Trata en España. Cadenas invisibles

La identificación de las víctimas de trata es un primer paso fundamental para garantizar su asistencia y protección, acceso a la justicia y derecho a la reparación. Y por eso el Convenio de Varsovia y la Directiva europea de 2011 exigen a los Estados que sean identificadas por autoridades competentes y por personas formadas y cualificadas en prevención, lucha contra la trata y asistencia a las víctimas, especialmente si son menores. Pero la realidad española dista mucho de adecuarse al marco legal existente, al no estar garantizando un enfoque de derechos humanos.

Pese a que las autoridades tienen la obligación de identificar y proteger a todas las víctimas de trata con independencia de su estatus migratorio y de su capacidad para colaborar en la persecución de un delito, en España prima su persecución y control.

Durante la elaboración del informe lanzado por Amnistía Internacional Cadenas invisibles: identificación de víctimas de trata en España, se pudo constatar la dificultad de documentar casos recientes por la deficiente labor de identificación, la especial vulnerabilidad de las víctimas y la escasa coordinación entre autoridades y organizaciones expertas en trata.

Al no existir datos desagregados, unificados y sistematizados que muestren la verdadera magnitud de este problema, solo se sabe que 1.154 de las al menos 62.700 personas que, según el Ministerio del Interior, estaban en situación de riesgo de trata con fines de explotación sexual entre 2015 y 2021, han sido identificadas como víctimas, lo que supone menos de un 2%.

La identificación formal corresponde en exclusiva a unidades específicas de la policía que no siempre tienen el enfoque adecuado ni la formación en trata y en género para realizarla correctamente, lo que invisibiliza en la práctica a muchas víctimas reales y potenciales.

En demasiadas ocasiones los estereotipos de género influyen de manera perjudicial para la identificación de las víctimas de trata. Muchos funcionarios policiales buscan un determinado “perfil de víctima de trata”. Cuando no se cumplen los clichés establecidos en el imaginario (existencia de violencia física, coacción, falta de libertad de movimiento, personas anuladas, carentes de documentación...) dudan de las mujeres y las descartan demasiado rápido, especialmente a aquellas que están en situación administrativa irregular. Los funcionarios policiales también dan más importancia al control migratorio y penalizan el cruce de fronteras de manera irregular, a pesar de la existencia de indicios de trata o explotación.

Ante la falta de un mecanismo de detección temprana, y una coordinación adecuada entre los diferentes mecanismos implicados muchas posibles víctimas "se pierden" por el camino, y muchos traficantes las reciben demasiado fácilmente en esos lugares de tránsito descoordinados.

También existe una falta de diligencia por parte de las autoridades para detectar posibles niñas y niños víctimas de trata, especialmente cuando alegan ser mayores de edad.

"Entre policía y fiscalía se pasan la pelota de qué hacer en caso de que las menores se hagan pasar por mayores de edad, pero su consideración como adultas, así como la falta de informes completos, dificulta mucho la intervención y el seguimiento de sus necesidades. Y lo mismo sucede con niños y las niñas que viajan solos: faltan recursos e implicación de los servicios de atención a menores, y, además, la atención es desigual en función de cada comunidad", señala Esteban Beltrán.

“Hay una clara falta de diligencia para detectar posibles niñas y niños víctimas de trata, especialmente cuando alegan ser mayores de edad.”

Desde enero hasta junio de 2019, llegaron a España 11.345 niños y 956 niñas migrantes no acompañados, y solo 10 de ellas fueron identificadas como víctimas de trata. En cuanto a los niños, en un periodo de 4 años, entre 2014 y 2017, solo 3 niños fueron identificados como víctimas de trata, y todos ellos en el año 2014.

El confinamiento, y otras medidas impuestas como consecuencia de la pandemia, han agravado la situación de explotación y aislamiento de algunas personas vulnerables, como las mujeres y niñas migrantes en situación de explotación en el servicio doméstico, explotación sexual u otras formas de explotación. Amnistía Internacional dio la bienvenida al Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la Crisis del Covid-19, con medidas adicionales dirigidas a las víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contexto de prostitución que el Ministerio de Igualdad amplió en mayo de este año, así como a la propuesta que reconoce, por primera vez, que las organizaciones especializadas y otros organismos públicos, más allá de la policía, pueden acreditar situaciones de riesgo de trata. Sin embargo, la organización lamenta que pocas de estas medidas se hayan materializado.

La ausencia de un enfoque integral para combatir todas las formas de trata hace que las cifras oficiales, que solo incluyen a víctimas identificadas tras abrirse un atestado dentro de una investigación policial, no reflejen la escala real del fenómeno. Los datos del Ministerio del Interior correspondientes a 2021 contabilizaban 4.704 personas en riesgo de ser víctimas de trata, pero reducían a 136 mujeres (dos de ellas menores) las identificadas como víctimas. Para el Defensor del Pueblo, tales cifras sugieren que siguen sin desarrollarse herramientas eficaces para detectar y ofrecer protección a las víctimas.

Desde Amnistía Internacional España pedimos urgentemente una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanosque aborde el problema en todas sus formas, establezca un mandato claro para todas las administraciones y asegure su coordinación y coherencia.

Para lograrlo pedimos la revisión y mejora de las siguientes 7 áreas y medidas:

• Datos unificados y sistematizados para corregir los déficits de las estadísticas oficiales y poder precisar la magnitud de la trata de personas en España.

• Establecer mecanismos adecuados para detectar e identificar a las víctimas desde su llegada a las fronteras.

• Las autoridades deben facilitar que especialistas en derechos humanos y trata contacten con las personas recién llegadas en un contexto de confianza y tranquilidad y con apoyo de intérpretes y mediadores culturales.

• Un enfoque multidisciplinar y multiagencia para que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), las ONG especializadas  y demás entidades de la sociedad civil puedan informar de sus derechos a las personas migrantes y refugiadas así como para activar los instrumentos de protección necesarios.

• La protección de la víctima se tiene que desvincular de la denuncia o colaboración de la víctima. Las unidades policiales competentes para la identificación formal no deben instrumentalizar a las víctimas en sus investigaciones.

• Hay que garantizar el acceso de las víctimas menores de edad a los servicios adecuados de alojamiento, educación y asistencia sanitaria para reducir su vulnerabilidad ante la trata y asegurar su protección efectiva.

• Formación especializada del personal dedicado a la tutela y protección de la infancia.