Sea quien sea y viva donde viva, las decisiones que afectan al cuerpo de las mujeres y niñas son suyas.
Todas las personas tenemos derecho a ejercer el libre control sobre nuestra sexualidad y reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni violencia. Esto incluye:
En todo el mundo, a millones de personas se les impide ejercer los derechos sexuales y reproductivos o son perseguidas si se atreven a hacerlo. Numerosos gobiernos, grupos religiosos, líderes políticos o incluso personas cercanas intentan dictar a quién podemos besar, a quién podemos amar, cómo debemos vestirnos, cuándo podemos tener hijos y cuántos. La falta de control sobre el propio cuerpo y la sexualidad tiene un tremendo impacto, especialmente en la vida de las mujeres y las niñas, pero también se ceba con las personas gays, lesbianas, transgénero, bisexuales o intersexuales.
Las niñas embarazadas siguen estando excluidas de la escuela en países como Guinea Ecuatorial o Tanzania, con el riesgo cierto de que abandonen definitivamente los estudios y se las obligue a contraer matrimonio. El propio embarazo es causa de la falta de educación sexual cuando no de violencia. Son niñas a las que se les roba el futuro y a quienes se les impide tomar decisiones.
Si eres niña es probable que tu infancia no dure mucho si vives en países como Burkina Faso, Sudán del Sur, República Centroafricana, Yemen o Bangladesh. Cada día más de 32.000 niñas contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años.
También en Irán las niñas pueden ser casadas a partir de los 13 años o incluso antes si sus padres tienen un permiso judicial. Entre marzo de 2020 y marzo de 2021 se registraron más de 31.000 matrimonios de niñas entre 10 y 14 años.
En Afganistán, desde la toma del poder por los talibanes en 2021, a mujeres y niñas les han arrebatado sus derechos humanos más elementales. Las niñas a partir de los 12 años tienen prohibido ir a la escuela, las universidades también se han cerrado para las jóvenes, las mujeres sólo tienen acceso a un empleo en sectores y situaciones muy restringidas, además de ver limitada su libertad de movimiento ante la obligación de tener que ir acompañadas de un tutor varón. Desde entonces han aumentado los matrimonios forzados y las mujeres que sufren violencia sexual han quedado desprotegidas porque se han desmantelado los ya escasos servicios de atención que existían anteriormente.
La mutilación genital femenina es habitual en países como Somalia, Guinea, Sierra Leona o Egipto, pero también en Irak, India, Malasia o Indonesia. Incluso se estima que en Europa unas 180.000 mujeres y niñas corren el riesgo de ser sometidas a esta práctica todos los años, según datos del Parlamento Europeo. Las consecuencias son gravísimas para su salud: sufren dolor severo, hemorragias e infecciones. Se limita su capacidad para el disfrute del placer sexual y se pone en riesgo su vida.
Una de cada tres mujeres en la Unión Europea sufre violencia sexual. En España, se estima que más de 1,8 millones de mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia sexual por parte de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas. Pero las mujeres que se atreven a denunciar la violencia sexual se enfrentan, además de a la propia agresión, a un duro y largo camino marcado por la violencia institucional en todas las etapas. Un terrible recorrido plagado de obstáculos que les suponen dificultades casi insalvables cuando acuden a la comisaría, al hospital o durante el juicio. En muchas ocasiones, las víctimas son maltratadas por quienes deberían garantizar su recuperación y el acceso a la justicia.
“Más de 200 millones de mujeres y niñas han sido mutiladas genitalmente en el mundo, según datos de UNICEF”
Las mujeres que viajan a Europa huyendo de la guerra y la persecución corren grave riesgo de sufrir acoso físico, verbal y sexual por los traficantes de personas.
Una mujer dijo a Amnistía Internacional en el campo de Vathy, en Samos: “La puerta de la ducha no tiene cerradura. Los hombres entran cuando estás dentro. No hay luces en los sanitarios. Si es de noche, a veces voy a los sanitarios con mi hermana o bien orino en un balde”.
Las mafias de trata con fines de explotación sexual están al acecho sobre las mujeres, niñas y niños que huyen de la guerra en Ucrania.
En El Salvador, el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso si el embarazo es fruto de violación. En la cárcel hay mujeres condenadas a 40 años acusadas de homicidio agravado (el aborto se equipara con el homicidio de un menor).
Esta ley injusta castiga a las mujeres en situación más vulnerable. Mª Teresa Rivera es una de estas mujeres. “Sentí un dolor muy fuerte y la necesidad de ir al baño. Ahí fue cuando el niño se me fue. Yo miré a mí alrededor y vi que estaba bañada en sangre. Me desmayé”. La llevaron al centro de salud, donde fue detenida y esposada a la cama. Los médicos la acusaron de haberse provocado un aborto y llamaron a la policía. Pasó en la cárcel cuatro años y seis meses. Después pidió protección internacional y asilo en Suecia: “Me dijeron que una condena a 40 años por abortar es tortura”. Hoy vive cerca de Estocolmo con su hijo adolescente.
En Polonia, una sentencia del Tribunal Constitucional polaco que prohibió en 2021 el acceso al aborto en casi todas las circunstancias y continúa su devastador impacto en la vida de las mujeres y de todas las personas que necesitan un aborto. Justyna Wydrzynska es una defensora de los derechos humanos; por apoyar a las mujeres que necesitan abortar ha sido juzgada y condenada a 8 meses de trabajo comunitario.
En Malta y en Andorra está prohibido abortar en todas las condiciones. Vanessa Mendoza Cortés está acusada en Andorra de un delito “contra el prestigio de las instituciones”. Si finalmente es condenada, deberá hacer frente a una cuantiosa multa.
En Estados Unidos, el 24 de junio de 2022 el Tribunal Supremo del país dictaminó que deja de proteger el derecho al aborto, retrocediendo así 30 años. Esto significa que serán los estados los que regulan este derecho. El aborto está ahora totalmente o casi totalmente prohibido en casi la mitad de los estados y hay más estados que pueden sumarse a esta lista.
El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedarse embarazada. Su supresión provoca la violación de múltiples derechos como a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia, ni discriminación.
Países como Chile y México han informado de aumentos de más del 50 por ciento en las llamadas a las líneas de asistencia telefónica de emergencia para mujeres víctimas y supervivientes de violencia.
A nivel global, el cierre de las escuelas, la suspensión de los programas para prevenir la mutilación genital femenina y la crisis económica mundial podrían dar como resultado dos millones de casos de mutilación genital femenina y 13 millones de matrimonios forzados que, de otro modo, podrían haberse evitado.
“Poder decidir sobre nuestra salud, nuestro cuerpo y nuestra vida sexual es un derecho humano”
Amnistía Internacional
Aunque queda mucho por hacer, y aunque algunos gobernantes y personas en posiciones de poder se empeñan en seguir controlando nuestros cuerpos, no lo vamos a permitir. Y cada día seguimos logrando importantísimos avances gracias a la incansable labor de valientes activistas que defienden los derechos humanos y a miles de personas de toda condición que en todo el mundo no se callan ante estos flagrantes abusos.
En marzo de 2020 Sierra Leona levantó la prohibición para que las niñas embarazadas puedan ir a la escuela. Esta gravísima vulneración del derecho a la educación había estado vigente desde 2015.
Evelyn salió del laberinto al que le sometió la justicia en El Salvador. Evelyn Hernández fue condenada en julio de 2017 a 30 años de prisión por cargos de homicidio agravado tras sufrir complicaciones obstétricas que le provocaron un aborto. En agosto de 2019 se revocó la sentencia y fue declarada inocente, pero la fiscalía recurrió, con el riesgo de volver a la cárcel. Finalmente, en junio de 2020 un tribunal confirmó la sentencia absolutoria y quedó en libertad, pero había pasado cuatro años encarcelada.
Tras una campaña de largo recorrido realizada por Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil, Colombia despenalizó el aborto durante las primeras 24 semanas del embarazo en 2022. Este logro impulsó aún más el movimiento por los derechos sexuales y reproductivos en toda Latinoamérica, después de la legalización del aborto en Argentina en 2020 y la despenalización del aborto en México en 2021.
En Estados Unidos la movilización de las mujeres ha conseguido en 2022 que cinco Estados garanticen en referéndum el derecho al aborto: Míchigan, Kentucky, California, Vermont y Montana se suman así a los “Estado refugio” del país.
En Irlanda del Norte, desde febrero de 2020 y por primera vez las parejas del mismo sexo pueden inscribirse en el registro para contraer matrimonio.
Ese mismo año en Botsuana, un Tribunal Superior dictó una sentencia que despenalizó las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo. Y un año antes, en India, el Tribunal Supremo falló en el mismo sentido declarando que toda discriminación basada en la orientación sexual es una violación de los derechos fundamentales.
Las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación. Es así de sencillo: no hay zonas “grises”. Sin embargo, sólo en 13 países europeos de los 31 analizados por Amnistía Internacional hay leyes que definen como violación las relaciones sexuales sin consentimiento: Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, Reino Unido, Suecia, España yPaíses Bajos que ha sido el último país en incorporarse en 2023.
En España se logró en mayo de 2022. En un éxito del movimiento de las mujeres en España y de las activistas de Amnistía Internacional, que llevaban mucho tiempo haciendo campaña, la cámara baja del Parlamento español aprobó un la ley que contiene importantes medidas para prevenir las violaciones, ofrecer protección frente a ellas y enjuiciarlas. La ley pone el consentimiento en el centro del debate en torno a la violencia sexual, incluida la violación.
El premio Nobel de la Paz concedido en 2018 al médico congolés Denis Mukwege y a la defensora yazidí Nadia Murad puso de manifiesto cómo las mujeres y niñas son utilizadas como “armas de guerra” y la violencia sexual que sufren en los conflictos armados. Miles de mujeres supervivientes de violación y violencia sexual en la República Democrática del Congo se han recuperado de sus lesiones físicas gracias al doctor Mukwege.
A su vez, el testimonio de Nadia Murad ante las Naciones Unidas ha mostrado los inimaginables horrores sufridos por las mujeres y las niñas yazidíes mantenidas en cautiverio y sometidas a esclavitud sexual por el llamado Estado Islámico en Irak. El activismo de Denis y Nadia hace que las mujeres que sobrevivieron a la violencia sexual y otros abusos no sean silenciadas ni ignoradas.
“Hay avances en distintos países para que el sexo sin consentimiento sea considerado violación”
