1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

Hungría

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Las mujeres y las personas transgénero sufrían discriminación en la legislación y en la práctica. A las personas solicitantes de asilo se les negaba la entrada segura en las fronteras y se las expulsaba. Los cambios legislativos introducidos para contener la COVID-19 restringían la libertad de expresión y de reunión pacífica. El gobierno continuó socavando la independencia judicial y la confianza pública en el poder judicial.

Información general

En marzo, el Parlamento aprobó un proyecto de Ley de Protección frente a la pandemia de COVID-19 que ampliaba las competencias del gobierno para gobernar por decreto al eximirlo del control parlamentario, sin establecer una fecha límite clara. Aunque este proyecto de ley fue sustituido por otras reformas a mediados de junio, el gobierno siguió ejerciendo un conjunto de facultades provisionales que permitían restringir derechos humanos, como el derecho a la libertad de reunión pacífica, y coartaban el acceso al asilo.

En septiembre, la Comisión Europea publicó su primer informe sobre el Estado de derecho, en el que señalaba graves motivos de preocupación sobre Hungría.

La independencia judicial continuó expuesta a sufrir ataques de altos cargos públicos, que cuestionaban la validez de las sentencias finales en comunicaciones oficiales y en los medios de comunicación, demorando su ejecución. Los miembros de la judicatura seguían temiendo sufrir represalias del poder ejecutivo, dado que no se había abordado la erosión progresiva de la independencia organizativa interna del poder judicial.1

Discriminación

Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En mayo, el Parlamento prohibió el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas intersexuales y transgénero, y estableció la obligación de registrar el sexo de nacimiento, basado en los marcadores biológicos y los cromosomas, sin posibilidad de cambiarlo posteriormente. Para las personas transgénero, esto suponía que ya no podrían modificarlo en los certificados y documentos oficiales para reflejar su identidad de género.2

En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Hungría había violado el derecho de un hombre transgénero iraní a que se respetara su vida privada y familiar. Se le había reconocido la condición de refugiado en Hungría por sufrir persecución debido a su identidad de género, pero las autoridades se habían negado a reconocer legalmente su nombre y género.

En diciembre, el Parlamento aprobó una ley que negaba los derechos de adopción a las personas LGBTI, junto con una reforma discriminatoria de la Constitución para que especificara que “la madre es de sexo femenino, y el padre, de sexo masculino” y que Hungría “protege la identidad propia de los niños por su sexo de nacimiento”.3

Mujeres

En mayo, la Curia (máxima instancia judicial de Hungría) confirmó que la sala de maternidad de un hospital de la ciudad de Miskolc había discriminado a mujeres romaníes embarazadas de entornos desfavorecidos y de ingresos bajos al exigir que quien las acompañara en el parto adquiriera y vistiera un “traje de maternidad” por razones higiénicas. Debido a ello, era frecuente que las mujeres romaníes tuvieran que dar a luz sin acompañante. El tribunal ordenó poner fin a esta práctica.

La discriminación de género en el lugar de trabajo y en el mercado laboral afectaba especialmente a las mujeres embarazadas o con hijos de corta edad que querían volver a trabajar.4 Las autoridades no garantizaron el acceso a recursos efectivos para impugnar los despidos ilegales.

Violencia contra mujeres y niñas

En mayo, el Parlamento aprobó una declaración política para pedir al gobierno que no ratificara el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), a pesar de que lo había firmado en 2014.

Derecho a la educación

En enero, el gobierno lanzó una campaña coordinada de comunicaciones y contenidos en los medios informativos para desacreditar a 63 ex escolares de primaria de la localidad de Gyöngyöspata que habían ganado en los tribunales una demanda contra la educación segregada y de baja calidad que recibían. A pesar de la campaña del gobierno, la Curia confirmó en mayo que las indemnizaciones concedidas debían pagarse íntegramente y sin demora.

En marzo, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU expresó su profunda preocupación por la continua segregación de los niños y niñas romaníes en aulas o centros de educación especial, el aumento de las diferencias de rendimiento académico entre romaníes y no romaníes y la falta de datos sobre el alumnado romaní en la educación.

En septiembre empezó a aplicarse en los centros de primaria y secundaria un nuevo programa educativo nacional que había sido aprobado sin una amplia consulta pública y a pesar de las protestas generalizadas de profesionales de la educación.

Entre septiembre y noviembre, estudiantes de la Universidad de Teatro y Artes Cinematográficas de Budapest, la capital, ocuparon su facultad para protestar por una reestructuración que ponía la propiedad y la gestión del centro bajo el control del gobierno y, según denunciaban, coartaba la libertad académica. Miembros prominentes del personal docente dimitieron.

En octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que Hungría había infringido las normas de la Unión Europea relativas a la libertad académica con su reforma de 2017 de la legislación sobre la educación superior, que había obligado a la Universidad Centroeuropea a salir del país.

Libertad de expresión, de reunión y de asociación

Un proyecto de ley aprobado en marzo incrementó las penas para el delito de “impartir o transmitir información falsa” en relación con la pandemia de COVID-19 y las respuestas del gobierno. También tipificó como delito el acto de obstruir la aplicación de una cuarentena u orden de confinamiento.5

A mediados de junio se aprobaron disposiciones provisionales para reformar las normas aplicables durante un “estado de emergencia médica” y permitir al gobierno restringir arbitrariamente el derecho a la libertad de circulación y de reunión pacífica.

También en junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que las restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil para recibir fondos de entidades extranjeras en virtud de la Ley de Transparencia de las Organizaciones Apoyadas desde el Exterior contravenían el derecho de la Unión Europea.

En julio, el equipo editorial de Index —el mayor portal independiente de noticias en Internet— y casi 100 periodistas de su plantilla dimitieron como reacción al despido de su redactor jefe. El equipo editorial había anunciado públicamente que su independencia peligraba desde que un directivo de medios de comunicación estrechamente vinculados al gobierno había adquirido la sección publicitaria del portal.

Derecho a solicitar asilo

El gobierno perdió tres causas judiciales relativas al incumplimiento de obligaciones internacionales. En abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que Hungría había incumplido las obligaciones establecidas en la legislación europea al negarse a reubicar a solicitantes de asilo dentro del programa obligatorio creado en solidaridad con Italia y Grecia.

En mayo, el Tribunal resolvió que la práctica de Hungría de detener automáticamente a las personas solicitantes de asilo en los centros de detención fronterizos conocidos como “zonas de tránsito” infringía la legislación europea, ya que las medidas de detención eran desproporcionadas, excedían el plazo establecido y no podían impugnarse ante un tribunal. Aunque inicialmente protestó por la sentencia, el gobierno evacuó las zonas de tránsito ese mismo mes.

En junio se adoptaron nuevas normas que limitaban gravemente el acceso al asilo. Las medidas de transición, denunciadas por el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, eliminaban la posibilidad de presentar una solicitud de asilo en Hungría, pues les exigían presentar previamente una “declaración de intenciones” en determinadas embajadas fuera del país. Al final del año se habían registrado muy pocas declaraciones, y sólo una familia había obtenido permiso de entrada en Hungría para presentar su solicitud. En octubre, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción basándose en que las restricciones eran ilegales.

Las personas que entraban irregularmente, sobre todo desde Serbia, eran expulsadas, a menudo de forma colectiva. Al concluir el año, la policía había llevado a cabo más de 30.000 expulsiones sumarias en la valla fronteriza, en incumplimiento de la obligación de evaluar caso por caso el riesgo de devolución (refoulement), es decir, de expulsión de la persona a un país donde correría peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos. En diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que estas devoluciones incumplían la legislación europea.

  1. Hungary: Fearing the unknown – How rising control is undermining judicial independence in Hungary (EUR 27/2051/2020)
  2. Hungary: Government must revoke prohibition of gender legal recognition (EUR 27/2085/2020)
  3. Hungary: Hungarian Parliament must reject amendments further undermining the rights of LGBTI people (EUR 27/3353/2020)
  4. Hungary: No working around it: Gender-based discrimination in Hungarian workplaces (EUR 27/2378/2020)
  5. Hungary: Government must not use extraordinary power to roll back human rights amid COVID-19 emergency (EUR 27/2046/2020)

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

Hungría
Jefe del Estado: János Áder
Jefe del gobierno: Viktor Orbán

Noticias

Ver más noticias

Artículos

Análisis, opinión, historias personales y otros

Ver más artículos

Documentos

Ver más documentos