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Hungría

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Continuó la represión sistemática de los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Las universidades y ONG con financiación extranjera sufrieron restricciones en aplicación de nueva legislación.

El gobierno tuvo que afrontar protestas internas y un mayor escrutinio internacional por su continuo retroceso en materia de derechos humanos y el incumplimiento de la legislación de la Unión Europea. La Comisión Europea abrió y puso en marcha cuatro procedimientos formales de infracción tras la aprobación de legislación considerada incompatible con las libertades de la UE y, en mayo, el Parlamento Europeo adoptó una resolución exhaustiva en la que expresaba su alarma por la situación de los derechos humanos en el país. Más de una cuarta parte de la población estaba en riesgo de pobreza y exclusión social, y el 16% padecía privaciones materiales graves.

Hungría continuó restringiendo estrictamente el acceso al país a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, cuya admisión limitaba a sus dos “zonas de tránsito” operativas en la frontera, en las que sólo podían presentarse 10 nuevas solicitudes de asilo por día laborable. Por consiguiente, permanecían en Serbia entre 6.000 y 8.000 personas en condiciones precarias, en campos deficientes y en riesgo de quedarse sin alojamiento y de ser objeto de devolución (refoulement) hacia el sur, a Macedonia y Bulgaria.

En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en el caso Ilias and Ahmed v. Hungary que el confinamiento de personas solicitantes de asilo en “zonas de tránsito”, consistentes básicamente en campos de contenedores fuertemente custodiados en las fronteras terrestres externas de Hungría, equivalía a privación arbitraria de libertad. El Tribunal también concluyó que, debido a las condiciones precarias que tuvieron que soportar durante semanas las personas solicitantes de asilo y a la inexistencia de recursos judiciales contra dicha forma de detención, Hungría no había ofrecido protección adecuada contra el riesgo real de sufrir trato inhumano y degradante.

Ese mismo mes, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de reformas a cinco leyes sobre migración y asilo para permitir la detención automática, sin revisión judicial, de todas las personas solicitantes de asilo en las “zonas de tránsito” de la frontera, incluidos los menores no acompañados de 14 a 18 años. Estas reformas también permitían detener a las personas solicitantes de asilo durante toda la tramitación del proceso de solicitud, incluidas las apelaciones, así como expulsar de forma sumaria al lado exterior de las extensas vallas fronterizas a todas las personas migrantes que se encontraran en situación irregular en Hungría.

En consecuencia, la mayoría de las personas solicitantes de asilo en Hungría abandonaron el proceso o estaban detenidas de forma indefinida en las “zonas de tránsito” de la frontera. Al final de año había casi 500 detenidas ilegalmente en la frontera. Las autoridades húngaras dieron un acceso muy limitado o nulo a los observadores de derechos humanos y a las ONG que ofrecían asistencia letrada gratuita. En un principio, estas medidas draconianas iban a aplicarse durante una “situación de crisis por inmigración masiva”; sin embargo, esta ”situación de crisis” se ha invocado de manera constante desde septiembre de 2015,y en agosto se prorrogó hasta marzo de 2018, a pesar de que no había una base fáctica o legal que la justificara.

Hungría reforzó aún más sus vallas fronterizas y la presencia policial a lo largo de sus fronteras meridionales. A más de 20.000 personas las devolvieron a Serbia de forma sumaria, y en ocasiones violenta, o les impidieron de otro modo entrar en Hungría, sin darles acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes ni a la evaluación de sus necesidades de protección. En marzo, el diario Magyar Nemzet reveló que, contrariamente a las declaraciones del gobierno refutando las denuncias de abuso, en un periodo de 18 meses se habían iniciado más de 40 investigaciones por uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en la frontera. La mayoría de ellas se archivaron sin que se tomara ninguna medida.

En septiembre, Hungría perdió una causa en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que falló que el país no podía autoexcluirse del programa de reubicación de emergencia de la UE para trasladar a personas solicitantes de asilo desde Grecia e Italia a otros Estados miembros de la UE. Hungría continuó rehusando reubicar a ninguna de las 1.294 personas solicitantes de asilo que le correspondían como cuota mínima y a participar en otros mecanismos regionales de solidaridad. Al finalizar el año, no había reasentado ni reubicado a nadie.

En abril, la reforma de la Ley Nacional sobre Educación Superior mediante un procedimiento de emergencia desató protestas generalizadas y críticas de expertos del mundo académico y del público en general. La Ley, que en general se interpretó como un ataque contra las actividades de una institución educativa concreta, la Universidad Centroeuropea, introdujo para las universidades extranjeras en Hungría nuevos requisitos que éstas debían cumplir en un plazo extremadamente corto —incluido el requisito de un acuerdo bilateral a nivel estatal—, lo que ponía en peligro la continuidad de su funcionamiento. Ese mismo mes, la Comisión Europea emprendió acciones legales contra Hungría mediante la puesta en marcha de procedimientos de infracción. En opinión de la Comisión, la nueva ley no era compatible con las libertades fundamentales de la UE, entre ellas la libre prestación de servicios, la libertad de establecimiento y la libertad académica. En octubre, la Asamblea Nacional votó ampliar un año natural los plazos para cumplir los nuevos requisitos. Al terminar el año, el gobierno no había alcanzado un acuerdo con el estado de Nueva York que habría permitido a la Universidad Centroeuropea seguir funcionando.

En junio, la Asamblea Nacional aprobó una ley que en la práctica estigmatizaba a las ONG que recibían financiación extranjera. En virtud de la ley sobre transparencia de las organizaciones financiadas desde el extranjero, las ONG que recibían más de 24.000 euros de financiación directa o indirecta desde el extranjero tenían que inscribirse de nuevo como “organización cívica financiada desde el extranjero” y poner esta etiqueta en todas sus publicaciones. Además, debían revelar la identidad de quienes las financiaran y apoyaran con más de unos 1.650 euros. La Ley se aprobó en el contexto de una campaña de comunicación patrocinada por el gobierno que desacreditaba a las ONG y acusaba a varias de ellas de socavar la soberanía y seguridad nacionales. Al aplicarse sólo a ciertos tipos de organizaciones de la sociedad civil, la ley las discriminaba directamente y limitaba su derecho de asociación, incluido el derecho a buscar, recibir y utilizar recursos. A mediados de julio, la Comisión Europea notificó a Hungría otro procedimiento de infracción, al considerar que esta ley imponía medidas contrarias al derecho a la libertad de asociación, así como restricciones injustificadas y desproporcionadas a la libre circulación de capital.La Comisión expresó además preocupación respecto a la obligación de proteger la vida privada y los datos personales.

En agosto, una coalición de más de 20 ONG presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional para solicitar la anulación de la Ley.

En junio, un tribunal de apelación de la ciudad de Szeged, en el sur del país, anuló la sentencia condenatoria de Ahmed H., nacional sirio condenado a 10 años de prisión por cometer presuntamente “actos terroristas” mientras participaba en unos disturbios con personas refugiadas y migrantes en la frontera entre Serbia y Hungría en septiembre de 2015. El tribunal consideró que no se habían evaluado debidamente las pruebas existentes y ordenó un nuevo juicio. En agosto, el fiscal general recurrió esta decisión ante la Curia (la máxima instancia judicial de Hungría), que en noviembre resolvió que el tribunal de apelación debía haber dictado una sentencia vinculante en lugar de ordenar un nuevo juicio; sin embargo, esto no afectó a los procedimientos en curso. Al concluir el año, el caso de Ahmed H. estaba pendiente ante un tribunal de primera instancia recién nombrado.

En octubre, las denuncias de abusos cometidos por hombres en posiciones de poder generaron un debate nacional sobre el reconocimiento y la persecución de la violación y otras formas de violencia sexual. Hungría seguía sin ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, y los procesamientos por estos delitos continuaban siendo limitados.

Hungría
Jefe del Estado: János Áder
Jefe del gobierno: Viktor Orbán
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