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Dinamarca

Dinamarca 2019

Las supervivientes de violación seguían enfrentándose a leyes inadecuadas y obsoletas, aunque se anunciaron cambios en la definición jurídica de “violación”. Dinamarca comunicó su intención de volver a adherirse al programa de reasentamiento de personas refugiadas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), aunque con cifras muy modestas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) criticó la nueva legislación sobre vivienda por su carácter discriminatorio. 

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En julio, el ministro de Inmigración e Integración comunicó que Dinamarca pensaba adherirse de nuevo al programa de reasentamiento del ACNUR y que, en 2019, el país recibiría 30 personas refugiadas. Sin embargo, al concluir el año no se había producido aún ningún reasentamiento.  

Quienes se beneficiaban del estatuto de protección subsidiaria temporal seguían teniendo que esperar tres años antes de poder solicitar la reagrupación familiar. A las familias con menores a su cargo cuyas solicitudes de asilo eran rechazadas se las alojaba en el campo de deportación de Sjælsmark. Muy pocos de los niños y niñas tenían acceso a escuelas ordinarias y, según una encuesta, el 61% presentaba problemas de salud mental. En noviembre, el gobierno y los partidos que lo apoyaban en el Parlamento acordaron cerrar Sjælsmark antes de abril de 2020.

Violencia contra mujeres y niñas

La legislación y la práctica danesas en lo relativo a la gestión de casos de violencia sexual, incluidas las violaciones, seguían sin ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos —tal como especificó el CDESC en sus recomendaciones a Dinamarca de octubre de 2019—, lo cual tenía consecuencias graves para las supervivientes de violación. Aunque el número de casos de violación era considerable, sólo una minoría se denunciaba a la policía, y eran muy pocos los que desembocaban en sentencias condenatorias. La educación sexual que se impartía para combatir los estereotipos de género y los mitos con respecto a la violación y para prevenir la violencia sexual no llegaba a suficientes estudiantes ni incluía enseñanza alguna sobre el consentimiento.[1] En 2019, el CDESC criticó también a Dinamarca por este motivo.

En junio, el gobierno y los partidos que lo apoyaban acordaron modificar la definición jurídica de “violación” para tomar como base el criterio del consentimiento. El gobierno anunció que, antes de febrero de 2020, se presentaría el proyecto de ley ante el Parlamento, pero al concluir el año no había propuesto aún fechas concretas. Este compromiso se formuló tras años de campaña realizada por supervivientes-activistas y organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de las mujeres.

Derecho a la vivienda

De conformidad con la normativa L38 de 2018 sobre vivienda social, se catalogaron varios barrios de renta baja como “zonas vulnerables”, “guetos” y “guetos duros”. Por “gueto” se entendía cualquier zona en la que el porcentaje de inmigrantes y descendientes de inmigrantes de “países no occidentales” fuera superior al 50%, y en la que se cumplieran al menos dos de los cuatro criterios de determinación de las “zonas vulnerables” (índices superiores a la media en materia de desempleo, condenas penales, bajo nivel de educación y bajo nivel de ingresos). Los “guetos duros” eran aquellos que llevaban cuatro años cumpliendo dichos criterios. Quienes residían en esas zonas debían someterse a medidas reguladoras especiales y desproporcionadas, como la obligatoriedad de llevar a los niños y niñas a la guardería a partir del primer año de edad y la imposibilidad de acceder a la reagrupación familiar. El programa paralelo de privatización o demolición de viviendas sociales previsto en los “guetos duros” exponía a sus residentes a tener que alojarse en viviendas inadecuadas, e incluso a quedar sin hogar, ya que no se había dado a conocer ningún plan de facilitación de vivienda alternativa adecuada. En noviembre, el CDESC instó a Dinamarca a abordar este claro caso de discriminación y estigmatización de las personas residentes en estos barrios.

Discriminación

La decisión, tomada por el Parlamento en 2018, de prohibir llevar en público prendas que cubrieran el rostro tuvo efectos especialmente negativos y discriminatorios sobre las mujeres musulmanas que utilizaban el niqab o el burka por decisión propia. 

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En Dinamarca, las normas médicas y los correspondientes procesos de toma de decisiones seguían permitiendo someter a niños y niñas de corta edad nacidos con variaciones de las características sexuales a intervenciones médicas no urgentes e irreversibles. Las autoridades de salud danesas no aprobaron ninguna disposición para indicar que, con arreglo a los derechos humanos, este tipo de intervenciones —tanto quirúrgicas como hormonales— realizadas a bebés y niños y niñas deben aplazarse hasta que éstos puedan participar de manera significativa en la toma de decisiones y dar su consentimiento informado. Como consecuencia de ello, se violaba el derecho de los niños y las niñas a la vida privada, la integridad física y el más alto nivel posible de salud.

Comercio de armas

En enero, el gobierno hizo extensiva a Emiratos Árabes Unidos la suspensión de las futuras exportaciones de armas, material militar y productos de doble uso a Arabia Saudí aprobada en 2018.


[1] Denmark: “Give us respect and justice!” Overcoming barriers to justice for women rape survivors in Denmark (EUR 18/9784/2019)

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