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Malta 2019

Un prominente empresario maltés fue detenido por cargos de complicidad en el homicidio de la periodista Daphne Caruana Galizia y acusó de implicación en él al jefe de gabinete del primer ministro, lo que sumió al gobierno en una profunda crisis política. Tras las críticas internacionales, el gobierno aceptó abrir una investigación pública sobre el homicidio. Más de 3.300 personas refugiadas y migrantes llegaron a Malta por mar. Muchas fueron rescatadas por las autoridades maltesas, que también autorizaron el desembarco de cientos de personas salvadas por ONG. Sin embargo, estas personas eran sometidas de manera habitual a detención ilegal en condiciones gravemente inadecuadas. El aborto continuó estando prohibido en todas las circunstancias.

Falta de rendición de cuentas

El 20 de noviembre, el gobierno entró en una profunda crisis política a raíz de la detención de un prominente empresario maltés por cargos de complicidad en el homicidio de la periodista Daphne Caruana Galizia, perpetrado el 16 de octubre de 2017 en un atentado con explosivos colocados en su vehículo. El empresario acusó al jefe de gabinete del primer ministro Joseph Muscat de estar involucrado. Sus revelaciones desataron protestas públicas generalizadas en la isla. La familia de la periodista, preocupada por la posible destrucción de pruebas clave, exigió la dimisión inmediata del primer ministro. Joseph Muscat anunció que renunciaría al cargo en enero de 2020. En diciembre, tras una visita urgente a Malta para evaluar la investigación sobre el homicidio, el Parlamento Europeo señaló con profunda preocupación que retrasar la dimisión del primer ministro podía menoscabar la integridad de la investigación y el Estado de derecho en Malta. En septiembre, tras considerables presiones internacionales —ejercidas incluso durante la revisión del historial de derechos humanos del país llevada a cabo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del proceso de Examen Periódico Universal—, Malta aceptó poner en marcha una investigación pública sobre el homicidio.[1] En junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa dio a Malta un plazo de tres meses para aceptar una investigación pública e independiente sobre la muerte de la periodista en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el país en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La decisión se basaba en las conclusiones de informes sumamente críticos sobre las deficiencias sistémicas del sistema de justicia penal y el marco constitucional de Malta a la hora de garantizar respeto al Estado de derecho y la rendición de cuentas.

Tres hombres acusados en relación con la ejecución del atentado contra la periodista estaban en espera de juicio al terminar el año.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Más de 3.300 personas refugiadas y migrantes llegaron a Malta por la ruta del Mediterráneo central, frente a las 1.445 que lo habían hecho en 2018. Cerca de la mitad eran sudanesas, y el siguiente grupo más extenso procedía de Eritrea. Prácticamente un tercio de las personas que llegaban eran menores, casi la mitad de ellos no acompañados.

Malta rescató a cientos de personas refugiadas y migrantes en su zona de búsqueda y salvamento. Además, aceptó el desembarco de varios cientos más, rescatadas por ONG y otras entidades, con la condición de que, si habían sido rescatadas en circunstancias de las que Malta no se consideraba jurídicamente responsable, fueran trasladadas a otras partes de la UE.

En septiembre, Malta se comprometió —junto con Alemania, Francia e Italia— a establecer un “mecanismo temporal de solidaridad”, dirigido a facilitar el desembarco predecible, “digno” y en un lugar seguro de las personas refugiadas y migrantes rescatadas en el mar, así como un sistema imparcial que garantizara su reubicación entre los Estados miembros de la UE.

Las autoridades responsables del sistema de asilo tenían dificultades para atender el gran número de solicitudes y aceptaron la ayuda de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. Muy pocas de las personas solicitantes vieron reconocida su condición de persona refugiada; a la mayoría se les concedió protección subsidiaria, que no permitía la reagrupación familiar y limitaba considerablemente las oportunidades de integración. Continuaron los traslados de solicitantes de asilo a Alemania, Eslovenia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Rumania, que habían empezado en 2018.

Cientos de personas refugiadas y migrantes sufrieron detención arbitraria en condiciones deficientes y de hacinamiento, en algunos casos durante más de tres meses, en el Centro de Acogida Inicial y en el Centro de Detención del Cuartel de Safi. No había oportunidad significativa de que se revisara su detención, que las autoridades consideraban justificada por motivos médicos, ya que la legislación maltesa permitía imponer restricciones de circulación por tales motivos durante un periodo de hasta cuatro semanas, prorrogables a diez en circunstancias excepcionales. En octubre, el tribunal de primera instancia resolvió que la detención de seis solicitantes de asilo por supuestos motivos médicos durante más de 10 semanas era ilegal y ordenó su puesta en libertad, tras un recurso de hábeas corpus presentado por los abogados defensores de estas personas. Profesionales del derecho y ONG nacionales e internacionales señalaron que la razón subyacente de que estas personas continuaran detenidas era que las autoridades no disponían de plazas de acogida suficientes en centros abiertos. Las autoridades pensaban resolver el problema retirando a solicitantes de asilo de los centros abiertos tras cumplirse un determinado plazo para dejar sitio a nuevas llegadas. Sin embargo, no había planes para ofrecerles después alojamiento alternativo adecuado ni para ampliar la disponibilidad general de plazas en los centros abiertos. En junio, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por la detención de menores solicitantes de asilo y migrantes y por el trato que se les dispensaba.

En marzo, tres solicitantes de asilo —uno, de 15 años, de Costa de Marfil y dos, de 16 y 19 años, de Guinea— fueron detenidos a su llegada a Malta como sospechosos de haber secuestrado el barco que los había rescatado para impedir que su capitán los devolviera a Libia. Junto a unas 100 personas más, habían salido de Libia en un bote neumático y habían sido rescatados por el buque mercante El Hiblu 1. Los tres fueron acusados de delitos graves, algunos punibles con cadena perpetua, en aplicación de la legislación antiterrorista y otras leyes. En mayo, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos instó a Malta a reconsiderar la gravedad de los cargos y expresó su preocupación por la reclusión inicial de los tres muchachos en el módulo de alta seguridad de una prisión para adultos, y por que no se hubieran designado tutores legales para los dos que eran menores de edad antes de su interrogatorio. En junio, el Comité de los Derechos del Niño también expresó su preocupación por el hecho de que los dos niños comparecieran ante un tribunal para personas adultas y no de menores. Al final del año seguía abierta la instrucción del caso.[2]

En mayo se impuso una multa de 10.000 euros por irregularidades de registro al capitán del Lifeline, barco de salvamento de una ONG alemana, por haber rescatado a cientos de personas refugiadas y migrantes. El Lifeline, que enarbolaba el pabellón neerlandés, quedó incautado en Malta. Las actuaciones penales y su resultado constituyeron un incumplimiento de la obligación de Malta de proteger el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Al final del año estaba pendiente un recurso de apelación.

Derechos sexuales y reproductivos

Se siguió negando el acceso al aborto a las mujeres, incluso en los casos en que su vida corría peligro. Malta rechazó las recomendaciones de reformar la prohibición total del aborto formuladas por varios Estados durante el Examen Periódico Universal al que se sometió el país en noviembre de 2018.


[1] Malta: Responsibility to rescue and protect people at sea scarcely addressed in review (EUR 33/0056/2019)

[2] Malta: El caso de El Hiblu 1: Tres adolescentes en el banquillo por oponerse a ser devueltos a su situación de sufrimiento en Libia (EUR 33/1270/2019)

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