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Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Resumen de la situación de los derechos humanos en América y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2022.

Tres años después de la aparición de la COVID-19, la región de las Américas seguía sufriendo las consecuencias devastadoras de la pandemia. Las autoridades no garantizaban el acceso de millones de personas a los derechos básicos a la alimentación, el agua y la salud, y los sistemas de atención de la salud seguían adoleciendo de una grave falta de fondos.

En un contexto de recesión económica, en muchos países las autoridades intensificaron el uso de tácticas represivas para acallar la disidencia y numerosas formas de protesta. Varios gobiernos declararon estados de excepción que dieron lugar a una serie de violaciones graves de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, juicios injustos y homicidios ilegítimos. En otros casos, la represión se ejecutó usando fuerza excesiva contra quienes ejercían su derecho a protestar, sometiendo a vigilancia ilegítima y seguimiento a activistas, y atacando a periodistas.

Los pueblos indígenas, la población negra y otras personas que sufrían discriminación racial seguían siendo objeto de manera desproporcionada de violaciones de derechos humanos, como abusos policiales y tortura y otros malos tratos infligidos en los centros de detención de personas migrantes.

Se produjeron importantes retrocesos en relación con los derechos sexuales y reproductivos y, en varios países, las autoridades aprobaron medidas que menoscababan el acceso al aborto y prohibían la educación sexual integral. La violencia contra las mujeres y las niñas continuaba siendo generalizada, y las personas LGBTI seguían corriendo peligro; en algunos países se registró un nivel sin precedentes de asesinatos de personas transgénero.

En varios países, las autoridades tomaron medidas para llevar ante la justicia a algunas de las personas responsables de crímenes cometidos en el pasado, pero, en general, la impunidad por violaciones graves de derechos humanos en América continuaba arraigada.

Los gobiernos no cumplieron sus compromisos relativos al cambio climático. Ante los niveles históricos de personas en busca de refugio o de una vida mejor fuera de su país, las autoridades aplicaron políticas regresivas que menoscababan los derechos de las personas refugiadas y migrantes y contravenían el derecho internacional.

Derechos económicos, sociales y culturales

El número de personas que vivían en situación de pobreza se mantenía por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Muchos gobiernos de la región no abordaron las barreras estructurales causantes de la crisis desatada por la pandemia: las desigualdades socioeconómicas previas, los bajos niveles de tributación y de gasto público en salud, y la falta de acceso a otros determinantes sociales de la salud, concretamente, la seguridad alimentaria, el agua potable y la infraestructura básica.

La inflación agravó las dificultades económicas y, según el Fondo Monetario Internacional, fue especialmente notable en Argentina, Chile, Colombia, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Millones de personas de la región no disfrutaban de los derechos básicos a la alimentación, la salud y el agua. En Brasil, más de la mitad de la población carecía de acceso seguro y suficiente a alimentos, situación que afectaba de manera desproporcionada a las personas negras y las comunidades marginadas. En Venezuela, la mayor parte de la población sufría inseguridad alimentaria y, según el Banco Mundial, el país presentaba en agosto la tercera mayor tasa de inflación de los alimentos del mundo. En Cuba, la escasez de alimentos obligó a la población a hacer fila durante horas para conseguir productos básicos; y en Haití, en un contexto de resurgimiento del cólera, más del 40% de la población se enfrentaba a niveles de hambre de emergencia. En Argentina, el 36,5% de la población vivía en situación de pobreza en el primer semestre del año.

Las autoridades de la mayoría de los países no aplicaron medidas para reforzar la protección del derecho a la salud, pese a que la pandemia había demostrado que los sistemas de salud necesitaban importantes reformas. En Brasil, el Congreso Nacional aprobó el presupuesto del Ministerio de Salud más bajo en 10 años, lo que amenazaba con menoscabar el acceso a una atención adecuada y a los suministros de medicamentos en el país. Países como Guatemala, Honduras y Paraguay seguían asignando niveles alarmantemente bajos de gasto público a la salud, y sus servicios de atención médica estaban desbordados y eran incapaces de atender las necesidades básicas de la población. En Chile, una amplia mayoría de la ciudadanía rechazó en septiembre la propuesta de una nueva Constitución que reforzaba la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mientras que las reformas propuestas en relación con el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos seguían pendientes de aprobación al terminar el año.

Los gobiernos deben tomar medidas inmediatas que aseguren la asignación del máximo posible de recursos disponibles para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones básicas mínimas en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos, y tortura y otros malos tratos

En muchos países de América, las autoridades siguieron violando el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y a un juicio justo. Esas violaciones de derechos humanos se produjeron principalmente durante la represión ejercida por los gobiernos en respuesta a crisis políticas o en estados de excepción, o en contextos de fallas más generalizadas de las fuerzas de seguridad y los sistemas de justicia que provocaron respuestas ilegítimas, arbitrarias y desproporcionadas.

El uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad eran prácticas muy extendidas en la región, y con frecuencia se dirigían contra los barrios de ingresos bajos y población racializada en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, México, República Dominicana y Venezuela, entre otros países. En Venezuela, las fuerzas de seguridad efectuaron 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales en diversas partes del país entre enero y septiembre. En Brasil, las operaciones policiales causaron la muerte de decenas de personas.

Las detenciones arbitrarias seguían siendo generalizadas en Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela. Con frecuencia se sometía a las personas detenidas a tortura u otros malos tratos y, en algunos casos, a desaparición forzada. Las autoridades de El Salvador decretaron en marzo un estado de excepción como respuesta a un aumento notable de los homicidios presuntamente cometidos por las pandillas. La medida dio lugar a violaciones masivas de derechos humanos, más de 60.000 detenciones y la generalización de los juicios injustos. En Ecuador, un total de 146 personas privadas de libertad fueron asesinadas en un contexto de crisis del sistema penitenciario. En Ecuador y México se tomaron decisiones legislativas, judiciales y administrativas para ampliar la función de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Represión de la disidencia y libertad de expresión

En varios países de América, activistas y movimientos sociales salieron a la calle para reclamar derechos económicos y sociales básicos, el fin de la violencia de género y la excarcelación de las personas detenidas de forma injusta, y para defender el medioambiente. Las autoridades respondieron de manera habitual con un uso excesivo e innecesario de la fuerza. En Ecuador, al menos 6 personas murieron tras el empleo de fuerza excesiva por parte de los cuerpos de seguridad contra las protestas de los pueblos indígenas en torno a los problemas socioambientales. En Colombia, un líder indígena murió por disparos en el marco de una protesta ambiental y, en otra protesta que tuvo lugar en la capital, Bogotá, un hombre sufrió un traumatismo ocular tras ser alcanzado por un proyectil. En Perú, al menos 3 personas murieron en el primer semestre de 2022 durante protestas tras intervenciones de la Policía Nacional, y al menos otras 22 perdieron la vida durante las últimas semanas del año en las protestas que tuvieron lugar durante la crisis política que siguió a la destitución en diciembre del presidente Pedro Castillo.

En Bolivia, agentes encargados de hacer cumplir la ley reprimieron con violencia y, en algunos casos, detuvieron arbitrariamente a productores y productoras de hoja de coca que protestaban contra las iniciativas para erradicar sus cultivos. En Estados Unidos, más de 75 personas fueron detenidas en relación con las protestas que tuvieron lugar a raíz de la muerte en junio de Jayland Walker, hombre negro contra el que la policía había disparado 46 veces en Akron (Ohio). En México, el gobierno siguió estigmatizando a las personas feministas y defensoras de los derechos humanos que protestaban contra su inacción en materia de violencia de género y, en algunos estados, las fuerzas de seguridad golpearon con violencia y detuvieron arbitrariamente a manifestantes. En Puerto Rico y Cuba se recibieron varios informes según los cuales la policía había empleado fuerza excesiva contra las protestas por los cortes de electricidad y otras demandas sociales tras el paso del huracán Ian.

En Nicaragua, las autoridades cancelaron la personería jurídica de más de 1.000 organizaciones durante el año, cerraron al menos 12 universidades, encarcelaron a periodistas y hostigaron a quienes ejercían el activismo político y pertenecían a la oposición. En Venezuela, los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, con la aquiescencia del sistema judicial, continuaron deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de malos tratos a las personas consideradas opositoras al gobierno.

En Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela se asesinó a defensores y defensoras de los derechos humanos a consecuencia de su trabajo. Además, en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela, entre otros países, estas personas eran amenazadas, hostigadas o sometidas a enjuiciamiento penal o detención arbitraria. En Colombia, al menos 189 líderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio a lo largo del año. En Venezuela, al menos 396 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de intimidación, estigmatización y amenazas. En Nicaragua, decenas de personas disidentes y críticas que estaban detenidas fueron enjuiciadas sin que se cumplieran las garantías procesales básicas. En Paraguay, quienes ejercían el activismo seguían haciendo frente a cargos falsos por participar en protestas contra las políticas de salud pública. En Guatemala, jueces y juezas, fiscales, defensores y defensoras de los derechos humanos y manifestantes se vieron sometidos a procesos penales infundados. Y, en Bolivia, personas defensoras de los derechos humanos fueron sometidas a actuaciones judiciales por criticar al gobierno.

La libertad de prensa seguía corriendo peligro en la región. En Colombia, Haití, México y Venezuela hubo periodistas asesinados. México vivió el año más mortífero de su historia para la prensa: al menos 13 periodistas fueron víctimas de homicidio. En Nicaragua y Venezuela se cerraron arbitrariamente varios medios de comunicación. En Guatemala, los periodistas que informaban sobre la corrupción y la impunidad se enfrentaban con frecuencia a acciones penales y campañas difamatorias, y en El Salvador se registraron ataques contra decenas de profesionales del periodismo.

En El Salvador y México se documentó el uso del programa espía Pegasus para la vigilancia ilegítima de activistas y periodistas.

Las autoridades también utilizaban leyes ambiguas o demasiado amplias para silenciar las voces críticas. En El Salvador se modificó el Código Penal para estipular penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes generaran “ansiedad” o “zozobra” por informar sobre las pandillas. En Nicaragua se aprobó la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, la última de una serie de leyes votadas desde la represión de 2018 que debilitaban a las organizaciones de la sociedad civil. En Cuba, entró en vigor en diciembre un nuevo Código Penal que podía consolidar las limitaciones a la libertad de expresión y reunión pacífica ya habituales. En Argentina, el gobierno provincial de Jujuy presentó un proyecto de ley para reformar la Constitución de la provincia y limitar las protestas mediante la prohibición del bloqueo de carreteras y de la “usurpación del espacio público”.

Los gobiernos deben respetar, proteger y facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, lo que incluye garantizar que las personas que ejercen el periodismo, defienden los derechos humanos en América y son consideradas adversarias políticas pueden llevar a cabo su labor y ejercer sus derechos en un entorno seguro y propicio sin sufrir hostigamiento, violencia ni vigilancia ilegítima.

Los gobiernos deben garantizar que la gente puede ejercer el derecho a la protesta pacífica y que toda fuerza desplegada por los servicios de seguridad es necesaria, proporcionada y legítima.

Derechos sexuales y reproductivos

En varios países de la región, las autoridades tomaron medidas que ponían en grave peligro los derechos sexuales y reproductivos. En El Salvador continuaba vigente la prohibición total del aborto; al menos dos mujeres permanecían encarceladas por cargos relacionados con emergencias obstétricas, y una de ellas cumplía la pena de prisión máxima, 50 años. En República Dominicana, el Congreso siguió sin presentar a debate una revisión del Código Penal que despenalizaba el aborto.

En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos puso fin a los mecanismos federales de protección del derecho al aborto al anular la sentencia de la causa Roe v. Wade, revocando así casi 50 años de jurisprudencia. Tras la decisión, varias cámaras legislativas estatales aprobaron legislación para prohibir o restringir el acceso al aborto. En cambio, la población de diversos estados del país votó por abrumadora mayoría a favor de proteger ese derecho. En Puerto Rico fracasaron 5 proyectos de ley que pretendían restringir el acceso al aborto. En Perú se presentó ante el Congreso un proyecto de ley que, de ser aprobado, pondría en peligro el acceso al aborto. En Argentina seguían existiendo importantes obstáculos para acceder a los servicios de aborto pese a una ley de 2020 que lo despenalizaba y legalizaba en las primeras 14 semanas de embarazo.

Aun así, se lograron algunos avances en los derechos sexuales y reproductivos. La Corte Constitucional de Colombia dictó en febrero una sentencia que despenalizaba el aborto hasta la semana 24 de embarazo. En México se despenalizó el aborto en 4 estados, con lo que esta práctica pasó a ser legal en 11 de los 32 estados que tenía el país. En Ecuador, el presidente sancionó una ley que, aunque contenía ciertas disposiciones restrictivas que limitaban los derechos reproductivos, despenalizaba el aborto en los casos de violación.

En varios países, las autoridades no protegieron el derecho a una educación sexual integral. En la provincia argentina de Chaco y en varios estados de Estados Unidos, Paraguay y Perú, las autoridades siguieron frenando la formación sobre sexualidad y diversidad de género en los entornos educativos.

Los gobiernos deben asegurar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, incluidos los servicios de aborto seguro.

Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y personas LGBTI

Las autoridades no protegieron a las mujeres y las niñas contra la arraigada violencia de género ni abordaron la impunidad por esos delitos. En Argentina, según cifras recogidas por las ONG, se registraron 233 homicidios por razones de género (femicidios), de los cuales el 91% tuvo lugar en el ámbito familiar. En México, entre enero y noviembre se registraron 858 feminicidios (homicidios por razones de género facilitados por la impunidad y, por tanto, en los que las estructuras estatales y jurídicas son responsables del delito). En Venezuela, las organizaciones locales notificaron un total de 199 femicidios entre enero y septiembre. Un observatorio de la sociedad civil de Uruguay notificó un incremento del número de femicidios con respecto al año anterior, y en Perú se registraron 124 casos de este tipo de homicidio.

En Estados Unidos, la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres, que había dejado de tener efecto y era el principal mecanismo de financiación para prevenir la violencia contra las mujeres y responder a ella, fue aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Biden.

En diversos países de la región, la población LGBTI continuaba expuesta a homicidios, ataques, discriminación y amenazas, y tenía dificultades para conseguir el reconocimiento legal. En Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México, las personas transgénero corrían especial peligro de ser asesinadas. Según los datos publicados en enero, Brasil presentaba por decimotercer año consecutivo la cifra de homicidios de personas transgénero más elevada de todos los países del mundo; con todo, dos mujeres transgénero fueron elegidas diputadas federales por primera vez en la historia del país.

Durante 2022 se adoptaron varias medidas legislativas relativas a los derechos de las personas LGBTI. En Colombia, la Corte Constitucional reconoció un marcador de género no binario en el documento nacional de identidad, lo que estableció un precedente jurídico en favor de la diversidad de género. Tras un referéndum, Cuba aprobó en septiembre el nuevo Código de las Familias, que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo y permitía a las parejas homosexuales adoptar. El estado de Tamaulipas (México) legalizó en octubre el matrimonio entre personas del mismo sexo, con lo que esta práctica era legal en todo el país. En Estados Unidos, entró en vigor en diciembre la Ley de Respeto al Matrimonio, que ofrecía una cierta protección federal a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Por contra, la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales de Puerto Rico retiró en mayo un proyecto de ley para establecer una carta de derechos de las personas LGBTI.

Los gobiernos de toda la región deben tomar medidas urgentes para prevenir los femicidios y feminicidios y los asesinatos de personas LGBTI, llevar a quienes sean responsables de esos crímenes ante la justicia y garantizar que se establecen garantías de no repetición.

Discriminación: pueblos indígenas y población negra

La población históricamente sometida a discriminación racial seguía sufriendo de manera desproporcionada violaciones de derechos humanos. En Brasil, Colombia, Ecuador y México hubo líderes y lideresas indígenas asesinados en el marco de conflictos relacionados con la tierra. En Colombia, líderes y lideresas y defensores y defensoras indígenas fueron objeto de agresiones y asesinatos y, en zonas del país donde aún había grupos armados de oposición en activo, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes sufrieron desplazamiento forzado y, en algunos casos, afrontaron crisis humanitarias. En Paraguay, las autoridades no respondían adecuadamente cuando los pueblos indígenas eran desalojados por la fuerza de sus tierras. En Nicaragua, individuos armados sometieron a personas indígenas a desplazamiento forzado y violencia.

En varios países —como Argentina, Brasil, Canadá, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela—, los gobiernos llevaron a cabo proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructura sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados. En Argentina, los pueblos indígenas seguían encontrando serias dificultades para acceder a los derechos colectivos sobre la tierra. En Ecuador continuaron los homicidios y amenazas contra líderes y lideresas y defensores y defensoras indígenas. Los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana seguían sin recibir reparación por un gran derrame de petróleo sucedido en enero y por otro que había tenido lugar en 2020.

En Estados Unidos, el número de violaciones y otros actos de violencia sexual contra mujeres indígenas seguía siendo desproporcionadamente alto y las mujeres afectadas carecían de acceso a la asistencia básica posterior a la violación; además, los índices de desaparición y asesinato eran elevados en este grupo de población. En Canadá, algunas mujeres indígenas de varias Primeras Naciones y comunidades inuits de Quebec denunciaron actos de esterilización forzada, entre otros tipos de violencia obstétrica.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reconoció oficialmente el papel que la iglesia católica y el gobierno nacional habían desempeñado en la creación, mantenimiento y funcionamiento del sistema de escuelas residenciales, que en octubre la Cámara de los Comunes calificó unánimemente de genocidio contra los pueblos indígenas.

La población negra seguía sufriendo de manera desproporcionada la violencia del Estado en varios países de la región. En Brasil, varias operaciones policiales produjeron homicidios múltiples, como el que tuvo lugar en mayo en el barrio de Vila Cruzeiro de Río de Janeiro y que causó 23 muertes. Los datos recopilados por las organizaciones de la sociedad civil revelaron que el 84% del total de víctimas de homicidios policiales en Brasil eran personas negras. De manera similar, los datos sobre los homicidios cometidos por la policía en Puerto Rico señalaban que las personas que vivían en comunidades de ingresos bajos racialmente mixtas tenían más probabilidades de ser asesinadas por la policía que quienes vivían en comunidades de ingresos bajos y población blanca. En Estados Unidos las autoridades sometieron a las personas haitianas negras solicitantes de asilo a detención arbitraria y tratos humillantes y discriminatorios que constituían tortura por motivos de raza. La escasa información pública disponible sugería que la población negra sufría de manera desproporcionada el uso de medios letales por parte de la policía. El Senado no aprobó la Ley sobre Justicia en la Actuación Policial (Ley George Floyd), que había sido votada en 2021 por la Cámara de Representantes y pretendía abordar una amplia gama de políticas y cuestiones relativas a la función policial y la rendición de cuentas de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. En Canadá, el Servicio de Policía de Toronto publicó un informe en el que reconocía someter a un uso desproporcionado de la fuerza y a registros corporales a miembros de comunidades racializadas, sobre todo personas negras.

Las autoridades deben respetar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y obtener su consentimiento libre, previo e informado para llevar a cabo proyectos en su territorio. Los homicidios de personas indígenas deben ser investigados de forma inmediata, imparcial y efectiva.

Las autoridades deben tomar medidas enérgicas para desmantelar el racismo sistémico presente en las actuaciones policiales y los sistemas de inmigración, y crear sistemas para recopilar datos desglosados por raza con la participación plena y efectiva de las comunidades afectadas.

Impunidad y falta de rendición de cuentas

Las autoridades de varios países avanzaron de forma significativa, aunque limitada, en materia de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos —incluidos crímenes de derecho internacional— cometidas en decenios anteriores. En cambio, los gobiernos, en general, no enjuiciaron a las personas presuntamente responsables de los crímenes de este tipo y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos posteriormente, y la arraigada impunidad seguía siendo una característica común de los sistemas de justicia de toda la región.

En Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala y Uruguay, las autoridades avanzaron en las investigaciones o presentaron cargos en relación con las violaciones de derechos humanos cometidas durante los antiguos regímenes militares o durante los conflictos armados internos. En Colombia, decenas de exmilitares habían sido acusados formalmente por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al concluir el año.

Sin embargo, las autoridades de El Salvador no avanzaron de forma significativa en el enjuiciamiento de las personas acusadas de cometer crímenes y violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado (1980-1992). En Estados Unidos no se procesó a nadie por el sistema de centros de detención secreta gestionado por la CIA (autorizado desde 2001 hasta 2009), que había implicado violaciones generalizadas de derechos humanos tales como desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos. En Guatemala, las autoridades no actuaron para proteger a los jueces, juezas y fiscales que se ocupaban de los casos relacionados con el conflicto armado interno (1960-1996) frente a la intimidación, el hostigamiento y los procesos penales infundados que enfrentaban constantemente.

Persistía la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades de Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, Nicaragua y Venezuela durante las protestas a las que los gobiernos habían respondido con medidas represivas entre 2017 y 2021. En México, el número total de personas no localizadas o desaparecidas desde la década de 1960 superaba las 109.000, de las cuales más de 90.000 correspondían a casos posteriores a 2006.

Los informes de la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela destacaron la manipulación de su sistema judicial al objeto de proteger de la justicia a los agentes de policía y los militares responsables de esos abusos, e identificaron la cadena de mando que vinculaba a los presuntos autores con el gobierno de Nicolás Maduro. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, la primera de ese tipo que se llevaba a cabo en la región.

En Chile continuaban detenidas personas acusadas de presuntos delitos cometidos durante las manifestaciones multitudinarias de 2019, algunas de ellas por cargos infundados; por otra parte, el gobierno anunció un nuevo programa para ofrecer reparación a las más de 400 personas que habían sufrido lesiones oculares durante las protestas. En Nicaragua, 225 personas seguían detenidas al terminar el año en relación con la crisis de derechos humanos iniciada en 2018.

En Brasil, el fiscal general solicitó que el Supremo Tribunal Federal cerrase 7 de las 10 investigaciones abiertas contra el presidente Bolsonaro a raíz del informe que una Comisión Parlamentaria de Investigación había elaborado sobre la gestión gubernamental de la pandemia de COVID-19 y en el que se recomendaba acusarlo formalmente de los delitos de charlatanería médica, prevaricación y crímenes contra la humanidad. Persistía la impunidad por los homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad y los agentes policiales brasileños.

Las prisiones seguían adoleciendo de hacinamiento crónico en Chile, Ecuador, El Salvador, Uruguay y Venezuela.

Un total de 35 varones musulmanes permanecían recluidos de manera arbitraria e indefinida bajo custodia del ejército de Estados Unidos en el centro de detención de la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba) en contravención del derecho internacional.

Las autoridades deben abordar la impunidad emprendiendo sin demora investigaciones independientes, imparciales y efectivas sobre todos los crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos cometidos tanto en el pasado como actualmente. Deben enjuiciar a las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, y garantizar justicia, verdad y reparación para víctimas y sobrevivientes.

Actuación deficiente contra la crisis climática y la degradación ambiental

Los gobiernos no aplicaron medidas suficientes para hacer frente a la magnitud de la crisis climática, y las personas indígenas y activistas que protegían el medioambiente recibían ataques por intentar abordar esa crisis. Pese a la retórica de muchos países de la región en favor de la reducción de las emisiones globales, las autoridades no pasaron de las palabras a los hechos. En su informe de 2022, Global Witness señaló que el 75% de los asesinatos de personas defensoras ambientales y de la tierra cometidos en 2021 se habían producido en América Latina. Se registraron homicidios de ese tipo en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.

Según la FAO, América Latina seguía siendo, después de África, la región del mundo con mayor tasa de pérdida neta de superficie forestal. En Brasil, el ritmo de deforestación de su cuenca amazónica alcanzó entre enero y octubre su nivel más alto desde 2015. En Bolivia, pese al compromiso de las autoridades de conservar su cobertura forestal y luchar contra la deforestación ilegal, se quemaron más de un millón de hectáreas de tierra, fundamentalmente para ampliar la actividad agrícola.

Varios gobiernos asumieron compromisos y aprobaron legislación sobre el cambio climático que en ningún caso estuvo a la altura de la magnitud de la crisis que se planteaba. Durante la 27 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27) que tuvo lugar en noviembre, Canadá y Estados Unidos no aumentaron sus objetivos de reducción de las emisiones para 2030.

El Congreso de Estados Unidos aprobó el primer paquete de legislación sobre el cambio climático de la historia del país, pero también restableció las antiguas subastas de contratos de arrendamiento de petróleo y gas en terrenos federales y en el Golfo de México, que el gobierno del presidente Biden había intentado cancelar, y obligó a las autoridades a celebrar varias subastas nuevas a partir de septiembre.

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que promovería la protección de los biomas del país prestando especial atención a la Amazonía, zona que los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático habían declarado muy vulnerable a las sequías y las altas temperaturas. Pese a que el presidente colombiano Gustavo Petro anunció en la COP27 un plan de transición energética centrado en las fuentes de energía renovable no convencionales, organizaciones como Nación Wayuu e INDEPAZ denunciaron violaciones del derecho a una consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas sobre el desarrollo de varios parques eólicos en el departamento de La Guajira.

Los gobiernos de la región no cumplieron los compromisos que ya habían suscrito como Partes en el Acuerdo de París y, en algunos casos, apoyaron de forma activa proyectos de combustibles fósiles. En Brasil, las autoridades presentaron una contribución determinada a nivel nacional que era insuficiente en relación con la contribución del país al cambio climático. A mediados de año, el organismo de fomento de las exportaciones de Canadá había financiado el sector del petróleo y el gas, dentro y fuera del país, con 3.400 millones de dólares canadienses (2.500 millones de dólares estadounidenses); al mismo tiempo, el mismo país puso en marcha un plan para eliminar de forma gradual la financiación pública de nuevos proyectos de combustibles fósiles.

Las autoridades deben tomar medidas urgentes para frenar sus emisiones de carbono, dejar de financiar proyectos de combustibles fósiles y garantizar la protección de los pueblos indígenas y los defensores y defensoras de los derechos humanos en las políticas públicas de medioambiente. Los países más ricos de la región deben también aumentar con urgencia la financiación climática para los países de ingresos bajos y comprometerse a proporcionar fondos adicionales específicos para pérdidas y daños.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las profundas crisis humanitarias y de derechos humanos que tenían lugar en toda la región provocaron aumentos bruscos en el número de personas que abandonaban su país en búsqueda de protección. En junio, UNICEF anunció que más de 5.000 niños, niñas y adolescentes habían atravesado el Tapón del Darién —entre Colombia y Panamá— desde principios de 2022, cifra que duplicaba la registrada en el mismo periodo de 2021. Al concluir el año, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela calculaba que 7,13 millones de personas venezolanas habían abandonado el país y el 84% de ellas buscaba protección en 17 países de América Latina y El Caribe. El número de personas que abandonaban Cuba y Haití también aumentó considerablemente con respecto a años anteriores, lo que se sumaba al flujo constante de población que huía de Venezuela y América Central. La falta de sistemas sólidos de protección internacional seguía dejando a su suerte a las personas migrantes y refugiadas en Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Perú y Trinidad y Tobago.

Los tribunales federales de Estados Unidos confirmaron los Protocolos de Protección a Migrantes y el Título 42 del Código de Estados Unidos, lo que causó daños irreparables a decenas de miles de personas solicitantes de asilo que fueron expulsadas a México, donde su vida corría peligro. Las autoridades mexicanas siguieron colaborando con las estadounidenses en la aplicación de esas políticas, que menoscababan el principio de no devolución (non-refoulement). En Estados Unidos, las autoridades mantuvieron un sistema de detención arbitraria y masiva de personas migrantes que contaba con financiación para recluir diariamente a 34.000 personas y, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, expulsaron a más de 25.000 personas haitianas sin el debido proceso, lo que contravenía el derecho nacional e internacional. Las autoridades mexicanas recluyeron al menos a 281.149 personas en centros masificados de detención de inmigrantes y expulsaron al menos a 98.299, en su mayoría de América Central, entre las que había miles de menores no acompañados.

Trinidad y Tobago seguía siendo uno de los pocos países de las Américas carentes de legislación nacional sobre el asilo, y la ONU expresó su alarma ante las prácticas de las autoridades en relación con la devolución sumaria, la detención en condiciones inhumanas y la deportación de personas venezolanas. Por otra parte, las mujeres refugiadas venezolanas eran sometidas a discriminación y violencia de género en países como Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago, donde las autoridades no garantizaban su derecho a una vida sin violencia ni discriminación. En Perú, el sistema de tramitación de solicitudes de asilo continuaba suspendido.

En Chile, las autoridades reanudaron la expulsión inmediata de personas extranjeras sin evaluar si necesitaban protección internacional ni los riesgos que encontrarían a su regreso. Las autoridades argentinas no aprobaron un reglamento pensado para que las personas refugiadas y solicitantes de asilo tuvieran un mejor acceso a derechos fundamentales como la educación, el trabajo y la atención médica.

Las autoridades deben suspender de manera inmediata las expulsiones ilegítimas, abstenerse de detener a personas refugiadas y migrantes, y garantizar la atención de las necesidades básicas de protección de este grupo de población.