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Justicia Internacional

© Mohammed Huwais/AFP/Getty Images
© Mohammed Huwais/AFP/Getty Images

Amnistía Internacional lleva más de 20 años contribuyendo al establecimiento y fortalecimiento de un sistema de justicia internacional que evite la impunidad de las personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o tortura.

En las dos últimas décadas se ha avanzado mucho con la puesta en marcha de diversos mecanismos para "hacer realidad la Justicia Internacional", que es precisamente el título de la campaña de Amnistía Internacional para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Y el gran reto es que esos mecanismos funcionen en sus distintos niveles:

  • Tribunales nacionales, que en varios países apliquen el principio de jurisdicción universal para investigar graves violaciones de derechos humanos, aunque el delito no se hay acometido en el país o que los presuntos autores o víctimas sean de otra nacionalidad.

    • El principio de jurisdicción universal, reconocido por el casi 85% de los países (163) del mundo, permite investigar y juzgar en tribunales nacionales --en nombre de la comunidad internacional-- graves violaciones de derechos humanos, con independencia del lugar donde se han cometido y de la nacionalidad de las personas acusadas o de las víctimas. El ejemplo más conocido es la detención en Londres, a petición de la justicia española, del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998. 

  • La Corte Penal Internacional (CPI) permanente, creada para investigar y juzgar los crímenes de derecho internacional. Su instrumento constitutivo fue el Estatuto de Roma de 1998, que entró en vigor el 1 de julio de 2002 tras ser ratificado por 60 países. Esa fecha marcó la puesta en marcha oficial de la CPI, cuya competencia quedó limitada a los delitos cometidos a partir de entonces. El Estatuto de Roma cuenta con 139 Estados firmantes y 122 ratificaciones.

  • Otros tribunales especiales internacionales o internacionalizados, creados para situaciones concretas como las de Camboya, la antigua Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona o Timor Oriental.  
Thomas Lubanga, señor de la guerra congoleño, recibe la primera condena dictada por la Corte Penal Internacional de La Haya (Países Bajos), 10 de julio de 2012.
Thomas Lubanga, señor de la guerra congoleño, recibe la primera condena dictada por la Corte Penal Internacional de La Haya (Países Bajos), 10 de julio de 2012. © JERRY LAMPEN/AFP/GettyImages

ALGUNOS DATOS Y CIFRAS

123

123 Estados se han adherido al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

21

La Corte Penal Internacional tiene asumidas 21 causas correspondientes a 8 Estados: Costa de Marfil, Sudán (situación de Darfur), Kenia, Libia, Malí, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Uganda.

163

El principio de jurisdicción universal ha sido reconocido ya por 163 Estados, el 85% de los países del mundo.

LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL... ¡EXPLICADA EN DOS MINUTOS!

Amnistía Internacional exige a los perpetradores de crímenes internacionales que rindan cuentas ante la justicia, y que sus víctimas vean realizados sus derechos a verdad, justicia y reparación.

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Los crímenes de derecho internacional conllevan responsabilidad penal individual bajo el derecho internacional. Por su naturaleza atroz, afectan a toda la comunidad internacional, y se les considera como tales con independencia de que estén o no incluidos en la legislación nacional de un Estado. Para que sus responsables no queden impunes, los estándares internacionales establecen varios principios y características:

  • No prescriben.
  • No cabe amnistía para su autor.
  • Generan responsabilidad penal individual para quien lo cometa; lo ordene, proponga o induzca; sea cómplice o encubridor; colabore o contribuya de algún modo a su comisión.
  • Rige el principio de persecución obligatoria, que otorga jurisdicción a los Estados respecto a sus ciudadanos, a los demás Estados en base al principio de jurisdicción universal, y a los tribunales penales internacionales, ya sean temporales o la CPI.

En el ámbito de los derechos de las víctimas, la justicia internacional se asienta sobre tres principios fundamentales: verdad, justicia y reparación.

Verdad para que las víctimas, sus familiares y toda la sociedad puedan saber lo ocurrido. Las autoridades deben determinar los hechos y el paradero de las víctimas y, además, reconocer públicamente los crímenes. Pero sin incluir amnistías por las atrocidades cometidas. En más de 30 países se han creado casi 40 Comisiones de la Verdad: organismos oficiales, temporales y no judiciales encargados de esclarecer crímenes de derecho internacional y cuyos informes finales suelen formular recomendaciones.

Justicia, que obliga a los Estados a investigar todos los delitos y enjuiciar a los presuntos autores en juicios con plenas garantías procesales. También cabe la extradición de las personas sospechosas a países que puedan o estén dispuestos a procesarlos en juicios justos.

Y plena reparación, que exige dar respuesta al sufrimiento de las víctimas y sus familias, y proporcionarles apoyo material y/o psicológico para que puedan reconstruir sus vidas. Las reparaciones pueden incluir desde la restitución (libertad, regreso al lugar de residencia, reintegración de empleo, devolución de bienes) y la indemnización compensatoria por perjuicios económicamente evaluables, hasta la satisfacción (disculpa pública, homenajes a las víctimas) y las garantías de no repetición de las violaciones de derechos humanos.

Manifestación de familiares de personas desaparecidas. Se celebró en Casablanca, Marruecos. Buscaban a sus seres queridos desaparecidos, así como justicia, verdad y reparación.
Manifestación de familiares de personas desaparecidas. Se celebró en Casablanca, Marruecos. Exigían justicia, verdad y reparación. © Private

"CREO QUE ME ATACARON DIRECTAMENTE. [ISRAEL] NO DISTINGUE ENTRE PIEDRAS O ÁRBOLES Y SERES HUMANOS".

Jawad Budier, técnico en urgencias médicas de Gaza cuyo compañero murió cuando la ambulancia en la que se encontraban fue alcanzada por un proyectil de mortero israelí en Beit Hanoun el 25 de julio de 2014.

© MARCO LONGARI/AFP/Getty Images

Edificio de la Corte Penal Internacional en La Haya.
Edificio de la Corte Penal Internacional en La Haya. © AI
Kaing Guek Eav, director del principal centro de interrogaciones y ejecuciones de los jemeres rojos, escucha el veredicto en la corte internacional de Camboya.
Kaing Guek Eav, director del principal centro de interrogaciones y ejecuciones de los jemeres rojos, escucha el veredicto en la corte internacional de Camboya. © Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
Cada jueves en la Puerta del Sol de Madrid hay una concentración en recuerdo de las víctimas del franquismo y contra la impunidad
Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las victimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975) siguen siendo denegados en España, que ni investiga ni colabora con investigaciones llevadas a cabo por otros países. © Nathalie Paco/Demotix

La Corte Penal Internacional en 2015

La gran actividad marca la agenda de la Corte Penal Internacional en los últimos años. Según el informe de su labor en 2014-2015, la Fiscalía realizó exámenes preliminares en 10 situaciones/Estados (Afganistán, República Centroafricana, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, Irak, Nigeria, Ucrania y Estado de Palestina) e inició una nueva investigación sobre la situación en la República Centroafricana.

La CPI tiene asumidas en total 21 causas correspondientes a ocho Estados: Costa de Marfil, Sudán (situación de Darfur), Kenia, Libia, Malí, la República Centroafricana I y II, la República Democrática del Congo y Uganda.

Siguen pendientes las órdenes de detención dictadas por la Corte contra 12 personas en Costa de Marfil (Simone Gbagbo, pendiente desde 2012), República Democrática del Congo (Sylvestre Mudacumura, desde 2012), Kenya (Walter Barasa, desde 2013), Libia (Saif Al-Islam Gaddafi, desde 2011), Darfur-Sudán (cinco: Ahmad Harun y Ali Kushayb, desde 2007; Omar Al-Bashir, desde 2009; Abdel Raheem Muhammad Hussein, desde 2012; y Bahar Idriss Abu Garda, desde 2014), y Uganda (tres: Joseph Kony, Vincent Otti y Okot Odhiambo, desde 2005).

La actividad de la Corte se intensificará en 2016, cuando la CPI incoará simultáneamente cuatro causas. Solo estos juicios abarcan presuntos delitos con más de 10.000 víctimas, lo que confirma que el alcance de sus causas suele ser mucho mayor que el de los procesos en jurisdicciones nacionales.

Otros tribunales internacionales o internacionalizados

Desde 1993 se han creado otros tribunales internacionales o internacionalizados –independientes de la Corte Penal Internacional– para responder a delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El Consejo de Seguridad de la ONU estableció en 1993 el Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia para investigar y enjuiciar los crímenes a gran escala cometidos en la región de los Balcanes. Y en 1994 creó otro similar para Ruanda en respuesta al genocidio perpetrado en Ruanda. Ambos tribunales internacionales ad hoc son independientes del sistema judicial nacional del país afectado, están integrados por jueces, abogados y personal judicial internacionales, y los financia la comunidad internacional.

Por su parte, tras muchos vericuetos legales. incluida una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, Senegal y la Unión Africana adoptaron el 22 de agosto de 2012 un acuerdo por el que se creaba un nuevo tribunal en el que se juzgarían los crímenes perpetrados durante el régimen de Hissène Habré (Chad): las Salas Especiales Africanas. En julio de 2015 se daba comienzo al juicio.

Retroceso en España de la jurisdicción universal

El 15 de marzo de 2014 entró en vigor la reforma exprés impulsada por el Grupo Parlamentario Popular del Artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regulaba el principio de jurisdicción universal. Su aprobación, como pone de manifiesto el informe Análisis de Amnistía Internacional sobre la reforma de la jurisdicción universal en España tras la aprobación de la LO 1/2014, supone un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, al impedir a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acceder a los tribunales españoles.

La reforma elimina la disposición anterior del artículo 23.4 que permitía investigar casos en los que "existiese algún vínculo de conexión relevante con España", un precepto que dejaba margen a los jueces de la Audiencia Nacional para investigar esos delitos. 
Ahora, su facultad para investigar crímenes de derecho internacional cometidos fuera de España queda restringida:

  • Para delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, se exige que el presunto autor sea español o extranjero residiendo en España o cuya extradición haya sido denegada por las autoridades españolas.
  • Para delitos de tortura y desaparición forzada, se exige que el presunto autor sea español o que la víctima fuera de nacionalidad española en el momento de la comisión del delito y que el presunto autor esté en territorio español en el momento en el que el juez investigue los hechos.



La reforma contradice la obligación internacional del Estado de juzgar o extraditar al presunto autor de crímenes de derecho internacional, ya que condiciona el ejercicio de la jurisdicción española sobre los sospechosos de nacionalidad extranjera a la denegación de una solicitud de extradición; si no se recibe, no hay posibilidad de juicio.

Además, no solo se aplica a futuras investigaciones, sino también a los casos que se estén tramitando en los tribunales nacionales, lo que ha forzado el inmediato archivo de causas basadas en el  principio de jurisdicción universal como las relacionadas con el genocidio en Tíbet y la persecución al grupo religioso Falun Gong.  

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE A LOS GOBIERNOS:


– Que los Estados ejerzan la jurisdicción universal y enjuicien o extraditen a cualquier presunto autor de crímenes de derecho internacional. 
– Que todos los Estados demuestren su compromiso con la justicia internacional y cooperen plenamente con la Corte Penal Internacional y con otros tribunales que estén investigando y juzgando crímenes de derecho inernacional.
– Que las organizaciones intergubernamentales, y en especial la ONU y otros órganos regionales, promuevan la aplicación del principio de jurisdicción universal y garanticen su cooperación y apoyo a la CPI y a otros tribunales que investiguen y juzguen ese tipo de delitos.
Que todos los gobiernos ratifiquen el Estatuto de Roma para asegurar que la Corte Penal Internacional tiene la jurisdicción más amplia posible.
– Que los gobiernos promulguen legislación efectiva para aplicar el Estatuto de Roma y garantizar que los tribunales nacionales puedan juzgar crímenes de derecho internacional.
– Que la Asamblea de los Estados Partes que han ratificado el Estatuto de Roma preste su pleno apoyo a la Corte y haga un seguimiento de sus actuaciones.
– Que la CPI lleve a cabo sus investigaciones y juicios de acuerdo con las más estrictas normas de justicia internacional.

© ERRY LAMPEN/AFP/Getty Images

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