Líbano

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

El ejército israelí siguió llevando a cabo ataques aéreos en Líbano, a pesar de la existencia de un acuerdo de alto el fuego, y el gobierno libanés no actuó con firmeza para exigir responsabilidades por las violaciones del derecho internacional humanitario. Israel causó destrucción y daños masivos en infraestructuras civiles y terrenos agrícolas del sur de Líbano, lo cual violaba el derecho internacional humanitario. Las autoridades libanesas seguían llamando a declarar a activistas y periodistas por cargos penales de difamación y otras acusaciones imprecisas, mientras en el Parlamento avanzaba un proyecto de ley de medios de comunicación que podía proteger mejor la libertad de expresión. El gobierno extraditó al poeta egipcio-turco Abdul Rahman al Qaradawi a Emiratos Árabes Unidos, donde fue sometido a desaparición forzada. Después de años sin ningún progreso, la investigación sobre la explosión ocurrida en el puerto de Beirut en 2020 empezó a avanzar. A pesar de algunas mejoras, Líbano seguía careciendo de un sistema de protección social universal. Se llevó al Parlamento una propuesta de reforma de la Ley de Nacionalidad con la que se pretendía que las mujeres libanesas pudieran transmitir la nacionalidad a sus hijos e hijas. Líbano sufría una sequía de severidad sin precedentes en los años anteriores.

Información general

Líbano puso fin a más de dos años de estancamiento político con la elección de un presidente —el comandante de las Fuerzas Armadas Libanesas, Joseph Aoun—, el 9 de enero, y la formación de un gobierno. El 13 de enero, el Parlamento nombró primer ministro a Nawaf Salam.

Pese a haberse alcanzado un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024, el ejército israelí siguió llevando a cabo bombardeos aéreos casi a diario en el sur de Líbano y la región de la Becá —y, en ocasiones, en otros lugares, incluida la capital, Beirut— para atacar objetivos que calificaba de emplazamientos y fuerzas militares de Hezbolá.

El 18 de febrero, Israel anunció su intención de mantener la presencia militar y controlar temporalmente cinco posiciones “estratégicas” en el sur de Líbano. El 27 de febrero, el ministro de Defensa israelí declaró que las fuerzas de su país iban a “permanecer indefinidamente” en una zona de separación situada en la frontera entre Israel y Líbano. En agosto, el primer ministro de Israel vinculó la “reducción progresiva” de las tropas israelíes en territorio libanés al desarme de Hezbolá.

A fecha de 1 de octubre, las operaciones militares israelíes habían matado a 103 civiles en Líbano, desde la entrada en vigor del alto el fuego, y había 80.000 personas internamente desplazadas, según ACNUDH, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Los bombardeos aéreos del ejército israelí en Líbano causaron destrucción y daños masivos en infraestructuras civiles y terrenos agrícolas del sur del país, lo cual violaba el derecho internacional humanitario.¹

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 26 de enero de 2025, más de 10.000 estructuras resultaron gravemente dañadas o completamente destruidas, incluidas viviendas, mezquitas, cementerios, carreteras, parques y campos de fútbol. En tres municipios se destruyó más del 70% del total de las estructuras. Gran parte de la destrucción se llevó a cabo al margen del combate activo y, aparentemente, en ausencia de una necesidad militar imperiosa, condición exigida por el derecho internacional humanitario. La destrucción continuó a pesar de la entrada en vigor de un acuerdo de alto el fuego.

En octubre, tras una visita a Líbano, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales concluyó que los ataques de Israel contra periodistas y personal de primera intervención y hospitalario suscitaban honda preocupación en relación con el derecho internacional humanitario. Según dijo a la prensa, el ataque del 13 de octubre de 2023 que había matado al fotoperiodista de Reuters Issam Abdallah y herido a seis periodistas más posiblemente fuera un crimen de guerra. Asimismo, pidió a Líbano que aceptara la competencia de la Corte Penal Internacional y abriera investigaciones penales nacionales sobre las muertes potencialmente ilícitas.

Libertad de expresión

En mayo se presentó ante la Comisión de Administración y Justicia del Parlamento un proyecto de ley de medios de comunicación que incluía avances positivos para la libertad de expresión; en particular, la abolición de la detención en espera de juicio y de las condenas de prisión por delitos relacionados con la libertad de expresión, y la derogación de las disposiciones del Código Penal y la justicia militar sobre difamación e injurias. Aun así, varias de las disposiciones sometidas a debate podían socavar el derecho a la libertad de expresión, como la reintroducción de la prisión en espera de juicio por “vulnerar la dignidad o la vida privada de las personas” o la imposición de prohibiciones generales a los medios de comunicación que publicaran información sobre la parte denunciante durante procedimientos judiciales en curso.

Las autoridades libanesas continuaron llamando a declarar a activistas y periodistas por cargos penales de difamación y otras acusaciones imprecisas, lo que violaba el derecho a la libertad de expresión. Fueron citadas más de 15 personas, la mayoría a raíz de denuncias presentadas por figuras relevantes e influyentes de la política y las finanzas.

El 15 de febrero, las autoridades judiciales llamaron a declarar al personal de los medios independientes Daraj Media y Megaphone News, que habían publicado informaciones críticas con los candidatos al puesto de gobernador del Banco Central y con las decisiones financieras del gobierno. En la denuncia previa, presentada por tres abogados a título privado, se acusaba a los medios de comunicación de “socavar la posición económica del Estado” y “debilitar el sentimiento nacional”. ² En noviembre, la fiscalía del Tribunal de Casación citó al redactor jefe y al director de Megaphone News, tras una denuncia presentada en nombre del antiguo jefe de la Oficina de Delitos Informáticos.

En enero, a raíz de una orden emitida por el Consejo de Ministros Árabes de Interior, el gobierno libanés extraditó al poeta egipcio-turco Abdul Rahman al Qaradawi a Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que las organizaciones de derechos humanos habían expresado el temor de que sufriera graves violaciones de estos derechos allí.³ En diciembre de 2024, durante una visita a Siria, Al Qaradawi se había filmado en vídeo dentro de la mezquita de los Omeyas de Damasco criticando a las autoridades emiratíes, saudíes y egipcias. El 28 de diciembre de ese año, la Dirección General de la Seguridad General libanesa lo detuvo. A su llegada a Emiratos Árabes Unidos fue sometido a desaparición forzada. Al concluir 2025 seguía sin revelarse su paradero (véase el apartado sobre Emiratos Árabes Unidos).

Tortura y otros malos tratos

Desde que en 2017 se aprobara la Ley contra la Tortura (ley núm. 65/2017), Amnistía Internacional había documentado decenas de denuncias presentadas en virtud de su aplicación que no habían sido investigadas de manera efectiva ni llegado nunca a juicio.

La Asamblea Consultiva del Estado, máxima autoridad judicial administrativa de Líbano, ordenó al gobierno que pagara al actor Ziad Itani una indemnización de 480 millones de libras libanesas (aproximadamente 5.360 dólares estadounidenses) por la inacción de las autoridades a la hora de prohibir, prevenir e investigar adecuadamente sus denuncias de tortura y otros malos tratos. La orden, dictada el 5 de diciembre de 2024 y hecha pública el 10 de marzo de 2025, reconocía la falta de medidas estatales para prohibir los actos de tortura, proteger la presunción de inocencia y llevar a cabo las investigaciones y los procesamientos necesarios para garantizar que las personas responsables de tortura y otros malos tratos rindieran cuentas. Al finalizar el año, Ziad Itani no había recibido la indemnización.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Cinco años después de la explosión en el puerto de Beirut, en la que murieron al menos 236 personas y más de 7.000 resultaron heridas, las autoridades aún no habían proporcionado verdad y justicia a las víctimas y a sus familias.

En febrero, después de dos años de suspensión, el juez Tarek Bitar reanudó la investigación, citando a más autoridades y personal. En marzo, el fiscal general, Jamal Hajjar, anuló las medidas decretadas por su predecesor, que habían paralizado en la práctica la investigación. Algunas de las personas llamadas a declarar, entre ellas, el ex primer ministro Hassan Diab y los generales de división Abbas Ibrahim y Tony Saliba, acataron la citación y comparecieron para ser interrogadas. Sin embargo, otras autoridades, como los miembros del Parlamento Ali Hassan Khalil y Ghazi Zaaiter y el fiscal general anterior, siguieron obstruyendo la investigación y no acudieron.

El gobierno no procuró que se rindieran cuentas por las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto con Israel, al no otorgar jurisdicción a la Corte Penal Internacional para investigar y enjuiciar los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma cometidos en territorio libanés ni garantizar el derecho de las víctimas a obtener reparación.

Amnistía Internacional documentó repetidas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por el ejército israelí en Líbano entre 2023 y 2025, incluidos ataques contra centros de salud y vehículos sanitarios en Beirut y en el sur del país.⁴ La organización también documentó múltiples ataques aéreos que mataron a civiles, incluidos niños y niñas, y destruyeron bienes civiles.

Derecho a la seguridad social

A pesar de algunas reformas limitadas, Líbano distaba mucho de tener un sistema universal de protección social. Tras la crisis económica de 2019, muchas familias con menores a su cargo, así como personas de edad avanzada o que no podían trabajar, seguían sin tener acceso a un seguro médico asequible ni a garantías de ingresos básicos.

En junio, el Fondo Nacional de Seguridad Social anunció una serie de cambios en sus prestaciones por fin de servicio y por complementos familiares que incluían un aumento de las contribuciones de las entidades empleadoras y de las retribuciones laborales, en particular de las prestaciones familiares. Estos cambios se aplicaron a partir del 1 de julio.

Aunque supuso un gran avance cuando se adoptó en 2024, la Estrategia Nacional de Protección Social no contaba con una financiación suficiente ni una aplicación adecuada, y seguía excluyendo a las comunidades no libanesas, incluidas las personas migrantes y refugiadas.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Los grupos por los derechos de las mujeres continuaron defendiendo una ley unificada sobre la condición jurídica de la persona y reclamando derechos, incluidas la igualdad en la custodia de los hijos e hijas, la plena protección frente a la violencia de género en el ámbito familiar y la capacidad de las mujeres de transmitir la nacionalidad a sus hijos e hijas, y al esposo en el caso de las casadas con extranjeros. En virtud de la legislación aplicable, la nacionalidad se seguía transmitiendo principalmente por vía paterna.

El 2 de septiembre, la parlamentaria Cynthia Zarazir presentó al Parlamento una propuesta de reforma del artículo 1 de la Ley de Nacionalidad que permitiría otorgar la nacionalidad a los hijos e hijas de mujeres libanesas. Anunció la propuesta el 16 de octubre, en el marco de la campaña “Mi nacionalidad es un derecho para mí y mi familia”, fundada en 1999 por un grupo de personas titulares de derechos afectadas.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Líbano seguía acogiendo a un gran número de personas refugiadas, en especial sirias y palestinas. Aunque miles de ellas habían regresado a Siria tras el derrocamiento del expresidente sirio Bachar Al Asad en diciembre de 2024, a fecha de 30 de septiembre de 2025, en Líbano seguían inscritas en el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, 636.051 personas refugiadas sirias, según la propia fuente. El gobierno estimó que esta comunidad refugiada estaba formada por un millón de personas, a las que se sumaban otras 120.000 que habían llegado después de diciembre de 2024, huyendo de la tensión y la violencia letales que persistían en las regiones costeras y meridionales de Siria (véase el apartado sobre Siria).

El ACNUR declaró que los recortes presupuestarios lo habían obligado a cerrar sus centros de acogida en las ciudades de Trípoli, Akar y Tiro, así como en la zona de la Becá. Al final de septiembre sólo había recibido el 25% de los fondos que necesitaba para sus programas en Líbano. En julio había eliminado gradualmente todo el apoyo que prestaba a la educación y a la atención sanitaria primaria, y el 1 de diciembre puso fin a la ayuda para atención sanitaria secundaria, incluidos la hospitalización, los cuidados por maternidad y los ingresos de urgencia, con lo que 85.000 personas refugiadas (40.000 de atención primaria y 45.000 de atención secundaria) dejaron de recibir estos servicios.

Derecho a un medioambiente saludable

En agosto, el programa de agua, saneamiento e higiene de UNICEF en Líbano informó de que el país sufría una sequía de severidad sin precedentes en los años anteriores, ya que durante el invierno de 2024-2025 se habían registrado menos del 50% de las precipitaciones estacionales medias y una capa de nieve mínima. Esta situación redujo drásticamente la disponibilidad de agua superficial y subterránea, lo que afectó a ríos, embalses, manantiales y pozos de agua. Según un estudio de la Autoridad Nacional del río Litani, gestora del mayor embalse de Líbano, el cambio climático había contribuido a la sequía.

El 30 de septiembre, el Ministerio de Medioambiente presentó su tercera contribución determinada a nivel nacional, en la que Líbano se comprometía a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% de forma incondicional y en un 33% si obtenía apoyo internacional, basándose en un escenario inercial para 2035. El país se comprometía igualmente a aumentar la generación de energía renovable para satisfacer el 25% de su demanda de electricidad sin condiciones y el 30% de forma condicional, también para 2035. Estos compromisos suponían un pequeño aumento de los objetivos de mitigación de Líbano en comparación con su primera contribución determinada a nivel nacional, presentada en 2020.