1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

Malta

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Continuó la investigación pública sobre el homicidio de la periodista Daphne Caruana Galizia. El gobierno recurrió a prácticas ilegales para impedir la llegada por mar de personas refugiadas y migrantes al país y continuó deteniendo arbitrariamente a solicitantes de asilo, cuyas condiciones de vida empeoraron debido a la pandemia de COVID-19. Continuó en vigor la prohibición total del aborto.

Información general

El 7 de marzo, el gobierno declaró una emergencia de salud pública para combatir la propagación de la COVID-19 y adoptó medidas para restringir la circulación y las reuniones públicas.

En junio, la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión Venecia) emitió una opinión sobre las propuestas del gobierno para reforzar el Estado de derecho. Señaló que, aunque había habido algún progreso, se tenía que avanzar aún más para aumentar la independencia del poder judicial y las competencias del Parlamento y del Defensor del Pueblo y para implicar a la sociedad civil en el proceso de reforma.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En enero dimitió el primer ministro Joseph Muscat a raíz de las protestas públicas generalizadas que habían estallado a finales de 2019, al conocerse que miembros de su gabinete y estrechos colaboradores suyos estaban implicados en el homicidio de la periodista Daphne Caruana Galizia en 2017. En agosto fue interrogado formalmente por la policía. En septiembre, el Consejo de Europa pidió al primer ministro Abela que se abstuviera de socavar la credibilidad de la investigación y de interferir en su desarrollo. La investigación pública sobre el homicidio de la periodista seguía abierta al terminar el año.

Personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo

En 2020 fueron rescatadas en el mar y desembarcadas en Malta unas 2.300 personas, un tercio menos que en 2019, año en que habían llegado por mar 3.300. Casi una cuarta parte eran niños y niñas no acompañados, y alrededor del 30% del total procedían de Sudán.

En abril, preocupado por el número de llegadas y la presión adicional sobre los recursos a causa de la pandemia, el gobierno anunció que no se permitirían desembarcos y que las autoridades no podrían dar servicio en la región de búsqueda y salvamento que correspondía a Malta.

El gobierno recurrió a prácticas ilegales para impedir las llegadas por mar. Debido a ello, expuso a personas refugiadas y migrantes a graves peligros, al demorar su rescate, negarles el desembarco y devolverlas sumariamente a Libia, entre otras prácticas.1 En abril, el gobierno contrató un buque mercante y le ordenó devolver a Libia a un grupo de personas que llevaban varios días en peligro en el mar. Según testimonios de sobrevivientes, 12 personas murieron, algunas antes del rescate y otras en el viaje a Libia. Las 51 que sobrevivieron fueron detenidas al llegar a Libia. A finales de mayo, una investigación judicial sobre la responsabilidad del primer ministro y el jefe de las fuerzas armadas de Malta abierta a raíz de la denuncia de una ONG concluyó sin pruebas esenciales que no había habido ninguna actuación ilegal. Al final del año estaba pendiente un recurso de apelación.

En mayo, el gobierno firmó un memorándum de entendimiento con Libia para combatir la migración irregular que, en opinión de ONG, daría lugar a más interceptaciones en el mar y devoluciones a Libia.

Entre finales de abril y principios de junio, el gobierno detuvo a más de 425 personas migrantes y solicitantes de asilo que habían sido rescatadas en la región de búsqueda y salvamento maltesa, a bordo de transbordadores posicionados fuera de las aguas territoriales para eludir las obligaciones de derechos humanos. Estas embarcaciones no estaban preparadas para estancias prolongadas. No se comunicaron los motivos legales de la detención ni se permitió a las personas detenidas el acceso a abogados y organizaciones independientes. El 6 de junio fueron desembarcadas en su totalidad, algunas después de haber estado casi seis semanas privadas arbitrariamente de libertad.

Durante casi seis semanas, el gobierno se negó a autorizar al petrolero Maersk Etienne el desembarco de 27 personas —entre ellas una embarazada y un niño— que habían sido rescatadas en el mar el 4 de agosto a petición de las autoridades maltesas. Finalmente se trasladó a los migrantes y solicitantes de asilo rescatados al Mare Jonio, barco de una ONG, y su desembarco tuvo lugar en Sicilia (Italia) el 14 de septiembre.

En septiembre, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por los informes sobre la falta de medidas para rescatar personas en el mar y sobre la detención de migrantes y solicitantes de asilo en condiciones que podían constituir malos tratos, agravadas por la COVID-19. Expertos de la ONU recibieron informes sobre autolesiones e intentos de suicidio en un centro de detención. Abogados y ONG sufrían cada vez más restricciones para acceder a los centros de detención de migrantes. En algunos centros se impusieron medidas de confinamiento a cientos de migrantes y solicitantes de asilo durante periodos prolongados, en condiciones de hacinamiento que impedían guardar la distancia física necesaria y con instalaciones higiénicas inadecuadas.

En octubre, un tribunal ordenó poner en libertad a un solicitante de asilo que llevaba 144 días detenido sin base legal. Manifestó además que le preocupaba que hubiera otros ciudadanos extranjeros detenidos sin justificación legal y notificó su sentencia al ministro del Interior.

Continuaban en espera de ser formalmente acusados los tres jóvenes solicitantes de asilo que se habían negado a ser devueltos a Libia tras su rescate por el buque mercante El Hiblu 1 en marzo de 2019 y su posterior detención en Malta al desembarcar. Podían ser condenados a cadena perpetua en virtud de la legislación antiterrorista y por otros cargos.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Las mujeres continuaron sin tener acceso al aborto incluso en los casos en que su vida corría peligro.

En noviembre, el órgano independiente encargado de vigilar el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contralas Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), Grevio, elogió a Malta por haber definido la violación como relación sexual sin consentimiento, conforme a las normas internacionales, en 2018. No obstante, criticó la tendencia de la judicatura a hacer recaer en la víctima la carga de probar la falta de consentimiento.

  1. Waves of impunity: Malta’s human rights violations and Europe’s responsibilities in the central Mediterranean (EUR 33/2967/2020)

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

República de Malta
Jefe del Estado: George Vella
Jefe del gobierno: Robert Abela (sustituyó a Joseph Muscat en enero)

Noticias

Ver más noticias

Artículos

Análisis, opinión, historias personales y otros

Ver más artículos

Documentos

Ver más documentos