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Serbia

Serbia 2019

Continuó la impunidad por los crímenes de derecho internacional. Las autoridades menoscabaron activamente la libertad de los medios de comunicación. Se amenazó a defensores y defensoras de los derechos humanos.

Información general

Los partidos de la oposición boicotearon el Parlamento en señal de protesta ante el menoscabo al que un gobierno cada vez más autoritario sometía a los derechos humanos y el Estado de derecho. Miles de ciudadanos y ciudadanas participaron en manifestaciones convocadas semanalmente para pedir la dimisión del presidente y de la primera ministra y defender la libertad de expresión, unas elecciones justas y el fin de la corrupción y el abuso de poder.

En mayo, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa instó a las autoridades a modificar un anteproyecto de legislación que introducía la cadena perpetua para los delitos graves sin posibilidad de revisión ni liberación.

Crímenes de derecho internacional

Persistió la impunidad, manifiesta en la reincorporación de altos cargos declarados culpables ante tribunales internacionales y en la negación del genocidio de Srebrenica y agravada por la falta de voluntad política. Apenas hubo investigaciones ni procesamientos nuevos. Los juicios ante el Tribunal Superior de Belgrado avanzaron muy lentamente, y no hubo procesamientos basados en la responsabilidad de mando.

Se iniciaron actuaciones sobre casos transferidos desde Bosnia y Herzegovina, entre ellos el de cinco paramilitares serbobosnios acusados formalmente del secuestro y posterior homicidio de 20 hombres —en su mayoría bosniacos— aprehendidos en el tren donde viajan en Štrpci (Bosnia y Herzegovina) en febrero de 1993.

En septiembre, un exmiembro de la Unidad de Operaciones Especiales fue condenado a ocho años de prisión por la violación de una mujer en Brčko (Bosnia y Herzegovina), cometida en junio de 1992.

Continuó el nuevo juicio contra 11 exsoldados del Ejército Yugoslavo acusados de matar a más de 118 albanokosovares en Čuska/Qyshk, Pavljan, Zahać/Zahaq y Ljubenić en mayo de 1999. En abril, un miembro del Ejército Yugoslavo fue condenado a 15 años de prisión por la matanza de más de 31 albanokosovares en Trnje/Terrne en marzo de 1999; su comandante fue absuelto.

Continuó el nuevo juicio iniciado en La Haya, ante el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales, contra los exoficiales del servicio de seguridad del Estado Jovica Stanisić (in absentia) y Franko Simatović por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Las ONG criticaron que Serbia no hubiera reconocido como víctimas civiles de la guerra a unas 200.000 personas serbias que se vieron obligadas a huir de Croacia en 1995 durante la operación “Tormenta”. No hubo avances tangibles durante el año en la redacción de una ley sobre personas desaparecidas ni en la búsqueda de cadáveres de víctimas.

Libertad de expresión

El gobierno menoscabó activamente la libertad de los medios de comunicación, premiando a los medios afines con publicidad y financiación y hostigando a los medios críticos a través de impuestos o actuaciones judiciales. El país bajó 14 puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 de Reporteros sin Fronteras.

El presidente y varios ministros emprendieron una campaña de desprestigio contra periodistas independientes. Las amenazas eran habituales.

En abril, tras publicarse información sobre los intereses empresariales del hermano del presidente, se produjeron ataques en las redes sociales contra Slobodan Georgiev, de la Red Informativa de Investigación de los Balcanes (BIRN). En octubre, miles de periodistas denunciaron amenazas de muerte reiteradas contra colegas del canal de noticias independiente N1TV.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se produjeron amenazas emitidas por criminales de guerra declarados culpables en juicio y por sus seguidores contra defensores y defensoras de los derechos humanos.

En julio hubo llamamientos en favor de que se investigara al criminal de guerra condenado Vojislav Šešelj y se suspendiera su participación en el Parlamento. Šešelj había amenazado con violencia sexual a Brankica Janković, comisaria para la Protección de la Igualdad, quien había condenado las ofensivas declaraciones de Šešelj sobre Snežana Čongradin, periodista de Danas que había escrito sobre la conmemoración de Srebrenica.

Aleksandar Obradović, operario de la fábrica de armas Krusik, fue detenido en septiembre, acusado de revelar secretos comerciales. Había compartido con BIRN y ArmsWatch datos que confirmaban que los morteros fabricados por Krusik para su venta a Arabia Saudí e identificados en Yemen habían sido exportados por una empresa representada por Branko Stefanović, padre del viceprimer ministro. En diciembre se levantó su arresto domiciliario.

Discriminación: romaníes

Además, la comunidad romaní estaba expuesta a sufrir malos tratos a manos de la policía. En Leskovac se produjeron en mayo una serie de ataques a romaníes perpetrados por jóvenes que no se investigaron como crímenes de odio.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En julio, una pareja lesbiana de Novi Sad denunció la falta de medidas adoptadas por Serbia para reconocer jurídicamente las parejas del mismo sexo; el proyecto de legislación pertinente continuaba estancado. En febrero, la pareja de la primera ministra Ana Brnabić, Milica Djurdjić, dio a luz tras haber viajado al extranjero, según informes, para someterse a un tratamiento de reproducción asistida.

En marzo, el ministro de Salud prohibió la inseminación artificial y la fecundación in vitro a las personas con un “historial de relaciones homosexuales” reciente.

Las autoridades no respondieron adecuadamente a los ataques contra la comunidad LGBTI ni recopilaron datos sobre los crímenes de odio; sólo en un caso llegó a término el procesamiento iniciado.

Tras la celebración de la Marcha del Orgullo en septiembre, la policía dejó de brindar protección a Pride Info Centre, que en octubre sufrió ataques de aficionados al fútbol.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Unas 30.200 personas refugiadas y migrantes entraron en Serbia. Las condiciones de acogida y el proceso de concesión de asilo seguían siendo inadecuados: a 31 de diciembre sólo habían solicitado asilo 252 de las 12.937 personas que habían declarado su intención de hacerlo; se concedió asilo a 17 y protección temporal a 18. Aunque la mayoría de las personas refugiadas y migrantes estaban en tránsito, a menudo fueron rechazadas violentamente por los Estados miembros de la UE circundantes, en particular Croacia. En septiembre se tuvo noticia de expulsiones cada vez más violentas a Macedonia del Norte, efectuadas por la policía serbia sin el debido procedimiento.

En noviembre, Serbia firmó un acuerdo con la Comisión Europea que permitía desplegar fuerzas policiales de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) en operaciones conjuntas con la policía de fronteras. Además, el acuerdo garantizaba inmunidad frente al procesamiento.

KOSOVO

Información general

Kosovo seguía perteneciendo a Serbia en virtud de la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de la ONU, a pesar de que unos 100 Estados miembros de la ONU habían reconocido su independencia. Continuaron estancadas las conversaciones sobre la normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo auspiciadas por la UE. La dimisión del primer ministro Ramush Haradinaj en julio dio lugar a elecciones, que ganó el partido Vetëvendosje.

Crímenes de derecho internacional                                                   

La Fiscalía Especial carecía de personal y recursos suficientes para abordar 900 crímenes de guerra sin resolver y 2.000 casos de personas desaparecidas transferidos por la misión policial y judicial de la UE en 2018, y el grado de cooperación que obtuvo de Serbia fue limitado.

En julio, Remzi Shala, exmiembro del Ejército de Liberación de Kosovo, fue declarado culpable del secuestro de Haxhi Përteshi —hallado muerto en junio de 1998— y condenado a 14 años de prisión.

En abril, el Tribunal de Apelación confirmó la condena a seis años y medio de cárcel impuesta al exguardia penitenciario Zoran Vukotić por su papel en la detención ilegal, tortura y otros malos tratos de 3.000 civiles albanokosovares recluidos en la prisión de Smrekonica en mayo y junio de 1999.

Continuaron las actuaciones judiciales contra el exreservista de la policía serbia Darko Tasić, acusado de quemar cadáveres de albanokosovares asesinados y arrojarlos a un río tras la matanza perpetrada en Kruša e Vogel/Mala Kruša en marzo de 1999.

Crímenes de guerra de violencia sexual

Aunque se dictó un acta de acusación formal y había 48 investigaciones en curso, no se celebraron juicios contra perpetradores de violencia sexual durante la guerra. En octubre, la superviviente Shyhrete Tahiri-Sylejmani anunció públicamente que había prestado declaración en una investigación en curso para animar a otras mujeres a dar el paso. De las 1.198 personas demandantes —985 mujeres, 27 de ellas pertenecientes a minorías, y 62 hombres—, 756 ya habían visto reconocida su condición jurídica de víctimas de violencia sexual en tiempos de guerra y podían recibir una pequeña pensión. Algunas de las 211 solicitudes rechazadas fueron recurridas en los tribunales. La ley no proporcionaba a las personas supervivientes acceso a rehabilitación médica y psicológica.

Justicia internacional

La Fiscalía Especial para República de Kosovo de La Haya, establecida para investigar presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por el Ejército de Liberación de Kosovo, no hizo público ningún procesamiento, pero unos 100 exmiembros de estas fuerzas fueron citados para su interrogatorio.

Desapariciones forzadas

Más de 20 años después del fin de la guerra, 1.646 personas —de las que 264 eran mujeres— continuaban en paradero desconocido; 1.100 de ellas eran albanesas, más de 400, serbias, y 150, de otros grupos étnicos.

En septiembre se devolvieron a sus familiares los restos de siete serbokosovares exhumados en Gjakova/Djakovica en 2018.

Homicidios ilegítimos

En octubre se detuvo en Mitrovica a dos hombres —uno de ellos un agente de policía serbokosovar de quien se sospechaba que ocultaba pruebas— en relación con el asesinato del líder serbokosovar Oliver Ivanović, cometido en enero de 2018. En diciembre fueron inculpados seis sospechosos.

Muertes bajo custodia

En octubre se reabrió la investigación sobre la muerte bajo custodia, en 2016, de Astrit Dehari, miembro del partido Vetëvendosje, después de que un informe pericial suizo cuestionara la versión de suicidio sostenida por las autoridades.

Libertad de expresión

Mejoraron el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación, con una reducción de las agresiones a periodistas. No obstante, Zana Cimili, corresponsal de la cadena N1TV de Kosovo, recibió amenazas de muerte por motivos étnicos en julio; se detuvo a una persona sospechosa en Serbia. En septiembre y octubre se detuvo a periodistas serbios a su llegada a Kosovo.

Violencia contra mujeres y niñas

Tras reiteradas respuestas inadecuadas de las autoridades, la violencia de género en el ámbito familiar fue tipificada específicamente como delito en el Código Penal de 2019 y en consonancia con el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que fue reconocido, asimismo, en la Constitución.

En septiembre, el Tribunal de Prizren concedió 95.000 euros a la familia de Diana Kastrati, asesinada por su expareja en 2011, en concepto de indemnización por su sufrimiento. Previamente, en 2013, el Tribunal Constitucional había determinado que las autoridades habían violado los derechos de Diana al no responder a su solicitud de una orden de protección urgente.

En noviembre se presentaron cargos contra seis hombres en relación con la presunta violación de una estudiante de 16 años cometida en 2017. Entre los acusados estaban el exprofesor de la joven y el agente de policía designado para investigar el caso.

Discriminación: romaníes

Las comunidades romaní, ashkalí y egipciana sufrían discriminación crónica en materia de educación, salud, vivienda y empleo, y muchos de sus miembros carecían de documentación personal.

En marzo, el relator especial de la ONU sobre sustancias peligrosas y desechos instó a las Naciones Unidas a conceder de inmediato indemnizaciones a los miembros de esas comunidades que habían estado expuestos a envenenamiento por plomo durante su desplazamiento en campos dirigidos por la ONU de 1999 a 2013, recomendación que había formulado el Grupo Consultivo de Derechos Humanos en 2016.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En agosto, la sentencia de un tribunal de apelación permitió a las personas transgénero registrar su cambio de nombre y de género. En octubre, la organización de las Marcha del Orgullo de Pristina pidió al gobierno y a los tribunales que respetaran y aplicaran las leyes sobre minorías sexuales.

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