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Dinamarca

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

El gobierno introdujo severas restricciones a las leyes de migración y asilo, y suspendió un acuerdo para el reasentamiento de personas refugiadas alcanzado con el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Las normas de procedimiento causaron retrasos en el reconocimiento legal de su género a las personas transgénero. Se declaró admisible una demanda por tortura presentada por iraquíes contra el Ministerio de Defensa.

En enero, el Parlamento reformó la Ley de Extranjería para introducir restricciones del derecho a la reagrupación familiar. Hubo personas reconocidas como beneficiarias del estatuto de protección subsidiaria que tuvieron que esperar tres años para poder solicitar la reagrupación familiar. En octubre, cuatro personas de Siria a las que se había concedido protección emprendieron acciones legales contra el gobierno, basadas en que la reforma vulneraba su derecho a la vida familiar.

En agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU criticó la reforma y expresó su preocupación por un nuevo proyecto de enmienda a la Ley que introducía la posibilidad de confiscar sus bienes a los solicitantes de asilo para contribuir a sufragar el costo de su acogida. El mismo proyecto de reforma introducía una disposición que otorgaba al poder ejecutivo la facultad de suspender la supervisión judicial de la detención de migrantes y solicitantes de asilo si el gobierno consideraba que había una gran afluencia de personas al país.

En junio, el gobierno aprobó nuevas restricciones a su régimen de “estancia tolerada”, aplicable a las personas que estaban excluidas de protección por haber cometido un delito grave en Dinamarca, o por ser sospechosas de haber cometido crímenes de guerra o delitos no políticos fuera del país, pero que no podían ser expulsadas a sus países de origen porque allí corrían peligro real de sufrir violaciones de derechos humanos. El gobierno declaró su intención de hacerles la estancia “lo más intolerable posible”. Las nuevas restricciones incluían la estancia nocturna obligatoria en el centro de Kærshovedgård, situado a unos 300 kilómetros de Copenhague, para separar a la persona de sus familiares. Quienes quebrantaban las obligaciones del régimen de “estancia tolerada” podían enfrentarse a penas privativas de libertad en cárceles ordinarias. Al terminar el año había 68 personas en régimen de “estancia tolerada”.

En octubre, el gobierno aplazó la aplicación del acuerdo con el ACNUR para admitir cada año a 500 refugiados procedentes de campos de todo el mundo para su reasentamiento.

Las normas de procedimiento establecidas por las autoridades de salud danesas para acceder a tratamiento hormonal y a cirugía de afirmación de género alargaron injustificadamente el proceso de reconocimiento del género para las personas transgénero. Las pruebas y cuestionarios exigidos se centraban en la conducta sexual, lo que para muchas personas transgénero resultaba humillante. Sólo había una clínica autorizada a prescribir tratamiento hormonal a personas transgénero. Las directrices de procedimiento de las autoridades de salud para acceder al tratamiento de afirmación del género estaban en proceso de revisión al final del año.

En mayo, el Parlamento adoptó una resolución histórica para que las identidades transgénero dejaran de tratarse como patologías de “trastorno mental” a partir de principios de 2017.

En agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la definición excesivamente amplia de terrorismo que hacía Dinamarca en su Código Penal, y por las atribuciones de la policía para interceptar comunicaciones que podían dar lugar a una vigilancia masiva. El Comité pidió al gobierno que llevara a cabo una revisión integral de sus atribuciones para combatir el terrorismo, a fin de garantizar que se ajustaban al derecho internacional de los derechos humanos.

En agosto, el Tribunal Superior del Distrito Oriental declaró admisible una demanda por daños y perjuicios presentada por 11 ciudadanos iraquíes contra el Ministerio de Defensa. En ella, los demandantes alegaban que habían sido torturados por soldados iraquíes durante una operación militar dirigida por soldados daneses en Basora (Irak) en 2004. Estaba previsto que hubiera una audiencia sustantiva en 2017.

Reino de Dinamarca
Jefa del Estado: reina Margarita II
Jefe del gobierno: Lars Løkke Rasmussen
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