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Dinamarca

Información extraída de nuestro INFORME 2021/22

La población de “procedencia no occidental” continuó sufriendo discriminación en relación con la vivienda social. Se siguió vulnerando el derecho de las personas refugiadas a la vida familiar y se promulgaron leyes sobre las devoluciones y sobre la externalización del procesamiento de las solicitudes de asilo y de residencia. Se siguieron aplazando iniciativas sobre educación sexual y rendición de cuentas de las empresas. La libertad de expresión y la privacidad peligraban a causa de una propuesta legislativa pendiente sobre la conservación de datos.

Discriminación

En mayo se debatió en el Parlamento una petición firmada por 55.913 personas para que se derogara la discriminatoria ley “L38” sobre vivienda social, pero ésta continuó en vigor.

Durante su Examen Periódico Universal, Dinamarca aceptó en mayo las recomendaciones de revisar sus políticas de vivienda social, pero sólo se comprometió a efectuar el cambio cosmético de retirar el término “gueto” de los documentos del gobierno. Siguieron en vigor las políticas dirigidas a limitar el número de residentes de “procedencia no occidental”, junto con nuevas iniciativas discriminatorias para que, en 2030, en ningún vecindario, más del 30% de las personas residentes fuera de “procedencia no occidental”.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló contra el periodo de espera obligatorio de tres años para la obtención de la reunificación familiar en Dinamarca, que afectaba a unas 4.000 personas refugiadas sirias, sosteniendo que vulneraba el derecho a la vida familiar.

En junio, el Parlamento promulgó una ley que permitía a Dinamarca externalizar a países no europeos el procesamiento de solicitudes de asilo y de residencia de personas refugiadas. Aunque no existía ningún acuerdo con ningún país de acogida, entre 2020 y 2021, el gobierno danés contactó con autoridades de Egipto, Marruecos, Ruanda y Túnez. En diciembre, Dinamarca inició negociaciones con Kosovo sobre la externalización de la reclusión de 300 personas, declaradas culpables de delitos, que estaban pendientes de ser expulsadas de Dinamarca como parte de su condena.

En mayo, el Parlamento aprobó un nuevo proyecto de ley sobre devoluciones que incluía nuevas normas, como ofrecer dinero a las personas solicitantes de asilo para que no recurrieran ante la Junta Danesa de Apelaciones para los Refugiados en caso de que sus solicitudes fueran rechazadas.

En agosto, el gobierno suspendió oficialmente las deportaciones a Afganistán. Al concluir el año, 19 ciudadanos y ciudadanas afganas permanecían en centros de devolución sin acceso a empleo ni educación y con acceso limitado a atención médica.

En febrero, el Servicio de Inmigración de Dinamarca y la Junta Danesa de Apelaciones para los Refugiados declararon que Damasco, en Siria, y las zonas rurales aledañas eran “seguras” para llevar a cabo devoluciones. A 19 de diciembre, se habían cancelado o no se habían prorrogado los permisos de residencia de al menos 151 personas sirias, o se habían rechazado sus solicitudes de asilo.

Derechos de las mujeres y de las niñas

En marzo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó que Dinamarca incluyera educación sobre relaciones, autonomía sexual y consentimiento en los programas obligatorios de educación sexual de las escuelas de primaria y secundaria e introdujera un módulo obligatorio sobre educación sexual para formar al profesorado. Esto no se implementó en 2021.

Derecho a la privacidad

En octubre se envió al Parlamento para su debate una propuesta jurídica sobre la conservación de datos que recibió fuertes críticas por su posible impacto en el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad.

Rendición de cuentas de las empresas

En octubre, el gobierno declaró que Dinamarca iba a adoptar un marco jurídico que exigiría a las empresas ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos en sus operaciones, lo que incluía la posibilidad de que las víctimas interpusieran recursos legales, pero al terminar el año dicha propuesta no se había presentado ante el Parlamento.

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