Información extraída de nuestro INFORME 2022/23
Persistían los motivos de preocupación respecto a la tortura. La policía empleó fuerza excesiva contra manifestantes. Las medidas restrictivas contra eventos musicales no autorizados podían socavar la libertad de reunión. Persistieron los niveles elevados de violencia contra las mujeres. Personas rescatadas en el mar permanecieron muchos días abandonadas a su suerte hasta que se les permitió desembarcar. El gobierno aprobó nuevas normas para restringir las operaciones de salvamento realizadas por barcos de ONG. Se amplió la cooperación con Libia en materia migratoria a pesar de los abusos. El acceso al aborto no estaba garantizado en algunas partes del país. Aumentaron los niveles de pobreza, que afectaban gravemente a niños y niñas y a personas extranjeras. El Parlamento no extendió la protección frente a los crímenes de odio a las personas LGBTI, las mujeres y las personas con discapacidad. La ley no amparaba debidamente a quienes denunciaban irregularidades. Concluyó la vacunación obligatoria contra la COVID-19 para el personal sanitario que trabajaba en hospitales y residencias de mayores.
Información general
Mario Draghi presentó su dimisión en julio. Las elecciones parlamentarias celebradas en septiembre dieron una sólida mayoría a la coalición de ultraderecha, que incluía al partido Hermanos de Italia, liderado por Giorgia Meloni, quien llegó a primera ministra en octubre. Aunque Giorgia Meloni había condenado el racismo y el antisemitismo durante la campaña electoral y en su primer discurso ante el Parlamento, su partido seguía utilizando lenguaje y símbolos que evocaban el régimen fascista de Benito Mussolini.
En noviembre, 105 agentes penitenciarios y otros funcionarios fueron enjuiciados por múltiples delitos, entre ellos tortura, por la violenta represión de una protesta en la prisión de Santa Maria Capua Vetere en abril de 2020.
En diciembre fue sometido a arresto domiciliario un agente de policía acusado de tortura en el caso de Hasib Omerovic, un hombre romaní con discapacidad que había caído desde la ventana de su casa en las afueras de la capital, Roma, durante una inspección policial no autorizada en julio en circunstancias aún no esclarecidas. Otros cuatro agentes de policía fueron suspendidos, acusados de falso testimonio.
La policía empleó fuerza excesiva contra manifestantes en varias ocasiones. En enero, la policía antidisturbios de Turín golpeó con porras a estudiantes que se manifestaban contra la muerte de un joven de 18 años mientras realizaba prácticas profesionales. Alrededor de 20 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.
En diciembre, el Parlamento aprobó la introducción de un nuevo delito que castigaba la entrada no autorizada en propiedad ajena para organizar un evento musical o recreativo de otro tipo considerado peligroso para la seguridad y la salud pública. Quienes organizaran tales reuniones se enfrentaban a penas de hasta 6 años de prisión y multas de hasta 10.000 euros. Preocupaba que la nueva legislación pudiera vulnerar la libertad de reunión y de expresión.
Hubo 100 homicidios de mujeres en episodios de violencia de género intrafamiliar, de los que 59 fueron obra de su pareja o expareja, lo que representaba un ligero descenso respecto al año anterior.
El Parlamento no aprobó un proyecto de ley presentado en 2021 que reforzaba las salvaguardias para combatir la violencia contra las mujeres.
Más de 160.000 personas que huían de Ucrania solicitaron protección temporal a Italia en virtud de la Directiva de Protección Temporal de la UE. Las autoridades les concedieron acceso prioritario a permisos de residencia y prestaciones de manutención.
En otras rutas migratorias, 1.373 personas desaparecieron en el mar cuando intentaban alcanzar la seguridad en Italia. Muchas habían salido de Libia. Aumentó el número de personas llegadas irregularmente por vía marítima —105.140 frente a 67.477 en 2021—, y muchas de ellas tuvieron que ser rescatadas en el mar. Más de 12.000 eran personas menores no acompañadas. En junio, 21 países europeos acordaron un mecanismo de solidaridad voluntario para la reubicación de hasta 10.000 solicitantes de asilo desde Italia y otros países del Mediterráneo.
El gobierno rehusó asignar un lugar seguro para el desembarco de los cientos de personas rescatadas que iban a bordo de barcos de salvamento de ONG, y a continuación intentó implantar un sistema de selección para el desembarco. El gobierno de Francia autorizó el desembarco en su territorio de un grupo de personas rechazadas por Italia, pero, como represalia, suspendió los traslados de Italia a Francia en virtud del mecanismo de reubicación. En diciembre, el gobierno aprobó una ley con efecto inmediato para restringir las actividades de las ONG que salvaban vidas en el mar. A partir de ese momento, las tripulaciones de los barcos de ONG tenían que solicitar un puerto de desembarco y dirigirse allí tras cada rescate, lo que reducía las posibilidades de salvar a más personas en una misma operación; además, la ley disponía que debían determinar, estando aún en el mar, si las personas rescatadas tenían intención de solicitar asilo. Infringir las nuevas normas comportaba sanciones administrativas que iban desde multas hasta la incautación temporal o permanente del barco.
En diciembre, el Tribunal de Roma declaró a un oficial de la Armada y a otro de la Guardia Costera culpables de denegar autorización para un rescate, lo que contribuyó a la muerte de unas 268 personas, entre las que había decenas de menores de edad, cuando un barco de refugiados naufragó en octubre de 2013. No obstante, no se pudo condenar a los oficiales porque los delitos habían prescrito.
Continuaron los informes sobre explotación laboral de migrantes, siendo la agricultura uno de los sectores donde con mayor frecuencia los trabajos estaban mal pagados y el personal debía vivir en alojamientos precarios y peligrosos. En noviembre, fueron detenidas cinco personas por explotación laboral en la cosecha del tomate cerca de Foggia, en la región de Apulia.
Continuó el apoyo de Italia a Libia para contener allí a la gente a pesar de las persistentes y graves violaciones de derechos humanos que cometían las autoridades y milicias libias. Durante el año, las autoridades libias interceptaron a más de 24.000 personas en el mar y las devolvieron a Libia con apoyo logístico y material de Italia.
En julio, el Parlamento aprobó prorrogar otro año las misiones militares de asistencia a las autoridades de Libia en la interceptación de personas refugiadas y migrantes en el mar y su devolución a ese país. En noviembre se renovó tácitamente por otros tres años el memorándum de entendimiento con Libia en materia de migración y control de fronteras.
Continuaron los procesos judiciales por el delito de “facilitación de entrada irregular”, aunque los tribunales reconocieron en algunos casos que los actos de solidaridad no podían ser delito. En mayo, el Tribunal de Casación anuló la sentencia condenatoria de cuatro hombres de Eritrea en una causa que llevaba abierta desde 2014; estaban acusados de facilitar la migración irregular por auxiliar a otras personas de ese país y llevaban 18 meses en prisión preventiva.
Continuó en Trapani (Sicilia) la vista preliminar de un proceso contra la tripulación del Iuventa y otros barcos de salvamento de ONG por presunta facilitación de la migración irregular en relación con operaciones de rescate realizadas en 2016 y 2017. En diciembre, el gobierno se sumó a los procedimientos como parte denunciante.
El acceso al aborto seguía siendo difícil en muchas zonas del país debido al elevado número de médicos y otros profesionales de la salud que se negaban a prestar este servicio. En algunas regiones representaban el 100% del personal médico habilitado.
En octubre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó su preocupación por los niveles crecientes de pobreza, incluida la pobreza infantil, y el nivel desproporcionadamente alto de pobreza absoluta entre la población extranjera. Asimismo, puso de relieve las condiciones inhumanas de vida y laborales de quienes trabajaban en la economía informal.
El Parlamento siguió sin aprobar legislación que garantizara a las personas LGBTI, las mujeres y las personas con discapacidad las mismas protecciones que amparaban a las víctimas de discurso de odio y de crímenes de odio por motivos raciales, étnicos, religiosos o nacionalistas.
Tampoco aprobó un proyecto de ley —cuya elaboración había durado decenios— que garantizaba acceso efectivo a la nacionalidad a los hijos e hijas de personas extranjeras nacidos o criados en Italia. Más de 1,5 millones de niños y niñas continuaban sufriendo discriminación y trabas para ejercer sus derechos.
El Parlamento incumplió el plazo establecido (hasta el 31 de diciembre de 2021) para incorporar a la legislación nacional la Directiva 1937/2019 de la UE sobre protección de denunciantes de irregularidades. Esta falta de garantías contribuyó a los problemas que tuvo que afrontar el personal sanitario y de residencias de mayores que había denunciado las condiciones de trabajo en las residencias durante la pandemia de COVID-19.
Las limitaciones desproporcionadas a las visitas que seguían imponiéndose a las personas de edad avanzada en residencias para frenar la propagación de la COVID-19 violaban su derecho a la vida privada y familiar.
En julio, el derrumbe de parte del glaciar Marmolada en los Alpes causó la muerte de 11 personas. Opiniones expertas atribuyeron el desprendimiento del bloque de hielo al aumento de la temperatura global.
En octubre, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales expresó la preocupación de que las políticas actuales para reducir las emisiones podían ser insuficientes para que Italia cumpliera con su obligación de combatir el cambio climático.
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