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Rumania

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

La respuesta del gobierno a la COVID-19 suscitó preocupaciones relacionadas con los derechos humanos respecto a la actuación policial, la libertad de reunión pacífica y el derecho a la educación, entre otros asuntos. La población romaní continuó sufriendo discriminación sistémica, y algunos de sus miembros sufrieron malos tratos y uso de fuerza excesiva a manos de la policía. El Tribunal Constitucional declaró que la ley que prohibía la educación sobre identidad de género, aprobada en junio por el Parlamento, era inconstitucional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que las autoridades habían actuado de forma ilegítima al deportar a dos paquistaníes.

Información general

En marzo, el gobierno declaró el estado de emergencia debido a la pandemia de COVID-19 y suspendió temporalmente varios derechos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como los derechos a la educación y a la libertad de expresión, de asociación y de circulación. En mayo, en sustitución del estado de emergencia, se declaró el “estado de alerta”, que estuvo en vigor hasta el final del año.

La Comisión Europea continuó presionando a Rumania para que revirtiera los cambios legislativos que hacían peligrar el Estado de derecho, incluida la independencia del poder judicial.

Discriminación

Al final del año seguía pendiente ante el Senado una propuesta legislativa para ampliar la legislación existente contra la discriminación. El proyecto de ley proponía la inclusión de otras formas de discriminación —segregación, discriminación interseccional y discriminación por asociación—, así como de criterios de discriminación basados en la nacionalidad o el color de la piel.

Romaníes

Según las conclusiones de un informe de la Comisión Europea publicado en febrero, la comunidad romaní continuaba sufriendo discriminación y segregación en cuestiones como la educación, el empleo, el acceso a la vivienda y los desalojos forzosos.

Durante el estado de emergencia, las ONG y los medios de comunicación informaron sobre varios casos de uso ilegítimo de la fuerza y denuncias de malos tratos infligidos por la policía a romaníes.1

Algunos grupos de derechos humanos y ONG expresaron su preocupación por la utilización de la comunidad romaní como chivo expiatorio durante la pandemia, y denunciaron un “aumento del discurso de odio y el racismo” contra romaníes en las redes sociales y los medios de comunicación, especialmente por parte de personas influyentes y figuras públicas. El Consejo Nacional para Combatir la Discriminación, organismo oficial para la igualdad, criticó a un periódico local, a un parlamentario, a un expresidente y a un profesor universitario por declaraciones racistas sobre la comunidad romaní.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En junio, el Parlamento aprobó una ley que, entre otras cosas, prohibía enseñar y formar sobre la identidad de género. Aprobada sin previo debate público, esta ley prohibía las “actividades dirigidas a difundir opiniones o teorías sobre la identidad de género, entendidas como aquellas basadas en que el concepto de género es diferente al de sexo biológico y ambos no siempre coinciden”.

Universidades y grupos de derechos humanos condenaron la prohibición argumentando que legitimaba la discriminación del colectivo LGBTI. La ley, que también suscitaba preocupación en relación con el derecho a la libertad de expresión y la libertad académica, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en diciembre.

Derecho a la educación

A pesar de la legislación de 2016 que prohibía la segregación en la educación primaria y secundaria, y de las directrices adoptadas posteriormente por el Ministerio de Educación para aplicar dicha ley, el gobierno no había puesto en práctica las directrices al terminar el año.

La ONG Cáritas Rumania subrayó las dificultades que los niños y niñas de grupos vulnerables habían tenido para acceder a la educación telemática durante el confinamiento de marzo a junio; entre los más afectados estaban los de la comunidad romaní. Según el estudio, por término medio, sólo el 15% de los niños y niñas de grupos marginados participaba con regularidad en las actividades online durante el confinamiento, lo que suponía una drástica reducción respecto a la media de 83% de asistencia escolar registrada antes de la pandemia. Entre los principales obstáculos estaban la falta de equipo técnico, la superpoblación de los hogares, que carecían de espacios habilitados para el estudio, y la falta de apoyo de los progenitores para hacer las tareas online.

Libertad de reunión

Tras la suspensión temporal en marzo del derecho de reunión pacífica, entró en vigor una prohibición general de las reuniones públicas. Los grupos de la sociedad civil tacharon las medidas de desproporcionadas. A partir de noviembre se permitieron las reuniones de hasta 100 personas siempre que se respetaran determinadas medidas de protección.

Garantías procesales

En octubre, en la causa de Muhammed and Muhammed v. Romania, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que las autoridades habían actuado de forma ilegítima en 2012 al deportar a dos ciudadanos paquistaníes que residían legalmente en el país. La deportación se basó en pruebas secretas que sólo había visto el gobierno y en la declaración de los tribunales de que sus actividades representaban una amenaza potencial para la seguridad nacional de Rumania.2

La Gran Sala concluyó que, en los procedimientos de expulsión, las personas tenían derecho a ser informadas de los elementos de hecho que habían llevado a las autoridades a considerar que representaban una amenaza para la seguridad nacional, y a acceder al contenido de los documentos y datos en los que se basaba el gobierno. También concluyó que, si era necesario establecer limitaciones para proteger la seguridad nacional, éstas debían ir acompañadas de suficientes garantías compensatorias.

  1. Actuación policial durante la pandemia: Violaciones de derechos humanos en Europa durante la aplicación de medidas contra la COVID-19 (EUR 01/2511/2020)
  2. Romania: European Court verdict strikes a blow to decisions based on secret evidence (noticia, 16 de octubre de 2020)

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República de Rumania
Jefe del Estado: Klaus Iohannis
Jefe del gobierno: Florin Cîțu (sustituyó a Ludovic Orban en diciembre)

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