1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

Francia

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

La respuesta del gobierno a la COVID-19 suscitó preocupación respecto al uso excesivo de la fuerza por la policía, el derecho de reunión pacífica y los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, entre otras cuestiones de derechos humanos. Continuaron el acoso y los enjuiciamientos contra defensores y defensoras de los derechos humanos. A raíz del asesinato de Samuel Paty, el gobierno introdujo medidas antiterroristas que violaban derechos humanos. Se siguió procesando a miles de personas por el ambiguo delito de desacato a funcionarios públicos. Se denunciaron comentarios racistas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Continuó la venta de armas a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos. Seguían sin adoptarse medidas para velar por el cumplimiento de la legislación sobre rendición de cuentas de las empresas. La respuesta del gobierno ante el cambio climático fue insuficiente.

Información general

El 17 de marzo, con vistas a combatir la pandemia, las autoridades adoptaron medidas que restringían seriamente varios derechos humanos, entre ellos la libertad de circulación y el derecho de reunión pacífica. Algunas se suavizaron el 11 de mayo, pero, ante el brusco aumento de los casos de COVID-19, se adoptaron nuevas medidas de confinamiento el 29 de octubre. El 15 de diciembre, las autoridades impusieron un toque de queda nacional de las ocho de la tarde a las seis de la mañana.

Uso excesivo de la fuerza

Durante todo el año hubo informes sobre casos de uso excesivo de la fuerza. En enero, Cédric Chouviat murió como consecuencia de una técnica de inmovilización que unos agentes de policía le aplicaron en un control de carretera. Tras su muerte, el ministro del Interior anunció que se prohibiría dicha técnica, pero días más tarde se retractó de su decisión.

La aplicación de las medidas contra la COVID-19 reveló el carácter recurrente del uso ilegítimo de la fuerza por la policía, sobre todo en las zonas urbanas desfavorecidas con un alto porcentaje de población perteneciente a minorías étnicas. Amnistía Internacional confirmó al menos 15 de estos casos en 15 ciudades entre marzo y abril. En varios de ellos, los agentes de policía también habían hecho comentarios racistas y homófobos.1

En septiembre, el Ministerio del Interior dio a conocer una nueva estrategia sobre el control de reuniones que, en lugar de anteponer el diálogo y las prácticas de distensión, seguía centrándose en el uso de la fuerza, incluso con armas y técnicas peligrosas.

Seguía sin existir un mecanismo independiente para investigar los casos de uso ilegítimo de la fuerza. Muy pocos agentes encargados de hacer cumplir la ley fueron procesados en relación con denuncias de uso ilegítimo de la fuerza en las protestas de 2018 y 2019. En uno de esos casos, en junio, un agente fue multado por disparar una bala de goma al rostro de una manifestante durante una protesta en 2018.

En noviembre, la Asamblea Nacional aprobó una ley que penalizaba la difusión de imágenes de agentes encargados de hacer cumplir la ley que se considerara que pudieran amenazar su “integridad física y psicológica”, y con eso añadió obstáculos a la rendición de cuentas por el uso excesivo de la fuerza. Al finalizar el año, el proyecto de ley continuaba pendiente ante el Senado.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En junio, las autoridades decidieron procesar a tres agentes de policía, entre ellos uno que había agredido a un defensor de los derechos humanos británico, Tom Ciotkowski, cuando estaba documentando abusos policiales cometidos contra personas refugiadas en Calais en 2018.2 Además, los tribunales terminaron absolviendo a los defensores Pierre Alain Mannoni y Cédric Herrou y la defensora Martine Landry, procesados por ayudar y alojar a solicitantes de asilo.3

El gobierno reiteró su intención de convertir la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos en el extranjero en una de sus prioridades de política exterior, especialmente con vistas a la elección de Francia para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, no se adoptaron medidas concretas en el año y, durante el confinamiento, algunos defensores y defensoras que prestaban ayuda humanitaria en Francia a personas refugiadas y migrantes continuaron sufriendo hostigamiento e intimidación en Calais y Grande-Synthe. En septiembre, a instancias del ministro del Interior, el prefecto de Paso de Calais dictó una orden que prohibía repartir comida y bebida a migrantes y solicitantes de asilo en una amplia zona de Calais.

Extralimitaciones del Estado

En junio, el gobierno presentó un proyecto de ley para ampliar las medidas de control administrativo establecidas en la ley de seguridad interior y lucha contra el terrorismo, que expiraban al final del año. En diciembre, el Parlamento aprobó la extensión de las medidas hasta el 31 de julio de 2021.

En octubre, Kamel Daoudi, que estaba sometido a medidas de control desde 2008, fue condenado a un año de prisión por haber incumplido el toque de queda.

En octubre y noviembre, a raíz del asesinato de Samuel Paty, profesor que había mostrado caricaturas del profeta Mahoma a su alumnado, el gobierno adoptó medidas antiterroristas que suscitaron preocupación en materia de derechos humanos. En concreto, el gobierno disolvió varias organizaciones y expulsó al menos a 66 personas extranjeras sin evaluar debidamente el peligro real de tortura que corrían en sus países de origen.4

Libertad de expresión

En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la sentencia condenatoria dictada contra 11 activistas por su participación en una campaña contra los productos israelíes (Boicot, Desinversión y Sanciones) violaba el derecho de estas personas a la libertad de expresión. Desde 2010, la fiscalía tenía instrucciones concretas de las autoridades de utilizar la legislación antidiscriminación para silenciar a activistas pacíficos de esta campaña.

Se siguió procesando y condenando a miles de personas por el ambiguo delito de desacato a funcionarios públicos. En octubre, tras el asesinato de Samuel Paty, las autoridades pusieron en marcha decenas de investigaciones por apología del terrorismo, otro delito igualmente impreciso.

Libertad de reunión

El 11 de mayo, el gobierno impuso una prohibición general de las manifestaciones para proteger la salud pública. El 13 de junio, el Consejo de Estado anuló la prohibición. Aun así, cientos de manifestantes fueron multados por participar en reuniones públicas entre el 11 de mayo y el final de agosto.5 Asimismo continuaron los arrestos y enjuiciamientos de manifestantes basados en delitos de ambigua definición, como desacato a funcionarios públicos, incumplimiento del requisito de notificación y participación en un grupo con vistas a preparar actos violentos.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

A causa de la pandemia de COVID-19, las personas en movimiento encontraron más obstáculos para ejercer sus derechos sociales y económicos, especialmente las que vivían en asentamientos informales de París y el norte de Francia. El gobierno suspendió la tramitación de todas las solicitudes de asilo durante el confinamiento.

En París la capital y el norte de Francia, las personas refugiadas y migrantes que vivían en asentamientos informales continuaron sufriendo desalojos forzosos periódicos, incluso durante el confinamiento, sin tener alojamiento alternativo ni acceso a asistencia médica. En Calais, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley hostigaron a personas refugiadas y migrantes y usaron fuerza excesiva contra ellas.

La policía de fronteras continuó expulsando sumariamente a migrantes y solicitantes de asilo a Italia, y las personas migrantes seguían sufriendo detención administrativa, sin que se tuviera en cuenta la protección de su salud durante la pandemia. Los menores no acompañados continuaron encontrando obstáculos en el acceso a medidas de protección social y siendo expulsados ilegalmente a Italia.

En julio, el Consejo de Estado resolvió que se había violado el derecho a solicitar y recibir asilo de una mujer y su hijo al devolverlos a Italia sin que sus solicitudes hubieran sido tramitadas y examinadas.

Ni Francia ni Reino Unido habilitaron mecanismos para compartir la responsabilidad de ofrecer un lugar seguro a los miles de personas que intentaban cruzar el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.

Discriminación

Derechos sexuales y reproductivos

Al final del año, el Senado aún estaba debatiendo el proyecto de ley sobre bioética presentado por el gobierno al Parlamento en 2019. De ser aprobada, esta ley permitiría el acceso de todas las mujeres a la reproducción médicamente asistida, con independencia de su orientación sexual o estado civil.

Crímenes de odio

Según informes de ONG, dos asentamientos informales de romaníes próximos a París sufrieron al menos cinco ataques incendiarios en mayo. Uno fue atacado en cuatro ocasiones con cócteles molotov que incendiaron la mayoría de los alojamientos improvisados.

Racismo

Según información publicada en los medios de comunicación, hubo funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que expresaron comentarios y mostraron conductas racistas en redes sociales. El entonces ministro del Interior condenó tales actos y pidió tolerancia cero para el racismo dentro de la policía.

Transferencias irresponsables de armas

El gobierno continuó vendiendo armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que era muy probable que se usaran para cometer violaciones de derechos humanos en el conflicto de Yemen. Por otra parte, no facilitó información completa, detallada y actualizada sobre las transferencias de armas autorizadas por el primer ministro. El 8 de agosto, las fuerzas de seguridad libanesas usaron armas adquiridas a Francia para el control policial de protestas, con el resultado de más de 230 personas heridas (véase el apartado sobre Líbano).

Rendición de cuentas de las empresas

Muchas empresas continuaban sin cumplir la ley de 2017 sobre el deber de vigilancia, que las obligaba a ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos; sólo 72 empresas de casi 200 publicaron cómo planeaban garantizar el respeto de los derechos humanos en su cadena de valor. Una vez más, las autoridades no propusieron medidas para habilitar un sistema que velara por el cumplimiento de esta legislación.

Actuación inadecuada para impedir el cambio climático

El gobierno no cumplió con su obligación de abordar adecuadamente la emergencia climática. En abril, la estrategia nacional revisada del gobierno elevó, respecto al año anterior, el nivel permitido de emisiones de gases de efecto invernadero. En julio, el Alto Consejo por el Clima, autoridad de carácter independiente, consideró que las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a la emergencia climática eran insuficientes. Es más, el gobierno concedió ayudas económicas a los sectores más contaminantes de la economía como parte del plan de recuperación empresarial tras la COVID-19.

  1. Europa: Actuación policial durante la pandemia. Violaciones de derechos humanos ocurridas en Europa durante la aplicación de medidas contra la COVID-19 (EUR 01/2511/2020)
  2. Francia: El procesamiento del policía que agredió al voluntario del campo de Calais envía un mensaje contra la impunidad (noticia, 11 de junio)
  3. Francia: Absolución de agricultor que ayudó a solicitantes de asilo demuestra que la solidaridad no es delito (noticia, 13 de mayo)
  4. Francia: Las medidas antiterroristas tomadas tras el asesinato de Samuel Paty plantean preocupaciones relativas a los derechos humanos (EUR 21/3281/2020)
  5. Francia: Miles de manifestantes sancionados injustamente en virtud de leyes draconianas antes y después de las medidas contra la COVID-19 (noticia, 28 de septiembre)

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República Francesa
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