Empresas

Las empresas que operan a través de las fronteras intervienen a menudo en la comisión de graves abusos, como el trabajo forzoso o el desalojo de comunidades de sus tierras y su reasentamiento forzoso en otros lugares.

No es de extrañar que los abusos sean especialmente patentes en el sector extractivo, en el que las empresas compiten entre sí para extraer unos recursos escasos y valiosos. Se destruyen medios de vida tradicionales al contaminarse la tierra y el abastecimiento de agua. El impacto puede ser de especial gravedad para las poblaciones indígenas ya que a menudo su forma de vida y su identidad están estrechamente vinculadas a sus tierras.

A las comunidades afectadas se les niega con frecuencia el acceso a información sobre el impacto de las actividades de las empresas y no son consultadas sobre el proyecto. Es decir, quedan excluidas de participar en las decisiones que afectan a sus vidas.

Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, sin embargo, con excesiva frecuencia los beneficios se obtienen a costa de abusos contra los derechos humanos. A pesar de que muchos países disponen de leyes que permiten el enjuiciamiento de las empresas, los gobiernos casi nunca investigan las irregularidades que estas cometen.

Cuando las comunidades intentan que se haga justicia, se ven frustradas por la ineficacia de los sistemas jurídicos, la falta de información, la corrupción y las potentes alianzas entre el Estado y las empresas. Es preocupante que cuando las personas afectadas no pueden obtener justicia, las empresas se aprovechan de la situación sin que esto tenga consecuencias.

Es obligación de los gobiernos proteger a todas las personas de los actos cometidos por otros actores, incluidas las empresas. Sin embargo, en muchas ocasiones, los gobiernos fallan al regular el impacto en los derechos humanos de las empresas o al garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de abusos cometidos por parte de actores corporativos.

Hasta ahora, el compromiso de las compañías con los derechos humanos ha sido a través de códigos e iniciativas voluntarias y, aunque algunas han tenido un efecto positivo, esta voluntariedad nunca puede sustituir a una normativa internacional sobre empresa y derechos humanos. Estos estándares globales rigen las responsabilidades y obligaciones tanto de los Estados como de las empresas. Como un requisito mínimo, todas las empresas deben respetar los derechos humanos sin importar cual sea su sector, país de origen o contexto en el que trabajan. La falta de una regulación efectiva que verifique la rendición de cuentas permite que las empresas y sus líderes puedan evadir su responsabilidad sobre diferentes casos que incluyen muertes, enfermedades o destrucción de hogares.

Algunos de los procesos en los que Amnistía participa y ha influido con recomendaciones y propuestas  son:

• Principios Rectores sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y las empresas comerciales.
• Guía de la OCDE para empresas multinacionales.
• Marco de sostenibilidad de la Corporación Financiera Internacional.
• Legislación de la Unión Europea sobre comercio de minerales que provienen de zonas en conflicto.

El trabajo de Amnistía Internacional con los actores económicos se dirige principalmente a los gobiernos, a las empresas y a las instituciones internacionales, principalmente Naciones Unidas, pero también la Unión Europea, la OCDE, el Banco Mundial, y otras instituciones. Este trabajo se ha diseñado teniendo en cuenta el poder e influencia que estos agentes ejercen sobre los estados y las instituciones internacionales, y el impacto que tienen sobre los derechos humanos.

A través de análisis e investigaciones, el trabajo de Amnistía Internacional se centra en aquellos casos de abuso a los derechos humanos en los que hay empresas implicadas, y en cómo los gobiernos eluden su deber de prevenir estos abusos o hacer responsables a las empresas cuando éstos se producen.

La organización trabaja para que se fijen unos estándares globales basados en la legislación internacional sobre derechos humanos y para que se refuercen los marcos legales, tanto nacionales como internacionales. Las empresas deben prevenir el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos y  rendir cuentas ante los tribunales en caso de contribución a las violaciones de derechos humanos o complicidad con las mismas.