Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Buscar

Eslovaquia

Eslovaquia 2019

El Parlamento rechazó la ratificación del Convenio de Estambul. Persistió la preocupación que suscitaban la discriminación generalizada de la comunidad romaní en la educación y otros ámbitos, las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza por la policía y la ausencia de un mecanismo de vigilancia independiente para investigar las denuncias de uso ilegítimo de la fuerza.

Información general

En marzo, el electorado eligió a la primera presidenta de Eslovaquia, que había concurrido en una plataforma contra la corrupción.

También en marzo, un empresario fue acusado de ordenar el asesinato del periodista de investigación Ján Kuciak y de su novia, perpetrado en 2018. En abril se acusó a un ex soldado de ser el autor de los homicidios. El periodista estaba investigando diversas denuncias de irregularidades en la contratación pública, algunas de las cuales implicaban al empresario acusado de ordenar su asesinato. Unos meses antes de su muerte, Ján Kuciak había presentado una querella contra ese empresario alegando que lo había amenazado directamente.

Discriminación: romaníes

En agosto, el Tribunal Constitucional concedió indemnizaciones a un grupo de personas romaníes, representadas por la ONG Centro por los Derechos Humanos y Civiles, por los retrasos sufridos en sus 13 años de búsqueda de justicia contra la discriminación. Estas personas habían acudido por primera vez a los tribunales en 2006, después de que el personal de un bar de un pueblo del este de Eslovaquia se negara a atenderlas por su origen étnico.

Policía y fuerzas de seguridad

Persistieron las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra romaníes, así como la falta de escrutinio independiente.

En junio, la defensora del Pueblo de Eslovaquia criticó que la Inspección General de la Policía no hubiera investigado las denuncias de uso excesivo de la fuerza durante una operación policial llevada a cabo en el asentamiento romaní de Moldava nad Bodvou en junio de 2013, en la que resultaron heridas más de 30 personas, entre ellas menores de edad. En ausencia de un recurso efectivo en el país, ocho de las víctimas romaníes denunciaron el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde seguía pendiente al terminar el año. La defensora del Pueblo también expresó su preocupación por las investigaciones policiales iniciadas contra seis de las víctimas, de las que se alegaba que habían acusado falsamente a la policía de actuación indebida.

Derecho a la educación

En enero, el gobierno actualizó los planes de acción para la Estrategia de Inclusión de la Población Romaní en 2020, uno de cuyos objetivos era abordar la segregación escolar de romaníes por motivos raciales. A pesar de estos compromisos, persistía la preocupación por la discriminación racial de niños y niñas romaníes en la educación. Un informe encargado por el Ministerio de Hacienda señaló deficiencias sistémicas y discriminación continuada de la población romaní en el acceso a la educación (así como al empleo y a la asistencia médica). También expresó preocupación por la frecuencia con que los niños y niñas romaníes recibían enseñanza en aulas separadas dentro del sistema educativo general, y por el hecho de que más de la mitad del alumnado de las “escuelas especiales” para menores con discapacidad mental fuera romaní, receptor de ayudas sociales o ambas cosas.

Otros organismos plantearon los mismos motivos de preocupación durante el año, entre ellos la Comisión Europea, que en octubre intensificó los procedimientos de infracción contra Eslovaquia por incumplir la legislación de la UE sobre igualdad. La Comisión dio al gobierno dos meses de plazo para adoptar medidas contra la discriminación y segregación sistemáticas de los niños y niñas romaníes en la educación; de no hacerlo, la Comisión podía decidir remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE. En noviembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales instó al gobierno a adoptar medidas de inmediato para aumentar la integración en el sistema educativo general de los niños y niñas romaníes que se encontraban en centros y aulas especiales.

Esterilización forzada

En junio, el Centro por los Derechos Humanos y Civiles expresó su preocupación por que el gobierno continuara sin asumir su responsabilidad en la esterilización forzada de mujeres romaníes y sin garantizar a las supervivientes el acceso a un recurso efectivo. La propuesta de adoptar una legislación especial que ofreciera un marco para la indemnización adecuada de las víctimas de estas violaciones de derechos humanos, presentada por la defensora del Pueblo en 2018, aún no se había implementado al final del año. En noviembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pidió a Eslovaquia que garantizara una investigación completa, independiente y transparente de los casos de esterilización forzada de mujeres romaníes, y que proporcionara recursos efectivos a todas las víctimas.

Derechos de las mujeres

En marzo, el Parlamento rechazó ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul). Las ONG que trabajaban con supervivientes de la violencia de género en el ámbito familiar expresaron su preocupación ante la persistente falta de medidas de las autoridades para abordar adecuadamente la violencia intrafamiliar y dotar de fondos suficientes a los servicios de apoyo.

Continuaron en el Parlamento las iniciativas para aumentar las restricciones de acceso al aborto y para penalizarlo. En septiembre y octubre, el Parlamento rechazó cuatro propuestas presentadas con tal fin, incluida una del ultraderechista Partido Popular Nuestra Eslovaquia, que habrían reducido de 12 a 8 semanas el plazo permitido para practicar un aborto. En diciembre, entre protestas de las organizaciones de derechos humanos, el Parlamento rechazó otro proyecto de legislación que habría impuesto a las mujeres que querían abortar la obligación de ver una ecografía del embrión o el feto antes de hacerlo. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa había pedido al Parlamento que rechazara ese proyecto de legislación porque ponía en peligro los derechos humanos.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En agosto, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, intervino para impedir la separación de una familia solicitante de asilo afgana y evitó que las autoridades trasladaran a la madre y a cuatro hijos a Países Bajos en aplicación del Reglamento Dublín III. La ONG Liga de Derechos Humanos hizo campaña sobre el caso.

Tortura y otros malos tratos

En julio, un año después de que las autoridades eslovacas lo extraditaran a la Federación Rusa, Aslan Yandiev fue condenado a 19 años de prisión. Dos de los tres testigos se habían retractado de sus declaraciones alegando que las habían hecho bajo tortura. Amnistía Internacional figuraba entre los grupos que habían denunciado su extradición por considerar que, al existir indicios de que corría peligro real de sufrir tortura y otros malos tratos si lo devolvían, la medida constituía un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Eslovaquia en virtud del derecho internacional.

Eslovaquia

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

Ver más noticias
Ver más artículos
Ver más documentos