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Turkmenistan

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El derecho a la libertad de expresión continuó sometido a graves restricciones. Se infligían tortura y otros malos tratos en las prisiones y durante la detención en espera de juicio, en ocasiones con resultado de muerte. No hubo intentos de abordar las desapariciones forzadas ni la reclusión en régimen de incomunicación. Se cometieron violaciones generalizadas del derecho a la vivienda. Las relaciones sexuales consentidas entre varones seguían siendo delito.

En febrero, el presidente Berdimuhamedov resultó reelegido para otro mandato de siete años con el 98% de los votos; la misión de observación electoral de la OSCE concluyó que habían existido “graves irregularidades”. La crisis económica del país empeoró, y en junio el presidente pidió al Parlamento que elaborara una propuesta de austeridad para recortar prestaciones, como el suministro gratuito de gas y electricidad. Se recibieron informes sobre impago de sueldos a empleados de empresas estatales, y hubo momentos de escasez de dinero en efectivo.

En marzo, el Parlamento eligió a la primera titular del cargo de comisionado para los Derechos Humanos (Defensor del Pueblo) de entre una lista de candidaturas proporcionada por el presidente, lo que puso en entredicho la independencia de la institución y su acatamiento de los Principios de la ONU relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos.

No existían medios de comunicación independientes, y los pocos periodistas independientes que había —normalmente trabajando en secreto para medios radicados en el extranjero— estaban expuestos a sufrir hostigamiento y detención.

El 15 de febrero, el periodista independiente Khudayberdy Allashov y su madre, Kurbantach Arazmedova, quedaron en libertad tras ser condenados a penas condicionales de tres años por posesión de tabaco de mascar. Estaban detenidos desde el 3 de diciembre de 2016, y se denunció que habían sufrido tortura y otros malos tratos.

En marzo, la UE y la OSCE pidieron la excarcelación inmediata del periodista independiente Saparmamed Nepeskuliev, condenado a tres años de prisión por cargos relacionados con drogas en 2015. Se pensaba que padecía problemas de salud que podían causarle la muerte.

En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por, entre otras cosas, la ausencia de medios de comunicación independientes, las restricciones indebidas del acceso a Internet y el uso de cargos de motivación política contra periodistas y otras personas que manifestaban críticas al gobierno.

En enero, el Comité de la ONU contra la Tortura señaló su preocupación por “las constantes denuncias de uso generalizado de la tortura y los malos tratos, incluidas graves palizas, contra las personas privadas de libertad, especialmente en el momento de la detención y durante la prisión preventiva, principalmente para obtener confesiones”.

En febrero, 18 hombres fueron declarados culpables en aplicación de varios artículos del Código Penal y condenados a cumplir entre 5 y 12 años de cárcel por su presunta vinculación a escuelas turcomanas turcas que se consideraba que habían sido afines a Fethullah Gülen. Al parecer, habían sido torturados y recluidos en condiciones inhumanas durante la detención previa al juicio. Se pensaba que otro hombre, detenido al mismo tiempo que los 18, había muerto como consecuencia de la tortura. Según la información recibida, el juicio, celebrado en el centro de reclusión preventiva de Yashlyk, localidad de la provincia de Ahal, no cumplió las normas internacionales de justicia procesal.

Según la agencia de noticias Alternative Turkmenistan News, el 24 de junio se entregó el cadáver de Aziz Gafurov a su familia en el pueblo de Urgendzhi, cerca de Turkmenabat. Un testigo presencial afirmó que el cuerpo estaba demacrado y cubierto de hematomas. Aziz Gafurov estaba entre las decenas de musulmanes practicantes que habían sido condenados en los últimos años por conspiración para derrocar el Estado, llamamientos violentos a subvertir el orden constitucional e incitación a la enemistad social, nacional y religiosa.

Siguieron sin esclarecerse la suerte y el paradero de al menos 80 presos sometidos a desaparición forzada tras un presunto intento de asesinato perpetrado en noviembre de 2002 contra el entonces presidente Saparmurat Niyazov.

Durante el año fueron entregados a sus familiares los cadáveres de tres ex altos cargos públicos que habían sufrido desaparición forzada tras su detención y procesamiento en relación con el intento de magnicidio. De acuerdo con los informes recibidos, Tirkish Tyrmyev había muerto el 13 de enero, y Bairam Khasanov, en mayo, mientras que Akmurad Redzhepov había muerto el 10 de agosto, según informó la ONG rusa Centro de Derechos Humanos Memorial el 18 del mismo mes.

El 26 de enero, la delegación de la UE ante las organizaciones internacionales con sede en Viena publicó una declaración en la que expresaba su preocupación en relación con la muerte de Tirkish Tyrmyev y pidió a Turkmenistán que abordara y erradicara el problema de las desapariciones forzadas de forma inmediata y efectiva.

Continuaron los informes sobre demoliciones de viviendas y desalojos forzosos masivos en relación con proyectos de construcción y urbanismo, como los que se llevaron a cabo con vistas a los Juegos Asiáticos de Interior y de Artes Marciales de septiembre. El 21 de febrero, un grupo de mujeres se congregaron en Asjabad para reclamar el alojamiento alternativo que se les había denegado por no tener documentación que confirmara la propiedad de sus viviendas demolidas. Las autoridades no les habían facilitado los documentos porque muchas de ellas no estaban inscritas en el registro de Asjabad.

Las relaciones sexuales consentidas entre varones seguían siendo delito punible con hasta dos años de prisión. Las personas LGBTI sufrían discriminación, incluidas violencia y detención arbitraria.

Turkmenistán
Jefe del Estado y del gobierno: Gurbanguly Berdimuhamedov