Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Buscar

Yemen: La guerra olvidada

© AI
© AI

Actualizado: 14 de marzo de 2019

Un conflicto cada vez más intenso

Las revueltas populares que estallaron en Yemen en 2011, en el marco de los levantamientos en toda la región, obligaron al entonces presidente Ali Abdullah Saleh a abandonar el poder tras haberlo ejercido durante 33 años, entre acusaciones de corrupción y gobernanza fallida, y en el contexto de un prolongado conflicto no resuelto con los huzíes, grupo armado del norte del país cuyos miembros siguen una rama del islam llamada zaidismo.

Saleh fue sustituido por su vicepresidente, Abd Rabbu Mansour Hadi, lo que permitió organizar la Conferencia de Diálogo Nacional, un proceso consultivo nacional de transición que intentó abordar asuntos relativos a la gobernanza, la estructura y la reforma del Estado, así como las reivindicaciones planteadas durante las protestas. Después de dos años de consultas, la Conferencia presentó un proyecto de nuevo mapa federal que dividía Yemen en regiones sin tener en cuenta las reivindicaciones de carácter socioeconómico o regional relativas a la distribución de los recursos naturales, las regiones comerciales y agrícolas o el acceso a los puertos. El mapa recibió un apoyo popular mínimo y la firme oposición de diferentes facciones, entre ellas los huzíes.

Los huzíes aprovecharon entonces el descontento popular para consolidar su control de la gobernación de Saada y zonas circundantes en las regiones septentrionales de Yemen. En septiembre de 2014, los huzíes lograron extender su control territorial, tomando varias posiciones de las fuerzas armadas y de seguridad en la capital, Saná, operaciones que se vieron facilitadas en cierta medida por la recién forjada alianza de conveniencia con el ex presidente Saleh, contra el cual habían luchado durante decenios.

Tras la toma de Saná por los huzíes a principios de 2015, el presidente Hadi y los miembros de su gobierno se vieron obligados a huir.

El 25 de marzo de 2015, una coalición de Estados encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) intervino a petición del presidente Hadi, con el objetivo de instalar de nuevo en el poder al gobierno reconocido internacionalmente.

Esta operación señaló el comienzo de un conflicto armado abierto al iniciar la coalición una campaña de bombardeos aéreos contra las fuerzas huzíes. En los cuatro años siguientes, el conflicto se extendió hasta afectar a todo el país y las partes en el conflicto se multiplicaron, entre ellas algunos grupos armados respaldados por la coalición. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos adiestran, financian y arman activamente a diferentes grupos armados desde el segundo semestre de 2015, favoreciendo de ese modo la proliferación de innumerables milicias como el Cinturón de Seguridad, los Gigantes y las Fuerzas de Élite.

En diciembre de 2017, los huzíes consolidaron aún más su control tras asesinar a su aliado y ex presidente Ali Abdullah Saleh, y en la actualidad siguen controlando la mayoría de los centros de población, incluido Saná.

Después de más de un año de combates intermitentes en Hudaida y sus alrededores, que se saldaron con cientos de víctimas civiles, a finales de 2018 concluyeron en Suecia unas conversaciones respaldadas por la ONU que dieron lugar a acuerdos en relación con varias medidas destinadas a fomentar la confianza, como el intercambio de prisioneros y un alto el fuego precario en Hudaida.

Se han cometido y se siguen cometiendo hasta el día de hoy en todo el país violaciones graves de derechos humanos, algunas de las cuales podrían ser constitutivas de crímenes de guerra. La población civil está atrapada en medio del conflicto. Más de 17.640 personas han muerto o han resultado heridas y una crisis humanitaria causada por el ser humano se ha intensificado: aproximadamente 14 millones de personas en el país sufren inseguridad alimentaria.

Hasta fechas recientes, gran parte del mundo ignoraba la existencia de este encarnizado conflicto y apenas tenía noticia de sus devastadoras repercusiones para las personas atrapadas en medio del conflicto. Sin embargo, el año pasado el conflicto adquirió mayor notoriedad y ha aumentado la presión sobre todas las partes implicadas. Varios países, como Países Bajos y Grecia, respondiendo a la presión de la opinión pública, han suspendido total o parcialmente las ventas de armas a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y otros miembros de la coalición. A raíz del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, varios Estados europeos anunciaron la suspensión de las transferencias de armas a Arabia Saudí, como Noruega, Finlandia y Dinamarca.

25 de marzo 2019
Hoy se cumplen 4 años de guerra en Yemen
2069284793
Cada segundo España ha autorizado la venta de armas a la coalición saudí por valor de 20€
60166
Cada 25 minutos ha muerto una persona en la guerra de Yemen
Amnistía
Fundipau
Greenpeace
Oxfam
Save the Children

La lucha de la población civil por la supervivencia

La población civil se lleva la peor parte de la violencia en Yemen. Además de causar muertes y heridas a miles de civiles, las partes en el conflicto han exacerbado una crisis humanitaria que ya era grave, producto de años de pobreza y mal gobierno, provocando un inmenso sufrimiento humano.

Al tratarse de un conflicto prolongado, los mecanismos de afrontamiento de la población civil se ponen a prueba en grado extremo. Actualmente, 22 millones de yemeníes necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir. Según UNICEF, el conflicto ha impedido que un millón de personas empleadas  en el sector público perciban su salario durante dos años, y la organización calcula que 12 millones de yemeníes, incluidos niños y niñas, dependerán de la asistencia alimentaria en 2019.

Las terribles condiciones económicas han agravado la crisis humanitaria ya catastrófica en el país. Ante la inflación del rial yemení y la incapacidad del gobierno para pagar los salarios del sector público, en septiembre de 2018 se registró una oleada de manifestaciones que se extendieron por todo el sur de Yemen, y en las que la población protestó contra la corrupción y culpó al gobierno del deterioro de la economía, que impide que la inmensa mayoría de la población yemení pueda comprar productos básicos.

Mientras tanto, la batalla intermitente por Hudaida que comenzó a finales de 2017 ha causado cientos de víctimas civiles; la ONU ha informado de que casi un millón de personas huyeron de la gobernación durante el año. Según personas que huyeron, las carreteras minadas, los puestos de control huzíes y los peligros del camino habían hecho que, para algunas personas, lo que tenía que haber sido un trayecto por carretera de seis horas por término medio desde Hudaida hasta Adén se hubiera convertido en un terrible suplicio de hasta tres días de duración.

El coste humano del conflicto

+6.872

civiles muertos y +10.768 heridos desde 2015

2,2 mill

personas obligadas a huir de sus hogares a causa de los combates

22 mill

personas que necesitan ayuda humanitaria

Todos los bandos cometen abusos y violaciones de derechos humanos

El 28 de agosto, el Grupo de Eminentes Expertos Internacionales y Regionales de la ONU sobre Yemen publicó su primer informe, en el que llegaba a la conclusión de que todas las partes en el conflicto podían ser culpables de crímenes de guerra. Las conclusiones del Grupo de Eminentes Expertos se suman al cúmulo de datos que indican que todas las partes en el conflicto de Yemen han actuado con absoluto desprecio por las vidas de civiles en los últimos cuatro años.

Desde 2015, la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos ha llevado a cabo decenas de ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados contra civiles y bienes civiles, que han afectado a viviendas, escuelas, hospitales, mercados, mezquitas, bodas y entierros. Amnistía Internacional ha documentado 41 ataques aéreos de la coalición que aparentemente violaron el derecho internacional humanitario, muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra. Estos ataques han causado 512 muertos y 433 heridos entre la población civil.

En un caso documentado por Amnistía, el 25 de agosto de 2017, una bomba de alta precisión guiada por láser del modelo Paveway, fabricada por la empresa estadounidense Raytheon, hizo blanco en viviendas civiles de la ciudad más poblada de Yemen, Saná. La niña Buthaina, de 5 años, fue la única superviviente de su familia; perdió a 5 hermanos de entre 2 y 10 años y a sus dos progenitores.

Además, la coalición ha empleado municiones de racimo, armas explosivas letales cuyo uso está prohibido por el derecho internacional. Al ser lanzadas, estas armas liberan decenas —a veces cientos— de “minibombas” que a menudo quedan sin explotar y pueden causar terribles heridas mucho después del ataque inicial. Amnistía Internacional ha documentado el uso por la coalición de seis tipos distintos de municiones de racimo, incluidos modelos fabricados en Brasil, Estados Unidos y Reino Unido en las gobernaciones de Saná, Amran y Saada.

A diario se usan armas imprecisas en zonas residenciales, que causan víctimas civiles; este tipo de ataques indiscriminados violan las leyes de la guerra.

Sobre los grupos armados también pesan acusaciones de diversos abusos contra los derechos humanos, como el uso de armas imprecisas en zonas residenciales. Desde 2015, Amnistía Internacional ha documentado el impacto del prolongado conflicto armado en Taiz, incluidos los bombardeos indiscriminados de fuerzas huzíes y otras milicias que han causado cientos de víctimas.

Asimismo, en mayo de 2018, Amnistía Internacional entrevistó a 34 civiles que habían llegado a Adén tras haber sido desplazados por los enfrentamientos de varias poblaciones y ciudades de la gobernación de Hudaida. Estas personas hablaron de terribles ataques con morteros, ataques aéreos, minas terrestres y otros peligros en el marco de la nueva ofensiva de Hudaida. Las fuerzas huzíes también han militarizado hospitales deliberadamente: emplazaron combatientes en el tejado de un hospital en pleno funcionamiento en Hudaida, poniendo en peligro a numerosos civiles en el interior del edificio.

No obstante las operaciones militares, todas las partes en el conflicto también han contribuido activamente a la crisis humanitaria en Yemen. La coalición ha impuesto restricciones a la entrada en Yemen de productos y ayuda esenciales como alimentos, combustible y suministros médicos, mientras que las autoridades de facto huzíes han obstaculizado el movimiento de ayuda humanitaria dentro del país. Estas restricciones han afectado negativamente al acceso de la población civil yemení a servicios básicos y necesarios, como alimentos y agua potable. Han tenido graves repercusiones para la prestación de atención de la salud, en parte como consecuencia de la falta de disponibilidad de combustible para que los hospitales funcionen.

El prolongado conflicto ha dado lugar a un vacío político y de seguridad y al establecimiento de un refugio seguro para grupos armados y milicias, con la ayuda de otros Estados. Una investigación de Amnistía Internacional reveló que se ha violado a niños de sólo ocho años en la ciudad yemení de Taiz. Todavía no se ha obligado a rendir cuentas a los presuntos perpetradores, entre los cuales hay miembros de milicias respaldadas por la coalición.

Muchacho de 16 años, que afirma haber sido violado a finales de diciembre de 2018 por un miliciano afín a los islahistas en una zona de la ciudad de Taiz controlada por ellos

Me golpeó con la culata de su fusil y dijo: Te voy a violar. Yo empecé a llorar. Me agarró por el cuello y me empujó al suelo. Yo comencé a gritar. Me golpeó de nuevo y me violó.

Detenciones

Todas las partes en el conflicto han llevado a cabo prácticas ilegales, como detención arbitraria, desaparición forzada y tortura y otros malos tratos.

Las fuerzas huzíes han detenido y recluido arbitrariamente a personas críticas y oponentes, así como a periodistas, personas que defienden los derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí, y han sometido a decenas de personas a juicios sin las debidas garantías, reclusión en régimen de incomunicación y desaparición forzada. Amnistía Internacional ha documentado el caso de 10 periodistas que están detenidos arbitrariamente bajo custodia de los huzíes, sin cargos ni juicio, desde 2015. Recluidos en régimen de incomunicación, han sufrido tortura y se ha limitado su acceso a asistencia letrada, familiares y atención de la salud. En febrero de 2019, las autoridades de facto huzíes acusaron al grupo de periodistas de cargos por los que pueden ser condenados a muerte.

El gobierno yemení reconocido internacionalmente ha hostigado, amenazado y detenido arbitrariamente a personas que defienden los derechos humanos y otros activistas. Fuerzas yemeníes respaldadas por Emiratos Árabes Unidos han llevado a cabo en el sur de Yemen una campaña de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. En mayo, Amnistía Internacional investigó en Yemen los casos de 51 hombres recluidos en una red de prisiones secretas por fuerzas yemeníes y de Emiratos Árabes Unidos que operaban al margen del mando de su propio gobierno; los casos implicaban atroces violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas y tortura y otros malos tratos que constituían crímenes de guerra.

Tipos de ataques prohibidos por el derecho internacional durante un conflicto

Contra viviendas o edificios civiles

Contra instalaciones médicas

Lanzados desde áreas con población civil

Armas que alimentan la crisis

Desde que estalló el conflicto, un consorcio de Estados ha suministrado a la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos material militar por valor de más de 15.000 millones de dólares de EE. UU. Aunque el principal receptor ha sido Arabia Saudí, Estados occidentales también han suministrado a Emiratos Árabes Unidos buques de guerra, aviones de combate, tanques, vehículos acorazados, armas pequeñas, armas ligeras y repuestos y munición asociados por valor de más de 3.500 millones de dólares.

A pesar de los abrumadores indicios que señalan que estas armas se están usando para cometer crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos en Yemen, Estados como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países europeos siguen suministrando armas a los miembros de la coalición, vulnerando obligaciones como las que establece el Tratado sobre el Comercio de Armas de ámbito global para los Estados partes, así como la normativa de la Unión Europea y la legislación nacional.

Una investigación basada en fuentes de acceso público llevada a cabo por Amnistía Internacional puso de relieve el peligro creciente en el conflicto de Yemen debido a que Emiratos Árabes Unidos está armando a las milicias de manera irresponsable con una diversidad de armas avanzadas. La investigación pone de manifiesto cómo Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en un importante canal de distribución de vehículos acorazados, sistemas de mortero, fusiles, pistolas y ametralladoras, que se están desviando ilegalmente a incontables milicias acusadas de crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos.

Sólo un reducido número de países, como Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suiza, han dejado de vender y transferir armas a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y otros miembros de la coalición.

Amnistía Internacional insta a todos los Estados a que garanticen que no se suministra a ninguna de las partes en conflicto en Yemen —directa o indirectamente— armas, municiones, equipos militares o tecnología que se puedan utilizar en el conflicto hasta que cesen estas graves violaciones. Esto abarca también el apoyo logístico y económico a estas transferencias.

 

España no puede ser cómplice de las atrocidades cometidas por la coalición que lidera Arabia Saudí en Yemen

¡FIRMA!
Ver más contenidos
{namespace icti=Tx_Ictiextbase_ViewHelpers}

Dicen que España y Arabia Saudí son países “amigos”. Pero hay amistades que matan

¡Firma!