Ernesto Palencia, abogado del colectivo Alianza Sierra Madre. © AI/Ángel Gonzalo
Según la organización Front Line Defenders, 306 defensores y defensoras fueron asesinados en 2019 en todo el mundo. La mayoría por defender derechos de las personas indígenas y del medio ambiente. Uno de ellos se llamaba Julián Carrillo y era defensor de la tierra y del territorio en Coloradas de la Virgen, Chihuahua, México. Julián, líder rarámuri, defendía sus tierras ancestrales contra la minería y la tala. También contra los cultivos ilícitos. En el contexto actual de crisis climática y ambiental, su defensa no debería haber sido una sentencia de muerte. Pero lo fue.
En el aniversario de su fallecimiento conversamos con Ernesto Palencia, abogado del colectivo de Alianza Sierra Madre, la ONG que acompaña la investigación de su asesinato.
Ernesto, háblanos de Julián. ¿Quién era y cómo era?
Para comprender el sacrificio y el amor por la naturaleza de Julián Carrillo es necesario recordar que él era un indígena rarámuri, una etnia originaria que lucha por sus tierras y bosques ancestrales. Ellos tienen una relación intrínseca y apegada a un territorio que cuidan y protegen de manera férrea porque saben que sin sus bosques y tierras comunales no pueden sobrevivir.
Julián era un defensor de los derechos humanos, un defensor de su comunidad y de la sierra de Tarahumara. Un hombre con un espíritu inquebrantable, valiente y muy reconocido entre los suyos. Éra de las personas que nacen sin hacerse, que llevan el coraje por dentro y el espíritu de lucha por bandera. Llevaba 40 años peleando contra la tala ilegal y los intereses comerciales de empresas mineras. Superando retos. Sin romperse ante el miedo.
¿El Estado falló a la hora de proteger a Julián?
Coloradas de la Virgen, de dónde era Julián, es un territorio de unas 50.000 hectáreas de extensión. Un lugar de difícil acceso donde solo vehículos grandes pueden entrar y donde los caminos se vuelven intransitables en condiciones de lluvia y nieve.
El plan de protección de Julián fue diseñado desde un escritorio de oficina. Sin conocer el lugar, los accesos, el contexto...
La protección suele recaer, además, en manos de empresas privadas que utilizan aparatos como el botón del pánico. Estos teléfonos emiten una señal que avisa a la empresa del peligro y que activa el protocolo de acción. La policía estatal es avisada y acude de manera inmediata. A partir de aquí, la teoría dice que la persona en peligro es salvada. Pero la práctica es bien distinta. En el caso de Julián, ¿de qué servía conocer su paradero si Coloradas de la Virgen está a cinco horas de la cabecera municipal más cercana y a 18 horas de la capital?
Para cuando alguien hubiera querido llegar... ¿Qué ocurrió?
Julián tuvo que tomar sus propias medidas de protección. Él ya había vivido el asesinato de otros cinco miembros de su familia, incluido su hijo. Y quién mejor que él conocía el territorio, los caminos, los peligros... Las amenazas habían vuelto, habían incluso incendiado su casa, y el riesgo era muy elevado, por lo que se había ido de la comunidad para protegerse. Desgraciadamente regresó por una cuestión familiar y fue cuando sucedieron los hechos. Julián se vio en peligro y presionó su botón del pánico. Pero, ¿cómo se puede proteger a alguien que está a tantas horas de distancia? A Julián le asesinaron porque las medidas de protección fueron muy deficientes.
Hay otros defensores/as mejor protegidos?
El mecanismo es el que es y la protección suele recaer en estas empresas privadas que “venden” sus aparatos. Estas no son medidas efectivas para nadie en una situación de riesgo, sobre todo, si sumas los fallos de los propios teléfonos. ¡Es un sinsentido!
¿Cómo va la investigación de Julián Carrillo?
El olvido de los pueblos indígenas en México es histórico, pero peleamos para que se les reconozcan sus derechos y para que se haga justicia. En el caso de Julián, la presión nacional e internacional ha sido determinante. Organizaciones como la vuestra (Amnistía Internacional), como Brigadas Internacionales de Paz, organismos de derechos humanos y también la sociedad civil habéis sido clave. Todas las voces suman y obligan al Estado a actuar. De no ser por esta presión constante, procedente de tantos puntos y tan necesaria, probablemente la investigación no hubiera avanzado como lo ha hecho.
¿Hay alguna persona detenida?
A día de hoy hay dos personas en prisión preventiva a la espera de que comience el juicio oral. Estas dos personas han puesto un recurso de amparo al considerar que no hay elementos suficientes que justifiquen su encarcelación.
Son, entiendo, los supuestos autores materiales del crimen, pero ¿qué ocurre con los autores intelectuales?
La familia de Julián y la organización Alianza Sierra Madre estamos trabajando intensamente para que se abran estas investigaciones. Todavía no se ha avanzado en este terreno y por eso necesitamos seguir presionando, seguir reclamando justicia. Si conseguimos que la fiscalía haga su trabajo, habremos dado un paso decisivo. Se abrirá la investigación y estaremos más cerca de obtener una justicia real y significativa.
¿Continúan las amenazas y los desplazamientos internos?
Las amenazas continúan. El testigo de Julián fue tomado por nuevas personas, pero dos de ellas ya están, a estas alturas, en una situación de riesgo muy preocupante. Son Otón Portillo Torres y Cruz Moreno Chaparro. Ambos están siendo intimidados, sus familias hostigadas. Tememos por ellos y pedimos protección.
Pero seguro que hay algún avance positivo...
Sí (sonríe ¡por fin!). Uno de los grandes logros de la lucha de la que formó parte Julián fue lograr una suspensión de todo aprovechamiento forestal dentro del territorio. Desde entonces, hay un procedimiento abierto a la espera de que los tribunales en México decidan si los permisos que se concedieron son válidos o no. En su día, una autoridad ambiental dio luz verde a la explotación de estas tierras sin el consentimiento previo, libre e informado del pueblo rarámuri. De ahí que se iniciaran los procesos legales que dieron como resultado esta suspensión. En tanto que no se resuelva, la suspensión sigue vigente y la tala, prohibida en Coloradas de la Virgen.
¿Y se resolverá pronto?
Hay muchos intereses de por medio y de ahí que el avance sea lento y laborioso, pero no podemos desfallecer. Esta victoria sería muy importante. ¡Sería histórica! Por eso hay que seguir trabajando. Seguir siendo constantes y vigilantes.
Qué más podemos hacer las organizaciones, la sociedad civil...
Hay que seguir acompañando y cuidando la investigación. Y para ello necesitamos que organismos y organizaciones locales, nacionales y extranjeras nos ayuden a vigilar lo que hacen la fiscalía general y los tribunales de justicia. Estamos luchando contra intereses muy poderosos y contra personas que tienen las manos manchadas de sangre. Debemos ejercer toda la presión posible. ¡Debemos ganar!
¡Y lo haremos! Desde Amnistía Internacional pedimos apoyo y protección para los defensores y defensoras del medio ambiente, y justicia para las personas asesinadas y sus familias. No queremos que ser valiente salga tan caro y para ello seguiremos presionando. En enero de 2019 lanzamos el informe “México: Entre balas y olvido: Ausencia de protección a personas defensoras del territorio en la Sierra Tarahumara” y en junio, la acción “Corre por Julián”. El dossier, con los más de 10.000 kilómetros donados por los 422 participantes, fue entregado a las autoridades mexicanas el 24 de octubre de 2019; un año después del asesinato.
