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Federación Rusa 2019

El historial de Rusia en materia de derechos humanos continuó deteriorándose, con la restricción sistemática del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, tanto en la ley como en la práctica. Quienes intentaban ejercer este derecho se exponían a sufrir represalias en forma de hostigamiento y malos tratos policiales, detención arbitraria, fuertes multas y, en algunos casos, procesamiento y cárcel. Se aplicó la legislación sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables” para atacar a personas y ONG que defendían los derechos humanos. Cientos de miembros de los Testigos de Jehová sufrieron persecución por su fe. Otras minorías vulnerables también se enfrentaron a discriminación y persecución. Se hizo amplio uso de disposiciones legales contra el terrorismo para silenciar la disidencia en todo el país y en Crimea. La tortura continuó siendo generalizada, al igual que la impunidad de sus autores. La violencia contra las mujeres seguía estando muy extendida y no se abordaba debidamente. Un anteproyecto de ley sobre violencia de género en el ámbito familiar presentado al Parlamento provocó una encendida oposición de los grupos conservadores y amenazas contra sus proponentes. Hubo devoluciones de personas refugiadas a destinos donde corrían peligro de sufrir tortura.

Información general

El año en que se cumplieron 20 años de liderazgo de Vladímir Putin en Rusia se caracterizó por el aumento de las tensiones políticas y el descontento social, agravados por la inestabilidad general de las condiciones de vida y la creciente desconfianza popular en el partido gobernante, Rusia Unida. La corrupción endémica, la preocupación por el medio ambiente, una planificación urbana desacertada y cada vez más deteriorada y el empeoramiento de la situación de los derechos humanos desataron protestas en todo el país. En Moscú, el detonante de algunas de las manifestaciones, las más multitudinarias que se celebraban en años, fue la negativa de las autoridades a inscribir oficialmente las candidaturas de miembros de la oposición a las elecciones de la Duma de la Ciudad de Moscú.

Cinco años después de ver suspendidos sus derechos de voto por su anexión de Crimea, Rusia volvió a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tras llegar a un acuerdo diplomático. Una parte de la comunidad de derechos humanos rusa lo vio como una traición a los valores fundamentales del Consejo, mientras que otra parte lo consideró una oportunidad para mantener a Rusia dentro de la órbita del Consejo y preservar el acceso de su población al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Rusia buscó una mayor integración de la Crimea ocupada, y su presencia militar constante —tanto declarada como encubierta— en Georgia, Siria, Ucrania y otros lugares continuó fomentando la comisión de violaciones de derechos humanos.

Libertad de reunión

Debido a la creciente desconexión de las autoridades con la opinión pública en general, fueron en aumento las protestas callejeras por asuntos políticos y, cada vez más, económicos, sociales o medioambientales –como la eliminación de residuos–, pero también aumentaron las reivindicaciones políticas en general. Las autoridades respondieron a menudo denegando la autorización para celebrar reuniones públicas (ya que su permiso expreso seguía siendo un requisito legal), disolviendo concentraciones pacíficas y emprendiendo actuaciones administrativas y penales contra organizadores y participantes. Este trato a manifestantes provocó a su vez una reacción de solidaridad pública sin precedentes.

En julio y agosto se detuvo a más de 2.600 personas en Moscú, en manifestaciones que se desarrollaron de forma pacífica hasta la violenta intervención de agentes de la policía y la Guardia Nacional. Aunque hubo numerosos informes de detención arbitraria, uso excesivo e indiscriminado de la fuerza y malos tratos a manifestantes por parte de los agentes, no había constancia de que se hubiera investigado ninguno. Algunas víctimas de la violencia policial eran simples transeúntes, como el corredor Konstantin Konovalov, interceptado arbitrariamente y empujado al suelo el 27 de julio, incluso antes de que hubiera empezado una manifestación convocada para ese día. Al parecer, un agente de policía le pisoteó la pierna y se la rompió. Decenas de personas detenidas en Moscú y otros lugares fueron sometidas a reclusión y fuertes multas, y se emprendieron actuaciones penales contra varias en el marco de una investigación sobre supuestos “disturbios multitudinarios”. Al menos 28 personas fueron procesadas en relación con las manifestaciones, en su mayoría por “violencia contra representantes de las autoridades”; 16 fueron declaradas culpables tras juicios marcados por graves irregularidades, y 10 fueron condenadas a prisión.[1]

En su represión de las protestas, las autoridades reanudaron el uso del artículo 212.1 del Código Penal (“infracción reiterada de la normativa sobre reuniones públicas”), en virtud del cual se procesó a tres manifestantes pacíficos: Vyacheslav Egorov, Andrey Borovikov y Konstantin Kotov. Kotov fue condenado a cuatro años de prisión, Borovikov, a 400 horas de trabajo obligatorio, y Egorov continuaba en espera de juicio al terminar el año.[2]

En octubre, los activistas pacíficos Yan Sidorov y Viacheslav Mordasov fueron condenados a cumplir sendos periodos de seis años en una colonia penitenciaria de régimen estricto por un breve piquete pacífico que habían realizado en Rostov del Don, en el sur de Rusia, en 2017. En diciembre, el tribunal de apelación confirmó las condenas. Viacheslav Shashmin, acusado junto con ellos, quedó sujeto a tres años de libertad vigilada.[3]

A finales de 2018 y principios de 2019 hubo una serie de manifestaciones mayoritariamente pacíficas en Magas, capital de Ingusetia, en el Cáucaso Septentrional, contra la firma de un acuerdo territorial con la vecina Chechenia. Aunque se toleraron las protestas durante ese periodo, el 27 de marzo las autoridades dispersaron a quienes se manifestaban pacíficamente, y provocaron con ello episodios aislados de violencia por parte de manifestantes. Más de 30 personas fueron procesadas más tarde por “violencia contra un representante de la autoridad”, entre ellas 6 activistas a quienes se acusaba de haberla organizado.

Defensores y defensoras de los derechos humanos y libertad de asociación

Continuó prevaleciendo la impunidad en casos de violencia contra defensores y defensoras de los derechos humanos ocurridos en el pasado. Se utilizó de manera habitual la represiva legislación sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables” contra ONG de derechos humanos y de otra índole y contra sus miembros, junto con actuaciones penales y campañas de difamación en medios de comunicación controlados por el gobierno.[4]

Diez años después del secuestro y asesinato de Natalia Estemirova, destacada integrante de la ONG Centro de Derechos Humanos Memorial en Grozni, los presuntos autores aún no habían comparecido ante la justicia. [5] Tampoco fueron identificados los autores del atroz atentado perpetrado contra el ecologista Andrey Rudomakha en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, en diciembre de 2017, ni quienes habían secuestrado y sometido a un simulacro de ejecución al investigador de Amnistía Internacional Oleg Kozlovsky en Ingusetia en octubre de 2018. En teoría, las investigaciones de algunos de estos delitos seguían abiertas.

En marzo, el Tribunal Municipal de Shali declaró a Oyub Titiev, director de la oficina del Centro de Derechos Humanos Memorial en Grozni, culpable de posesión de drogas por cargos manifiestamente falsos y lo condenó a cuatro años de prisión. Titiev quedó en libertad condicional en junio, cuando llevaba ya un tercio de esta condena encarcelado, desde su detención en enero de 2018.[6]

Cinco activistas se enfrentaban a procesamiento penal por “cooperación” con organizaciones “indeseables”. Anastasia Shevchenko fue detenida el 21 de enero en Rostov del Don y, tras pasar dos días bajo custodia, permaneció un año entero bajo arresto domiciliario en espera de juicio.[7] El juicio de Yana Antonova, en Krasnodar, comenzó en noviembre.[8]

Ambas estaban acusadas de asociación con el movimiento opositor Otkrytaya Rossia y podían ser condenadas hasta a seis años de cárcel si eran declaradas culpables.

En octubre, un tribunal de Krasnodar declaró culpable de “violencia contra un representante de la autoridad” al abogado de derechos humanos Mikhail Benyash y le impuso una multa de 60.000 rublos (969 dólares estadounidenses), reducida a la mitad por los dos meses que había estado en prisión preventiva. Benyash, que había sido detenido y golpeado por agentes de policía vestidos de civil en septiembre de 2018, había sido acusado en falso, y sus intentos de rebatir las acusaciones habían sido ignorados sistemáticamente.

El Ministerio de Justicia puso en marcha procedimientos administrativos contra varias organizaciones por presunta infracción de la legislación sobre “agentes extranjeros”. Como consecuencia, los tribunales impusieron diversas multas de elevada cuantía a International Memorial y al Centro de Derechos Humanos Memorial, entre otras organizaciones, y ordenaron la disolución del movimiento Por los Derechos Humanos. Se abrieron cinco causas penales infundadas contra la directora de Ecodefence, Aleksandra Koroleva, que la obligaron a huir del país y solicitar protección internacional.

En agosto, el Comité de Investigación inició una investigación penal contra la organización de Aleksey Navalny, Fundación Anticorrupción (FBK), por supuesto blanqueo de dinero. Con este pretexto se registraron las viviendas de cientos de simpatizantes de FBK y otros activistas de la oposición en todo el país y se congelaron varias cuentas bancarias personales de activistas y personal de la organización. En octubre, las autoridades añadieron FBK a la lista de “agentes extranjeros”. Por aquel entonces, la organización era uno de los proyectos de financiación colectiva de mayor éxito en Rusia.[9]

Otras cuatro organizaciones extranjeras, entre ellas la ONG People in Need, con sede en Praga, fueron declaradas “indeseables”, lo que elevó el total a 19 y las convirtió en ilegales en Rusia, lo mismo que toda asociación con ellas. Se impusieron duras sanciones a varias ONG rusas por falsas acusaciones de vinculación con “organizaciones indeseables”. En abril, la ONG Vigía Ambiental del Cáucaso Septentrional, con sede en la región de Krasnodar, fue multada por un tribunal de Maikop por compartir enlaces a blogs que se habían publicado anteriormente en el sitio web del “indeseable” movimiento Otkrytaya Rossia. En septiembre, un tribunal de Barnaul, en el oeste de Siberia, multó a Jóvenes Periodistas de Altai por tener en su sitio web un enlace obsoleto al “indeseable” Instituto para una Sociedad Abierta.

Libertad de expresión

El derecho a la libertad de expresión se limitó aún más en la legislación y en la práctica, con restricciones adicionales al uso de Internet y nuevas represalias contra la disidencia online. Aumentó más que nunca la disparidad en la manera de aplicar la legislación reguladora de la libertad de expresión a las autoridades y los medios de comunicación oficiales, por un lado, y a quienes expresaban críticas u opiniones discrepantes, por el otro.

Aunque la “incitación al odio y la enemistad” (artículo 282 del Código Penal) se despenalizó parcialmente en enero, otras disposiciones penales, entre ellas el artículo 280 (propagación del “extremismo”), continuaron aplicándose selectivamente a disidentes. Con arreglo a nueva legislación aprobada en marzo, los actos de “difundir noticias falsas” e “insultar” al Estado o sus símbolos y órganos por Internet pasaron a considerarse faltas administrativas, sancionables con elevadas multas. Después de eso, no tardaron en iniciarse actuaciones judiciales, y en diciembre ya se habían impuesto multas a más de 20 “infractores”, en su mayoría por críticas al presidente. En cambio, difamar a personas críticas con el gobierno y difundir “bulos” sobre ellas en medios de comunicación controlados por el Estado eran prácticas habituales. El líder de Chechenia, Ramzán Kadírov, amenazó con “intimidar, encarcelar y matar” a quienes escribieran blogs que fomentaran “la discordia y los rumores”, y lo hizo públicamente y con absoluta impunidad.

En febrero se iniciaron actuaciones penales contra la periodista Svetlana Prokopieva, de Pskove, en el noroeste de Rusia, por “justificar el terrorismo” en un artículo publicado en octubre de 2018, en el cual criticaba a las autoridades en relación con un atentado suicida con explosivos perpetrado contra una oficina del Servicio Federal de Seguridad. En junio, el periodista Abdulmumin Gadzhiev, del periódico independiente de Daguestán Chernovik, fue detenido por cargos infundados de financiación del terrorismo y pasó el resto del año en prisión preventiva.[10] El mismo mes, Ivan Golunov, periodista de investigación, fue víctima de un montaje relacionado con drogas, organizado por la policía de Moscú. La inesperada indignación que provocó el asunto entre periodistas y la opinión pública en general obligó a las autoridades a admitir que habían falsificado las pruebas y a poner a Golunov en libertad sin cargos. Los agentes de policía responsables de su detención fueron separados de sus puestos, pero el equipo defensor de Golunov no fue informado de una investigación penal abierta contra ellos hasta el final del año.[11]

En noviembre entró en vigor la legislación sobre la “RuNet soberana”, concebida para permitir a las autoridades rusas asumir el control absoluto del tráfico en Internet en situaciones de emergencia. En diciembre, el presidente Vladímir Putin firmó la entrada en vigor de una nueva ley en virtud de la cual se podía obligar a personas a registrarse como “agentes extranjeros” y someterse a la regulación correspondiente por difundir información recibida de “agentes” o medios de comunicación extranjeros y por recibir fondos extranjeros. Su incumplimiento era sancionable con multas de hasta 5 millones de rublos (80.000 dólares estadounidenses).[12]

Libertad de religión o de creencias

Cientos de miembros de los Testigos de Jehová, grupo declarado “extremista” y prohibido en 2017, fueron objeto de procesamiento en toda Rusia por sus creencias religiosas. En febrero, la primera persona detenida tras la prohibición, el ciudadano danés Dennis Christensen, de la sección de los Testigos de Jehová en Orel, en el centro de Rusia, fue condenado a seis años de cárcel por “organizar actividades de una organización extremista”.[13]  Tras perder su recurso de apelación en mayo, fue enviado a cumplir su condena a 200 kilómetros de allí, en la región de Kursk. Al menos otros 17 testigos de Jehová fueron declarados culpables durante el año; 7 de ellos fueron condenados a prisión y muchos más sufrieron hostigamiento, incluidos invasivos registros domiciliarios.[14] Algunos denunciaron haber sufrido tortura y otros malos tratos durante su interrogatorio.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

La discriminación y el hostigamiento de personas LGBTI siguieron siendo generalizados, y se hizo uso reiterado de la homófoba “ley sobre propaganda gay” para reprimir su libertad de expresión. Las amenazas contra activistas de los derechos LGBTI eran habituales, y sus autores disfrutaban de impunidad.

Las pruebas crecientes de tortura, secuestro y asesinato de gays a manos de las autoridades de Chechenia en años anteriores fueron ignoradas sistemáticamente por las autoridades federales. En mayo, Maxim Lapunov, superviviente que no había obtenido justicia alguna en Rusia, denunció su caso en mayo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo admitió en noviembre y solicitó una respuesta de Rusia en el plazo de cuatro meses. En noviembre, la activista LGBTI Yulia Tsvetkova, de Komsomolsk del Amur, en el extremo oriental de Rusia, fue acusada de “producción y distribución de material pornográfico” y sometida a arresto domiciliario por publicar en Internet sus ilustraciones de genitales femeninos que reafirmaban la positividad del cuerpo. Este delito conllevaba hasta seis años de prisión.[15]

Medidas contra el terrorismo

La legislación antiterrorista se utilizó ampliamente para procesar a personas por motivos políticos. En marzo y mayo comenzaron en San Petersburgo y Penza las vistas de la causa abierta contra varios hombres acusados de haber formado una organización “terrorista” llamada Set' (Red) o haber participado en sus actividades. En diciembre, la fiscalía de Penza pidió de 6 a 18 años de prisión para ellos. Las denuncias verosímiles de tortura formuladas por varios acusados, entre ellos Viktor Filinkov y Dmitry Pchelintsev, fueron ignoradas sistemáticamente, y la propia causa, dirigida principalmente contra activistas y opositores políticos y basada en “confesiones” forzadas, suscitó la sospecha de que los cargos fueran falsos. En otros lugares continuaron su curso otras causas empañadas por motivos de preocupación casi idénticos, como la de Novoe Velichie en Moscú.

En noviembre, el tribunal militar de Rostov del Don declaró culpables a seis presos de conciencia de la Crimea ocupada, entre ellos el defensor de los derechos humanos Emir-Usein Kuku, y les impuso penas de entre 7 y 19 años de cárcel. Estaban acusados de pertenecer a Hizb ut Tahrir, organización clasificada como “terrorista” en Rusia en 2003 aunque era legal en Ucrania.[16] En Crimea, las autoridades de facto utilizaron ampliamente la presunta pertenencia a ella como pretexto para represaliar a la población de etnia tártara por motivos políticos. Durante el año se impusieron condenas de igual dureza al menos a otros 15 presuntos miembros de Hizb ut Tahrir en Rusia.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados en los lugares de detención, y la impunidad de sus autores era casi absoluta. Se registraron incontables denuncias de tortura en toda Rusia. En diciembre, la fundación benéfica Nuzhna Pomosch recibió del Comité de Investigación datos estadísticos sobre la tortura en los lugares de detención. De acuerdo con ellos, de 2015 a 2018 se habían registrado anualmente entre 1.590 y 1.881 denuncias de “abuso de autoridad” por parte de funcionarios de prisiones. De ellas, sólo entre el 1,7% y el 3,2% se investigaron.

Violencia contra mujeres y niñas

Hubo varios casos muy representativos de la violencia contra las mujeres, en particular de la violencia de género en el ámbito familiar, que tuvieron gran repercusión. Durante todo el verano se convocaron piquetes y flashmobs en Moscú y otros lugares para apoyar a las hermanas Angelina, Krestina y Maria Khachaturyan. Detenidas en julio de 2018, cuando tenían 17, 18 y 19 años, habían admitido que mataron a su padre después de sufrir malos tratos físicos y psicológicos y abusos sexuales de forma sistemática durante años. Para quienes hacían campaña en su favor, su caso ilustraba los de incontables supervivientes, así como la respuesta del Estado: falta de protección y duros procesamientos por actos de desesperación. En junio, los cargos iniciales fueron sustituidos por otros más graves de homicidio premeditado en grupo, penados con hasta 20 años de cárcel.

En julio, en la primera sentencia de su historia sobre violencia de género intrafamiliar en Rusia –en la causa Volodina v Russia, donde falló a favor de la demandante–, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo hincapié en que Rusia seguía sin aprobar legislación contra esta forma de violencia y calificó las disposiciones existentes de “inadecuadas” para proporcionar protección suficiente a sus víctimas. En octubre, el Tribunal dictó un segundo fallo sobre el mismo tema en la causa Barsova v Russia, y según uno de sus miembros, había unas 100 denuncias análogas contra Rusia en espera de respuesta. En una comunicación oficial al Tribunal enviada en octubre, el Ministerio de Justicia cuestionó la magnitud y trascendencia del problema en Rusia y sus efectos desproporcionados para las mujeres, y argumentó que era mayor la discriminación de los hombres.

En noviembre se presentó al Parlamento un proyecto de ley sobre la violencia de género en el ámbito familiar largamente esperado. Sus disposiciones no constituían medidas efectivas para proteger a las personas supervivientes y en situación de riesgo. Aun así, se encontró con la oposición feroz de grupos conservadores, entre ellos la iglesia ortodoxa rusa, que veía en él una amenaza para los “valores tradicionales” y “la familia”. Las proponentes de la legislación sobre violencia de género intrafamiliar, entre ellas Oksana Pushkina, de la Duma Estatal, y la abogada Mari Davtyan, denunciaron haber recibido amenazas de opositores al proyecto de ley.

Personas refugiadas y migrantes

Rusia continuó devolviendo a personas con necesidad de protección internacional a destinos donde corrían peligro de sufrir tortura y otras violaciones de derechos humanos, incluidas prácticas equivalentes a entrega secreta.

Fakhraddin Abbasov (Aboszoda), exiliado político de Azerbaiyán y residente en Rusia desde 2008, llevaba en detención desde septiembre de 2018 a raíz de una solicitud de extradición de las autoridades azerbaiyanas, que lo acusaban de delitos contra el Estado. El Ministerio del Interior había rechazado su solicitud de asilo en octubre de 2018 basándose en que ya tenía un permiso de residencia ruso, válido hasta febrero de 2019. Abbasov recurrió esta decisión, y la vista de su recurso estaba prevista para el 28 de febrero. Sin embargo, unos agentes de la ley sin identificar lo sacaron de su celda y se lo llevaron a un lugar desconocido el 27 de febrero. La vista fue aplazada. El 1 de marzo, el Servicio de Seguridad del Estado de Azerbaiyán informó de que había puesto a Fakhraddin Abbasov bajo custodia a su llegada al Aeropuerto Internacional de Bakú el 28 de febrero.[17]


[1] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/russia-runup-to-local-moscow-election-marred-by-unprecedented-attacks-on-rights/

[2] https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/0240/2019/en/

[3] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/russia-two-youth-activists-jailed-in-deplorable-act-of-injustice/

[4] https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/0950/2019/en/

[5] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/07/russia-10-years-since-the-killing-of-chechen-human-rights-defender-natalia-estemirova-no-justice-in-sight/

[6] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/06/russia-titievs-parole-a-welcome-step-but-not-justice/

[7] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/01/russia-the-first-criminal-case-under-the-undesirable-organizations-law-marks-a-new-level-of-repression/

[8] https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/1376/2019/es/

[9] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/10/russia-foreign-agent-blacklisting-for-the-anti-corruption-foundation-is-latest-attack-on-freedom-of-association/

[10] https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/1236/2019/en/

[11] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/06/russia-detention-and-alleged-beating-of-a-prominent-investigative-journalist-is-deeply-alarming/

[12]https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/1420/2019/es/

[13] https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/9846/2019/es/

[14] https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/9922/2019/en/

[15] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/12/russia-feminist-activist-fined-for-gay-propaganda-and-facing-criminal-pornography-charges/

[16] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/russia-emir-usein-kuku-and-five-co-defendants-from-occupied-crimea-slapped-with-long-sentences/

[17] https://www.amnesty.org/es/documents/eur04/9985/2019/en/

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