Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo
Una manifestante hace un gesto a la policía antidisturbios

Una manifestante tailandesa a favor de la democracia hace un gesto a la policía antidisturbios en Bangkok, cerca de donde los migrantes de Myanmar se manifestaban después de que el ejército de Myanmar detuviera a la líder de facto del país, Aung San Suu Kyi, y al presidente del país en un golpe de estado. (Foto de Lillian Suwanrumpha/AFP a través de Getty Images)

Asia y Oceanía

La perspectiva regional resume la situación de los derechos humanos y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2021.

A lo largo del año, varios países de la región de Asia y Oceanía cayeron en profundas crisis de derechos humanos. En Myanmar, la feroz respuesta del ejército a la oposición generalizada al golpe de Estado de febrero se cobró cientos de vidas y supuso la detención arbitraria de miles de personas. En Afganistán, la toma del poder por los talibanes en agosto fue acompañada de crímenes de guerra y de un brusco recorte de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres y las niñas, que tanto había costado conquistar. En China persistieron los crímenes de lesa humanidad contra la población musulmana residente en Xinjiang, y la situación de los derechos humanos se deterioró, sobre todo en Hong Kong. Durante muchos años no se inculcó respeto por los derechos humanos ni se hizo rendir cuentas a los responsables de violarlos, y esto contribuyó claramente a estas catástrofes de derechos humanos.

Numerosos gobiernos siguieron utilizando la pandemia de COVID-19 como pretexto para reprimir los derechos. En varios países se promulgaron nuevas leyes para penalizar la difusión de información o noticias “falsas” sobre la COVID-19, y se utilizó la legislación existente para silenciar a las voces críticas e impedir y disolver las protestas.

Todo ello reflejó la creciente intolerancia a la disidencia en la región. En muchos países se reforzó el control de los medios de comunicación y de Internet. Se sometió a restricciones y castigos cada vez más duros a la oposición política y a quienes criticaban las políticas y los actos de los gobiernos. Con frecuencia se utilizó fuerza excesiva contra personas que se manifestaban pacíficamente y los gobiernos de la región no sólo no protegieron los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos, sino que les impidieron activamente llevar a cabo su vital labor.

Muchos gobiernos siguieron mal preparados para responder a nuevas olas de contagios de la COVID-19. Su deficiente financiación del sector de la salud y la ausencia de medidas efectivas para combatir la corrupción y proteger los derechos laborales del personal sanitario hizo que miles de personas se vieran privadas de un acceso adecuado a la atención sanitaria y que se produjeran muertes que podrían haberse evitado.

Además de en Afganistán, la situación de las mujeres y las niñas empeoró en numerosos países en el contexto de la pandemia y otras restricciones relacionadas con ella. Al carecer de una asistencia social adecuada, el de las mujeres que trabajaban en el sector informal fue uno de los grupos de población que se empobreció aún más. En toda la región, las mujeres y las niñas continuaron enfrentándose a un alto grado de violencia sexual y de género con escasa o nula rendición de cuentas. En varios países se llevaron a cabo campañas contra la población LGBTI. Los pueblos indígenas sufrieron cada vez más los efectos de la degradación ambiental en toda la región.

En Afganistán y Myanmar, decenas de miles de personas se vieron obligadas a desplazarse o buscaron refugio cruzando la frontera, pero muchas de ellas fueron devueltas ilegalmente desde países vecinos a situaciones en las que corrían grave peligro de sufrir violaciones de derechos humanos. En otros países, los gobiernos impidieron la entrada de solicitantes de asilo e infligieron malos tratos a personas refugiadas y migrantes.

Represión de la disidencia

En la región de Asia y Oceanía se redujo el espacio de la disidencia. En Myanmar, el nuevo gobierno militar trató de silenciar la oposición a su golpe de Estado reprimiendo con violencia las protestas que tuvieron lugar en todo el país y deteniendo a miembros del anterior partido gobernante y a activistas en favor de la democracia. En Afganistán, inmediatamente después de hacerse con el poder, los talibanes recortaron las libertades de los medios de comunicación y utilizaron la fuerza para disolver actos de protesta contra sus políticas. En Corea del Norte se recluyó en prisiones o se condenó a la “reforma por el trabajo” a cualquier persona considerada una amenaza para los líderes o el sistema político del país. En otros muchos países, las autoridades hostigaron, detuvieron, recluyeron y, en algunos casos, mataron a miembros de la oposición política y otras voces críticas.

Libertad de expresión

Los gobiernos siguieron escudándose en la necesidad de frenar la propagación de información falsa sobre la COVID-19 para justificar leyes represivas y medidas que restringían indebidamente la libertad de expresión. En Malasia, el gobierno promulgó un decreto que le concedía facultades ilimitadas para silenciar críticas con el pretexto de evitar “noticias falsas” sobre la COVID-19. En Bangladesh, China, Fiyi y Vietnam, las autoridades detuvieron y procesaron a personas que habían criticado su respuesta a la COVID-19. Las autoridades de Sri Lanka amenazaron con acciones disciplinarias contra el personal sanitario que transmitiera a los medios de comunicación sus inquietudes con respecto a la respuesta oficial frente a la pandemia.

Los medios de comunicación independientes fueron blanco de ataques en toda la región. En Myanmar, las autoridades militares cerraron publicaciones de noticias, revocaron las licencias de medios de comunicación y detuvieron a periodistas. También se detuvo, golpeó y hostigó a periodistas en Afganistán, donde las nuevas normativas sobre medios de comunicación prohibían en la práctica cualquier crítica a los talibanes. Para el mes de octubre ya habían cerrado más de 200 medios de comunicación.

Las autoridades de Singapur demandaron por difamación a blogueros y periodistas, y utilizaron acusaciones falsas sobre irregularidades económicas para cerrar el sitio web independiente de noticias The Online Citizen. Las autoridades indias irrumpieron en las oficinas de un diario en lengua hindi por la información que éste había publicado sobre cadáveres de víctimas de COVID-19 arrojados al río Ganges. En Filipinas, la periodista Maria Ressa, ganadora del premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su trabajo, se enfrentaba a ser condenada a décadas de prisión por varias causas judiciales que tenía pendientes por criticar al gobierno.

Numerosos gobiernos trataron de reforzar su control sobre el acceso a otros tipos de información y su difusión en Internet. El gobierno de Singapur promulgó una nueva ley que le confería amplias facultades para retirar o bloquear contenido online si había sospechas de “injerencia extranjera”. En Camboya, una nueva ley exigía que todo el tráfico de Internet pasara por un organismo supervisor encargado de “monitorear” la actividad online. En China, las autoridades ordenaron a los proveedores de servicios de Internet cortar el acceso a sitios web que “pusieran en peligro la seguridad nacional”, y bloquearon las aplicaciones en las que se debatían temas polémicos, como los relacionados con Xinjiang y Hong Kong. En Pakistán también se promulgó una draconiana ley para censurar el contenido online.

En muchos países, las autoridades utilizaron también la legislación existente para detener y procesar a disidentes, como periodistas, activistas y profesionales de la educación. En Indonesia se utilizó la Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas, que establecía penas de hasta seis años de prisión, contra al menos un centenar de personas por sus críticas legítimas a políticas o actuaciones oficiales. En India, el presidente de Amnistía Internacional India, Aakar Patel, fue detenido y acusado de “sembrar la discordia entre comunidades” por haber manifestado en Twitter su preocupación por la hostilidad existente contra la comunidad musulmana ghanchi. En Nepal, las autoridades recurrieron a la Ley de Transacciones Electrónicas para detener de manera arbitraria a quienes criticaban al gobierno y a dirigentes del partido gobernante. En Tailandia, tras un paréntesis de dos años, las autoridades reanudaron la aplicación de las leyes de lesa majestad. Así, en aplicación de esas leyes, fue condenada a 87 años de cárcel una exfuncionaria, acusada —al igual que más de 116 personas en el país— de criticar a la monarquía.

Libertad de reunión y asociación

En toda la región se desencadenaron oleadas de protesta en torno a los acontecimientos políticos, la mala gestión de la pandemia de COVID-19, los derechos laborales y otras cuestiones.

En algunos países se aprovecharon las normativas diseñadas contra la propagación de la COVID-19 para impedir y disolver protestas pacíficas. En Malasia, las autoridades utilizaron las leyes de control de la COVID-19 y demás legislación para reprimir aún más el derecho de reunión pacífica, incluidas las vigilias por las víctimas de la pandemia, que fueron disueltas de manera arbitraria y cuyos participantes fueron hostigados, detenidos y multados. En Maldivas, las autoridades también esgrimieron las directivas sanitarias contra la COVID-19 para disolver protestas, especialmente las organizadas por grupos políticos de oposición. En Mongolia se utilizaron también las restricciones impuestas contra la COVID-19, que prohibían las manifestaciones, para disolver de manera arbitraria protestas pacíficas y detener, recluir y multar a quienes las organizaban.

En al menos 10 países de la región se utilizó fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos. En Myanmar, el ejército respondió con violencia extrema a las protestas organizadas en todo el país contra el golpe de Estado, utilizando tácticas y armas letales, adecuadas sólo para ser empleadas en el campo de batalla, contra personas que se manifestaban pacíficamente. Al concluir el año habían muerto cerca de 1.400 manifestantes.

En India, la policía utilizó en agosto porras para golpear a agricultores que protestaban pacíficamente contra unas polémicas leyes de agricultura. En Indonesia, las fuerzas de seguridad emplearon cañones de agua, porras de goma y proyectiles de impacto cinético para disolver manifestaciones pacíficas contra la renovación de la Ley de Autonomía Especial de Papúa, aprobada en julio.

En Tailandia, la policía antidisturbios respondió con violencia en repetidas ocasiones a protestas en favor de reformas políticas y de una mejor gestión de la pandemia, disparando balas de goma y lanzando botes de gas lacrimógeno, de manera indiscriminada y a quemarropa, contra manifestantes, transeúntes y periodistas. En una de esas ocasiones, varios niños resultaron heridos y uno murió debido al empleo de fuego real contra manifestantes. En Pakistán, decenas de personas resultaron heridas y al menos una murió debido al empleo de fuerza excesiva por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en manifestaciones, incluidas aquéllas en las que se reivindicaban los derechos de la etnia pastún.

Diferentes gobiernos de la región asestaron también nuevos golpes al derecho a la libertad de asociación con medidas cada vez más numerosas contra partidos políticos, activistas, sindicatos y ONG.

En Camboya, en los juicios colectivos contra miembros del opositor Partido de Rescate Nacional de Camboya, ilegalizado, nueve destacados dirigentes del partido fueron hallados culpables in absentia y condenados a hasta 25 años de prisión. En Vietnam, un periodista ciudadano que había solicitado presentarse como candidato independiente en las elecciones a la Asamblea Nacional, fue detenido y condenado a cinco años de prisión.

En Hong Kong, a lo largo del año se hicieron visibles los inhibidores efectos de la Ley de Seguridad Nacional de 2020. En aplicación de esa ley se disolvieron al menos 61 organizaciones de la sociedad civil, incluido el mayor sindicato profesional de Hong Kong. En enero, la detención de decenas de miembros de los partidos de oposición puso fin en la práctica a toda posibilidad de oposición política organizada. En octubre, Amnistía Internacional anunció el cierre de sus dos oficinas de Hong Kong por temor a represalias en aplicación de la mencionada Ley de Seguridad Nacional.

En India se intensificó también la presión sobre las ONG nacionales e internacionales, y decenas de organizaciones que se ocupaban de temas ambientales o de derechos humanos vieron suspendidas sus licencias o cancelada su inscripción en el registro, o tuvieron que pedir autorización al gobierno para poder recibir o desembolsar fondos. En Maldivas, las autoridades siguieron investigando a la reputada ONG Red por la Democracia Maldiva.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio en varios países, incluido Afganistán, donde fueron blanco de homicidios ilegítimos perpetrados por agentes no estatales. Tras la toma del poder por los talibanes, muchos huyeron del país o se ocultaron, incluidos los comisionados y el personal de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. En Filipinas figuraban defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales entre las personas acusadas de vínculos con grupos comunistas o “etiquetadas como rojas”, catalogación que, en la práctica, autorizaba a las fuerzas de seguridad a matarlas.

Las autoridades chinas incrementaron la represión de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Así, muchos permanecieron detenidos durante largos periodos, y fueron habituales los informes de tortura y otros malos tratos contra ellos. Varios profesionales del derecho y activistas de derechos humanos que habían sido detenidos en años anteriores siguieron desaparecidos. Entretanto, en Hong Kong se condenó a 24 personas a penas de prisión por haber homenajeado pacíficamente a las víctimas de la represión de la plaza de Tiananmen de 1989.

En otros países, como Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Malasia, Mongolia, Nepal, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, se hostigó, amenazó, detuvo, procesó y encarceló a defensores y defensoras de los derechos humanos. En Indonesia, a lo largo del año se recibieron noticias sobre actos de violencia física, ciberataques, amenazas y otras formas de agresión contra más de 357 defensores y defensoras de los derechos humanos. En Bangladesh, entre los cientos de personas detenidas en aplicación de la Ley de Seguridad Digital figuraban defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas. En Nepal, la policía detuvo en octubre a 13 activistas que pedían pacíficamente investigaciones imparciales sobre la muerte de una mujer y la desaparición de otra en el distrito de Banke.

También fue cada vez más acusada la vigilancia a la que algunos gobiernos sometían a los defensores y defensoras de los derechos humanos. En India, donde oficialmente se catalogó como “enemigos del Estado” a muchas personas que llevaban a cabo labores de activismo en el ámbito de los derechos humanos, salió a la luz una operación masiva de vigilancia ilegal de defensores y defensoras de estos derechos. En Vietnam, una investigación de Amnistía Internacional reveló una campaña de vigilancia ilegal de defensores y defensoras de los derechos humanos, tanto dentro como fuera del país.

Por su parte, Mongolia aportó una nota positiva con la aprobación de una ley que consolidaba una serie de salvaguardias jurídicas para los defensores y defensoras. Sin embargo, los activistas en favor de los derechos, como los pastores que trabajaban en cuestiones relacionadas con los derechos ambientales y a la tierra, siguieron enfrentándose a amenazas, intimidación y procesamientos por sus actividades legítimas.

Derecho a la salud

La falta de inversiones y la corrupción contribuyeron a la persistente incapacidad de la sanidad pública de la región para responder adecuadamente a la pandemia de COVID-19. En algunos países, las personas enfermas de COVID-19 se vieron privadas de acceso a atención médica adecuada debido a la grave escasez de personal, camas y material. A consecuencia de ello, en países como India y Nepal, que experimentaron fuertes repuntes de contagios a lo largo del año, se produjeron miles de muertes evitables. En India y Filipinas preocupaban la falta de transparencia y las irregularidades en la gestión de los fondos gubernamentales destinados a combatir la pandemia.

En Afganistán y Myanmar, la agitación política llevó al borde del colapso a unos sistemas de atención sanitaria ya de por sí frágiles. En Afganistán cerraron al menos 3.000 centros sanitarios —incluidos hospitales para pacientes de COVID-19— cuando los donantes internacionales suspendieron las ayudas destinadas al sector de la salud del país. En Myanmar, los numerosos ataques contra centros y personal sanitario obstaculizaron el acceso a la atención médica.

En algunos países fue problemático el acceso a vacunas contra la COVID-19. En Corea del Norte, las autoridades negaron la existencia de casos de COVID-19 en el país, y rechazaron ofertas de millones de dosis de vacunas a través de la iniciativa COVAX. Nepal no llegó a recibir el suministro previsto de vacunas, por lo que 1,4 millones de personas tuvieron que esperar meses para recibir la segunda dosis.

En algunos países, la falta de información contribuyó también a los bajos índices de vacunación. Por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, donde al concluir el año sólo se había vacunado el 3% de la población, el gobierno no facilitó información oportuna y accesible sobre el virus y el programa de vacunación.

En ciertos países, las autoridades siguieron sin atender los llamamientos a reducir la población penitenciaria para limitar la propagación de la COVID-19. En las insalubres y masificadas cárceles de Tailandia se registraron unos 87.000 casos entre la población reclusa. En Pakistán, según informes, se trató a la población reclusa como grupo prioritario de vacunación, y en el estado de Sind se excarceló a algunos presos como medida preventiva. Sin embargo, en otros estados las autoridades penitenciarias dejaron de informar sobre las cifras de contagio en la población reclusa.

En algunos países, las duras medidas de confinamiento también socavaron los derechos a la salud y a una alimentación adecuada. En Vietnam no se permitió a la población de Ciudad Ho Chi Minh salir de sus domicilios durante varias semanas seguidas, con lo que muchas personas se vieron en una situación de grave inseguridad alimentaria y pasaron hambre. En Camboya, las autoridades impusieron en varias ciudades medidas similares que dificultaron gravemente al acceso de la población a la alimentación, la atención a la salud y otros bienes y servicios esenciales.

Derechos laborales

La pandemia siguió sometiendo al personal sanitario de la región a una enorme presión. En numerosos países sus condiciones de trabajo eran intolerables, y no se les facilitaba protección ni remuneración adecuadas. En Mongolia, las autoridades hostigaron al personal sanitario, que también fue agredido por pacientes frustrados y desesperados. En India no se remuneró debidamente ni se facilitaron equipos de protección personal adecuados al personal de salud comunitaria. En Indonesia se retrasaron los pagos de incentivos al personal sanitario en reconocimiento a su labor durante la pandemia de COVID-19.

Se siguieron sufriendo las repercusiones socioeconómicas de la pandemia y de las restricciones relacionadas con ella, que afectaban de manera desproporcionada a las personas ya marginadas, como las que carecían de empleo seguro e ingresos regulares. Por ejemplo, en Nepal, el empeoramiento de la situación económica golpeó a la población dalit y a quienes vivían en la pobreza, como las personas que dependían de un jornal diario. En Vietnam, las trabajadoras migrantes —entre ellas las vendedoras ambulantes— sufrieron repercusiones especialmente graves, hasta el punto de que muchas afirmaron padecer inseguridad alimentaria y ser incapaces de cubrir otras necesidades básicas.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Los acontecimientos que tuvieron lugar en Afganistán y Myanmar provocaron nuevas oleadas de desplazamientos en la región. Tras la caótica evacuación efectuada en agosto desde el aeropuerto de Kabul, muchas personas huyeron por tierra a Pakistán e Irán, pero las restricciones impuestas por los talibanes para salir del país y los cierres de fronteras obstaculizaron su derecho a solicitar asilo en terceros países. Al concluir el año, más de un millón de afganos y afganas indocumentados habían sido devueltos al país desde Irán y Pakistán, en la mayoría de los casos contra su voluntad.

De igual forma, algunos países de la región devolvieron a Myanmar a personas solicitantes de asilo o migrantes de ese país, o les negaron la entrada. La guardia de fronteras tailandesa devolvió sin el debido procedimiento a unas 2.000 personas de la etnia karen que huían de los bombardeos aéreos del ejército. Las autoridades de Malasia expulsaron a Myanmar a más de 1.000 personas, pese al peligro grave de que allí sufrieran persecución y otras violaciones de derechos humanos.

La situación de los derechos humanos en Myanmar imposibilitó también la repatriación voluntaria de las personas de etnia rohinyá refugiadas en Bangladesh. Sin embargo, sus derechos siguieron viéndose limitados en este país, donde también se exponían a actos de violencia. Más de 19.000 fueron trasladadas a la remota isla de Bhasan Char, donde se les negó su derecho a la libertad de circulación.

En varios países más se sometió a las personas refugiadas y migrantes a reclusión prolongada y malos tratos. En Japón se recluyó de manera indefinida a solicitantes de asilo y migrantes irregulares. La investigación sobre la muerte de una mujer srilankesa bajo custodia de las autoridades de inmigración concluyó que no se le había facilitado atención médica adecuada. Las autoridades australianas siguieron recluyendo de manera indefinida y arbitraria a personas refugiadas y solicitantes de asilo, tanto dentro como fuera de su territorio nacional. En Nueva Zelanda se sometió a malos tratos a personas solicitantes de asilo recluidas, aunque el gobierno anunció una investigación independiente sobre la práctica de recluir a solicitantes de asilo en centros penales sólo por motivos de inmigración.

En países como Corea del Sur, Malasia, Singapur, Taiwán y Vietnam las medidas preventivas contra la COVID-19 discriminaron injustamente a los trabajadores y trabajadoras migrantes.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Los derechos de las mujeres y de las niñas sufrieron importantes reveses en la región. En Afganistán, de la noche a la mañana quedaron borrados 20 años de avances en la protección y promoción de los derechos de las mujeres. Las mujeres quedaron excluidas del nuevo gobierno talibán, y se les prohibió trabajar en numerosos sectores. Se restringió gravemente el acceso de las niñas a la educación, y se amenazó e intimidó a defensoras de los derechos humanos, periodistas, juezas y fiscalas. Los talibanes respondieron con violencia a las protestas en apoyo a los derechos de las mujeres.

La violencia sexual y de género, ya endémica en numerosos países de la región, se vio agudizada en el marco de las respuestas de los Estados a la COVID-19. Por ejemplo, se informó de un aumento en los índices de violencia de género en Bangladesh, Fiyi, Papúa Nueva Guinea y Sri Lanka.

Quienes reivindicaron rendición de cuentas por actos de violencia contra las mujeres y mayor protección para éstas lograron escasos avances. El gobierno chino llevó a cabo una campaña de desprestigio contra mujeres exiliadas que habían estado recluidas en la región de Xinjiang y habían denunciado la violencia sexual existente en los llamados “centros de reeducación”. En Pakistán, el Parlamento aprobó un proyecto de ley sobre la violencia de género en el ámbito familiar pero, según informes, debido a la oposición de los partidos conservadores, el gobierno terminó por someterlo a revisión ante un órgano asesor religioso. Entretanto, la falta de rendición de cuentas por la violencia sexual y de género seguía siendo habitual en el país. En Nepal no se avanzó en la reforma de las disposiciones constitucionales que negaban a las mujeres derechos de nacionalidad igualitarios ni en la eliminación de los plazos de prescripción excesivamente restrictivos que se aplicaban al delito de violación.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En muchos países de la región se siguió persiguiendo o discriminando de distintas formas, en la ley y en la práctica, a la población LGBTI. En algunos países seguían estando penalizadas las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

En varios países se llevaron a cabo campañas contra la población LGBTI. En Malasia, más de 1.700 personas fueron enviadas a campos de rehabilitación gestionados por el gobierno y concebidos para cambiar el “estilo de vida” y la “orientación sexual” de las personas LGBTI. Las autoridades chinas continuaron con su campaña de “limpieza” de toda representación LGBTI en Internet. Se prohibió la aparición en televisión de hombres con aspecto afeminado, y se cerraron las cuentas de las organizaciones LGBTI en las redes sociales. En Afganistán, los talibanes anunciaron claramente que no respetarían los derechos LGBTI.

En Taiwán se lograron pequeños avances en el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero la población LGBTI siguió sufriendo discriminación.

Derechos de los pueblos indígenas

Los intereses comerciales y la degradación ambiental interfirieron cada vez más en las tradiciones y los medios de vida de los pueblos indígenas de la región, y sus salvaguardias jurídicas quedaron diluidas en al menos un país. En Bangladesh, los pueblos indígenas sufrieron una merma de recursos debido a la intensificación de la deforestación y del acaparamiento de tierras. En Papúa Nueva Guinea, los pueblos indígenas protestaron por el impacto que ejercían sobre sus medios de vida y su cultura las actividades de extracción de minerales y metales en los fondos marinos. En Malasia, una comunidad indígena solicitó oficialmente la revisión judicial de los planes del gobierno del estado de Selangor para desalojarla de sus tierras y llevar a cabo en ellas un proyecto de desarrollo turístico. En Nepal y Tailandia no se permitió regresar a sus tierras a los pueblos indígenas que habían sido desalojados en años anteriores, y tampoco se les facilitaron tierras ni medios de sustento alternativos.

En Fiyi, el Parlamento aprobó una reforma de la Ley de Fideicomiso de Tierras iTaukei (indígenas) que eliminaba el requisito de recibir autorización antes de hipotecar y arrendar tierras propiedad de los pueblos indígenas, lo cual dio lugar a protestas en las que fueron detenidas más de una decena de personas. En Taiwán, los tribunales tomaron ciertas medidas para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y sus prácticas tradicionales de caza, pero la legislación en vigor siguió sin protegerlos debidamente.

En Camboya se negó acceso a sus tierras consuetudinarias a indígenas y a activistas de base que trabajaban en defensa de los bosques para llevar a cabo actividades de conservación. Tanto en Camboya como en otros lugares se respondió con detenciones y violencia a las iniciativas de protección de las tierras indígenas. En Indonesia, guardias privados de seguridad empleados por empresas papeleras agredieron a indígenas que trataron de impedirles plantar eucaliptos en sus tierras en las provincias de Sumatra Septentrional y Riau.

En Filipinas se produjeron detenciones y homicidios de indígenas y activistas en favor de los derechos indígenas. Agresores no identificados mataron a tiros a Julie Catamin, teniente de un barrio, que había testificado en una causa judicial relacionada con una redada policial que había tenido lugar en diciembre de 2020, en la que habían sido detenidos líderes del pueblo indígena tumandok y habían muerto varias personas de esa comunidad. En India, las mujeres dalits y adivasis (indígenas) seguían corriendo especial peligro de violencia sexual a manos de hombres de las castas dominantes.

Crímenes de derecho internacional

Amnistía Internacional recopiló pruebas concluyentes de que el gobierno chino había cometido crímenes de lesa humanidad, como encarcelamiento u otras formas graves de privación de libertad, tortura y persecución, contra grupos étnicos predominantemente musulmanes residentes en Xinjiang. Aunque lo negaba, el gobierno prosiguió con su campaña de detenciones masivas arbitrarias, unidas a actos de violencia e intimidación para acabar con las creencias religiosas islámicas y las prácticas culturales de la etnia túrquica musulmana.

Las partes en conflicto en Afganistán cometieron violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra. Las personas de etnia hazara sufrieron frecuentes ataques, como durante la ofensiva y la toma del poder por los talibanes. Los talibanes sometieron a desaparición forzada o ejecutaron extrajudicialmente a más de un centenar de exmiembros de las fuerzas de seguridad y, sólo en la provincia de Daykundi, ejecutaron a nueve soldados de etnia hazara que se habían rendido. También perpetraron varias masacres de civiles de etnia hazara, incluidas las de las provincias de Ghazni y Daykundi.

En Myanmar, el ejército fue responsable de ataques indiscriminados y selectivos contra la población civil. Asimismo, bloqueó el acceso de ayuda humanitaria a poblaciones internamente desplazadas. Entre las personas víctimas de los homicidios perpetrados por el ejército en diciembre en el estado de Kayah, al este del país, figuraban dos trabajadores humanitarios de Save the Children.

Tortura y otros malos tratos

Hubo limitados avances en la prevención de la tortura y otros malos tratos en la región, que seguían siendo prácticas generalizadas en un número considerable de países. Tanto en Pakistán como en Tailandia se tomaron medidas para penalizar la tortura. Sin embargo, la ley propuesta en Tailandia no se ajustaba por completo a las normas internacionales. En Sri Lanka, las nuevas normativas emitidas en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo podían incrementar el riesgo de que las personas detenidas fueran torturadas.

En estos y otros países continuaron denunciándose casos de tortura y otros malos tratos. En Myanmar se documentó el empleo generalizado de la tortura y otros malos tratos —en algunos casos, con resultado de muerte— contra personas detenidas por su oposición al golpe de Estado. Las autoridades chinas siguieron empleando la tortura contra personas detenidas en Xinjiang y otros lugares, y procesaron a quienes denunciaron lo que habían sufrido. En Nepal, el uso de la tortura y otros malos tratos para intimidar y obtener “confesiones” durante la detención previa al juicio era una práctica generalizada. Aún no se había dictado ninguna sentencia condenatoria en aplicación del Código Penal de 2017, que penalizaba estas prácticas. En Malasia siguieron siendo muy habituales las muertes bajo custodia o poco después de que la persona detenida quedara en libertad, atribuibles, al menos en algunos casos, a las palizas y demás malos tratos infligidos en detención.

Impunidad

Seguía siendo motivo de profunda preocupación la impunidad de las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional en un número significativo de países.

Tanto en Nepal como en Sri Lanka se siguió negando justicia a las víctimas de crímenes de derechos internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos en el pasado durante sus conflictos armados. En Nepal, los mecanismos de justicia transicional no llegaron a resolver un solo caso. Ante el fracaso reiterado del gobierno de Sri Lanka para promover internamente la justicia, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución por la que se establecía un mecanismo encargado de recoger pruebas sobre los crímenes de derecho internacional cometidos por todas las partes en el conflicto.

En vista de la falta de avances internos, la Corte Penal Internacional dio curso a investigaciones en dos países. Sin embargo, la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Filipinas en el contexto de la “guerra contra las drogas” quedó suspendida mientras la Corte estudiaba una solicitud de aplazamiento formulada por el gobierno. La Corte Penal Internacional reanudó también sus investigaciones en Afganistán, pero centrándose sólo en los actos cometidos por los talibanes y el Estado Islámico en la Provincia de Jorasán, mientras dejaba de lado los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno afgano y por el personal militar y de inteligencia estadounidense, con lo que ponía en peligro su propia reputación y se arriesgaba a afianzar más la impunidad. Las autoridades australianas tampoco tomaron medidas contra los miembros de sus fuerzas especiales cuyos casos habían sido remitidos en 2020 para que fueran investigados por presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán.

La impunidad siguió facilitando que se perpetraran violaciones de derechos humanos en otros lugares, como India, donde las desapariciones forzadas y la tortura y otros malos tratos eran generalizadas y sistemáticas. En Pakistán se presentó ante el Parlamento un proyecto de ley que reformaba el Código Penal a fin de penalizar las desapariciones forzadas, pero que seguía sin ofrecer suficientes salvaguardias contra este delito. En Bangladesh, en lugar de investigar los casos de presuntos homicidios ilegítimos o desapariciones, el gobierno negó toda responsabilidad o alegó que las fuerzas de seguridad habían actuado “en defensa propia”. En Indonesia, las fuerzas de seguridad siguieron cometiendo homicidios ilegítimos en Papúa y Papúa Occidental, casi siempre con impunidad.

Recomendaciones

Aunque hubo algunos avances, en la región de Asia y Oceanía se siguieron socavando el respeto y la protección de los derechos humanos. El trágico hundimiento de Afganistán y Myanmar en sendas crisis no fue ninguna sorpresa en una región donde los derechos humanos se ignoran con demasiada frecuencia, los gobiernos son cada vez menos tolerantes a las críticas; la violencia contra las mujeres, las niñas y los grupos marginados es generalizada, y la impunidad es la norma.

Los gobiernos deben respetar y facilitar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. En consecuencia, deben revocarse las leyes que limitan esos derechos —incluidas las normativas de carácter restrictivo impuestas a los medios de comunicación, el acceso a Internet y las ONG— y poner fin a la detención y la reclusión arbitrarias de las personas que critican a los gobiernos. Asimismo, debe respetarse y protegerse la labor legítima que realizan los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Los gobiernos deben extraer lecciones de sus dificultades para responder a la pandemia de COVID-19, y comprometerse a invertir más en los sistemas de atención sanitaria y en la protección del derecho a la salud.

Los gobiernos de la región deben aunar e intensificar esfuerzos para revertir el deterioro que han sufrido los derechos de las mujeres y de las niñas durante la pandemia, y para abordar la violencia sexual y de género. También se debe reforzar la presión sobre el gobierno talibán de Afganistán para que revierta la involución impuesta a los derechos y libertades de las mujeres y las niñas.

Los gobiernos de todo el mundo deben abstenerse de devolver a ninguna persona a Afganistán ni a Myanmar, no importa cuál sea su situación migratoria, hasta que se pueda garantizar la protección de sus derechos humanos. Deben cesar las detenciones de solicitantes de asilo sólo por su condición migratoria.

Los gobiernos deben intensificar sus esfuerzos en la lucha contra la impunidad, emprendiendo investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales, efectivas y transparentes sobre los crímenes de derecho internacional y poniendo a los presuntos autores a disposición de la justicia. También deben cooperar plenamente con los procesos de justicia internacional.

Contenidos relacionados

Ver más contenidos