© Ahmed Akacha
En los últimos años el mundo está viviendo una creciente crisis de refugiados y refugiadas. Cada día hay personas que deben tomar la decisión más difícil de su vida: abandonar su hogar en busca de una vida mejor.
Durante los últimos años el número de personas refugiadas que se han visto obligadas a salir de sus hogares y a buscar refugio en un tercer país ha crecido de forma significativa. Según los datos facilitados por ACNUR, casi 80 millones de personas han salido de su país o se han convertido en desplazados. Igualmente, hay un número muy importante de personas que se han visto obligadas a salir de sus hogares por razones económicas y a migrar en busca de una vida mejor.
Las razones por las cuales las personas migran son diversas y a menudo complejas. Hay personas que se trasladan a otros países para mejorar su situación económica o para continuar su educación. Otras se ven obligadas a abandonar su país para escapar de abusos contra los derechos humanos como la tortura, la persecución, los conflictos armados, la pobreza extrema e incluso la muerte.
En España, las personas migrantes y refugiadas tienen que hacer frente a las expulsiones en caliente y a la desprotección. En Amnistía Internacional llevamos muchos años luchando contra las múltiples dificultades que se encuentran las personas que necesitan refugio. Entre las peticiones que trasladamos a las autoridades españolas se encuentran la necesidad de establecer vías legales y seguras para que las personas migrantes y refugiadas no se jueguen la vida en viajes peligrosos, poner fin a las prácticas de expulsiones sumarias y colectivas, conocidas como “devoluciones en caliente”, la importancia de combatir los discursos demonizadores y la criminalización de las organizaciones que trabajan con estas personas, la urgencia de una solidaridad europea que no se deje a la libre decisión de los Estados y que ha sido poco ambiciosa con el reciente Plan sobre Migración de la Comisión Europea, y la necesidad de un sistema de acogida justo, eficiente y seguro que se adecuen a las necesidades reales de las personas.
“La gente muere mientras los gobiernos gastan miles de millones en controlar fronteras”
La imposibilidad de llegar a un tercer país por vías legales, les obliga a exponer su vida a múltiples peligros y aún en el caso de que consigan llegar a un país seguro, pueden ser detenidas o son objeto de actos racistas o xenófobos. La falta de estructura familiar y las dificultades, tanto económicas como de acceso a derechos, les convierte en un grupo especialmente vulnerable. A un viaje lleno de peligros y temores, le suceden otras amenazas a la llegada, esta vez en forma de racismo, xenofobia y discriminación.
En el intento de escapar de situaciones desesperadas, las personas refugiadas y migrantes arriesgan su vida en peligrosos viajes. Así sucede en el mar Mediterráneo, pero también en el sudeste asiático. En América Central, miles de personas que intentan cruzar México son secuestradas, violadas o pierden la vida en uno de los viajes más peligrosos del mundo. Durante el trayecto están expuestas a sufrir abusos a manos de funcionarios de los servicios de migración, agentes de policía, militares, traficantes de seres humanos y bandas criminales. En Estados Unidos, el gobierno debe detener de inmediado las expulsiones ilegales de solicitantes de asilo en la frontera con México y facilitar la recepción sin demora de los miles de personas afectadas y la tramitación de sus casos de acuerdo con la legislación estadounidense.
En el caso de España, llegan a través de las costas. Amnistía Internacional ha denunciado cómo las personas usuarias del Centro de Estancia Temporal de Melilla se ven obligadas a permanecer hacinadas en el centro, sin posibilidades de mantener una mínima distancia, ni siquiera en las horas de sueño, sin acceso a medidas para prevenir los contagios o sin que se atiendan las necesidades específicas de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, encontrándose las personas migrantes incluidas solicitantes de asilo en un limbo en el que ni pueden empezar una nueva vida ni pueden desplazarse a otro lugar donde intentarlo.
La organización también ha denunciado la persistencia de expulsiones ilegales (prohibidas por varios tratados internacionales) por parte de las autoridades del país, así como la desprotección de quienes podrían estar huyendo de abusos de derechos humanos en sus países de origen, especialmente en relación a condiciones de acogida, falta de visados humanitarios y la necesidad de un programa de reasentamiento digno.
Asimismo hemos denunciado en relación con las llegadas a Canarias que se hayan decretado órdenes de devolución directamente, tras haberlas tramitado en el puerto sin que las personas hayan accedido a una adecuada e individualizada asistencia letrada, para que puedan acceder a una información sobre sus derechos, entre ellos, el de pedir protección internacional, y que esta asistencia se produzca con traductores y en espacios adecuados.
Los gobiernos muchas veces ignoran el mecanismo de reparto de personas refugiadas diseñado por la Comisión Europea, así como las obligaciones legales e imperativos humanitarios y culpan a quienes se dedican al tráfico y la trata de seres humanos de enviar a la muerte a miles de personas. La lucha contra los delincuentes es fundamental, pero eso no exime a los gobiernos de proteger a las personas refugiadas y migrantes. Parece que a muchos les preocupa más la protección de las fronteras que salvar vidas.
“He arriesgado mi vida para llegar aquí y quiero que valga la pena. Estoy cansada, agotada y no quiero que todo haya sido para nada”Noujain, niña discapacitada siria detenida en Eslovenia por inmigración ilegal. Tras la campaña de AI dando a conocer su caso, fue puesta en libertad.
“Mientras haya violencia y guerra, la gente seguirá viniendo, y Europa debe encontrar mejores maneras de ofrecer protección.
John Dalhuisen, investigador de Amnistía Internacional
Con sus muchos años de experiencia, Amnistía Internacional ha intervenido con éxito en miles de casos de personas que corrían riesgo de devolución a países donde estaban expuestas a sufrir tortura y otros abusos graves contra los derechos humanos. Apoyamos y protegemos a estas personas por medio de presión internacional, acciones de solidaridad, investigación y trabajo de ayuda humanitaria. También impulsamos cambios en las políticas y legislaciones, y en ocasiones, llevamos a cabo acciones sobre casos individuales. Nuestro personal ha tenido acceso sin precedente a esas mismas personas, a los lugares donde viven o están detenidas y a las autoridades que se ocupan de ellas. Además, hemos logrado que gobiernos y organismos regionales mejoren los mecanismos de protección de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
Nuestro trabajo influye en la orientación y las prioridades de organizaciones internacionales y en la elaboración de normas internacionales y regionales, así como en las políticas de migración y refugio de los Estados. Podemos examinar el problema en todas las regiones y poner de manifiesto la “cadena de abusos” del viaje que realizan las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo desde su lugar de origen al lugar de destino.
Sabemos que los abusos contra los derechos humanos afectan de distinta forma en las diversas partes del mundo. Tenemos los conocimientos, la capacidad y el compromiso a largo plazo necesarios para influir positivamente en todas las estas regiones y conseguir avances.
“Regular la entrada a la UE, es una cosa y negársela a todas las personas refugiadas, otra muy distinta. Lo primero es sensato y legítimo, mientras que lo segundo es inhumano e ilegal.”John Dalhuisen, investigador de AI
