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Serbia

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Serbia no imputó a ningún ex alto cargo policial o militar por crímenes de guerra, y siguió sin esclarecerse la suerte de las personas desaparecidas. La policía empleó fuerza excesiva en la capital, Belgrado, hiriendo de gravedad a manifestantes y periodistas. Pocas personas refugiadas pudieron solicitar asilo. Los mecanismos de protección frente a la violencia en el ámbito familiar siguieron siendo inadecuados.

Información general

Con un presidente cada vez más represor y sin oposición viable, el gobierno de Serbia controlaba la policía y la judicatura, lo que menoscababa el Estado de derecho y los derechos civiles y políticos y propiciaba la corrupción generalizada.

En marzo, la legislación de excepción introducida con motivo de la COVID-19 estableció un toque de queda desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la madrugada, además de otras medidas restrictivas; las fuerzas armadas patrullaron Belgrado y otras ciudades para hacer cumplir las medidas de salud pública.1 Se impusieron penas de hasta tres años de prisión por vulnerar normas de autoaislamento poco claras. Las medidas se levantaron en mayo durante el periodo electoral y se volvieron a imponer en junio, lo que desencadenó manifestaciones multitudinarias.

Apenas se avanzó en la normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo en el marco de las conversaciones facilitadas por la Unión Europea.

Derecho a verdad, justicia y reparación

No se registraron avances en la implementación de la Estrategia Nacional de Enjuiciamiento de los Crímenes de Guerra, en la apertura de investigaciones sobre los más de 2.500 casos de crímenes de guerra pendientes ni en la imputación de altos cargos policiales o militares por su responsabilidad de mando. Se presentaron siete actas de acusación formal y se dictaron cinco resoluciones en primera instancia. Los enjuiciamientos de criminales de escasa notoriedad imputados en las causas transferidas por Bosnia y Herzegovina eran extremadamente lentos. Los procedimientos iniciados contra 10 hombres en relación con el genocidio de Srebrenica siguieron aplazándose por incomparecencia de los acusados. En enero se abrieron procedimientos contra un agente de policía serbobosnio acusado de violar a una mujer bosniaca en agosto de 1992.

Continuó el nuevo juicio ante el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales contra los ex agentes de seguridad del Estado serbios Jovica Stanišić y Franko Simatović por “limpieza étnica” en Croacia y Bosnia y Herzegovina.

La nueva legislación que preveía la reparación a las víctimas de la guerra discriminaba a las víctimas civiles. Contenía una serie de condiciones adicionales en virtud de las cuales era preciso presentar un mayor grado de lesiones corporales, sólo se aplicaba a las personas heridas en Serbia y distinguía entre daños físicos y daños psicológicos. Se estimaba que seguían sin derecho a reparación 15.000 personas, entre las que figuraban familiares de personas desaparecidas y supervivientes de violencia sexual.

Desapariciones forzadas

Continuaron impunes los responsables del traslado de los cadáveres de más de 900 albanokosovares de Kosovo a Serbia en 1999. La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales instó a Serbia a procesar a los altos cargos de la policía sospechosos de asesinar a los tres hermanos Bytici, de doble nacionalidad albanesa y estadounidense, cuyos restos se habían recuperado en 2001 en un campo de entrenamiento de la policía. En noviembre ser encontraron restos humanos, presumiblemente de albanokosovares, en una cantera de Kizevak.

Uso excesivo de la fuerza

Más de 70 personas resultaron gravemente heridas y 223 fueron arrestadas durante varios días de manifestaciones que estallaron en julio a raíz de la prohibición presidencial de las reuniones públicas y de la propuesta de imponer el toque de queda los fines de semana. A pesar de la invasión del Parlamento por activistas de derechas, la mayoría de los manifestantes eran pacíficos. No obstante, la policía empleó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras de forma indiscriminada, y tanto manifestantes como transeúntes fueron objeto de cargas de la policía montada o golpeados. La policía hirió de gravedad a cuatro periodistas en varios incidentes ocurridos en distintas partes del país, entre ellos Žikica Stevanović, que fue golpeado pese a mostrar su credencial de prensa y tuvo que ser hospitalizado con traumatismo craneal. En julio, varias ONG enviaron al relator especial de ONU sobre la tortura un informe conjunto que documentaba 13 presuntos casos de malos tratos. Al terminar el año, en ninguno de ellos se había procesado a ningún agente de policía.

Discriminación

Las minorías étnicas continuaron siendo objeto de discriminación, y las protestas y ataques contra migrantes aumentaron. La comisaria de igualdad informó de un aumento de los casos de discurso de odio durante el estado de emergencia, pero su mandato expiró en mayo, por lo que la institución no pudo funcionar de manera efectiva hasta noviembre, cuando la comisaria fue reelegida.

Libertad de expresión

Continuaron las agresiones físicas, intimidaciones y difamaciones vertidas por políticos en la redes sociales contra profesionales de los medios de comunicación. En abril, la periodista Ana Lalić fue arrestada por “provocar el pánico” al investigar la situación en los hospitales, donde se prohibió al personal ofrecer información “no autorizada”. Durante un breve periodo no se permitió a los periodistas asistir a las conferencias de prensa del gobierno, en teoría por motivos de salud.

En julio, el Ministerio de Economía fijó su atención en varias personas, entre las que figuraban periodistas de investigación, y en 37 ONG de derechos humanos, requiriéndoles datos bancarios en virtud de una ley empleada para investigar la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero.

Derecho a la vivienda y desalojos forzosos

En junio, el Tribunal de Apelación de Belgrado concedió sendas indemnizaciones de 2.600 euros a dos familias romaníes que en 2012 habían sido desalojadas ilegalmente de sus casas en Belvil, Belgrado, y trasladadas en autobús a un almacén abandonado en Niš. Infringiendo las disposiciones jurídicas de protección contra el desalojo, en diciembre las autoridades de Belgrado pagaron 19.000 euros de “indemnización” a la comunidad romaní de Resnik para que abandonara el asentamiento.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Entre enero y noviembre llegaron a Serbia 24.180 personas refugiadas y migrantes. Las solicitudes de asilo se suspendieron hasta mayo, ya que las personas refugiadas y migrantes acogidas en condiciones de hacinamiento en los centros para solicitantes de asilo fueron puestas en cuarentena obligatoria bajo control del ejército. Se negó la entrada a personal de apoyo y ONG, aunque no se implementaron medidas preventivas de salud. En mayo, una orden del gobierno que restringía la salida de los centros para solicitantes de asilo fue impugnada con éxito por varias ONG, pero en octubre se volvió a limitar la libertad de circulación de las personas refugiadas.

El proceso de asilo seguía siendo inadecuado: de las 2.639 personas refugiadas que se registraron con la intención de solicitar asilo, sólo 118 presentaron la solicitud; el 30 de noviembre, 16 habían recibido asilo, y 18, protección subsidiaria.

Continuaron las devoluciones sumarias a Serbia desde Estados miembros de la Unión Europea, y de Serbia a países vecinos. En abril, 16 hombres, que creían que estaban siendo trasladados a otro centro de acogida temporal a causa de la COVID-19, fueron llevados por la policía a la frontera sur y obligados a entrar en Macedonia del Norte a punta de pistola.

Violencia contra las mujeres

En abril, la ONG Centro de Mujeres Autónomas informó de que durante el toque de queda se había triplicado el número de mujeres que contactaban con ella. Muchas describían una intensificación de la violencia psicológica, económica y física, y miedo a denunciar la violencia ante las autoridades sin acceso a protección. Al menos 22 mujeres murieron a manos de su pareja o de un miembro de su familia hasta el 25 de noviembre.

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República de Serbia
Jefe del Estado: Aleksandar Vučić
Jefa del gobierno: Ana Brnabjić

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