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Finlandia

Finlandia 2019

Las modificaciones en el procedimiento de asilo restringieron aún más los derechos de las personas solicitantes de asilo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Finlandia había violado el principio de no devolución (que prohíbe a los estados devolver a las personas a un país donde hay un riesgo real de persecución) en el caso de un solicitante de asilo iraquí. Seguían siendo inadecuados los servicios de apoyo a mujeres que sufrieron violencia doméstica. La legislación que establece el reconocimiento de la identidad de género violó los derechos de las personas transgénero.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que Finlandia violó la Convención Europea de Derechos Humanos en el caso de un solicitante de asilo iraquí que fue devuelto a Iraq en diciembre de 2017 donde fue asesinado sólo unas semanas después. El tribunal sostuvo que fue inadecuada la evaluación de los hechos relevantes, y en particular el riesgo al que el solicitante de asilo se expondría a su retorno.

Las personas solicitantes de asilo seguían corriendo el riesgo de violaciones de derechos humanos tales como la devolución debido a los cambios introducidos en 2016 en el ordenamiento jurídico, entre ellos, restricciones a la asistencia letrada gratuita y acortamiento de plazos para apelaciones. Los derechos de las personas solicitantes de asilo fueron restringidos aún más en junio de 2019, cuando las enmiendas a la Ley de Extranjería hicieron posible ejecutar órdenes de deportación mientras la primera solicitud estaba todavía pendiente.

Finlandia siguió practicando devoluciones forzosas a Afganistán de personas solicitantes de asilo cuyas solicitudes habían sido rechazadas.

Las autoridades seguían deteniendo a familias con niños y niñas y a menores no acompañados, sin limite de tiempo, en base a su situación legal en el país.

Debido a obstáculos tanto legislativos como prácticos, como por ejemplo los altos umbrales de ingresos requeridos, la reunificación familiar siguió siendo difícil para la mayoría de las personas refugiadas.

Policía y fuerzas de seguridad

Durante 2019, se comunicó la muerte de al menos tres personas después de la utilización de la fuerza por parte de la policía, usándose en al menos dos de estos casos dispositivos de descarga eléctrica (Táser). El Tribunal Supremo autorizó la apelación en el caso de un agente de policía que había sido declarado culpable de uso excesivo de la fuerza por usar un arma táser contra un hombre desarmado en 2015.

Derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Se seguía vulnerando los derechos de las personas transgénero por la aplicación de la legislación que establece el reconocimiento de la identidad de género y que sólo concede dicho reconocimiento a personas mayores de edad (18 años) que aceptan ser esterilizados y que tienen diagnosticado un trastorno mental.

Violencia contra las mujeres y las niñas

A pesar de la apertura en Tampere, Turku y Kuopio de tres nuevos centros de apoyo en caso de agresión sexual, persistió la falta sistemáticamente de recursos suficientes para las ONG y las instituciones estatales que trabajan para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Mientras, las víctimas de todas las formas de violencia sexual siguieron sin contar con una red de servicios accesible a nivel nacional que les proporciona apoyo a largo plazo apoyo. La legislación sobre violaciones siguió sin alinearse con las normas internacionales establecidas en la Convención de Estambul, ya que no basaba la definición de delito sexual en la falta de consentimiento. La legislación vigente tampoco ofrecía protección suficiente de la violencia sexual a niños y niñas ni personas hospitalizadas o tuteladas en instituciones.

Derecho a la intimidad

En junio entró en vigor una nueva ley que permitió a las agencias de inteligencia civil y militar obtener información mediante vigilancia de las comunicaciones en casos de supuestas amenazas a la seguridad nacional y sin exigir ningún tipo de vinculación a un delito penal específico.

Objetores de conciencia

Los objetores de conciencia al servicio militar que se negaron a realizar un servicio civil sustitutivo continuaron enfrentándose a medidas punitivas y discriminatorias. La duración del servicio civil sustitutivo, 347 días, es más del doble del servicio militar más corto que dura 165 días.

Derechos económicos, sociales y culturales

El nivel de muchas prestaciones de seguridad social, como las de desempleo, maternidad y enfermedad permaneció por debajo de lo prescrito por la Carta Social Europea.

Derechos de los pueblos indígenas

Finlandia aún no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegería los derechos del pueblo indígena Sami.

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