contraer matrimonio forzado, vendidas o entregadas como “regalo” a los combatientes.

La discriminación y la violencia se multiplican cuando hay factores adicionales como padecer una discapacidad, pertenecer a ciertas etnias o profesan una religión determinada. En numerosos lugares del mundo las mujeres que se dedican al trabajo sexual están especialmente expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra los derechos humanos.

¿Qué hace Amnistía Internacional?

Amnistía Internacional investiga y hace campaña para que los Estados garanticen que todas las mujeres y las niñas puedan disfrutar de los derechos humanos sin discriminación, para combatir la violencia que sufren por el hecho de ser mujeres y que los responsables de dicha violencia rindan cuentas.

Varias mujeres sostienen pancartas contra la violencia sexual en una manifestación celebrada en El Cairo, Egipto, en junio de 2014. © Getty Images/Ahmed Ismail/Anadolu Agency

¡La imparable lucha por los derechos de las mujeres sigue sumando logros!

A pesar de los intentos de algunos gobiernos y representantes políticos por hacer retroceder los derechos de las mujeres cada año se suman nuevos avances tanto en leyes que benefician a miles de mujeres, como en casos personales de mujeres que han sido víctimas de la injusticia.

En Irlanda, la entrada en vigor el 1 de enero de 2019 de la Ley sobre Salud 2018 que regula la interrupción del embarazo, permite el acceso al aborto hasta las 12 semanas de embarazo, y bajo determinados supuestos superado este plazo. La ley del aborto de Irlanda fue una de las más restrictivas del mundo. La nueva ley, que salió adelante gracias al enorme impulso de la sociedad irlandesa, encabezada por las mujeres, pone fin a décadas de sufrimiento.

Además se ha logrado que puedan recuperar sus vidas mujeres como Teodora del Carmen o Imelda Cortez, que fueron liberadas tras haber estado encarceladas bajo las crueles y restrictivas leyes de aborto en El Salvador.

En Sudan del Sur se dictaron sentencias condenatorias a diez soldados en relación con la violación de trabajadoras de ayuda humanitaria durante un ataque contra el hotel Terrain en la capital del país, Yuba, en julio de 2016. Un avance contra la impunidad que con frecuencia es moneda corriente cuando hay violencia sexual.

En Egipto un tribunal penal de El Cairo ordenó el 18 de diciembre de 2018 la libertad condicional de Amal Fathy, que fue detenida arbitrariamente el 11 de mayo por publicar en Facebook un vídeo en el que hablaba de su experiencia de acoso sexual y criticaba a las autoridades egipcias por no proteger a las mujeres. Sin embargo posteriormente fue condenada a dos años y puede ser encarcelada de nuevo en cualquier momento.

Y en España, en julio de 2018 El Tribunal Supremo condenó al Estado a indemnizar a Ángela González, víctima de violencia de género, con 600.000 euros por daños morales. Una sentencia ejemplar en un caso, el de Ángela, a cuya hija el exmarido mató en una de las visitas, que
representaba todos los fallos de un sistema que además de no protegerlas a ella ni a su hija, se negaba a reparar el daño sufrido.

AMNISTÍA INTERNACIONAL EXIGE QUE LOS ESTADOS:

– Cumplan y hagan cumplir los derechos humanos de mujeres y niñas, en la ley y en la práctica.

– Garanticen una protección efectiva de las mujeres y las niñas de todas las formas de violencia, acaben con la impunidad y reparen a las víctimas.

 

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