1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo
Mujer portando mascarilla y bandera verdes

Acción de miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional Argentina para exigir el derecho legal al aborto Buenos Aires, diciembre de 2020. © Amnesty International (Photo:Tomás Ramírez Labrousse)

América

La perspectiva regional resume la situación de los derechos humanos y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2020.

La región de las Américas comenzó 2020 como la más desigual del mundo, y las repercusiones de la pandemia de COVID-19 agudizaron esa desigualdad. Parte de la población más afectada pertenecía a comunidades marginadas y, al concluir el año, se preveía un aumento vertiginoso de los niveles de pobreza. Las respuestas de los gobiernos a la crisis tuvieron efectos de gran alcance en los derechos humanos, con consecuencias a menudo devastadoras para una gran cantidad de personas.

Las restricciones impuestas a causa de la COVID-19 afectaron gravemente a la extensa economía informal de la región, y las medidas gubernamentales socavaban con frecuencia los derechos económicos, sociales y culturales de quienes se encontraban en situación más precaria. Los mensajes sanitarios confusos, la falta de transparencia y las inadecuadas medidas de protección para las comunidades marginadas agravaron el ya débil y desigual acceso a la atención médica, con consecuencias devastadoras. La región, donde vivía únicamente el 13% de la población mundial, registró el 49% de todas muertes por COVID-19 a nivel global. La escasez de equipos de protección individual (EPI), sumada a unas condiciones laborales precarias y deficientes, perjudicó gravemente al personal sanitario, al que con frecuencia se prohibía pronunciarse públicamente y se sancionaba si lo hacía.

En toda la región, las medidas de confinamiento por la COVID-19 dieron lugar a un considerable aumento de la violencia contra las mujeres, que incluía la violencia de género intrafamiliar y el homicidio. Las medidas para proteger a las mujeres y las niñas fueron inadecuadas de forma casi generalizada. En algunos países se recortaron los programas de apoyo y, en otros, los propios actores estatales perpetraron actos de violencia. Algunos gobiernos no hicieron lo suficiente para priorizar la salud sexual y reproductiva como servicio esencial durante la pandemia.

La libertad de expresión se vio amenazada por los gobiernos de al menos una docena de países. La policía o las fuerzas armadas también negaron o restringieron indebidamente el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica, y se documentaron casos de uso ilegítimo de la fuerza en más de una docena de países. La impunidad y la falta de acceso a la justicia continuaron siendo motivo de honda preocupación.

Las detenciones arbitrarias eran práctica habitual y a menudo estaban relacionadas con la aplicación de las restricciones impuestas por la COVID-19. En algunos países, la población era sometida a cuarentena forzosa en centros estatales que no cumplían las normas sanitarias y de distanciamiento físico. El derecho a la salud también se negaba en los sistemas penitenciarios de aproximadamente un tercio de los países de la región.

Algunos gobiernos detuvieron a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en condiciones que las ponían en un elevado riesgo de contraer la COVID-19. Otros devolvieron a personas sin haber examinado adecuadamente sus solicitudes de asilo.

Estaba previsto que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), un acuerdo sin precedentes, entrara finalmente en vigor después de que México lo ratificara en noviembre. No obstante, los derechos de los pueblos indígenas seguían estando amenazados, y la de las Américas siguió siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en cuestiones relacionadas con la tierra, el territorio y el medioambiente.

Derechos económicos, sociales y culturales

En octubre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL) pronosticó que las economías de la región experimentarían una contracción del 9,1% y que el 37,3% de la población viviría en la pobreza al concluir el año, el peor registro desde 2006.

En algunos casos, la situación de penuria era particularmente grave. En junio, el 40,9% de la población argentina vivía en la pobreza. En julio, el 96% de los hogares venezolanos estaba en situación de pobreza de ingresos y el 79% estaba en situación de pobreza extrema de ingresos y no podía adquirir alimentos básicos.

Muchos gobiernos no actuaron para mitigar los efectos económicos y sociales de la COVID-19 en la población más vulnerable. En Brasil, la ayuda económica para las personas con ingresos bajos fue insuficiente y la implementación del programa federal de asistencia adoleció de irregularidades. En Guatemala hubo barrios y comunidades que se quedaron sin acceso al agua, lo que impidió que la población adoptara prácticas adecuadas de higiene durante la pandemia.

Algunas medidas gubernamentales dieron lugar a prácticas discriminatorias que socavaban los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el gobierno colombiano intensificó la erradicación forzada del cultivo de coca a pesar de las repercusiones que esa medida podía tener para las comunidades campesinas que dependían de la coca para subsistir. En Venezuela, el gobierno retrasó la decisión de proporcionar pleno acceso al Programa Mundial de Alimentos mientras los sistemas nacionales de distribución de alimentos seguían actuando con arreglo a criterios políticamente discriminatorios. Los gobiernos de Ecuador y México aplicaron medidas de austeridad en el momento más grave de la pandemia sin proteger suficientemente las necesidades económicas y sociales básicas de las personas y los grupos desfavorecidos.

Los gobiernos deben garantizar el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación. Los planes de recuperación económica deben incluir todas las medidas necesarias para abordar los efectos desproporcionados que la pandemia y la crisis tuvieron en determinados sectores de la población históricamente desfavorecidos por motivos socioeconómicos, jurídicos, etnorraciales y de género. Antes de lanzarse a implementar medidas de austeridad, los Estados deben estudiar exhaustivamente todas las demás opciones y evaluar el impacto en los derechos humanos, así como dar prioridad a las personas más desfavorecidas cuando se asignan recursos.

Derecho a la salud

La pandemia tuvo consecuencias devastadoras en muchos países en los que el acceso a la atención médica era limitado y desigual. Más de 750.000 personas murieron durante el año en las Américas a causa de la COVID-19. En términos de las muertes debidas a la COVID-19 registradas por millón de habitantes, los países más afectados fueron Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, México y Perú.

En sus respuestas a la pandemia, muchos gobiernos siguieron en líneas generales las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Nicaragua y Venezuela a menudo emitieron mensajes sanitarios confusos, no aplicaron políticas para proteger a quienes corrían más peligro y actuaron con falta de transparencia.

En Brasil, los mensajes sanitarios de las autoridades estatales y federales con frecuencia eran contradictorios, y las medidas para mitigar las consecuencias de la COVID-19 entre los pueblos indígenas fueron ineficaces. Según la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, 158 pueblos indígenas se vieron afectados por la pandemia y hasta el 8 de octubre se habían registrado en ellos más de 840 muertes.

En Nicaragua, las autoridades promovieron concentraciones multitudinarias en las que no era posible aplicar el distanciamiento físico, y la información oficial sobre la respuesta a la COVID-19 no fue transparente.

En Estados Unidos, la desigual e inadecuada respuesta del gobierno a la pandemia tuvo consecuencias discriminatorias y desproporcionadas para muchas personas debido a su raza, situación socioeconómica y otras particularidades. Estados Unidos inició, además, su retirada de la OMS.

En Venezuela, las autoridades actuaron con falta de transparencia en relación con las pruebas diagnósticas, las tasas de contagio y el número de muertes debidas a la COVID-19. Asimismo, según la información recibida, a las mujeres embarazadas sospechosas de haber contraído la COVID-19 se les negaba la atención adecuada en los servicios públicos de salud.

Personal sanitario

La pandemia tuvo consecuencias devastadoras para el personal sanitario de la región; al menos 8.000 personas de este colectivo murieron con COVID-19. El 2 de septiembre, la Organización Panamericana de la Salud notificó que más de 570.000 profesionales de la salud habían contraído la COVID-19 en las Américas, lo que representaba “el mayor número de trabajadores de salud infectados en el mundo”.

El personal sanitario de casi todos los países se quejó por la incapacidad de los gobiernos de proporcionar suficientes EPI y condiciones de trabajo seguras, y muchas personas atribuyeron a este hecho los elevados niveles de muerte y contagio registrados. El presidente de El Salvador vetó el Decreto 620, que tenía por objeto garantizar un seguro de salud y equipos de bioseguridad para el personal sanitario; posteriormente, el Decreto fue declarado constitucional por la Sala de lo Constitucional. La Sociedad Brasileña de Salud Colectiva y la Sociedad Brasileña de Medicina Familiar y Comunitaria criticaron la ausencia de protección social para las familias del personal de la salud y la precariedad de los contratos laborales. El personal sanitario de México se enfrentó a contrataciones irregulares y a la falta de subsidio por enfermedad y otras prestaciones.

Los profesionales de la salud que se pronunciaban sobre lo inadecuado de los servicios médicos y las condiciones laborales se arriesgaban a sufrir sanciones. En varios hospitales hondureños, el personal sanitario tuvo que firmar acuerdos de confidencialidad que le prohibían hablar públicamente sobre sus preocupaciones. En Nicaragua, al menos 31 profesionales de la salud fueron despedidos de su empleo después de que hubieran expresado su inquietud por las condiciones laborales, la falta de EPI y la respuesta gubernamental a la pandemia. Los profesionales de la salud venezolanos que criticaron públicamente la respuesta del gobierno a la pandemia sufrieron detenciones breves y, posteriormente, restricciones.

Condiciones de reclusión

La insalubridad y el hacinamiento eran rasgos característicos de muchas de las prisiones de la región, en países tales como Brasil, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Nicaragua, Paraguay, y Trinidad y Tobago. Las inadecuadas medidas estatales negaban a la población penitenciaria el derecho a la salud y la ponían en riesgo de contraer la COVID-19 y morir a causa de ella.

En Uruguay, que presentaba una de las tasas de encarcelamiento más elevadas de la región, millares de personas encarceladas (inclusive en espera de juicio) soportaban condiciones de insalubridad y hacinamiento.

Según el Consejo Nacional de Justicia de Brasil, en octubre se habían registrado más de 39.000 casos de COVID-19 y 199 muertes provocadas por la pandemia en las prisiones del país.

Entre marzo y mayo hubo unos 90 motines en distintas prisiones de la región en protesta por las precarias condiciones y la creciente preocupación por la COVID-19. En 2 de los incidentes de mayor gravedad murieron 73 personas: 50 en el Centro Penitenciario Los Llanos (Venezuela) y 23 en la cárcel La Modelo de Bogotá (Colombia).

Los gobiernos tienen el deber de garantizar el derecho a la salud de las personas bajo custodia, lo que significa asegurarse de que la atención preventiva, así como bienes y servicios de salud están disponibles para toda la población. Los planes de vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas para la COVID-19 deben ser accesibles, inclusivos y no discriminatorios. Los Estados deben tener en cuenta los factores que pueden contribuir a aumentar el riesgo de una persona o una comunidad ante la COVID-19, y prestar atención a los grupos marginados y a las personas con identidades interseccionales.

Libertad de expresión

El derecho a la libertad de expresión estaba amenazado en Bolivia, Brasil, Cuba, México, Uruguay y Venezuela, a veces debido a las restricciones impuestas por la COVID-19.

En México, al menos 19 periodistas fueron víctimas de homicidio durante el año. Una carta firmada por 650 periodistas e intelectuales acusó al presidente de actuaciones que afectaban al derecho a la libertad de expresión. También se recibió información de que la agencia de noticias estatal estaba involucrada en una campaña difamatoria en las redes sociales, supuestamente financiada con fondos públicos, contra varios periodistas.

En Brasil, distintos miembros del gobierno federal atacaron a los periodistas y su trabajo en 449 ocasiones entre enero de 2019 y septiembre de 2020. En Venezuela, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que entre enero y abril de 2020 se habían registrado más de 400 ataques contra periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación. Esos ataques incluían actos de intimidación, detenciones arbitrarias y agresiones físicas. Hubo profesionales de la salud y periodistas que informaban sobre la pandemia que también sufrieron hostigamiento, amenazas y acusaciones formales de incitar al odio.

Entre marzo y julio, el Observatorio de Agresiones a la Prensa Independiente de Nicaragua informó de 351 ataques, que incluían procesamientos injustos, detenciones arbitrarias y el hostigamiento de profesionales de los medios de comunicación y sus familias.

Los gobiernos deben reconocer la importante función que quienes ejercen el periodismo desempeñan en la sociedad y garantizar que estas personas pueden desempeñar su trabajo sin sufrir hostigamiento ni violencia.

Uso excesivo de la fuerza

En más de una docena de países de la región se registraron actos de uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y miembros de las fuerzas armadas. Esta práctica se utilizó a menudo para negar a las personas su derecho a la libertad de reunión pacífica y se aplicó de manera desproporcionada contra comunidades marginadas.

En Brasil, la policía mató en el primer semestre del año al menos a 3.181 personas, un 7,1% más que en el mismo periodo de 2019. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, el 79,1% de las personas que murieron a manos de la policía eran negras.

El uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía, el ejército y grupos armados contra manifestantes era generalizado en Venezuela. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) informó de que al menos 1.324 personas habían muerto en el país entre el 1 de enero y el 31 de mayo en el contexto de operaciones de seguridad.

En Estados Unidos, al menos 1.000 personas murieron en 2020 por disparos efectuados por la policía. Sólo entre el 26 de mayo y el 5 de junio se documentaron, en 40 estados y Washington D.C., 125 incidentes de uso ilegítimo de la fuerza por la policía contra quienes se manifestaban en contra de los homicidios ilegítimos de personas negras.

En otros países también se registraron casos de uso innecesario o excesivo de la fuerza en el marco de la aplicación de las medidas de confinamiento por la COVID-19. En Argentina hubo policías implicados en agresiones físicas contra integrantes de una comunidad indígena durante unas operaciones relacionadas con presuntas infracciones de las restricciones impuestas por la COVID-19. En México, un albañil de 30 años murió a consecuencia de una paliza que le propinó la policía tras haber sido detenido en el estado de Jalisco, al parecer por no llevar tapabocas. En Chile, el gobierno presentó más de 1.000 demandas judiciales contra manifestantes pacíficos amparándose en la Ley de Seguridad del Estado, lo que no se ajustaba al derecho internacional de los derechos humanos y podía favorecer la presentación de cargos de motivación política.

Todos los gobiernos deben garantizar que los protocolos y las prácticas son conformes con las normas internacionales, incluidos los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Detención arbitraria

Se denunciaron casos de detención arbitraria en Guatemala, México, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela, y también en la base naval de Estados Unidos situada en la bahía de Guantánamo. En algunos países, las detenciones arbitrarias estaban vinculadas a las medidas adoptadas para frenar la propagación de la COVID-19.

Según la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal, las detenciones arbitrarias por motivos políticos aumentaron tras la declaración en marzo del estado de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19. Hasta octubre se habían registrado 413 de estas detenciones. Desde por lo menos el mes de abril, los venezolanos que regresaban al país eran recluidos en centros estatales de cuarentena obligatoria. Hasta agosto, según informes oficiales, 90.000 personas habían pasado por los denominados Puestos de Atención Social Integral.

En México, unos agentes policiales detuvieron arbitrariamente al menos a 27 personas durante las protestas que tuvieron lugar en la ciudad de Guadalajara en junio. Los manifestantes fueron secuestrados en vehículos sin distintivos y estuvieron en paradero desconocido durante varias horas.

En República Dominicana, la policía practicó unas 85.000 detenciones entre el 20 de marzo y el 30 de junio por presunto incumplimiento del toque de queda nocturno impuesto en respuesta a la pandemia. Entre los detenidos había quienes se dirigían a comprar alimentos y otros artículos básicos. En Guatemala, después de que en marzo se estableciera un toque de queda obligatorio, se efectuaron más de 40.000 detenciones, entre ellas de personas que trabajaban en la economía informal.

En algunos países, las autoridades internaron a decenas de miles de personas en centros estatales de cuarentena que, a menudo, no cumplían las normas mínimas de higiene y distanciamiento físico necesarias para proteger frente a la COVID-19. En El Salvador, más de 2.000 personas estuvieron detenidas —algunas hasta 40 días— en esos centros por presunto incumplimiento de la cuarentena obligatoria impuesta en marzo. En Paraguay, a finales de junio había unas 8.000 personas —en su mayoría de nacionalidad paraguaya que regresaban del vecino Brasil— sometidas a cuarentena obligatoria.

Los gobiernos de la región no deben utilizar la pandemia como excusa para justificar el uso excesivo de la fuerza o la detención arbitraria. Represión no es protección.

Impunidad y acceso a la justicia

La impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional seguía siendo motivo de honda preocupación en varios países tales como Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala y Venezuela, y lo mismo ocurría con las violaciones de derechos humanos relacionadas con el programa de detención secreta que Estados Unidos había mantenido en el pasado.

Los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis postelectoral de Bolivia que había empezado en octubre de 2019 no comparecieron ante la justicia. Al menos 35 personas murieron y 833 resultaron heridas a manos de la Policía Nacional y las fuerzas armadas, que hicieron uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones. En noviembre se estableció finalmente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de carácter internacional y encargado de investigar esos hechos, que el gobierno provisional había anunciado en enero.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile expresó su preocupación por la lentitud de las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante las manifestaciones masivas de octubre de 2019 y, casi un año después de que se hubieran producido los hechos, se presentaron formalmente cargos contra algunos de los policías involucrados. Las investigaciones y sanciones administrativas llevadas a cabo e impuestas por la policía nacional chilena eran ineficaces y a menudo se basaban en infracciones administrativas menos graves.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela pidió en septiembre que los sospechosos de responsabilidad penal por crímenes de lesa humanidad respondieran de sus actos. La Misión investigó 53 ejecuciones extrajudiciales y 5.094 homicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, y concluyó que esos “crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.

Los gobiernos deben garantizar resarcimiento y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos, llevar a cabo investigaciones prontas e imparciales, y procesar en juicios justos a las personas responsables penalmente para así poner fin a la espiral de violaciones de derechos humanos fomentada por la impunidad.

Violencia contra mujeres y niñas

En toda la región, las medidas de confinamiento por la COVID-19 dieron lugar a un aumento marcado de la violencia contra las mujeres, incluidos actos de violencia de género intrafamiliar, violación, homicidio y feminicidio.

México fue uno de los países más afectados: en 2020 se habían registrado 3.752 homicidios de mujeres, de los cuales 969 se investigaron como feminicidios. Se preveía que las denuncias de incidentes de violencia contra las mujeres en el país superarían durante el año las 197.693 documentadas en 2019.

En Brasil, en el primer semestre del año se denunciaron casi 120.000 casos de violencia física de género en el ámbito familiar. La tasa de feminicidio aumentó en 14 de los 26 estados —algunos de los cuales presentaron incrementos de entre el 100% y el 400%— entre marzo y mayo.

En Colombia, según la ONG No es Hora de Callar, en el primer semestre de 2020 se registraron 99 feminicidios, entre los que figuraban casos de mujeres empaladas, quemadas, sometidas a abusos sexuales, torturadas y desmembradas.

En Argentina, las llamadas de emergencia a las líneas de atención telefónica sobre violencia contra las mujeres habían aumentado más del 18% en comparación con 2019 y, según grupos observadores de la sociedad civil, hubo al menos 298 feminicidios.

En algunos países, los líderes gubernamentales minimizaron la violencia contra las mujeres y recortaron los programas de apoyo. En otros, los propios actores estatales perpetraron actos de violencia. Por ejemplo, en República Dominicana, que presentaba una de las tasas más elevadas de homicidios de mujeres por motivos de género del mundo, las autoridades no aplicaron un protocolo nacional para la investigación de la tortura. Esta inacción se produjo a pesar de que había indicios contundentes de que la policía violaba, golpeaba y humillaba de forma habitual a las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual, en actos que podían constituir tortura u otros malos tratos.

Las medidas para proteger a las mujeres y las niñas fueron inadecuadas en toda la región, y los casos de violencia contra las mujeres no se investigaban exhaustivamente. Por ejemplo, en su respuesta a las recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura, el gobierno canadiense no se comprometió a garantizar justicia para las mujeres y niñas indígenas sobrevivientes de esterilización forzada y obligada.

En Estados Unidos, donde las tiendas de armas de fuego fueron clasificadas como establecimientos esenciales durante la pandemia, el incremento exponencial de la compra de este tipo de armas aumentó el riesgo de violencia con arma de fuego contra mujeres, niños y niñas debido a la presencia de armas cargadas y accesibles en viviendas en las que la gente se veía obligada a ponerse en cuarentena con sus maltratadores.

La pandemia de COVID-19 puso de relieve e intensificó la crisis global de violencia contra las mujeres y las niñas. Las voces de las mujeres y las niñas deben ocupar un lugar fundamental en los planes gubernamentales de recuperación después de la COVID-19, que deben dar prioridad a la eliminación de la violencia de género y a la actuación sobre sus causas estructurales.

Salud y derechos sexuales y reproductivos

Muchos gobiernos —como los de Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela— no hicieron todo lo que debían para priorizar la salud sexual y reproductiva como servicio esencial durante la pandemia. Esto fue consecuencia indirecta de la sobrecarga de los sistemas de salud, la interrupción de la atención y la reorientación de los recursos hacia la pandemia.

En agosto, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay había registrado 339 alumbramientos de madres de entre 10 y 14 años, y 9.382 alumbramientos de madres de entre 15 y 19. En junio, la Defensoría del Pueblo de Perú señaló que, durante la pandemia, había mujeres y niñas que no recibían los botiquines de emergencia para víctimas de violencia sexual.

El Congreso de Argentina aprobó en diciembre un proyecto de ley para legalizar el aborto.

Pese a ciertos indicios de avance, el aborto seguía penalizado en la mayoría de los países de la región, lo que constituía un impedimento grave para el derecho a la salud. El aborto estaba totalmente prohibido en El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana, mientras que en países como Brasil, Guatemala y Paraguay sólo estaba permitido para salvar la vida de la mujer. En El Salvador, 18 mujeres permanecían encarceladas por cargos relacionados con emergencias obstétricas.

Los gobiernos deben garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, y derogar la legislación que penaliza este procedimiento.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las personas LGBTI sufrieron actos de violencia y homicidio en varios países de la región, como Colombia, Estados Unidos, Honduras, Paraguay y Puerto Rico. Al menos 287 personas trans y de género diverso fueron asesinadas en el continente. Brasil fue el país que concentró el mayor número de estas muertes.

La COVID-19 también afectó a las personas LGBTI. Los sistemas de salud se centraron en la pandemia, por lo que resultaba más difícil acceder a otros servicios clave para estas personas, como el asesoramiento en materia sexual y de salud mental. En muchos países se suspendieron las pruebas de detección del VIH.

A pesar de que hubo algunas resoluciones judiciales positivas en Bolivia y Chile, las uniones y el matrimonio entre personas del mismo sexo no estaban reconocidos en muchos países.

Los gobiernos deben establecer mecanismos para proteger a las personas LGBTI contra todas las formas de violencia y discriminación, e incluir sus necesidades específicas en las medidas para reducir la repercusión socioeconómica de la pandemia.

Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas de las Américas se vieron muy afectados por la pandemia de COVID-19 porque carecían de acceso suficiente a agua no contaminada, saneamiento, servicios de salud y prestaciones sociales, así como por la falta de mecanismos culturalmente adecuados para proteger su derecho a la salud y al sustento. La situación era especialmente grave en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.

En muchos países, los gobiernos no actuaban para garantizar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de permitir que se llevaran a cabo importantes proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructura que los afectaban. En Argentina persistía la preocupación por los proyectos para la posible extracción de litio en tierras indígenas sin contar con el consentimiento de las comunidades afectadas. En varios países, la minería fue declarada servicio esencial durante la pandemia, por lo que los pueblos indígenas quedaron expuestos al contagio.

En Brasil, los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales seguían amenazados por la minería ilegal, los incendios forestales y la apropiación de tierras para actividades ganaderas y agroindustriales ilegales. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales registró un incremento del 9,5% en la destrucción de selva brasileña entre agosto de 2019 y julio de 2020 en relación con el mismo periodo del año anterior.

En Canadá hubo ciertos avances en el reconocimiento de los derechos de tierras de los pueblos indígenas. Sin embargo, el Tribunal Federal de Apelaciones de ese país desestimó el recurso presentado por unos grupos indígenas contra la construcción del oleoducto de Trans Mountain.

Los gobiernos deben garantizar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre todos los proyectos que afectan de manera sustancial a sus derechos.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Decenas de miles de personas —en su mayoría procedentes de Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela— continuaron huyendo de la violencia, la pobreza y la desigualdad.

En el marco de las medidas de control fronterizo adoptadas a causa la COVID-19, algunos gobiernos —como Canadá, Estados Unidos y Perú— prohibieron la entrada de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes. Muchos países —como Colombia, Estados Unidos, Guatemala, México y Trinidad y Tobago— devolvieron a personas sin haber examinado adecuadamente sus solicitudes de asilo.

Las autoridades estadounidenses paralizaron todos los trámites de solicitud de asilo en la frontera con México y, entre marzo y septiembre, detuvieron y expulsaron ilegítimamente a cerca de 330.000 migrantes y solicitantes de asilo (incluidos aproximadamente 13.000 menores de edad no acompañados). En México, los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo continuaban enfrentándose al uso excesivo de la fuerza y a la detención arbitraria por parte de las autoridades, así como a secuestros, agresiones y homicidios a manos de actores no estatales. Las autoridades mexicanas detuvieron a 87.260 personas migrantes irregulares, entre ellas más de 11.000 menores de edad, y deportaron a 53.891 personas.

Los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes recluidos en centros de inmigración de Estados Unidos, México y Trinidad y Tobago presentaban un elevado riesgo de contraer la COVID-19 debido a las insalubres condiciones y a la imposibilidad de aplicar el distanciamiento físico. Por ejemplo, a pesar del grave brote de COVID-19 en los centros civiles de detención de inmigrantes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se negó a dejar en libertad a las personas recluidas, y más de 8.000 de ellas contrajeron el virus mientras estaban bajo custodia.

Los gobiernos deben poner en libertad a todas las personas recluidas únicamente por motivos de inmigración y garantizar que la población refugiada y solicitante de asilo recibe la protección dispuesta en el derecho internacional.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

La región de las Américas seguía siendo una de las más peligrosas del mundo para defender los derechos humanos.

Se registraron homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos en Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela. Un informe publicado en 2020 por la ONG Global Witness calificó a Colombia como el país más letal del mundo para quienes trabajaban sobre derechos humanos y medioambiente. En agosto, la OACNUDH había documentado en este país 97 muertes violentas de defensores y defensoras de los derechos humanos, de las cuales había verificado 45 homicidios.

Los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos también sufrieron agresiones, amenazas, procesamientos, detención arbitraria y vigilancia ilegítima en Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.

En Venezuela, el Centro para los Defensores y la Justicia denunció que hasta junio se habían efectuado más de un centenar de ataques —que incluían actos de criminalización, hostigamiento, ataques digitales y detenciones arbitrarias— contra defensoras de los derechos humanos.

Los gobiernos deben crear un entorno seguro para quienes defienden los derechos humanos y deben garantizar que las medidas de protección son integrales, lo que incluye aspectos colectivos e individuales de la protección, y toman en cuenta las dimensiones interseccionales de las violaciones de derechos humanos y las necesidades específicas de las defensoras de los derechos humanos.

Crisis climática

Hubo una serie de fenómenos relacionados con el cambio climático que siguieron socavando los derechos humanos en las Américas. América Central sufrió en noviembre dos huracanes consecutivos (un hecho inaudito) que afectaron al menos a 5,2 millones de personas. Argentina, algunas zonas de la frontera occidental de Brasil y Paraguay se vieron azotados por fuertes sequías que provocaron enormes pérdidas agrícolas. Estados Unidos registró los mayores incendios forestales de su historia debido a la sequía generalizada y el calor extremo.

Sin embargo, las medidas contra el cambio climático seguían siendo escasas. Chile fue el primer país de la región —y uno de los primeros del mundo— que presentó un objetivo de reducción de las emisiones para 2030, pero los principales países emisores ricos no siguieron su ejemplo. El gobierno canadiense presentó un proyecto de ley para lograr la neutralidad de carbono en 2050, pero las ONG señalaron que la propuesta no demostraba que se estuvieran tomando todas las medidas posibles para alcanzar el nivel de cero emisiones de carbono antes de esa fecha.

Argentina aumentó —aunque de manera insuficiente— su objetivo de reducción de emisiones para 2030, y a principios de 2020 el gobierno intentó modificar la Ley de Protección de los Bosques Nativos, lo que podría representar un retroceso. Brasil redujo de manera considerable su objetivo en términos de ambición climática y debilitó sus compromisos internacionales de detener la deforestación ilegal y recuperar las zonas selváticas.

En una importante señal de avance, estaba previsto que finalmente el Acuerdo de Escazú entrara en vigor en 2020. Sin embargo, varios gobiernos —como los de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay— aún no habían adoptado políticas ni protocolos para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban en temas medioambientales.

Los gobiernos deben adoptar e implementar con urgencia objetivos y estrategias de reducción de las emisiones que protejan los derechos humanos frente a la crisis climática y garanticen una transición justa y compatible con los derechos humanos a una economía sin emisiones de carbono y una sociedad resiliente. Asimismo, deben ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú.

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