Turkmenistán

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Las autoridades mantuvieron un control férreo sobre la información, sancionaron a personas críticas y censuraron el acceso a Internet. Las voces independientes se exponían a enjuiciamiento, prohibición de viajar y otras represalias, y la disidencia en el extranjero corría peligro de detención y posible deportación. Persistían las desapariciones forzadas, y algunas personas no fueron excarceladas después de haber cumplido íntegramente sus condenas. La tortura y otros malos tratos bajo custodia seguían siendo prácticas muy extendidas y no existía supervisión independiente. Las relaciones sexuales entre varones seguían estando tipificadas como delito. En pleno auge de la actividad extractiva de gas, la economía intensiva en emisiones de carbono socavaba los compromisos climáticos del país. La escasez de agua seguía siendo un problema grave que amenazaba la seguridad alimentaria.

Información general

La economía de Turkmenistán creció a un ritmo más lento que en 2024 y la inflación aumentó, lo que afectó especialmente a los grupos con menos recursos. Aunque estaba previsto ampliar el sector privado y diversificar la economía, ésta seguía dependiendo en gran medida de la extracción de gas natural. Las autoridades pusieron en marcha grandes proyectos energéticos que incluían la explotación de nuevos yacimientos de gas y la construcción de un gasoducto a India.

El gobierno persistió en sus intentos de aumentar la visibilidad internacional de Turkmenistán, con un éxito limitado. En agosto se celebró en el país la Tercera Conferencia de la ONU sobre los Países en Desarrollo Sin Litoral, centrada en la mejora de la conectividad, la facilitación del comercio y el desarrollo sostenible. En el evento, al que asistió el secretario general de la ONU, se evitó debatir sobre cuestiones de derechos humanos que afectaban a Turkmenistán.

Libertad de expresión

El país seguía cerrado en la práctica a la observación de los derechos humanos. Las autoridades controlaban estrictamente la información dentro del país y restringían gravemente su intercambio con el exterior. Periodistas independientes y otras fuentes locales sufrieron intimidación y represalias por informar sobre asuntos delicados.

El acceso a Internet seguía siendo caro y lento. Las autoridades censuraron el acceso a sitios web que contenían información independiente y prohibieron o sometieron a un control férreo los servicios de redes privadas virtuales (VPN).

El activista Murat Dushemov, encarcelado en 2021 por presunta extorsión y violencia, terminó de cumplir en junio su condena de cuatro años de prisión. Sin embargo, en vez ser liberado, fue acusado, al parecer en falso, de haber golpeado a otro recluso. El 16 de septiembre, tras un juicio a puerta cerrada, fue condenado a ocho años de prisión.

Las autoridades turcomanas actuaron contra periodistas independientes y personas críticas en el extranjero. En mayo, la activista Umida Bekchanova fue detenida en Turquía para ser deportada a Turkmenistán. La deportación se aplazó, pero al terminar el año se desconocía su situación exacta.

En abril, los blogueros y activistas turcomanos Alisher Sakhatov y Abdulla Orusov fueron detenidos en Turquía y recluidos en un centro de deportación. En julio desaparecieron de allí y probablemente fueron devueltos en secreto a Turkmenistán. Al terminar el año, ninguno de los dos países había revelado su suerte y paradero.

El videobloguero Didar Amansakhatov desapareció en noviembre tras criticar los precios de la carne. Posteriormente se informó de que había muerto en circunstancias poco claras, lo que suscitó la sospecha de que había sido objeto de detención arbitraria, tortura y homicidio ilegítimo.

Las autoridades hicieron caso omiso de una comunicación de la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos acerca de la hospitalización forzosa y el presunto intento de envenenamiento de la periodista Soltan Achilova, al parecer, para impedirle viajar y asistir a un evento internacional de derechos humanos.

Según informaciones de medios de comunicación, las autoridades de la provincia de Balkan prohibieron que imprentas y bufetes privados ayudaran a sus clientes a escribir, imprimir o copiar peticiones al presidente, con la amenaza de revocarles la licencia por incumplimiento de las normas.

Libertad de circulación

Las autoridades continuaron imponiendo arbitrariamente prohibiciones de viajar, por ejemplo a personas sospechosas de disidencia y a sus familiares. Al periodista independiente Nurgeldy Khalykov se le impidió salir de Turkmenistán en enero en virtud de una decisión arbitraria de un organismo gubernamental no revelado, y al hermano y la hermana del activista Murat Dushemov se les denegó arbitrariamente el permiso de salida del país.

Desapariciones forzadas

Turkmenistán seguía utilizando la detención prolongada en régimen de incomunicación, que podía constituir desaparición forzada, y no puso en libertad a personas que habían cumplido su condena, entre ellas varias decenas acusadas de participar en 2002 en el presunto intento de asesinato del entonces presidente Saparmurat Niyazov. Las autoridades siguieron negándose a revelar su situación, suerte o paradero y a investigar sus desapariciones.

Tortura y otros malos tratos

El Comité de la ONU contra la Tortura examinó en abril el informe periódico de Turkmenistán y expresó su profunda preocupación ante las denuncias de práctica generalizada de la tortura y otros malos tratos, que incluían palizas, negación de asistencia médica y reclusión prolongada en régimen de aislamiento en los centros de detención.

No existía supervisión independiente de los centros penitenciarios por parte de entidades de observación nacionales o internacionales.

Según informes, reclusos supuestamente gays fueron sometidos a exámenes anales que vulneraban la prohibición de la tortura y otros malos tratos.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las relaciones sexuales consentidas entre hombres seguían estando tipificadas como delitos punibles con hasta dos años de prisión.

Según informes, los servicios de seguridad detuvieron y sometieron a tortura y otros malos tratos a más de 20 supuestos gays —adultos y adolescentes— para extorsionarlos. Las autoridades arrestaron también a mujeres y niñas supuestamente lesbianas y presionaron a sus familias para casarlas cuanto antes.

Derecho al agua

Persistían los problemas graves de acceso al agua para la agricultura y otras necesidades, lo que afectaba a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico. Entre los factores que contribuían a la escasez de agua estaban la inexistencia de una estrategia integral sobre el agua, la falta de medidas de las autoridades para mantener y mejorar las instalaciones de agua y el uso ineficiente de los recursos hídricos en la agricultura.

Derecho a un medioambiente saludable

Turkmenistán seguía dependiendo del gas para la producción de electricidad y otros usos. Su economía, la más intensiva en emisiones de carbono de la región según la ONU, ponía en peligro los compromisos del país para reducir su huella ecológica en virtud del Acuerdo de París y el Compromiso Global del Metano.

Turkmenistán siguió adelante con sus planes de ampliar aún más su producción de gas natural, que incluían el desarrollo del gran yacimiento de gas de Galkynysh.