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Niña mirando a través de una alambrada

Una niña migrante mira a solicitantes de asilo que ingresan a Estados Unidos en el cruce fronterizo de San Ysidro en Tijuana, México. (Foto de GUILLERMO ARIAS/AFP vía Getty Images )

América

La perspectiva regional resume la situación de los derechos humanos y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2021.

Incluso antes de la crisis de la COVID-19, la región de las Américas presentaba las tasas de desigualdad de ingresos más elevadas del mundo. La irregular recuperación económica del continente registrada durante el año tuvo poco impacto en las profundas consecuencias de decenios de desigualdad estructural. Pese a implementar diferentes programas para abordar las repercusiones de la pandemia, muchos gobiernos no protegieron los derechos económicos, sociales y culturales de sus poblaciones más vulneradas, y a menudo los menoscabaron aún más con políticas y prácticas discriminatorias.

En 2021, un total de 1,5 millones de personas perdieron la vida a causa de la pandemia en las Américas, que siguió presentando los índices de mortalidad per cápita por COVID-19 más elevados del mundo. Uno de los principales motivos de estas elevadas tasas fue el limitado y desigual acceso a la atención médica, agravado por unos sistemas de salud sin fondos suficientes, unas políticas y medidas de protección social inadecuadas para las comunidades marginadas, y falta de acceso adecuado a las vacunas. Los efectos de la pandemia sobre los pueblos indígenas fueron especialmente agudos a causa de la continua insuficiencia de acceso a los servicios de saneamiento y de salud y a las prestaciones sociales.

Hubo muchos gobiernos que no hicieron todo lo que debían para dar prioridad a la salud sexual y reproductiva. Los servicios básicos eran escasos y el acceso a los servicios de aborto seguía siendo criminalizado en la mayoría de los países.

La violencia contra las mujeres y niñas seguía suscitando honda preocupación en toda la región. Las investigaciones sobre casos de violencia de género —como la violencia de género intrafamiliar, la violación, el homicidio y el feminicidio— fueron con frecuencia inadecuadas.

El derecho a la libertad de expresión estaba amenazado en varios países, y decenas de periodistas y personas que criticaban a los gobiernos fueron objeto de amenazas, censura, agresiones y detenciones. En muchos países, la policía y otras fuerzas de seguridad reprimieron las manifestaciones pacíficas haciendo un uso excesivo de la fuerza, practicando detenciones arbitrarias y, en algunos casos, cometiendo homicidios ilegítimos.

La impunidad por estas y otras violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional continuaba siendo motivo de honda preocupación en más de la mitad de los países de la región. También aumentaron los ataques contra la independencia judicial.

Decenas de miles de personas huyeron de sus países a causa de violaciones de derechos humanos relacionadas con la violencia, la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Sin embargo, muchos gobiernos siguieron prohibiendo la entrada de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y violaron el derecho internacional al devolver a quienes lograban atravesar las fronteras sin examinar adecuadamente sus solicitudes.

El histórico Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) entró finalmente en vigor en abril. No obstante, los actos de destrucción ambiental continuaron en muchos países, y la región de las Américas siguió siendo una de las más peligrosas del mundo para quienes defendían los derechos ambientales y los derechos humanos.

Derechos económicos, sociales y culturales

El crecimiento económico repuntó durante el año, pero no fue suficiente para revertir la recesión económica de 2020, en la que el desempleo, la disminución de ingresos y el aumento de la pobreza y la desigualdad habían alcanzado niveles sin precedentes.

Argentina, Brasil, Guatemala, Haití, Nicaragua y Venezuela atravesaron una situación especialmente grave. En junio, el 40,6% de la población argentina vivía en la pobreza. En Brasil, el 56% de la población padecía inseguridad alimentaria. En Haití, casi la mitad de la población necesitaba ayuda alimentaria. En Venezuela, el 94,5% de la población vivía en situación de pobreza de ingresos y, el 76,6%, en condiciones de pobreza extrema.

La desigualdad y la discriminación seguían prevaleciendo en toda la región. Según la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (CEPAL), la tasa media de desempleo de las mujeres era del 12,7% en la región, frente al 9,7% en el caso de los hombres.

Muchos gobiernos no protegieron los derechos económicos, sociales y culturales de quienes estaban en situación más vulnerable, y algunos incluso los menoscabaron aún más. Por ejemplo, en Paraguay aumentaron los desalojos forzosos, especialmente en las comunidades rurales e indígenas, sin que hubiera recursos judiciales efectivos ni se ofrecieran alternativas de reasentamiento. Según la campaña Cero Desalojos, más de 23.500 familias brasileñas fueron desalojadas de sus hogares durante la pandemia, entre marzo de 2020 y octubre de 2021. En Estados Unidos, la Corte Suprema anuló las iniciativas para prorrogar una moratoria federal de los desalojos.

En Venezuela hubo más de 3.000 protestas en la primera mitad del año debido a que el sistema de distribución de alimentos no satisfacía las necesidades nutricionales, y el acceso a la atención médica, al agua potable, a los alimentos y al combustible seguía deteriorándose.

Derecho a la salud

La pandemia siguió teniendo consecuencias devastadoras para muchos países en los que el acceso a la atención médica y las vacunas era limitado y desigual.

Con 2,3 millones de muertes por COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, la región alcanzaba el 45% del total global, pese a que sus habitantes representaban apenas el 13% de la población mundial.

El abandono generalizado y la falta de financiación de los servicios públicos de salud explicaban en gran medida la magnitud de la crisis. En varios países, el número de profesionales de medicina y enfermería per cápita era muy inferior al umbral que la Organización Mundial de la Salud consideraba necesario para ofrecer servicios de salud básicos en los países más pobres del mundo.

En Venezuela había carencia de equipos de protección, y las ONG locales denunciaron que más de 800 profesionales de la salud habían muerto por COVID-19 desde marzo de 2020. La falta crónica de oxígeno y la insuficiente capacidad hospitalaria contribuyeron a que Perú fuera el país con el mayor número de muertes per cápita del mundo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respondió a la pandemia de COVID-19 con una mezcla de negacionismo, negligencia, oportunismo y desprecio por los derechos humanos.

A finales de agosto, más del 50% de la población de América del Norte estaba totalmente vacunada contra la COVID-19, frente a sólo el 25% en América Latina y el Caribe. Un mes después, la empresa de análisis de datos científicos Airfinity estimó que los países desarrollados tenían un excedente de más de 500 millones de dosis de vacunas.

Algunos de los países de ingresos altos bloquearon activamente el aumento en la producción de vacunas. Al finalizar el año, Canadá aún no había concedido la licencia necesaria para que la empresa farmacéutica canadiense Biolyse pudiera producir 20 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, cuyos primeros 15 estaban destinados a Bolivia.

Al concluir el año, la cobertura de vacunación era similar en América del Norte y América del Sur, y más de la mitad de la población estaba totalmente vacunada. Sin embargo, los países de la región seguían presentando diferencias considerables: mientras Canadá, Chile y Uruguay habían vacunado totalmente al menos al 75% de su población, Guatemala y Venezuela sólo habían alcanzado el 20%. Por su parte, Nicaragua y Haití sólo habían vacunado al 6% y al 1% de sus habitantes, respectivamente.

Los programas gubernamentales de vacunación a menudo omitían o excluían activamente a quienes corrían peligro de contraer la COVID-19, lo que incluía en muchos casos a personas refugiadas y migrantes. Muchos países no establecieron protocolos especiales para garantizar programas de vacunación culturalmente adecuados y adaptados a los pueblos indígenas.

En algunos casos, el personal sanitario fue excluido de los programas de vacunación. Por ejemplo, en Nicaragua, no empezaron a recibir la vacuna hasta mayo —mucho después que otros colectivos—, y algunas noticias aparecidas en los medios de comunicación señalaban la existencia de favoritismo en la vacunación prioritaria de simpatizantes del gobierno, con independencia de su perfil de riesgo frente a la COVID-19.

Derechos sexuales y reproductivos

Fueron muchos los gobiernos que no hicieron todo lo que debían para dar prioridad a la salud sexual y reproductiva. Los servicios básicos eran escasos y los servicios de aborto sin riesgos seguían siendo criminalizados en la mayoría de los países. El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana mantenían la prohibición total del aborto.

El ejemplo de la histórica despenalización y legalización del aborto en las primeras 14 semanas de embarazo vivido en Argentina a finales de 2020 no fue secundado por los demás países. En Chile se rechazó un proyecto de ley que despenalizaba el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo. En Colombia, la Corte Constitucional no tomó una decisión en relación con una demanda sobre la eliminación del delito de aborto interpuesta por Causa Justa, una amplia coalición de ONG. En El Salvador y República Dominicana, las iniciativas para despenalizar el aborto en circunstancias mucho más limitadas no obtuvieron la aprobación legislativa.

En Honduras, el Congreso Nacional aprobó en enero una reforma constitucional que dificultaba la eliminación de las prohibiciones del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque al concluir el año estaba pendiente ante la Corte Suprema de Justicia un recurso contra la prohibición total del aborto.

En Estados Unidos, los gobiernos estatales introdujeron más restricciones al aborto en 2021 que en ningún otro año. En Texas se aprobó una prohibición casi total que criminalizaba su práctica a partir de la sexta semana de embarazo.

En un raro ejemplo de avances limitados, la Corte Constitucional de Ecuador decidió en abril despenalizar el aborto en casos de violación.

Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas de las Américas seguían careciendo de acceso adecuado a sus derechos al agua, al saneamiento, a la salud y a la protección social, así como de mecanismos culturalmente adecuados para proteger su derecho a la salud y al sustento. Todo ello agravó el impacto de la pandemia de COVID-19.

La difícil situación de los pueblos indígenas de Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Venezuela se agudizó especialmente.

En Brasil, los pueblos indígenas carecían de protección frente a la invasión de tierras, la deforestación y la minería, así como frente a la propagación de la COVID-19. En agosto, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil presentó una declaración sin precedentes ante la Corte Penal Internacional (CPI) en la que acusaba al gobierno de Bolsonaro de genocidio y ecocidio.

En muchos países —como México, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela—, los gobiernos siguieron permitiendo que importantes proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructura progresaran sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados, y en ocasiones pese a la existencia de órdenes judiciales de suspensión de las actividades.

En Bolivia, Chile, Colombia, Nicaragua, Paraguay y Perú, personas indígenas resultaron heridas o muertas en ataques violentos y tiroteos de las fuerzas de seguridad del Estado o de civiles armados.

En Canadá se localizaron los restos mortales de cientos de niños y niñas indígenas enterrados en antiguas escuelas residenciales creadas por el gobierno canadiense y administradas por las iglesias. Muchos pueblos indígenas, asociaciones, organizaciones y consejos comunitarios denunciaron esta situación como genocidio y pidieron justicia. En septiembre, el Tribunal Federal ordenó a Ottawa pagar 40.000 dólares canadienses (unos 32.000 dólares estadounidenses) a cada uno de los aproximadamente 50.000 niños y niñas de los pueblos indígenas separados a la fuerza de sus familias.

Libertad de expresión y de reunión

El derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión se vio amenazado en varios países de la región.

En Brasil, Canadá, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela se intimidaba, hostigaba, amenazaba, censuraba, criminalizaba o privaba de acceso a la información pública a quienes ejercían el periodismo y a quienes criticaban al gobierno.

En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en favor de 34 miembros del personal del periódico digital salvadoreño El Faro que habían sido objeto de hostigamiento, amenazas e intimidación.

En Venezuela se prohibieron varias retransmisiones de medios de comunicación y se multó a uno de los principales periódicos por difamar a un alto cargo gubernamental. Una ONG local denunció más de 290 ataques contra periodistas.

En Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa denunció 402 ataques contra los medios de comunicación que documentaron las protestas sociales.

Después de que el 11 de julio tuviera lugar la mayor manifestación que se había visto en décadas en Cuba, la CIDH recibió denuncias de ataques violentos cometidos contra los medios de comunicación por parte de la policía y simpatizantes del gobierno y de la detención de al menos 10 periodistas.

Las restricciones, la represión y las prohibiciones impuestas a la protesta pacífica debilitaron aún más la libertad de expresión en Colombia, Cuba, Estados Unidos, México y Venezuela.

El gobierno colombiano dictó medidas que restringían la circulación de vehículos y personas a fin de impedir la participación en los actos de protesta programados el 20 de julio en diferentes ciudades. En Cuba, centenares de personas fueron detenidas durante las históricas protestas del 11 de julio, y el gobierno prohibió en octubre otra marcha para pedir su liberación. En Estados Unidos, los legisladores y legisladoras federales y los de al menos 36 estados introdujeron más de 80 propuestas legislativas que limitaban la libertad de reunión, y 9 estados incorporaron 10 de esos proyectos de ley en su ordenamiento jurídico.

Uso excesivo de la fuerza

En muchos países —como Argentina, Chile, Colombia, Honduras, México, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela— se hizo un uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó la muerte de 46 personas (44 civiles y 2 policías) durante las manifestaciones del Paro Nacional que tuvieron lugar en Colombia en abril y mayo, así como 49 denuncias de violencia sexual. En Venezuela, al menos 59 protestas recibieron como respuesta ataques de la policía, el ejército y grupos armados progubernamentales, que causaron la muerte de un manifestante y lesiones a otros siete.

En México, la policía recurrió al uso de fuerza excesiva e innecesaria, practicó detenciones arbitrarias e incluso ejerció violencia sexual para silenciar a las mujeres que protestaban contra la violencia de género.

En Chile, las cifras actualizadas de la Fiscalía Nacional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos mostraban que se habían registrado más de 8.000 víctimas de la violencia cometida por agentes del Estado desde que comenzaran las protestas en octubre de 2019.

El uso excesivo de la fuerza en las operaciones policiales para combatir la delincuencia también ocasionó una considerable pérdida de vidas humanas. En Brasil, el 6 de mayo tuvo lugar la operación más mortífera jamás efectuada por la policía en Río de Janeiro, que se saldó con la muerte de 27 vecinos de la favela de Jacarezinho, perteneciente a esa ciudad. En noviembre murieron 9 personas más como resultado de otra operación policial que tuvo lugar en la favela Complexo do Salgueiro, también en Río de Janeiro.

En noviembre, la policía de Buenos Aires (Argentina) mató a tiros al futbolista de 17 años Lucas González, que viajaba en su automóvil y acababa de salir de una tienda de alimentación.

En Estados Unidos se denunciaron las muertes de al menos 888 personas por disparos de la policía; muchas de las víctimas eran negras. Seis estados del país aún carecían de leyes parlamentarias sobre el uso de la fuerza, y ninguno de los que sí las tenían se ajustaba al derecho y las normas internacionales relativos al uso de medios letales. El Senado de Estados Unidos tampoco introdujo la Ley sobre Justicia en la Actuación Policial (Ley George Floyd), que planteaba un conjunto de propuestas de los dos partidos para reformar ciertos aspectos de la función policial en Estados Unidos.

Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

Se denunciaron casos de detención arbitraria en muchos países, como Colombia, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela, y también en la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo.

Según la Campaña Defender la Libertad, 3.275 personas fueron detenidas arbitrariamente en el marco del Paro Nacional que tuvo lugar en Colombia. La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada hizo constar que al concluir el año seguía sin conocerse el paradero de 327 personas desaparecidas.

Las autoridades cubanas encarcelaron arbitrariamente a cientos de personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica en el marco de las protestas del 11 de julio.

En Nicaragua, en los meses previos a la reelección del presidente Daniel Ortega en noviembre, la policía sometió a detención arbitraria o a desaparición forzada a decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y personas contrarias al gobierno, entre ellas siete posibles aspirantes a la presidencia.

Según la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal, las fuerzas de seguridad del país detuvieron arbitrariamente durante el año a 44 activistas políticos, estudiantes y defensores y defensoras de los derechos humanos. Algunas personas murieron bajo custodia, incluidas tres cuya detención arbitraria obedecía a motivos políticos.

A pesar de que el presidente estadounidense Joe Biden había declarado su intención de cerrar el centro de detención de la base naval estadounidense en Guantánamo, 39 hombres permanecían allí recluidos de manera arbitraria e indefinida, y 10 de ellos podían ser condenados a muerte.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

La región de las Américas seguía siendo una de las más peligrosas del mundo para defender los derechos humanos.

En países como Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú y Venezuela fueron asesinadas personas que defendían los derechos humanos.

Un informe de la ONG Global Witness calificó a Colombia como el país del mundo donde se registraban más ataques contra quienes trabajaban sobre cuestiones ambientales y de derechos humanos.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos también sufrieron amenazas, violencia, procesamientos, detención arbitraria y vigilancia ilegítima en Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.

En Venezuela tuvo lugar uno de los deterioros más acusados de la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Según el Centro para los Defensores y la Justicia, en 2021 se cometieron 743 ataques contra activistas, un 145% más que en 2020.

Impunidad y acceso a la justicia

La impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional —así como la falta de acceso a la justicia, la verdad o la reparación— continuaba siendo motivo de honda preocupación en más de la mitad de los países de la región.

La independencia judicial sufrió ataques constantes en Brasil, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.

Por ejemplo, la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador adoptó una serie de medidas que limitaban la independencia del poder judicial, como la destitución de los miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general de la República. En Guatemala, los miembros del poder judicial que ocupaban cargos clave en la lucha contra la impunidad en casos de violación grave de derechos humanos y corrupción fueron destituidos o se les impidió ocupar sus cargos.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, siguió haciendo uso de los órganos legislativo y judicial para aplicar tácticas represivas en el periodo previo a las elecciones de noviembre, mientras miles de víctimas de violaciones de derechos humanos aguardaban que se impartiera justicia por los delitos cometidos por agentes del Estado durante su gobierno.

En Venezuela, el sistema de justicia desempeñó un papel importante en la represión ejercida por el Estado contra quienes se oponían al gobierno, mientras las víctimas de crímenes y violaciones de derechos humanos quedaban desprotegidas. El fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció en noviembre la apertura de una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

En Argentina, Perú y Uruguay hubo ciertos avances en el propósito de llevar ante la justicia a personas con presunta responsabilidad penal en crímenes de derecho internacional cometidos en las décadas de 1970, 1980 y 1990.

En abril, el gobierno de Estados Unidos anuló las sanciones contra el personal de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional impuestas por el anterior gobierno, aunque siguió rechazando la jurisdicción de la CPI en los presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán e Irak, entre otros lugares.

Violencia contra mujeres y niñas

Las medidas para proteger a las mujeres y las niñas eran inadecuadas en toda la región, y las investigaciones sobre casos de violencia por motivos de género a menudo presentaban deficiencias.

En México, por ejemplo, la violencia contra las mujeres seguía siendo generalizada. Durante el año se registraron 3.427 homicidios de mujeres, de los que 887 se estaban investigando como feminicidios. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia del estado de México sobre los casos de mujeres desaparecidas y posteriormente asesinadas presentaban deficiencias graves. Las fuerzas de seguridad mexicanas también hicieron un uso excesivo de la fuerza, practicaron detenciones arbitrarias y ejercieron violencia sexual contra mujeres manifestantes.

En Colombia, donde el Observatorio Feminicidios Colombia denunció 432 feminicidios en los ocho primeros meses del año, las fuerzas de seguridad también cometían habitualmente actos de violencia sexual contra las mujeres.

Paraguay y Puerto Rico declararon el estado de emergencia debido al aumento de la violencia contra las mujeres. Este tipo de violencia también aumentó considerablemente en Perú y Uruguay. En Puerto Rico, hasta mayo se habían presentado 511 denuncias por violencia de género intrafamiliar, lo que suponía un acusado aumento con respecto al mismo periodo en 2020. En Perú, un total de 146 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2021, frente a 136 en 2020. Además, entre enero y octubre desaparecieron 12.084 mujeres, y el 25% de los feminicidios registrados en el país habían sido denunciados previamente como desapariciones.

En Venezuela, el Ministerio Público anunció la existencia de 72 oficinas fiscales especializadas en la investigación penal sobre la violencia de género. Sin embargo, las ONG locales cuestionaron su eficacia y el Centro de Justicia y Paz documentó la comisión de 125 feminicidios entre enero y junio.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En las Américas hubo avances limitados en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, pero la legislación general estaba bloqueada, por lo que siguieron siendo objeto de discriminación, violencia y homicidio en varios países.

Argentina introdujo nuevos documentos de identidad que reconocían a las personas que se identificaban como no binarias, y el Congreso de la Nación aprobó en junio una ley para promover la contratación laboral de la población trans.

En Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden adoptó medidas para derogar las políticas discriminatorias de la administración anterior hacia las personas LGBTI. Sin embargo, en los estados también se introdujeron cientos de proyectos de ley que restringirían los derechos de ese colectivo.

En el resto de la región, las personas LGBTI sufrieron actos de violencia mortal. La Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil denunció que 80 personas transgénero habían sido víctimas de homicidio en el país en la primera mitad del año, y la Red Comunitaria Trans de Colombia denunció los homicidios de 30 personas trans hasta noviembre.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Decenas de miles de personas —la mayoría de Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela— huyeron de violaciones de derechos humanos relacionadas con la violencia, la pobreza, la desigualdad y el cambio climático.

Algunos gobiernos —incluidos los de Canadá, Chile, Curazao, Estados Unidos, México, Perú y Trinidad y Tobago— prohibían la entrada de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y devolvían a quienes lograban atravesar las fronteras sin examinar adecuadamente sus solicitudes de refugio y asilo.

Los funcionarios de control fronterizo de Estados Unidos llevaron a cabo la devolución sumaria masiva de más de un millón de personas refugiadas y migrantes en la frontera con México utilizando como pretexto las disposiciones de salud pública relativas a la COVID-19.

Las prácticas de Canadá en materia de detención vinculada al control de la inmigración siguieron violando el derecho internacional de los derechos humanos, incluidos los derechos de la infancia y de las personas con discapacidad.

México envió miles de soldados a su frontera sur con Guatemala con el propósito de cerrarla. Las autoridades de inmigración deportaron o devolvieron ilegalmente a miles de personas a Guatemala y pusieron en marcha operaciones importantes en México para interceptar y repatriar a niños y niñas no acompañados, lo que constituía una violación de sus derechos.

Miles de personas —la mayoría de Venezuela— trataron de entrar en Chile a pie, y al menos 20 murieron durante el viaje. En abril, Chile impuso nuevas restricciones que impedían a las personas migrantes regularizar su situación, y cientos de ellas fueron deportadas en lo que podría constituir expulsión masiva sin el debido proceso.

En Perú, aproximadamente un millón de personas migrantes —entre ellas medio millón de solicitantes de asilo que habían regularizado su situación— se hallaban privadas de derechos tales como la atención médica.

Decenas de miles de personas refugiadas haitianas pidieron protección internacional, pero los gobiernos de la región no las protegieron frente a distintas violaciones de derechos humanos, como detenciones y devoluciones sumarias ilegales, extorsión, discriminación racial y otros abusos, incluida violencia de género a manos de grupos armados.

Actuación deficiente contra la crisis climática

Pese a que durante el año se registraron algunas novedades positivas, las medidas contra el cambio climático seguían siendo limitadas, lo que a su vez menoscababa los derechos humanos en todo el continente.

El Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril, pero Cuba y Venezuela seguían sin firmarlo y 12 países aún no lo habían ratificado al concluir el año.

En febrero, el nuevo gobierno estadounidense se unió de nuevo al Acuerdo de París y trató de anular los cientos de leyes y políticas aprobadas durante la administración anterior para desregular los sectores de la energía y el medioambiente.

Los avances realizados en otros países para combatir el cambio climático fueron decepcionantes. Al alentar la deforestación y la extracción de recursos naturales en la Amazonía, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, agravó el impacto de la crisis climática en las tierras y territorios de los pueblos indígenas y dejó un legado de destrucción ambiental. Según la ONG Imazon, la Amazonía brasileña presentaba la mayor tasa de deforestación en el mes de agosto de los 10 años anteriores. Bolivia aprobó normativas que incentivaban la explotación maderera y la quema de bosques. Canadá seguía subvencionando el sector de los combustibles fósiles. Pese a su renovada colaboración con el mundo en materia de cambio climático, el nuevo gobierno estadounidense siguió aprobando proyectos de explotación petrolera en terrenos federales. México, que era el 11º mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo, no presentó nuevos objetivos de reducción de las emisiones en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático.

Recomendaciones

Los gobiernos tienen el deber de garantizar el derecho a la salud sin discriminación y han de prestar especial atención a los grupos marginados y otros colectivos que corren mayor riesgo de contraer la COVID-19. Deben garantizar el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, y afanarse en abordar el impacto desproporcionado de la pandemia en quienes sufren múltiples formas de discriminación y marginación, como las violaciones de derechos humanos derivadas de la marginación y discriminación históricas a las que están sometidas los pueblos indígenas. También han de asegurar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, incluidos servicios de aborto sin riesgo.

Los gobiernos deben respetar y facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión, lo que incluye garantizar que quienes ejercen el periodismo pueden llevar a cabo su labor legítima sin sufrir hostigamiento ni violencia. Asimismo, deben reconocer la labor legítima de los defensores y defensoras de los derechos humanos, crear un entorno propicio que les permita desempeñar su trabajo en condiciones seguras, y dejar de responder a las protestas sociales y a las críticas con represión o recurriendo a la detención arbitraria y las desapariciones forzadas a fin de silenciar a quienes se les oponen.

Los gobiernos deben garantizar que los protocolos y las prácticas relacionados con la aplicación de la ley son conformes con las normas internacionales, que toda infracción de esas normas se investiga adecuadamente y que todas las personas sospechosas de ser penalmente responsables comparecen ante la justicia en juicios con las debidas garantías y ante tribunales civiles ordinarios. Asimismo, deben abstenerse de socavar la independencia del poder judicial para que el derecho a acceder a la justicia, la verdad y la reparación sea una realidad significativa para todas las personas que están bajo su jurisdicción. También han de abordar la impunidad de la violencia por motivos de orientación e identidad sexual o de género. Además, deben tomar medidas urgentes para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas y sus causas fundamentales y para proteger a las personas LGBTI frente a todas las formas de violencia, así como eliminar la discriminación que sustenta las diversas violaciones de derechos humanos que este colectivo sufre.

Los gobiernos deben cumplir su obligación de proteger a las personas que buscan protección internacional, así como respetar y amparar sus derechos y permitirles permanecer en su territorio —en condiciones dignas— hasta que se encuentre una solución duradera.

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