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Francia 2019

Información general

Las autoridades restringieron de manera desproporcionada el derecho a la libertad de reunión pacífica. Miles de personas sufrieron lesiones a manos de la policía en el curso de manifestaciones o fueron detenidas y procesadas por motivos inconsistentes o por actos tratados como delitos, pese a estar protegidos por el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

La policía intimidó y hostigó con frecuencia a observadores u observadoras de derechos humanos, periodistas independientes, activistas medioambientales y activistas de los derechos de las personas refugiadas y migrantes.

Francia continuó vendiendo armas a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos, pese al peligro de que fueran empleadas para cometer violaciones de derechos humanos contra civiles en el conflicto de Yemen.

Libertad de reunión

El movimiento social de los “chalecos amarillos” (“gilets jaunes”), que comenzó en noviembre de 2018, continuó movilizándose durante todo el año con el fin declarado de conseguir mayor justicia social y económica.

Según estadísticas oficiales, durante sus protestas sufrieron lesiones 1.944 agentes encargados de hacer cumplir la ley y 2.945 manifestantes.

Los agentes encargados de hacer cumplir la ley recurrieron con mucha frecuencia a fuerza arbitraria o desproporcionada, sobre todo —aunque no únicamente— durante las manifestaciones. A menudo, utilizaron armas peligrosas, como balas de goma y granadas de gases lacrimógenos (GLI-F4) de escasa precisión, que no se debían emplear para el mantenimiento del orden en reuniones públicas. Como resultado de ello, al menos 25 manifestantes perdieron un ojo, y 5, una mano. El joven Steve Maia Caniço, de 24 años, y la anciana Zineb Redouane, de 80, murieron durante operaciones de aplicación de la ley.

En marzo, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos recomendó una investigación exhaustiva sobre las denuncias de fuerza policial excesiva. Al concluir el año, las autoridades no habían establecido mecanismos independientes para investigar dichas denuncias. En octubre, la Inspección General de la Policía Nacional, unidad policial encargada de investigar las denuncias de fuerza policial excesiva, había abierto ya 313 investigaciones penales desde el principio del movimiento. Al concluir el año, sólo un agente de policía había sido declarado culpable por uso ilegítimo de la fuerza durante las protestas.

En agosto, el presidente reconoció que era preciso revisar la estrategia aplicada para el mantenimiento del orden en reuniones públicas, a fin de reducir el número de lesiones. Al terminar el año, un grupo de trabajo establecido por el Ministerio del Interior estaba redactando una nueva estrategia.

Durante los seis primeros meses del año, se recluyó sin cargos a cerca de 11.000 manifestantes, y más de 3.000 personas fueron condenadas, en la mayoría de los casos en juicios rápidos. Cientos de manifestantes fueron detenidos y procesados por conductas protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, como desacato a funcionarios públicos, ocultamiento del rostro o incumplimiento de obligaciones de notificación. Durante los primeros nueve meses del año se declaró a 954 manifestantes culpables de “constituir un grupo para cometer actos de violencia”, delito de definición imprecisa que permitía detener a manifestantes que no habían incurrido en actos violentos.

En abril, entró en vigor una nueva ley que tenía por objeto proteger el orden público en el contexto de protestas y que prohibía en general cubrirse de cualquier manera el rostro en ellas.

Libertad de expresión

Cientos de periodistas afirmaron haber sufrido lesiones mientras cubrían las protestas. Sólo el 5 de diciembre, durante las protestas contra la reforma de las pensiones, 34 periodistas resultaron lesionados. En la mayoría de los casos, las lesiones se produjeron a causa del uso excesivo o arbitrario de fuerza por parte de la policía. Los periodistas independientes Gaspard Glanz y Taha Bouhaf fueron detenidos y procesados por desacato y rebelión, entre otros cargos. El primero fue condenado, en noviembre, al pago de una multa de 300 euros por desacato a funcionarios públicos.

La Dirección General de Seguridad Interior (servicio de inteligencia) citó al menos a nueve periodistas a una audiencia en el contexto de una investigación preliminar sobre los llamados “papeles de Yemen”, documentos clasificados que fueron publicados y demostraban la posibilidad de que las armas vendidas por el gobierno a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos se utilizaran contra la población civil de Yemen.

Comercio de armas

Las autoridades siguieron sin cumplir los compromisos asumidos por Francia al ratificar en 2014 el Tratado sobre el Comercio de Armas, según el cual no se debían vender armas cuando existiera un peligro considerable de que fueran utilizadas para cometer abusos contra el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En 2018, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos habían sido, respectivamente, el primer y el quinto mayor receptor de material de guerra francés, pese a la participación de ambos países en el conflicto de Yemen.

Según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, Francia fue el tercer mayor exportador mundial de armas durante 2019. Sin embargo, el gobierno francés no facilitó información detallada, exhaustiva ni actualizada sobre las transferencias de armas autorizadas por el primer ministro.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se hostigó, intimidó y procesó a activistas medioambientales y a activistas que defendían los derechos de las personas refugiadas y migrantes.

Loan Torondel, defensor de los derechos de la población migrante de Calais, fue declarado culpable de difamación y condenado al pago condicional de una multa por haber informado sobre los malos tratos infligidos por la policía a migrantes. En junio, el joven activista británico Tom Ciotkowski fue absuelto de los cargos de desacato y agresión. En mayo había presentado ante la Inspección General de la Policía Nacional una denuncia contra el agente de policía que lo había empujado y contra otros agentes que habían prestado falsos testimonios para respaldar su detención y procesamiento. Al finalizar el año estaba aún pendiente el resultado de la investigación. Estos procesos judiciales eran sintomáticos de la criminalización de los actos de solidaridad en toda Europa, y probablemente tenían efectos inhibidores sobre otros activistas.

En diciembre de 2018, Francia había comunicado que trataría como asunto prioritario la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, no se observó ninguna estrategia coherente y sostenible a ese respecto. Mientras el ministro de Asuntos Exteriores criticaba el hostigamiento que los defensores y defensoras sufrían en Turquía y Rusia, las autoridades guardaban silencio sobre la situación de esas mismas personas en Arabia Saudí.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Durante los seis primeros meses del año, 33.628 personas migrantes y refugiadas, entre ellas niños y niñas no acompañados, fueron interceptadas en las fronteras francesas y devueltas sin el debido procedimiento a Italia y España, sin darles posibilidad de solicitar asilo en Francia.

En 2018 se habían desestimado las solicitudes de asilo de 690 personas iraquíes, 320 iraníes, 278 afganas, 247 sudanesas, 165 eritreas y 133 sirias; estas personas se encontraban detenidas en espera de ser devueltas a sus países, pese al peligro de que sufrieran violaciones graves de derechos humanos a su regreso. Entre ellas había varias familias con menores a su cargo. En junio de 2019, las ONG comunicaron que en 2018 habían sido devueltas 12 personas a Sudán, siete a Irán y 10 a Irak.

En septiembre, el Parlamento ratificó el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Afganistán, que facilitaba la devolución de ciudadanos y ciudadanas afganos a su país. Ese mismo mes, las autoridades habían devuelto ya a Afganistán a dos personas cuyas solicitudes de asilo habían sido rechazadas y que podían enfrentarse a violaciones graves de sus derechos humanos allí.

En noviembre, el gobierno francés se retractó de su decisión de donar seis embarcaciones a la Armada y la Guardia Costera de Libia. Una coalición de ocho ONG había impugnado ante los tribunales esa donación —anunciada en febrero por la ministra de Defensa francesa—, argumentando que las embarcaciones en cuestión se utilizarían para interceptar a personas refugiadas y migrantes y devolverlas a Libia, donde sufrirían violaciones graves de derechos humanos.

Se siguió juzgando y condenando a quienes ofrecían ayuda humanitaria a las personas refugiadas y migrantes, sobre todo en la frontera franco-italiana, en las proximidades de la localidad de Briançon. En enero, Pierre Mumber fue declarado culpable y condenado a una pena condicional de tres meses de prisión por “ayuda a la entrada irregular”, al haber ofrecido té y ropa de abrigo a migrantes en la frontera de Francia con Italia. Fue absuelto en apelación en noviembre.

Discriminación

Derechos sexuales y reproductivos

El 24 de julio, el gobierno presentó en el Parlamento un proyecto de ley que permitiría acceder a todas las mujeres, al margen de su orientación sexual o estado civil, a tratamientos de fecundación in vitro. De ser aprobada, pondría fin a la discriminación de las parejas lésbicas y de las mujeres solteras en el acceso a los derechos y la salud sexuales y reproductivos. El 15 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley, que al concluir el año seguía pendiente de aprobación en el Senado.

Libertad de religión o de creencias

El 29 de octubre, el Senado aprobó una ley que prohibía a las familias exhibir símbolos religiosos cuando acompañaran a sus hijos e hijas en salidas escolares. Al final del año, la ley se encontraba ante la Asamblea Nacional pendiente de aprobación. De ser aprobaba, violaría los derechos a la libertad de expresión y de religión o creencia, y discriminaría a la población musulmana por motivos de religión o creencia.

Desalojos forzosos

Las ONG denunciaron que, a lo largo del año, las autoridades habían sometido a desalojo forzoso a miles de personas, muchas de ellas romaníes, migrantes y refugiadas, que vivían en asentamientos informales, edificios ocupados u otras viviendas sin seguridad de tenencia.

Crímenes de odio

En marzo, las ONG informaron de 38 crímenes de odio cometidos contra romaníes en asentamientos informales de la región de París, tras haberse extendido en las redes sociales el rumor de que la población romaní secuestraba a niños y niñas. Las autoridades judiciales condenaron a algunos de los perpetradores.

Seguridad y medidas antiterroristas

Entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019, el ministro del Interior había impuesto 134 medidas nuevas de control, lo que suponía un incremento del 84% con respecto al año anterior. Se trataba, entre otras, de medidas que prohibían salir de una localidad concreta, exigían presentarse a diario ante la policía o impedían ponerse en contacto con determinadas personas, y que, con frecuencia, se aplicaban a personas sobre las que no pesaba ninguna sospecha razonable de implicación en la preparación de delitos.

En febrero, el Ministerio del Interior cambió las condiciones de asignación de residencia impuestas a Kamel Daoud, que llevaba sometido a medidas de control desde 2008. Se le permitió trasladarse a una localidad más cercana a su familia y acudir sólo dos veces al día a la comisaría de policía, en lugar de tres.

Justicia internacional

El 23 de marzo entró en vigor la reforma del sistema de justicia. En noviembre de 2018, el gobierno se había opuesto a una enmienda que habría facilitado el ejercicio de la jurisdicción universal por crímenes de derecho internacional en Francia. Finalmente, el Parlamento votó en contra de esa enmienda.

Empresas y derechos humanos

Las empresas siguieron sin cumplir la ley de 2017 sobre el deber de vigilancia de las empresas matrices y subcontratistas. En 2019, la mayoría de las empresas publicaron planes imprecisos e incompletos sobre cómo pensaban cumplirla. El gobierno no propuso ninguna medida para fortalecer el sistema de supervisión establecido por la ley.

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