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Grecia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Miles de personas migrantes y solicitantes de asilo continuaban atrapadas en las islas griegas en condiciones terribles. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Grecia no había impedido el tráfico de seres humanos en el caso de 42 trabajadores migrantes de Bangladesh. Se aprobó legislación que reformaba el reconocimiento legal de la identidad de género.

La tasa de desempleo, aunque disminuyó, se mantuvo alta, sobre todo en la franja de edad de 15 a 24 años: en julio era del 20,5% y, en el caso del desempleo juvenil, del 39,5%. Ese mismo mes, Grecia regresó al mercado internacional de bonos tras un paréntesis de tres años.

De acuerdo con el Índice de Igualdad de Género de 2017, Grecia se situaba en el último lugar entre los Estados de la UE en materia de igualdad de género en general. En noviembre, el Ministerio de Justicia presentó un proyecto de ley sobre la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.

Casi 47.000 solicitantes de asilo continuaban atrapados en Grecia debido al cierre de la ruta migratoria de los Balcanes y a la aplicación del acuerdo UE-Turquía en marzo de 2016. Al terminar el año, 29.716 personas habían llegado por mar desde Turquía, en comparación con las 173.450 de 2016. Aun así, Grecia siguió siendo uno de los principales puntos de entrada de refugiados y migrantes en Europa.

Acuerdo migratorio UE-Turquía

La expectativa de enviar de regreso a Turquía a todas las personas llegadas de manera irregular a las islas griegas —incluidas las solicitantes de asilo— en aplicación del acuerdo UE-Turquía adoptado en marzo de 2016, seguía condenando a muchas a un prolongado procedimiento de asilo mientras permanecían atrapadas en las islas soportando terribles condiciones de acogida.

En septiembre, el Consejo de Estado, máximo tribunal administrativo griego, rechazó los recursos finales de dos refugiados sirios contra la decisión de declarar sus solicitudes inadmisibles por considerar que Turquía es un tercer país seguro. Este fallo podría dar lugar a las primeras devoluciones de solicitantes de asilo de Siria en virtud del acuerdo UE-Turquía.

Al final del año se había devuelto a Turquía desde las islas griegas a 684 personas (1.485 en total desde la entrada en vigor del acuerdo UE-Turquía). De ellas, 5 eran ciudadanos sirios detenidos que no habían impugnado la decisión de hacerlos regresar tras declararse sus solicitudes inadmisibles en segunda instancia.

En octubre, Amnistía Internacional y otras ONG documentaron casos de solicitantes de asilo sirios que habían sido detenidos automáticamente a su llegada porque las autoridades esperaban enviarlos en breve de regreso a Turquía en aplicación del acuerdo UE-Turquía.

Las autoridades griegas discriminaban a solicitantes de asilo de ciertas nacionalidades. Debido al acuerdo UE-Turquía, muchas personas procedentes de países considerados a priori como productores de “migrantes económicos” en lugar de “refugiados” eran detenidas automáticamente con vistas a hacerlas regresar a Turquía.

Programa de reubicación de la UE

El programa de reubicación de la UE seguía siendo, para quienes tenían derecho a acogerse a él, una de las pocas vías formales disponibles para salir de Grecia y trasladarse a otro lugar de Europa en condiciones seguras. Sin embargo, los solicitantes de asilo que habían llegado a Grecia con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo UE-Turquía fueron excluidos arbitrariamente del programa. Un total de 21.703 solicitantes de asilo, de los 66.400 que estaba previsto reubicar con arreglo al programa, habían sido reubicados en otros países europeos desde Grecia.

Condiciones de recepción

Persistía una gran preocupación por la seguridad en muchos de los campos de refugiados que quedaban, sobre todo en los saturados “puntos críticos” de las islas.

En junio se evacuaron los tres campos de refugiados de la zona de Elliniko, en la capital, Atenas, que albergaban a unas 1.000 personas refugiadas y migrantes, entre las que había muchos menores de edad. La mayoría de estas personas fueron trasladadas a campos alternativos, pues, en los de Elliniko, que ocupaban dos antiguas sedes olímpicas y la terminal de llegadas de un aeropuerto en desuso, las condiciones eran terribles e inseguras. Las ONG habían expresado gran preocupación por la seguridad allí, sobre todo para las mujeres y las niñas. Muchas mujeres habían denunciado acoso verbal y riesgo de violencia sexual y de género.

En enero murieron tres hombres en una semana en el campo de Moria, en la isla de Lesbos. Se sospechaba que habían muerto por envenenamiento con monóxido de carbono a causa de las precarias estufas con que calentaban sus tiendas. Al finalizar el año, la investigación sobre las muertes no había concluido.

Tras los fallecimientos, las autoridades griegas trasladaron a miles de solicitantes de asilo en situación de riesgo de las islas al territorio continental. Sin embargo, en agosto empezaron a llegar cada vez más personas a las islas y los centros de acogida volvieron a saturarse. Al terminar el año, las autoridades no habían sido capaces de ofrecer unas condiciones de recepción en las islas que cumplieran las normas mínimas que establecía el derecho de la UE.

Creció el uso de alojamientos urbanos —en su mayoría pisos— para solicitantes de asilo. Al concluir el año había unos 18.000 refugiados y solicitantes de asilo en pisos y otros alojamientos urbanos, en vez de campos, la mayoría en territorio continental griego, siendo menos de 1.000 los solicitantes de asilo que vivían en pisos en las islas.

Menores no acompañados

El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa criticó en septiembre la detención sistemática y prolongada de niñas y niños refugiados y migrantes no acompañados. A fecha de 15 de diciembre había 2.256 esperando a ser alojados en albergues, entre ellos 74 que permanecían bajo custodia en comisarías de policía.

En marzo, en la causa Chowdury and others v. Greece, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó, en una sentencia histórica, que 42 migrantes bangladeshíes habían sido víctimas de trabajo forzoso y tráfico de seres humanos cuando trabajaban en una finca productora de fresas del pueblo de Manolada, y que Grecia no había evitado el tráfico de seres humanos ni investigado eficazmente los delitos cometidos.

Quienes objetaban al servicio militar por motivos de conciencia continuaban sufriendo detención, procesamiento reiterado y juicio ante tribunales militares, y multas. En junio fue juzgado un objetor de conciencia de 53 años ante un tribunal militar por negarse a incorporarse a filas en 1990, pero resultó absuelto.

Según la información presentada en 2016 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos griega y la Oficina Europea de Objeción de Conciencia, la duración del servicio civil alternativo para ciertas categorías de objetores de conciencia seguía sin ajustarse a la Carta Social Europea. En julio, el Comité Europeo de Derechos Sociales pidió a Grecia que ofreciera más información.

Persistieron las denuncias de uso excesivo de la fuerza y malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La mayoría de las víctimas de los casos denunciados eran personas refugiadas y migrantes que estaban atrapadas en las islas del mar Egeo debido al acuerdo UE-Turquía.

Hubo denuncias según las cuales la policía había empleado fuerza excesiva contra solicitantes de asilo durante una operación dirigida a detener a manifestantes que se estaban enfrentando a la policía en el campo de Moria, en Lesbos, el 18 de julio. Al parecer, los agentes también infligieron malos tratos a varias de las personas detenidas en la comisaría central de policía de la isla tras los enfrentamientos. En julio, una fiscalía local ordenó una investigación criminal sobre las denuncias, que seguía abierta al terminar el año.

Se tuvo noticia de numerosos ataques por odio durante el año. Entre agosto de 2016 y finales de 2017 se registraron más de 50 ataques en la localidad de Aspropyrgos, en los que grupos de jóvenes locales agredieron a trabajadores migrantes de Pakistán. En junio, representantes de ONG nacionales presentaron una denuncia, y las autoridades pusieron en marcha una investigación criminal. En octubre, la policía detuvo a tres jóvenes presuntamente relacionados con uno de los ataques violentos.

Un total de 69 individuos vinculados al partido ultraderechista Amanecer Dorado —entre ellos su máximo dirigente y varios parlamentarios— habían sido procesados en 2015 por el asesinato del cantante antifascista Pavlos Fyssas en 2013 y por participación en una organización criminal. En octubre, el Tribunal de Apelación de Atenas concluyó las vistas probatorias de todos los testigos de cargo llamados a declarar en el juicio.

Las personas refugiadas y migrantes atrapadas en las islas del Egeo también eran objeto de crímenes de odio. En algunos casos las víctimas eran gays y mujeres transgénero.

En octubre, el gobierno aprobó una ley que reformaba el reconocimiento legal de la identidad de género en medio de reacciones transfóbicas suscitadas dentro y fuera del Parlamento. La Ley 4491/2017 establecía expresamente que las personas transgénero podían cambiar su documento de identidad sin el requisito de someterse a evaluaciones psiquiátricas ni a pruebas e intervenciones médicas. Sin embargo, también presentaba algunas deficiencias, como el requisito de la soltería y la validación del reconocimiento del género por un tribunal local. Aunque el procedimiento estaba abierto a las personas mayores de 15 años, persistieron restricciones generales en razón de la edad, y los adolescentes de 15 y 16 años que aspiraban al reconocimiento legal de su género se enfrentaban al obstáculo añadido de una evaluación médica y psicológica.

En octubre, el Parlamento aprobó una reforma legislativa que permitiría aplicar tres sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas a la violación del derecho a la libertad de asociación como consecuencia de haberse negado las autoridades a inscribir en registro a asociaciones de minorías nacionales griegas en 2007, 2008 y 2015. La nueva disposición modificaba el Código de Procedimiento Civil para que permitiera reabrir los procedimientos en estos casos. No obstante, la ONG Observador Griego de Helsinki expresó su preocupación por las limitaciones que imponía la nueva legislación a la reapertura de tales procedimientos por motivos de seguridad nacional y orden público, entre otros.

República Helénica
Jefe del Estado: Prokopis Pavlopoulos
Jefe del gobierno: Alexis Tsipras
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