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Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Marcha por el derecho a la vivienda en Camboya © Amnistia Internacional

Asia y Oceanía

La perspectiva regional resume la situación de los derechos humanos y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2020.

La hecatombe de la pandemia de COVID-19 agravó la situación de los derechos en la región de Asia y Oceanía, la que antes se vio afectada, dado que los primeros casos conocidos de la enfermedad se dieron en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019. Cuando las autoridades chinas amonestaron a profesionales de la salud que habían advertido de la presencia de un nuevo virus, la población china pidió transparencia, y también la de otros países de la región. Ésa fue la primera de las numerosas ocasiones en que a lo largo del año los gobiernos aprovecharon la pandemia para amordazar las voces críticas y limitar indebidamente el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a recibir y difundir información sobre la COVID-19.

Muchos gobiernos de la región promulgaron leyes y aprobaron medidas para castigar la propagación de “desinformación” o “noticias falsas” sobre la COVID-19. En países con un historial de abuso de poder por parte de las autoridades, estas leyes se utilizaron para endurecer las medidas de represión existentes, sobre todo las relacionadas con las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica. Hubo una fuerte restricción del debate abierto y las críticas públicas a las respuestas de los gobiernos a la pandemia. Un elevado número de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, profesionales del derecho y figuras de la oposición política sufrieron ataques de los gobiernos de la región, incluidos actos de hostigamiento e intimidación, amenazas, violencia y detenciones arbitrarias, por expresar legítimamente su discrepancia y sus críticas a la actuación de los gobiernos.

Para evitar la propagación de la COVID-19, los gobiernos impusieron diversos grados de confinamiento y otras limitaciones a la libertad de circulación. A menudo se prohibieron las reuniones públicas, lo cual restringió mucho las protestas en demanda de reformas políticas. Sin embargo, a medida que avanzó el año, la población salió a la calle, sobre todo en India, Tailandia y Hong Kong, para hacer frente a la opresión gubernamental. La policía empleó fuerza excesiva e innecesaria para disolver estas reuniones públicas.

Asimismo, numerosos gobiernos respondieron a la pandemia de COVID-19 adoptando o instrumentalizando represivas leyes sobre seguridad nacional o antiterroristas. Estas leyes sirvieron para consolidar el poder del que ya disfrutaban algunos de los gobiernos de la región. En India se castigó la disidencia pacífica y continuaron restringiéndose las comunicaciones y las principales libertades en Jammu y Cachemira; asimismo, se interrogó a periodistas y defensores o defensoras de los derechos humanos por supuestas actividades “antinacionales”.

Aunque en Asia y Oceanía provocó menos muertes que en otras partes del mundo, la pandemia fue económicamente devastadora y ahondó las diferencias sociales ya existentes. Así, los grupos desfavorecidos —los trabajadores y trabajadoras migrantes, la población refugiada, las personas que vivían en la pobreza, los grupos minoritarios étnicos y religiosos y la población penitenciaria— se vieron afectados de manera desproporcionada.

Las políticas desarrolladas e impuestas por numerosos gobiernos para frenar la propagación de la COVID-19 reflejaban normas patriarcales existentes que discriminaban a las mujeres. Asimismo, el confinamiento contribuyó a un acusado incremento de casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas, sin que los gobiernos de la región facilitaran recursos adecuados para combatir el problema.

Las minorías religiosas y étnicas de la región sufrieron ataques. Las autoridades chinas siguieron reprimiendo sistemáticamente a la población uigur y a otros grupos musulmanes de etnia túrquica en la región de Sinkiang. En India se atacó a la población musulmana, que fue demonizada durante la pandemia, y se negó su acceso a atención médica. En Myanmar, el ejército siguió eludiendo la rendición de cuentas por los delitos perpetrados contra la población rohinyá. En Afganistán y Pakistán, grupos armados mataron a personas de comunidades minoritarias.

Toda la región de Asia y Oceanía se vio asolada por catástrofes naturales relacionadas con el cambio climático. Los países de la región responsables de gran parte de las emisiones gas invernadero no establecieron objetivos de reducción adecuados que contribuyeran a evitar las más graves repercusiones del cambio climático en los derechos humanos.

Libertad de expresión

A los pocos días de conocerse el brote de COVID-19, las autoridades de varios países de la región trataron de suprimir la información al respecto y castigaron a quienes criticaron la actuación de los gobiernos. Las autoridades chinas intentaron controlar la información sobre la COVID-19 tanto dentro como fuera de Internet. Cientos de palabras clave relacionadas con el virus fueron bloqueadas, y se borraron de Internet manifestaciones de protesta en favor del derecho a recibir y divulgar información relacionada con la enfermedad. El doctor Li Wenliang —una de las ocho personas que trataron de divulgar información sobre el nuevo virus antes de que el gobierno informara del brote— fue amonestado por la policía por haber enviado un mensaje a sus colegas para que utilizaran equipos de protección individual a fin de evitar el contagio. Posteriormente, murió de COVID-19.

Varios otros países de la región impusieron restricciones similares a lo que se podía y no se podía decir sobre la COVID-19, con frecuencia so pretexto de evitar información falsa o inexacta. En abril, las autoridades indonesias ordenaron a la policía rastrear Internet y actuar contra los “difusores de falsedades” y contra quienes insultaran al gobierno. Al menos 57 personas fueron detenidas. Se intimidó en Internet —enviándoles incluso mensajes de texto con amenazas de violencia física— a profesionales del periodismo y del ámbito académico, estudiantes y activistas. En India y Nepal, las autoridades detuvieron o acusaron a decenas de personas, muchas de ellas periodistas, por presunta divulgación de “desinformación” o “noticias falsas” sobre la pandemia.

Numerosas personas que criticaron las respuestas de los gobiernos a la pandemia de COVID-19, entre ellas periodistas, fueron castigadas en aplicación de leyes draconianas. En Sri Lanka, la policía advirtió de que se emprenderían acciones legales contra quienes publicaran en las redes sociales mensajes en los que se criticara la respuesta del gobierno a la COVID-19 y, tras la advertencia, varias personas fueron detenidas por sus comentarios en redes. En Bangladesh, en aplicación de la Ley de Seguridad Digital, se presentaron cargos contra casi un millar de personas y 353 fueron detenidas. Entre los primeros objetivos figuraban los periodistas Mohiuddin Sarker y Toufiq Imroz Khalidi, ambos directores de sitios web de noticias. Las autoridades los detuvieron en abril por haber publicado información sobre presuntos casos de corrupción en el empleo de fondos de ayuda relacionada con la COVID-19. En Pakistán se invocó en reiteradas ocasiones la Ley de Delitos Electrónicos para detener o acusar, por comentarios críticos publicados en Internet, a periodistas que a menudo fueron, además, víctimas de ataques online violentos y coordinados.

Siguieron tomándose represalias contra periodistas que publicaban noticias que el gobierno no consideraba oportunas. En Myanmar, tras haberse catalogado oficialmente como “organización terrorista” al Ejército de Arakán, grupo armado de oposición perteneciente a una minoría étnica, al menos tres periodistas fueron procesados en virtud de la legislación antiterrorista y de la Ley de Asociaciones Ilícitas por haberse puesto en contacto con el grupo. En Jammu y Cachemira, la policía india agredió o envió citaciones a 18 periodistas por su labor informativa, mientras que las oficinas del diario Kashmir Times fueron precintadas después de que su directora hubiera demandado al gobierno por haber clausurado los servicios de Internet y de telefonía de la región. En Nepal, el gobierno presentó varios proyectos de ley que amenazaban el derecho a la libertad de expresión, tanto dentro como fuera de Internet. En Singapur, pese a haber sido impugnada ante los tribunales, las autoridades utilizaron a lo largo del año la Ley de Protección Frente a las Falsedades y la Manipulación en Internet para amordazar a los medios de comunicación independientes y a quienes criticaban al gobierno. En Filipinas, la periodista Maria Ressa y el periodista Reynaldo Santos fueron declarados culpables de “ciberdifamación”, y el Congreso denegó la renovación de la licencia de ABS-CBN, una de las mayores redes de medios de difusión independientes del país.

El derecho a la libertad de expresión —que incluye el derecho a recibir y difundir información— es vital durante una crisis de salud pública. Los gobiernos deben entender, sin sombra de duda, que el acceso a información fidedigna, objetiva y basada en evidencias científicas sobre la pandemia de COVID-19 salva vidas. Tanto periodistas como medios de comunicación desempeñan un papel fundamental durante una crisis de salud pública al facilitar información fidedigna a la población. Asimismo, llevan a cabo otra labor fundamental: la de llamar la atención sobre cuestiones de interés público y defender los derechos humanos. En lugar de obstaculizar esas iniciativas, los gobiernos deben permitir, promover y proteger una prensa fuerte e independiente en la región.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos —incluidos periodistas, profesionales del derecho y oposición política— siguieron sufriendo agresiones, actos de hostigamiento e intimidación, amenazas y homicidios por su apoyo legítimo a los derechos humanos, por la expresión de opiniones disidentes y por criticar la actuación y la corrupción de los gobiernos.

En China, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas sufrieron hostigamiento, intimidación, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, y detenciones arbitrarias en régimen de incomunicación. Asimismo, con frecuencia se presentaron cargos en su contra por delitos imprecisamente definidos, como el de “filtración de secretos de Estado”. Habitualmente sus juicios se celebraban en secreto y se les privaba del derecho a asistencia letrada. También se negó el derecho a la libertad de circulación a numerosos representantes legales de defensores y defensoras, que no pudieron reunirse con sus clientes ni acceder al material de los casos.

Durante el año, muchos gobiernos de la región intentaron obstaculizar la labor de las ONG de derechos humanos para impedir que los defensores y defensoras siguieran denunciando violaciones de estos derechos. Las autoridades camboyanas utilizaron la represiva Ley de Asociaciones y ONG para ilegalizar a grupos de defensores y defensoras de los derechos humanos que denunciaban prácticas nocivas para el medioambiente. En septiembre, Amnistía Internacional India se vio obligada a paralizar sus operaciones tras haber congelado las autoridades indias sus cuentas bancarias. A lo largo del año la organización había publicado informes sobre violaciones de derechos humanos perpetradas durante y tras los disturbios ocurridos en febrero en Delhi, en los que perdieron la vida 53 personas, la mayoría musulmanas, y más de 500 resultaron heridas. Estos disturbios se produjeron tras incendiarios discursos pronunciados por autoridades del gobierno y por diputados. Meses después seguían sin investigarse de manera efectiva los hechos, incluida la complicidad y la participación de la policía de Delhi en los disturbios, documentadas ambas. Amnistía Internacional India publicó también un informe sobre Jammu y Cachemira en el que documentaba las violaciones ocurridas tras la revocación del estatuto especial de ese territorio, en agosto de 2019.

En Malasia y Afganistán, los defensores y defensoras que pusieron en evidencia a lo largo del año prácticas corruptas de las autoridades gubernamentales se enfrentaron a graves dificultades. Cynthia Gabriel, del Centro de Lucha contra la Corrupción y el Nepotismo, y los defensores de los derechos humanos Thomas Fann y Sevan Doraisamy fueron investigados por las autoridades de Malasia por haber denunciado escándalos de corrupción relacionados con funcionarios públicos. En la provincia afgana de Helmand, unos defensores de los derechos humanos que habían denunciado la corrupción del funcionariado tuvieron que ser hospitalizados tras haber sido agredidos por funcionarios. Además, grupos armados concretos agredieron o asesinaron selectivamente a defensores o defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas y autoridades religiosas moderadas.

En algunos países, como Filipinas e India, los gobiernos utilizaron medidas antiterroristas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos o los catalogaron como “terroristas”. Las autoridades filipinas continuaron incluyéndolos en una “lista negra”, calificándolos de “terroristas” o de simpatizantes de grupos armados comunistas. En agosto, Randall Echanis y Zara Alvarez fueron víctimas de homicidio con una semana de diferencia entre sí, en ciudades distintas. El gobierno los había catalogado como “terroristas” por su activismo y su labor de derechos humanos. Durante el año, la Agencia Nacional de Investigación de India, principal órgano de lucha contra el terrorismo del país, detuvo a varios defensores y defensoras de los derechos humanos y registró sus domicilios y oficinas. Entre las personas detenidas figuraban siete defensores de los derechos humanos que trabajaban con grupos marginales y nueve estudiantes que habían protestado pacíficamente contra la discriminatoria Ley de Reforma de la Ley de Nacionalidad. Asimismo, la Agencia Nacional de Investigación irrumpió en las oficinas y residencias del defensor cachemir Khurram Parvez y de tres personas asociadas con él.

En Afganistán, donde el conflicto cumplió 20 años, hombres armados no identificados, que se creía que pertenecían a grupos armados, hirieron y mataron a defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos dos integrantes del personal de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán que murieron en Kabul a consecuencia de un atentado perpetrado contra el automóvil en el que viajaban. En diciembre, el presidente Mohammad Ashraf Ghani creó una comisión conjunta para proteger a los defensores y defensoras, iniciativa que las organizaciones de derechos humanos consideraron un primer paso importante. Sin embargo, ésta pareció ser la única decisión tomada en la región para combatir las violaciones que sufrían sistemáticamente quienes defendían los derechos humanos.

En Sri Lanka, el nuevo gobierno siguió reprimiendo a los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos activistas, periodistas, agentes encargados de hacer cumplir la ley y profesionales del derecho.

Los gobiernos deben abordar de manera efectiva los actos de violencia perpetrados contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, y sus autores deben rendir cuentas. Es crucial que los defensores y defensoras de los derechos humanos puedan llevar a cabo su labor sin temor a sufrir castigos, represalias ni intimidaciones para que todas las personas puedan disfrutar realmente de todos los derechos humanos.

Derecho a la salud

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto y agravó las diferencias existentes en el acceso a la salud y las desigualdades sociales de la región. En Corea del Norte, la falta de suministros médicos impulsó a la clase media emergente a procurar medicinas o servicios de salud en los llamados “mercados grises”. En Papúa Nueva Guinea, los elevados índices de pobreza y las enfermedades crónicas agravaron la situación de las personas contagiadas de COVID-19.

En Camboya y Filipinas continuaron las campañas contra las drogas que incidían en la penalización, así como las detenciones arbitrarias y sin cargos de quienes las consumían, lo que redundó en la extremada masificación de las cárceles, donde se siguió violando el derecho de las personas detenidas a la salud. En Filipinas, el Tribunal Supremo ordenó la liberación de más de 80.000 personas presas para evitar la propagación de la COVID-19 en las prisiones. En Camboya, las autoridades dieron a conocer una serie de medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles, pero su aplicación fue limitada.

En Malasia, las autoridades llevaron a cabo redadas en zonas con alta densidad de trabajadores y trabajadoras migrantes, y detuvieron y recluyeron a numerosas personas migrantes y refugiadas. En un centro de detención de inmigrantes se declaró un brote de COVID-19 en el que se contagiaron más de 600 personas.

Los gobiernos deben garantizar el acceso a instalaciones y servicios de salud sin discriminación.

Discriminación: ataques contra minorías étnicas y religiosas

En toda la región las minorías étnicas y religiosas siguieron sufriendo discriminación, violencia y otras formas de persecución por las autoridades.

En enero, la Corte Internacional de Justicia ordenó al gobierno de Myanmar impedir los actos de genocidio contra la población musulmana rohinyá. Las autoridades de Myanmar no garantizaron la rendición de cuentas por las operaciones militares efectuadas en el estado de Rajine durante 2017 que provocaron la huida de más de 700.000 rohinyás a Bangladesh. En el contexto de la lucha contra la insurgencia, las fuerzas de seguridad siguieron perpetrando violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario contra otros grupos étnicos minoritarios de los estados de Rajine, Chin, Kachin y Shan.

En China, las autoridades invocaron la lucha contra el “separatismo”, el “extremismo” y el “terrorismo” para justificar la discriminación y la persecución ejercidas contra la población tibetana y uigur y contra otros pueblos musulmanes de etnia túrquica de la región de Sinkiang. Las autoridades chinas continuaron sometiendo a la población uigur y a otros grupos musulmanes de etnia túrquica a detención arbitraria sin juicio, adoctrinamiento y asimilación cultural forzada. Además, reforzaron las restricciones de acceso a Sinkiang y siguieron construyendo campos de internamiento masivo a lo largo del año.

Iminjan Seydin, desaparecido durante tres años, reapareció en mayo alabando a las autoridades chinas en un testimonio pronunciado aparentemente bajo coacción. Mahira Yacub, uigur que trabajaba para una empresa de seguros, fue acusada de “dar apoyo material a actividades terroristas” por haber transferido dinero a sus progenitores en Australia para ayudarles a comprar una casa. Nagyz Muhammed, escritor kazajo detenido desde marzo de 2018, fue declarado culpable de “separatismo” en un juicio secreto por cenar con unas amistades el Día de la Independencia de Kazajistán hacía casi 10 años.

La población uigur también era sometida a presión fuera de China. Embajadas y agentes de China seguían hostigando e intimidando a personas que habían abandonado el país y se habían exiliado. Agentes de seguridad de China hostigaban a través de aplicaciones de mensajería a uigures residentes en el extranjero, exigiéndoles sus números de identidad, su lugar de residencia y otra información. En algunas ocasiones, estas personas recibían también llamadas de la policía de seguridad china para que espiaran a comunidades uigures en la diáspora.

En la región de Mongolia Interior se desataron protestas en respuesta a una nueva política lingüística escolar que cambiaría la lengua vehicular de ciertas asignaturas del mongol al chino mandarín. Según informes, cientos de las personas que se manifestaron —estudiantes, padres, madres, docentes, e incluso embarazadas, niños y niñas— fueron detenidas por “provocar peleas y crear problemas”. Hu Baolong, abogado de derechos humanos que se había pronunciado públicamente durante las protestas, fue detenido —según la información recibida— por cargos de “filtración de secretos de Estado al extranjero”.

En algunos países, los grupos étnicos y religiosos minoritarios sufrieron las peores consecuencias de la pandemia de COVID-19. La población musulmana de India fue uno de los colectivos cuya marginación se vio acentuada. Después de que el grupo musulmán Tablighi Jamaat fuera acusado de propagar el virus en una concentración pública, se negó a muchas personas musulmanas acceso a servicios médicos y a productos esenciales. En las redes sociales se pidió el boicot de los negocios musulmanes. En Sri Lanka, las autoridades impidieron a la población musulmana enterrar de conformidad con sus ritos religiosos a personas muertas de COVID-19, que fueron incineradas obligatoriamente. Según informes, el gobierno de Sri Lanka estigmatizó a la comunidad musulmana del país al identificarla como fuente de especial peligro durante la pandemia.

En Afganistán, al menos 25 personas perdieron la vida cuando el grupo armado autodenominado “Estado Islámico” atacó uno de los pocos templos sijs del país. Asimismo, la comunidad hazara del país —predominantemente chií— sufrió numerosos ataques de grupos armados, incluido un atentado con bomba perpetrado en octubre en una escuela de Kabul en el que murieron 30 personas, en su mayoría escolares.

En Pakistán la comunidad ahmadí fue víctima de ataques, boicots sociales y económicos y al menos cinco homicidios selectivos. Durante el mes sagrado musulmán de muhárram, predicadores del odio incitaron a la violencia contra la minoría chií del país, al tiempo que se presentaban casi 40 denuncias por blasfemia contra clérigos chiíes. En julio, cediendo a la presión de políticos, algunos medios de comunicación y clérigos, las autoridades paquistaníes detuvieron la construcción de un templo hindú en la capital, Islamabad, negando así a la comunidad su derecho a la libertad de religión y de creencias. El gobierno paquistaní no tomó medidas efectivas contra la conversión forzada al islam de mujeres y niñas de comunidades hindúes y cristianas.

Los gobiernos deben garantizar la protección de los derechos humanos de las minorías étnicas y religiosas. Además, deben facilitar a todos los grupos minoritarios acceso a atención de salud en pie de igualdad y tomar medidas para poner fin a su discriminación sistémica.

Mujeres y niñas

La pandemia de COVID-19 puso en evidencia y agravó las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en la región. Las respuestas de los gobiernos a la pandemia reflejaron normas patriarcales y estereotipos de género que infravaloraban a las mujeres.

En el sector informal, en el que las mujeres cobraban normalmente menos que los hombres, miles de mujeres se vieron de repente privadas de sus medios de sustento y obligadas a asumir responsabilidades añadidas en el hogar, como atender los estudios de sus hijos e hijas y cuidar de familiares enfermos. En años anteriores, las mujeres de la región de Asia y Oceanía habían desempeñado cuatro veces más labores no remuneradas en el hogar que los hombres. Durante la pandemia, la cifra aumentó considerablemente.

Durante la pandemia, las mujeres también eran mayoritarias entre el personal esencial, es decir, doctoras, enfermeras, trabajadoras de saneamiento y otras funciones. En Pakistán, cuando la violencia contra el personal sanitario estalló en mayo, varias profesionales de la salud tuvieron que encerrarse en una habitación para protegerse de una muchedumbre furiosa de familiares de pacientes que arrasó el hospital donde trabajaban.

En los países del Golfo, las trabajadoras domésticas migrantes, procedentes en su inmensa mayoría de la región de Asia y Oceanía, perdieron su trabajo y se vieron obligadas a volver a su lugar de origen al principio de la pandemia. En la mayoría de los paquetes de incentivo económico de los países de la región no se incluyó ninguna disposición especial para atender las necesidades de estas mujeres, incluida su protección social.

Muchos gobiernos de la región no consideraron esenciales los servicios destinados a las mujeres, con lo que no pudieron mantenerse operativos durante los confinamientos, incluidos los de ayuda o asistencia a mujeres víctimas de violencia sexual o de género. Las mujeres y las niñas que vivían ya con parejas o familiares violentos se vieron expuestas a mayor peligro de violencia. El número de casos de violencia de género en el ámbito familiar y en la pareja aumentó bruscamente en toda la región. En Japón, sólo en abril se denunciaron 13.000 casos, lo que representaba un aumento del 29% con respecto al mismo mes de 2019.

Las mujeres siguieron sufriendo violentos ataques misóginos. En Indonesia, se lanzaron ataques en Internet contra páginas feministas de noticias. Una periodista cuya cuenta había sido hackeada fue acosada por agresores que le enviaron imágenes pornográficas y comentarios denigrantes sobre las mujeres En Corea del Sur, el fenómeno generalizado de la violencia contra las mujeres y las niñas en Internet quedó más en evidencia con la detención de los responsables de ciberdelitos sexuales que habían chantajeado a más de 70 mujeres y niñas para que les proporcionaran vídeos o fotos que luego distribuían por aplicaciones de mensajería para su explotación sexual.

En Camboya, el primer ministro Hun Sen abanderó un ataque público contra el derecho de las mujeres a la libertad de expresión invocando los conceptos de “tradición” y “cultura” para justificar el control policial del cuerpo y las decisiones de las mujeres. Así, en enero ordenó a la policía actuar contra las mujeres que anunciaran productos en Facebook con ropa presuntamente “insinuante”. Días después, una mujer que vendía productos por Facebook fue detenida y acusada de producir “pornografía” a causa de la ropa que vestía. La ofensiva contra los derechos de las mujeres se intensificó en Camboya en junio, cuando el gobierno intentó establecer estos castigos por ley, penalizando el uso de ropa considerada “demasiado corta” o “demasiado transparente”. El anteproyecto de ley correspondiente desencadenó las protestas online de numerosas mujeres y niñas.

En muchos países persistieron tanto la violencia contra las mujeres como la impunidad de este tipo de delitos. En Papúa Nueva Guinea, las mujeres que eran acusadas de brujería corrían mayor peligro de ser víctimas de violencia. En Afganistán, las mujeres y las niñas siguieron sufriendo discriminación y violencia de género, sobre todo en zonas controladas por los talibanes, donde eran sometidas a violentos “castigos” por lo que el grupo armado consideraba transgresiones de su interpretación de la ley islámica. A lo largo del año se denunciaron en Afganistán más de un centenar de asesinatos relacionados con la violencia contra las mujeres que pusieron en evidencia la constante falta de medidas por parte del gobierno para investigarlos y combatir esa violencia de forma eficaz. En Fiyi se autorizó a participar en unos entrenamientos a un ex capitán de rugby que había sido condenado a ocho años de prisión por violación y aún estaba cumpliendo condena.

En Pakistán, la marcha anual del Día Internacional de la Mujer sufrió constantes ataques: primero desde los tribunales, donde se intentó su prohibición, y luego durante su celebración, cuando un grupo religioso lanzó piedras a quienes asistían a ella en Islamabad. La policía no protegió a quienes participaron en la marcha. En septiembre, la violación en grupo de una mujer en una autovía nacional provocó una oleada de indignación en todo el país, así como peticiones de dimisión del máximo cargo policial de la provincia y castigos más duros para los violadores. En diciembre, el gobierno aprobó un decreto para agilizar los juicios por violación y castigar a sus autores con castración química obligatoria. Amnistía Internacional se mostró preocupada y advirtió de que la castración química obligatoria violaba la obligación internacional y constitucional de Pakistán de prohibir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En India y Nepal, las violaciones de mujeres dalits provocaron reacciones de ira. En mayo, en el distrito nepalí de Rupandehi, una niña dalit de 12 años fue obligada a casarse con su presunto violador, que pertenecía a una casta dominante. En septiembre, otra niña dalit de 12 años fue violada y asesinada en el distrito de Bajhang, al parecer por un hombre que había violado a una adolescente de 14 años un mes antes, pese a lo cual no había sido procesado. También en septiembre, en el distrito de Hathras del estado de Uttar Pradesh (India) una mujer dalit fue violada y asesinada por un grupo de hombres de la casta dominante. Su cadáver fue incinerado por la policía sin consentimiento de la familia. Los acusados sólo fueron detenidos cuando estallaron protestas por todo el país para pedir justicia y rendición de cuentas.

En Corea del Sur el gobierno tomó medidas para combatir los diversos problemas de violencia contra las mujeres con la aprobación de varias leyes a fin de reforzar la protección de las mujeres y las niñas frente a la explotación y los abusos sexuales. La Asamblea Nacional endureció las penas para los delitos sexuales digitales. La edad de libre consentimiento pasó de los 13 a los 16 años para todas las personas, y se eliminó la posibilidad de que los delitos de explotación sexual de menores prescribieran.

Al desarrollar las respuestas y los planes de recuperación para después de la pandemia, los gobiernos deben dar prioridad a la promoción de la igualdad de género y a la eliminación de la violencia de género y de estereotipos de género nocivos. Asimismo, las mujeres deben participar en todas las fases de los procesos de toma de decisiones en materia legislativa, política y presupuestaria de la elaboración de la respuesta y los planes de recuperación de los gobiernos de la región para después de la pandemia.

Actuación inadecuada para impedir el cambio climático

La región de Asia y Oceanía es particularmente vulnerable a los efectos de la crisis climática. En 2020, la región se vio afectada por una serie de catástrofes climáticas. India fue golpeada con dureza por el supertifón Amphan, mientras que Bangladesh, Nepal y Myanmar sufrieron inundaciones generalizadas que provocaron el desplazamiento de millones de personas. Por su parte, Australia sufrió incendios forestales sin precedentes que causaron también desplazamientos de población y contaminaron el aire.

Pese a la gravedad de estos impactos, los países de la región más responsables de las emisiones globales no llegaron a establecer objetivos de reducción adecuados que contribuyeran a evitar las repercusiones más graves del cambio climático en los derechos humanos. Australia, que se convirtió en el mayor exportador de combustibles fósiles del mundo, no estableció un objetivo más ambicioso de reducción de las emisiones antes de 2030 ni se comprometió a alcanzar un nivel cero neto de emisiones a largo plazo. Japón y Corea del Sur anunciaron objetivos de neutralidad en carbono para 2050 —y China para 2060—, pero no demostraron estar tomando todas las medidas posibles para llegar a la emisión cero de carbono antes de esa fecha como deberían hacer para evitar perjudicar significativamente los derechos humanos de su población y de la de otros países.

Los gobiernos deben adoptar y aplicar con urgencia objetivos y estrategias de reducción de las emisiones que protejan los derechos humanos frente a la crisis climática, y garantizar una transición justa y respetuosa con los derechos humanos a una economía libre de carbono y a una sociedad resiliente.

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