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Francia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Finalmente se levantó el estado de excepción introducido en 2015. Una nueva ley otorgó más poder al gobierno para imponer medidas antiterroristas por motivos imprecisos y sin pleno control judicial. Las autoridades continuaron devolviendo a personas de nacionalidad afgana a Afganistán, en violación del principio de no devolución (non-refoulement). Entró en vigor una nueva ley que imponía obligaciones sobre el deber de vigilancia a las grandes empresas.

En julio, el Parlamento aprobó la propuesta gubernamental de prolongar el estado de excepción hasta el 1 de noviembre y levantarlo a partir de esa fecha. La medida había estado vigente desde los ataques perpetrados en París, la capital, el 13 de noviembre de 2015.

En octubre, el Parlamento aprobó un proyecto de ley gubernamental para incorporar nuevas medidas antiterroristas al sistema jurídico ordinario. La ley confería más poderes al ministro del Interior y a los prefectos para imponer medidas administrativas a determinadas personas en casos en los que no hubiera suficientes pruebas para abrir una investigación penal. Estas medidas consistían en restricciones a la libertad de circulación, registros domiciliarios, cierre de lugares de culto y establecimiento de zonas de seguridad donde se permitía a los agentes encargados de hacer cumplir la ley que ejercieran facultades ampliadas de parada y registro. Según la ley, los prefectos sólo tenían que pedir autorización judicial para los registros.

En septiembre, la relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo expresó preocupación por el hecho de que el proyecto de ley incluyera una definición imprecisa de lo que constituía una amenaza para la seguridad nacional y trasladase medidas de excepción al sistema jurídico ordinario.

Los prefectos continuaron recurriendo a medidas de excepción para restringir el derecho a la libertad de reunión pacífica. En particular, adoptaron decenas de medidas que restringían la libertad de circulación de determinadas personas para evitar que asistieran a reuniones públicas. Las autoridades impusieron estas medidas por motivos imprecisos y contra personas sin conexión aparente con ningún delito relacionado con el terrorismo. Los prefectos impusieron 17 medidas para evitar la participación de personas en concentraciones públicas en las que se pedía que la policía rindiera cuentas a raíz de que un joven denunciara haber sido violado por un agente de policía el 2 de febrero. El prefecto de la policía de París impuso 10 medidas para evitar la asistencia de manifestantes a una concentración pública prevista para el Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo.

El 5 de enero se dictó auto de procesamiento contra un agente de policía por lanzar una granada de conmoción con bolas que causó la pérdida de visión en un ojo del manifestante Laurent Théron. Al finalizar el año no había concluido el juicio. La investigación sobre el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra decenas de manifestantes que participaron en reuniones públicas organizadas en 2016 contra la reforma laboral seguía en curso al finalizar el año.

En marzo entró en vigor una nueva ley sobre el uso de la fuerza y de armas por agentes encargados de hacer cumplir la ley que permitía el uso de algunas armas, como los proyectiles de impacto cinético, en casos que no se ajustaban plenamente a las normas internacionales.

En junio, el Tribunal Constitucional falló que la medida de excepción que permitía a los prefectos restringir la libertad de circulación era inconstitucional. Sin embargo, en julio el Parlamento la incluyó en la ley por la que se prorrogaba el estado de excepción. Los prefectos impusieron 37 de esas medidas entre el 16 de julio y el 30 de octubre.

Entre enero y julio, las autoridades del departamento de los Alpes Marítimos dieron el alto a 28.000 personas refugiadas y migrantes que habían cruzado la frontera procedentes de Italia. Devolvieron a ese país al 95%, entre ellas menores no acompañados, sin que les ofrecieran el derecho a solicitar asilo en Francia.

Entre enero y agosto, las autoridades recluyeron a más de 1.600 personas de nacionalidad afgana en centros de detención para devolverlas a otros países Europeos en virtud del Reglamento Dublín III —mecanismo para determinar la responsabilidad de procesar las solicitudes de asilo entre los Estados miembros de la Unión Europea— o para devolverlas a Afganistán. Según las organizaciones de la sociedad civil, en ese mismo periodo las autoridades devolvieron a unas 300 personas afganas a otros países de la UE y expulsaron a Afganistán al menos a 10 de ellas. En 2016, las autoridades devolvieron a Afganistán a 640 personas afganas. Dada la inestabilidad de la situación de seguridad y de derechos humanos en Afganistán, todas las devoluciones a este país constituían una violación del principio de no devolución (non-refoulement), en virtud del cual los Estados están obligados a no devolver a ninguna persona a un país donde correría peligro de sufrir violaciones de derechos humanos.

Tras el desalojo del asentamiento informal próximo a Calais, conocido como “La Jungla”, en noviembre de 2016, las autoridades adoptaron medidas punitivas contra los cientos de personas migrantes y refugiadas que habían regresado posteriormente a Calais. Se ampliaron las operaciones de parada y registro de la policía, lo que suscitó preocupación por el uso de criterios raciales. En marzo, las autoridades municipales prohibieron que las organizaciones humanitarias distribuyeran comida a las personas migrantes y solicitantes de asilo en la ciudad. A finales de marzo, un tribunal suspendió esta decisión por considerar que constituía trato inhumano y degradante. Las autoridades municipales se negaron a cumplir completamente la sentencia y sólo permitieron que se distribuyeran alimentos una vez al día. En junio, el defensor de los derechos francés (Defensor del Pueblo) expresó preocupación por las violaciones de derechos humanos sufridas por las personas migrantes y solicitantes de asilo en Calais y pidió a las autoridades que garantizaran el respeto a sus derechos económicos y sociales, en particular el acceso a agua y a una vivienda adecuada, y que les proporcionaran oportunidades reales de solicitar asilo en Francia.

Las autoridades continuaron procesando y condenando a quienes ayudaban a las personas migrantes y refugiadas a entrar o permanecer en Francia de forma irregular, por ejemplo proporcionándoles comida o cobijo. En agosto, un tribunal de apelación impuso a Cédric Herrou, agricultor que vivía cerca de la frontera con Italia, una condena condicional de cuatro meses de prisión por ayudar a personas migrantes y refugiadas a pasar a Francia y darles cobijo.

En enero entró en vigor una ley que prorrogaba la moratoria de los desalojos de asentamientos informales durante el invierno. Las autoridades continuaron desalojando por la fuerza a personas de asentamientos informales, muchas de ellas migrantes romaníes. Según las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades desalojaron a 2.689 personas durante el primer semestre de 2017.

El 14 de marzo, el Tribunal de Justicia de la UE no defendió el derecho de las mujeres musulmanas a no sufrir discriminación al fallar que una empresa privada francesa no había incumplido la legislación europea contra la discriminación al despedir a una mujer por llevar hiyab.

En marzo entró en vigor una ley que imponía un “deber de vigilancia” a las grandes empresas, obligándolas a establecer y aplicar un “plan de vigilancia” para prevenir abusos graves contra los derechos humanos y daños medioambientales que pudieran producirse como consecuencia directa o indirecta de sus propias actividades y de las actividades de sus empresas subsidiarias y otros socios empresariales. Las víctimas de abusos contra los derechos humanos producto del incumplimiento de la ley por parte de las empresas podían solicitar una indemnización ante los tribunales franceses.

El gobierno continuó aprobando la transferencia de armas a gobiernos que era probable que las utilizaran para cometer infracciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario. El gobierno continuó aprobando transferencias de armas a los integrantes de la coalición dirigida por Arabia Saudí en Yemen, y a Egipto.

En mayo, el Senado recomendó el uso de vehículos de control remoto armados (drones) para mejorar la eficacia de las fuerzas armadas en operaciones militares. La ministra de Defensa confirmó planes específicos para utilizar drones armados a partir de 2019, aunque las finalizar el año las autoridades todavía tenían que articular e implementar políticas claras sobre su uso y transferencia.

República Francesa
Jefe del Estado: Emmanuel Macron (sustituyó a François Hollande en mayo)
Jefe del gobierno: Édouard Philippe (sustituyó a Bernard Cazeneuve en mayo)
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