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Polònia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El gobierno persistió en su empeño de ejercer el control político sobre el poder judicial, las ONG y los medios de comunicación. Cientos de manifestantes se enfrentaron a sanciones penales por participar en reuniones pacíficas. Las mujeres y las niñas seguían encontrando barreras sistémicas en el acceso a un aborto legal y sin riesgos.

En julio, la Comisión Europea manifestó que se había “socavado gravemente” la independencia del Tribunal Constitucional y señaló con preocupación que la constitucionalidad de las leyes polacas ya no podía “garantizarse de forma efectiva”. El gobierno intentó también extender su influencia a otras instancias del poder judicial, como el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional de la Judicatura y los tribunales ordinarios.

Entre mayo y julio, el Parlamento aprobó cuatro leyes de reforma del poder judicial que suscitaron una fuerte reacción de la opinión pública, las organizaciones intergubernamentales y las ONG, llevándolas a expresar su alarma ante la merma de independencia del poder judicial y del Estado de derecho. Las reformas otorgaban al ministro de Justicia el control del Tribunal Supremo y socavaban la independencia del Consejo Nacional de la Judicatura, órgano autorregulador de los jueces. Sin embargo, el 24 de julio, el presidente vetó dos de las leyes aprobadas, que modificaban la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura y la Ley del Tribunal Supremo.

Sí firmó, en cambio, la reforma de la Ley de Tribunales Ordinarios, que entró en vigor en agosto y facultaba al ministro de Justicia para nombrar y destituir a presidentes y vicepresidentes de tribunales. La Comisión Europea reaccionó abriendo procedimientos de infracción contra Polonia por infringir la legislación de la UE, dado el carácter discriminatorio de la ley, que establecía edades de jubilación diferentes para hombres y mujeres de la judicatura. Los procedimientos seguían pendientes de resolución al terminar el año. La Comisión afirmó que iba a iniciar asimismo procedimientos en aplicación del artículo 7.1, con arreglo a los cuales podrían imponerse sanciones en caso de aprobarse alguna ley que otorgara el control del Tribunal Supremo al ministro de Justicia.

En octubre, el diario Gazeta Wyborcza informó de que seis fiscales se enfrentaban a procedimientos disciplinarios por criticar una reforma de 2016 que unificaba las funciones de fiscal general y ministro de Justicia, lo que permitía al ministro ejercer una influencia indebida en las actuaciones judiciales.

En diciembre, el Parlamento aprobó reformas de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura y la Ley del Tribunal Supremo que sometían al poder judicial al control político del gobierno. En una medida sin precedentes, la Comisión Europea activó el 20 de diciembre contra Polonia el artículo 7.1 del Tratado de la UE, proceso que podía dar lugar a sanciones por menoscabo de los derechos humanos y el Estado de derecho en el país.

Continuaron a lo largo del año las protestas públicas contra la legislación y las políticas del gobierno sobre el poder judicial, el derecho de reunión pacífica, el funcionamiento de las ONG, la libertad de los medios de comunicación, el derecho a la vivienda y los derechos sexuales y reproductivos. Las mayores manifestaciones tuvieron lugar en julio, cuando miles de personas se echaron a la calle en más de 100 ciudades para protestar por la reforma del poder judicial. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley respondieron con severas medidas de seguridad en los alrededores del Parlamento y el palacio presidencial, reprimiendo la capacidad de los manifestantes para protestar. La policía contuvo a grupos de manifestantes pacíficos; mantuvo bajo observación y vigilancia las protestas de forma constante y métodos diversos, entre otros mediante unidades que también pedían a los manifestantes sus documentos de identidad, y amenazó con imponer sanciones y, en algunos casos, con presentar cargos o iniciar procesamientos. Decenas de manifestantes se enfrentaron a actuaciones judiciales en aplicación del Código de Infracciones Menores y, en algunos casos, también en aplicación del Código Penal; al final del año, las actuaciones seguían pendientes. Centenares de personas más fueron citadas en comisarías de policía en relación con su participación en manifestaciones.

En abril entró en vigor una reforma de la Ley reguladora de la libertad de reunión, que daba prioridad a la celebración de reuniones “cíclicas” en el centro de Varsovia. La ley se había utilizado para prohibir contramanifestaciones o manifestaciones alternativas y favorecer asambleas progubernamentales de periodicidad mensual, así como para conceder a un grupo afín al gobierno acceso regular al espacio público próximo al palacio presidencial.

Ejerciendo las nuevas atribuciones que le confería la legislación de 2015 sobre medios de comunicación, el ministro de Hacienda destituyó a varios directores y consejos supervisores de las cadenas públicas de radio y televisión. El ministro nombró nuevos directores sin consultar al Consejo Nacional de Radiodifusión, que era un organismo independiente, lo que dio al gobierno el control sobre todos los medios de comunicación públicos. En octubre, más de 234 periodistas que trabajaban en la radiodifusión pública, dirigentes sindicales incluidos, habían sido degradados, despedidos u obligados a dimitir.

Tomasz Piątek, periodista de investigación, estaba expuesto a que se presentaran cargos penales contra él por un libro que había publicado en junio en el que afirmaba que el ministro de Defensa Nacional estaba vinculado con los servicios de inteligencia rusos. A finales de junio, el ministro se querelló contra él por presunta infracción de la legislación sobre el “uso de violencia o de amenaza ilegítima [que] afecta a una autoridad gubernamental en el desempeño de sus funciones” y sobre los “insultos a un funcionario público en el desempeño de [sus] funciones y en relación con ellas”. El 26 de junio se remitió la acción penal a la fiscalía regional, en Varsovia. En octubre, el ministro acusó públicamente al periodista de intentar impedir la reforma del ejército de Polonia y aseguró que las acusaciones vertidas en el libro eran “parte integrante de la guerra híbrida contra Polonia”. Al final del año no se habían presentado cargos formales contra Tomasz Piątek.

En octubre, el presidente expresó su apoyo a una propuesta legislativa redactada por grupos contrarios al derecho a la libre elección y que prohibía el aborto en los casos de malformación mortal o grave del feto.

En junio, el Parlamento aprobó una reforma de la Ley de Servicios de Salud de Financiación Pública en virtud de la cual sólo era posible adquirir anticonceptivos de emergencia con receta médica, en contravención de las recomendaciones internacionales sobre la anticoncepción de emergencia.

El 4 de octubre, un día después de una protesta nacional contra las restrictivas políticas sobre el aborto, la policía llevó a cabo registros simultáneos en cuatro sedes de ONG de defensa de los derechos de las mujeres que habían apoyado la acción, situadas en ciudades diferentes. La policía confiscó discos duros y datos informáticos, incluidas bases de datos con información sobre particulares, así como informes médicos de víctimas de violencia en el ámbito familiar. Las autoridades aseguraron que la acción formaba parte de una investigación de exmiembros del personal del Ministerio de Justicia por presunta mala administración de fondos.

En octubre, el Parlamento aprobó la Ley sobre el Instituto Nacional para la Libertad, organismo que se encargaría de tomar las decisiones sobre financiación estatal a ONG. Grupos de la sociedad civil señalaron con honda preocupación que la ley establecía el control efectivo del gobierno sobre el Instituto, lo que podía menoscabar la capacidad de organizaciones críticas con el gobierno para acceder a esos fondos.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y las ONG expresaron su preocupación respecto a la ausencia del debido proceso en varios casos de expulsión en los que se habían invocado motivos de seguridad nacional.

En abril, un estudiante iraquí fue expulsado y enviado a Irak después de que la Junta de Refugiados rechazara su solicitud de asilo aduciendo que representaba una “amenaza para la seguridad nacional”. Las pruebas reunidas en su contra por la Agencia de Seguridad Interna no se pusieron a disposición de sus representantes legales. La ONG Fundación de Helsinki para los Derechos Humanos argumentó que, al negarse el acceso al expediente del caso, en la práctica se había impedido al demandante conocer los motivos detallados del rechazo de su solicitud de asilo. La Fundación recurrió la decisión en agosto.

Hubo informes constantes de devolución sin el debido procedimiento de solicitantes de asilo en un paso fronterizo entre Polonia y Bielorrusia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos solicitó información a Polonia en relación con cuatro casos en que los demandantes alegaban que se les había negado reiteradamente la entrada para solicitar protección internacional y que por ello corrían riesgo de devolución (refoulement), es decir, de traslado forzoso a un país donde se enfrentaban a un peligro real de persecución. A finales de agosto, Human Constanta, ONG radicada en Bielorrusia, denunció a Polonia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por otro caso de incumplimiento del principio de no devolución (non-refoulement). Los casos seguían pendientes de resolución al terminar el año.

En junio, la Comisión Europea abrió procedimientos de infracción contra Polonia, e igualmente contra la República Checa y Hungría, por negarse a participar en el plan de reubicación de personas refugiadas desde Estados miembros de la UE como Grecia e Italia, y en diciembre decidió intensificar las medidas contra los tres países y los remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

República de Polonia
Jefe del Estado: Andrzej Duda
Jefa del gobierno: Mateusz Morawiecki (sustituyó a Beata Szydło en diciembre)