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Italia

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Las autoridades tomaron decisiones que aumentaron el riesgo de contraer la COVID-19 para las personas mayores en residencias y que dieron lugar a muertes evitables. Se limitó el acceso a territorio italiano a personas refugiadas y migrantes, cuyos derechos se restringieron durante el confinamiento. Continuó la cooperación en materia de migración con las autoridades libias. Persistió la criminalización de las ONG de salvamento. Hubo numerosas muertes bajo custodia y denuncias de tortura. Las personas pobres y sin hogar pasaron el confinamiento en alojamientos inadecuados. Los casos de violencia de género en el ámbito familiar aumentaron durante el confinamiento.

Información general

Los casos de COVID-19 comenzaron a principios de año, y el norte del país fue la zona más afectada. A finales de marzo, el sistema de salud y el sistema funerario de la región de Lombardía estaban desbordados. Se adoptaron medidas sin precedentes para aislar algunas localidades, después se hizo con todas las regiones del norte y, el 9 de marzo, las medidas de confinamiento se aplicaron en todo el país. A partir de febrero se adoptaron por decreto medidas de emergencia que limitaban la circulación y restringían las reuniones. El gobierno comenzó a levantar las restricciones nacionales del confinamiento el 3 de mayo, pero hacia finales del año se impusieron nuevas restricciones nacionales y regionales.

Derecho a la salud

Al concluir el año, más de 74.159 personas habían fallecido a causa de la COVID-19; un 85,7% de ellas eran personas de edad avanzada.

El impacto de la COVID-19 varió considerablemente entre las distintas regiones del país, y las personas mayores que vivían en residencias del norte se vieron particularmente afectadas. Las decisiones adoptadas a nivel nacional y local, junto con la falta de aplicación de mecanismos de protección adecuados, aumentaron el riesgo de exposición al virus para las personas que vivían en residencias. Algunas autoridades gubernamentales y sanitarias regionales permitieron el traslado de pacientes contagiados o potencialmente contagiados de hospitales a residencias sin garantizar la presencia allí de mecanismos adecuados para cuidar de ellos. Las autoridades sanitarias nacionales, regionales y locales no hicieron públicos datos e información cruciales relativos al impacto de la COVID-19 en las residencias.

El personal de las residencias carecía de equipos de protección individual y pruebas diagnósticas, lo que lo ponía en un mayor peligro de contraer la COVID-19.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Al terminar el año, 34.154 personas, incluidos 4.631 menores no acompañados, habían llegado por mar de manera irregular.

El 7 de abril, Italia cerró sus puertos a los desembarcos y declaró que, debido a la pandemia, el país no era un lugar seguro para los rescates efectuados por barcos de pabellón extranjero fuera de su región de búsqueda y salvamento. Esta medida parecía dirigida a los barcos de ONG, a los que a menudo se dejaba durante días en el mar sin instrucciones tras realizar operaciones de salvamento. Cuando los traslados a Italia se autorizaban, se ponía a las personas rescatadas en cuarentena, generalmente durante dos semanas, en grandes embarcaciones antes llevarlas a tierra firme. Cientos de personas refugiadas y migrantes llegaron por su cuenta, principalmente a la isla de Lampedusa, lo que dio lugar a un grave hacinamiento en el centro de acogida local. Estas personas tenían dificultades para cumplir el distanciamiento social; su cuarentena volvía a comenzar con cada nueva llegada.

En octubre, un muchacho marfileño de 15 años no acompañado murió en un hospital de Palermo, Sicilia, tras pasar la cuarentena en un barco en el que los médicos habían solicitado desembarcarlo anticipadamente debido al empeoramiento de su salud. Según informes, presentaba señales de haber sido torturado en Libia.

En diciembre, el Parlamento modificó las dos leyes de seguridad, denominadas “decretos de seguridad”, promulgadas en 2018 y 2019. La nueva Ley 173/2020 reinstauró la protección humanitaria, cuya eliminación en 2018 había privado de una situación regular a unas 37.000 personas. También redujo de 180 a 90 días la estancia máxima en centros de detención para la repatriación. Asimismo, en las estructuras pequeñas se volvieron a instaurar una mejor asistencia y acogida para solicitantes de asilo, lo que facilitaba su integración.

Criminalización de la solidaridad

Las autoridades continuaron imponiendo sanciones a ONG por sus actividades de salvamento en el mar. Se registraron y confiscaron barcos y se impusieron reiteradas multas.1

Hubo algunos cambios positivos para las ONG de salvamento. En febrero, el Tribunal de Casación de la capital, Roma, resolvió que la detención de la capitana del Sea Watch 3, Carola Rackete, en junio de 2019, había sido ilegal. La capitana había entrado en aguas territoriales pese a la prohibición de las autoridades. El Tribunal señaló que Rackete estaba cumpliendo con su deber de rescatar a gente en el mar, y que una operación de salvamento terminaba con el desembarco en un lugar seguro. En noviembre, el tribunal de Ragusa, en Sicilia, desestimó los cargos de tráfico de personas contra dos tripulantes de la embarcación de la ONG Proactiva Open Arms en relación con una operación de salvamento de 2018, y reconoció que habían actuado en un “estado de necesidad”.

Los 10 miembros de la tripulación del barco de salvamento Iuventa seguían esperando el archivo de una investigación por facilitación de entrada irregular, iniciada en 2017 por la fiscalía de Trapani, Sicilia.

La Ley 173/2020, aprobada en diciembre, eliminó la prohibición de que los barcos de salvamento entraran en aguas territoriales italianas y eliminó también las fuertes multas administrativas aparejadas, siempre que los rescates se llevaran a cabo con arreglo al derecho internacional, estuvieran coordinados por las autoridades marítimas competentes y se informara al Estado sobre el pabellón del barco de salvamento. No obstante, las vulneraciones continuaron siendo punibles con multas penales de hasta 50.000 euros y penas de hasta dos años de prisión. El ministro del Interior podía seguir prohibiendo la entrada en aguas territoriales italianas por razones de orden público y seguridad y en casos de tráfico de seres humanos.

Cooperación con Libia

Continuó la cooperación con Libia en materia de control de fronteras, lo que dio lugar a que las autoridades de dicho país interceptaran a más de 11.265 personas y las desembarcaran en su territorio, donde los refugiados y migrantes seguían sufriendo torturas y otros abusos sistemáticos (véase el apartado sobre Libia).

En enero, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa pidió a Italia que suspendiera las actividades de cooperación que dieran lugar, directa o indirectamente, a la devolución a Libia de personas interceptadas en el mar. No obstante, el memorándum de entendimiento establecido con Libia en 2017, que servía de base para la colaboración entre ambos países en materia de control de fronteras, se amplió automáticamente por un periodo de otros tres años. En febrero, el gobierno italiano propuso algunas modificaciones leves, haciendo hincapié en la necesidad de mejorar las garantías de derechos humanos para las personas refugiadas y migrantes, pero el Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia no las aceptó. Con todo, Italia continuó brindando apoyo a las autoridades marítimas libias, incluso mediante la ampliación del despliegue de personal militar italiano en Libia.

En mayo, el tribunal de Mesina, en Sicilia, condenó en primera instancia a 20 años de cárcel a tres ciudadanos extranjeros por torturar a personas refugiadas y migrantes en un centro de detención en Zawiya, Libia.

En agosto, cinco solicitantes de asilo eritreos llegaron a Roma con visados otorgados por las autoridades italianas que les permitían solicitar asilo en Italia. La expedición de esos visados la había ordenado en 2019 un tribunal italiano que resolvió que el grupo había sido devuelto a Libia ilegalmente 10 años antes.

El juicio del exministro del Interior por la privación ilegal de libertad de más de 100 personas rescatadas en la embarcación de guardacostas italiana Gregoretti en julio de 2019 comenzó en octubre ante el tribunal de Catania, en Sicilia.

Derecho a la vida

Se registraron numerosas muertes bajo custodia en prisiones y centros de repatriación, en un contexto de creciente aislamiento de la población reclusa respecto de la sociedad, y de reducción de servicios, incluidos los relacionados con la atención a la salud mental, a consecuencia de la pandemia de COVID-19. En marzo se produjeron 13 muertes en prisión tras los disturbios que estallaron en algunos centros penitenciarios. Algunas muertes se debieron a sobredosis que tuvieron lugar al acceder algunos reclusos al almacén de medicamentos de las enfermerías.

Dos hombres, uno de nacionalidad georgiana y otro de nacionalidad albanesa, murieron en enero y julio respectivamente en el centro de repatriación de Gradisca d’Isonzo, Friuli-Venezia Giulia. Al concluir el año continuaban las investigaciones al respecto.

Tortura y otros malos tratos

Hubo numerosas denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a manos de personal penitenciario y agentes de policía.

Continuaron las investigaciones sobre las denuncias de que funcionarios de prisiones habían golpeado a presos y habían causado lesiones graves a algunos de ellos en la prisión de Santa Maria Capua Vetere, cerca de Nápoles, cuando el 6 de abril se llevó allí a unos 300 funcionarios de prisiones para que realizaran una inspección.

En julio, la fiscalía de Turín, en el Piamonte, acusó a 25 personas, incluidos el director y numerosos funcionarios de la prisión de Turín, de cometer o facilitar, entre marzo de 2017 y septiembre de 2019, torturas y otros malos tratos contra reclusos.

Al terminar el año continuaba el juicio contra cinco funcionarios de prisiones y un médico acusados de tortura en relación con un caso de 2018 en la cárcel de San Gimignano, en Siena. Otros 15 funcionarios de prisiones seguían sometidos a investigación.

Derecho a la vivienda y desalojos forzosos

En marzo, el gobierno suspendió los desalojos y, posteriormente, amplió la medida hasta el final del año. Pese a ello, en agosto las autoridades locales desalojaron a la fuerza el asentamiento romaní del Foro Itálico en Roma. La mayoría de las personas que residían allí habían abandonado sus casas los días anteriores. Numerosas familias se quedaron sin hogar.

Las autoridades locales no garantizaron que los trabajadores migrantes empleados para recoger fruta —con frecuencia en condiciones de explotación— en Piana di Gioia Tauro, Calabria, tuvieran acceso a protección adecuada frente a la COVID-19, incluida vivienda adecuada. Cientos de personas migrantes soportaron la pandemia en asentamientos informales sin electricidad ni saneamiento y sin acceso adecuado a agua potable y alimentos.

Muchas personas sin hogar en todo el país no pudieron acceder a alojamiento seguro durante el confinamiento y tuvieron dificultades para conseguir alimentos y ayuda a causa del cierre de los comedores sociales y los albergues en los que se habían registrado casos de COVID-19.

Derechos de las mujeres

Las ONG de derechos de las mujeres informaron de un aumento de los casos de violencia de género en el ámbito familiar durante el confinamiento. Según datos oficiales se registraron más de 23.000 llamadas a un servicio telefónico nacional de ayuda que en 2019 había recibido unas 13.400.

En octubre, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que supervisaba la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Talpis vs. Italia, expresó preocupación por el elevado índice de suspensión en fase de instrucción de los procedimientos de violencia de género en el ámbito familiar. El Comité solicitó que las autoridades aportaran antes del 31 de marzo de 2021 información y datos sobre las órdenes de protección y las evaluaciones de riesgos para las víctimas.

La prevalencia de ginecólogos que se negaban a prestar servicios de aborto por motivos de conciencia continuaba siendo un importante obstáculo para acceder al derecho al aborto. En agosto, el Ministerio de Salud aprobó una nueva orientación para ampliar el acceso al aborto médico.

  1. Europe: Punishing compassion: Solidarity on trial in fortress Europe (EUR 01/1828/2020)

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