Eslovaquia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

La adopción de una serie de reformas constitucionales socavaba el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Eslovaquia en materia de derechos humanos, afianzaba la discriminación contra la población LGBTIQ+ y menoscababa los derechos a la educación y a la vida privada y familiar. Se impusieron nuevos y onerosos requisitos legales a las ONG. Las comunidades romaníes seguían sufriendo discriminación sistémica, especialmente en materia de educación y vivienda. Se realizaron reformas legislativas que restringían el acceso a las prestaciones sociales. Las autoridades no garantizaron la transparencia de las exportaciones de armas a Israel. Persistía la dependencia de los combustibles fósiles, y los avances en materia de política climática fueron limitados.

Información general

En septiembre, el Parlamento adoptó reformas constitucionales que eran incompatibles con las obligaciones internacionales contraídas por Eslovaquia en materia de derechos humanos, pese a que varios mecanismos expertos de la ONU habían instado al Estado a reconsiderarlas. Esta deriva formaba parte de un viraje más amplio hacia el autoritarismo que se tradujo en una mayor represión de la sociedad civil, incluidos los grupos LGBTIQ+ y las organizaciones de apoyo a minorías y comunidades marginadas.

Libertad de asociación

En abril, el Parlamento aprobó una ley de regulación de las ONG que les imponía unos requisitos administrativos invasivos e incrementaba el control estatal de sus actividades, lo que socavaba sus derechos de asociación, a la información y a la privacidad. En agosto, la Defensoría del Pueblo denunció la ley ante el Tribunal Constitucional.

Se sometió a ONG, especialmente las que eran críticas con el gobierno, a campañas de difamación, amenazas e intimidación.¹

Uso ilícito de la fuerza

Persistían las deficiencias sistémicas en la gestión de las denuncias de malos tratos policiales, incluida la falta de investigaciones imparciales y efectivas de denuncias creíbles de tortura.²

En junio, Amnistía Internacional y el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes denunciaron formalmente actos de posible violencia policial por motivos raciales durante una batida en la comunidad romaní de la localidad de Veľká Ida, y solicitaron que se investigaran.³

Discriminación

En septiembre se aprobaron reformas constitucionales sobre la identidad nacional y cuestiones culturales y éticas definidas de manera imprecisa que podían usarse para justificar la discriminación.

Romaníes

Las comunidades romaníes seguían sufriendo discriminación estructural, especialmente en materia de educación y vivienda. En febrero, en la causa Salay v. Slovakia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que las autoridades habían discriminado a un niño romaní y vulnerado su derecho a la educación al colocarlo erróneamente en una clase especial para niños y niñas con discapacidad intelectual leve.

En abril, un informe de Amnistía Internacional y el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes puso de relieve la persistente falta de avances a la hora de eliminar la segregación.⁴

En agosto, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea asignada a la causa European Commission v. Slovakia emitió una opinión en la que concluyó que Eslovaquia no había abordado con eficacia la segregación generalizada de los niños y las niñas romaníes en la educación.⁵

La población romaní seguía sufriendo discriminación sistémica en el acceso al parque de vivienda municipal; se le ofrecían viviendas sociales precarias y contratos de alquiler de corta duración que reforzaban la segregación.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

El Parlamento aprobó reformas constitucionales para reconocer legalmente sólo dos géneros (hombre y mujer) y prohibir la adopción fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, lo que en la práctica prohibía la adopción a las personas LGBTIQ+ y no binarias.⁶ Las reformas, que también restringían la educación sexual integral, socavaban gravemente los derechos de la población LGBTIQ+ y la igualdad de género.

Derecho a la seguridad social

En junio, el Parlamento aprobó modificaciones de la legislación sobre seguridad social que condicionaban el acceso a la ayuda social a la participación en trabajos organizados por el Estado o a la aceptación de una oferta de trabajo adecuada. Varias organizaciones de la sociedad civil y sindicatos advirtieron de que los cambios podían excluir arbitrariamente a grupos vulnerables de recibir una ayuda esencial.⁷

Transferencias irresponsables de armas

Las autoridades mantenían el secretismo en torno a las exportaciones de armas a Israel, lo que entraba en conflicto con los principios de transparencia y presentación de informes del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.

Derecho a un medioambiente saludable

Se siguieron subvencionando los combustibles fósiles, especialmente el denominado gas natural, y los avances hacia las energías renovables continuaron siendo lentos. Los resultados en materia de gestión de residuos seguían estando muy por debajo de lo esperado, lo que hacía muy improbable que se cumpliera el objetivo de reducción de residuos depositados en vertederos fijado para 2035.