1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

Polonia

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Las autoridades continuaron menoscabando la independencia del poder judicial. Las medidas contra la COVID-19 sirvieron de pretexto para reprimir manifestaciones pacíficas y restringir el acceso al asilo. Se presentaron cargos penales para coartar la libertad de expresión. Persistió el ataque a los derechos LGBTI. Las autoridades intentaron restringir aún más el acceso al aborto.

Información general

Debido a la pandemia de COVID-19, las elecciones presidenciales se aplazaron de mayo a julio y se celebraron parcialmente por correo postal. El gobierno aprobó en marzo una prohibición total de las reuniones públicas en respuesta a la pandemia; en mayo se autorizaron las reuniones de hasta 150 personas, y en octubre, sólo las de 10 a 25 personas, según la zona. La legislación aprobada para apoyar a las empresas y los trabajadores y trabajadoras afectados por la pandemia contenía reformas sobre asuntos no relacionados con ello, como un aumento de las penas por aborto ilegal y por insultos al presidente.

Extralimitaciones del Estado: independencia del poder judicial

El gobierno continuó implementando cambios jurídicos y políticos que socavaban la independencia del poder judicial.

El Parlamento aprobó en enero una nueva ley que imponía graves restricciones al derecho de la judicatura a la libertad de expresión y de asociación.1 La ley prohibía a jueces y juezas cuestionar la acreditación de sus iguales nombrados por el presidente. En agosto, el fiscal disciplinario adjunto del Estado intentó emprender actuaciones disciplinarias contra 1.278 jueces y juezas que habían instado a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) a que interviniera como observadora en las elecciones presidenciales.

También continuó el escrutinio internacional. Había varias causas pendientes contra Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con ataques a la judicatura. En septiembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la expresaba su preocupación por la independencia del poder judicial y las amenazas para los derechos humanos en Polonia.

En abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó medidas cautelares que obligaban al gobierno a suspender de inmediato su nuevo sistema de actuaciones disciplinarias contra jueces y juezas. Sin embargo, las autoridades continuaron negándose a cumplir esta sentencia, y el Tribunal Supremo continuó viendo causas disciplinarias. El viceministro de Justicia afirmó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había violado la soberanía de Polonia al intervenir en sus asuntos internos.

En septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solicitó formalmente una respuesta sobre el caso del juez Igor Tuleya, quien había impugnado las actuaciones disciplinarias iniciadas en su contra por el fiscal disciplinario en 2018 porque violaban su derecho a la vida privada y a la libertad de expresión. Entre otras cosas, Igor Tuleya había presentado una solicitud para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictara una resolución preliminar sobre si la nueva legislación nacional que socavaba la independencia del poder judicial era compatible con el derecho europeo.

Libertad de reunión

Las personas que se manifestaban pacíficamente contra el gobierno siguieron enfrentándose a multas y detenciones en el contexto de las medidas adoptadas con motivo de la COVID-19, que se utilizaban para reprimir algunas protestas más allá de lo necesario para proteger la salud pública.2

En mayo, durante la campaña electoral, la policía detuvo a cientos de manifestantes pacíficos sólo por protestar en la calle e impuso fuertes multas. Puso especial empeño en multar a las personas que se manifestaban para exigir respeto a la independencia del poder judicial o para criticar la falta de apoyo a las pequeñas empresas durante el confinamiento por COVID-19. Las autoridades impusieron multas a personas que protestaron pacíficamente ante la sede de la emisora de radio estatal Trójka por la censura de una canción.

Libertad de expresión y de asociación

En junio se presentaron cargos de “hurto y robo” contra un hombre y una mujer por sustituir anuncios de las marquesinas de autobús por carteles que acusaban al gobierno de manipular los datos estadísticos sobre la COVID-19.3 Ambos activistas se enfrentaban hasta a 10 años de prisión, y la causa seguía abierta al final del año.

En julio, la defensora de derechos humanos Elżbieta Podleśna fue acusada formalmente de “ofender las creencias religiosas” por presunta tenencia y distribución de carteles y pegatinas que retrataban a la Virgen María con un halo de arcoíris.

En agosto, los ministros de Justicia y Medio Ambiente propusieron una ley para obligar a las ONG a declarar todas sus fuentes de financiación extranjeras y a incluirlas en un registro público.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Persistía un discurso generalizado de la clase política en contra del colectivo LGBTI.

En julio, antes de las elecciones, el presidente firmó la “Carta de la Familia”, panfleto contra los derechos LGBTI que abogaba por prohibir el matrimonio igualitario, la adopción por parejas LGBTI y la educación LGBTI en los centros escolares.

En agosto, la policía detuvo a 48 activistas LGBTI durante una protesta pacífica contra la prisión preventiva de una destacada activista. Se presentaron cargos en su contra por “participación en una concentración ilegal”. La investigación seguía abierta al final del año.

Desde marzo de 2019, unas 100 autoridades locales habían aprobado resoluciones discriminatorias contra el colectivo LGBTI, incluidas algunas expresamente “en contra de la ideología LGBTI” y a favor de los “valores tradicionales” y los “derechos de la familia”. En julio, la Comisión Europea rechazó seis solicitudes de hermanamiento de ciudades debido a que las autoridades de esos municipios los habían declarado “zonas sin LGBTI” o habían aprobado resoluciones relativas a los “derechos de la familia”. En septiembre, la presidenta de la Comisión Europea manifestó que las denominadas “zonas sin LGBTI” eran en realidad “zonas sin humanidad” y no tenían cabida en la Unión Europea.

Según un informe publicado en mayo por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 15% del colectivo LGBTI de Polonia había sufrido agresiones físicas o violencia sexual en los últimos cinco años. Era el índice más alto de la Unión Europea. La mayoría de los ataques a personas LGBTI denunciados no dieron lugar a procesamientos.4

Derechos sexuales y reproductivos

Persistieron los ataques contra los derechos sexuales y reproductivos.

Estaba previsto celebrar un debate parlamentario en abril para abordar dos “iniciativas ciudadanas”, una para sancionar penalmente la educación sexual en los centros educativos y otra para imponer más restricciones al acceso al aborto.5 Hubo protestas multitudinarias virtuales, y también presenciales respetando el distanciamiento físico debido a la COVID-19. El Parlamento votó a favor de remitir los proyectos de ley a comisiones parlamentarias, aplazando los debates.

En julio, el Ministerio de Justicia anunció un plan de Polonia para retirarse del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contralas Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul). El gobierno presionó abiertamente a otros países para que también se retiraran. El primer ministro anunció un plan para hacer que el Tribunal Constitucional examinara la compatibilidad del Convenio con la Constitución de Polonia, aduciendo que el Convenio era “nocivo” porque contenía “elementos de carácter ideológico”.

En octubre, el Tribunal Constitucional resolvió que el acceso al aborto por “defecto fetal grave e irreversible o enfermedad incurable que amenaza la vida del feto” era inconstitucional. Esta resolución significaba una prohibición casi total del aborto en el país.

Derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo

En abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que Polonia había incumplido las obligaciones contraídas en virtud de la legislación europea al negarse a aceptar solicitantes de asilo con arreglo al programa de reubicación de la Unión.

En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló contra Polonia al concluir que la situación en los pasos fronterizos constituía trato inhumano o degradante, porque las autoridades se negaban a admitir solicitudes de asilo y practicaban expulsiones sumarias que ponían a algunas personas en peligro de devolución a lugares donde podían sufrir graves violaciones de derechos humanos (refoulement).

Debido a la pandemia de COVID-19, la Oficina de Extranjería suspendió los servicios de atención directa y hubo algunas limitaciones en la presentación de solicitudes de asilo en los pasos fronterizos.

  1. Poland: Judges and lawyers from across Europe protest judicial takeover in Warsaw (noticia, 9 de enero)
  2. Poland: COVID-19 is no excuse to crack down on protests (EUR 37/2421/2020)
  3. Poland: Activists at risk of 10-year jail term for COVID-19 poster campaign challenging government statistics (noticia, 11 de junio)
  4. Polki i Polacy chcą, by przestępstwa motywowane homofobią i transfobią były rozpoznawane przez państwo (La población polaca desea que los delitos motivados por homofobia y transfobia sean reconocidos por el Estado) (noticia sólo en polaco, 24 de septiembre)
  5. Polonia: No debe aprovecharse la COVID-19 para aprobar a toda prisa la prohibición del aborto y leyes sobre la educación sexual retrógradas (noticia, 14 de abril)

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

República de Polonia
Jefe del Estado: Andrzej Duda
Jefe del gobierno: Mateusz Morawiecki

Noticias

Ver más noticias

Artículos

Análisis, opinión, historias personales y otros

Ver más artículos

Documentos

Ver más documentos