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Derecho a la salud en España

Marea Blanca, 7 de enero 2013. © Adolfo Luján

El derecho a la protección de la salud se reconoce en el artículo 43 de la Constitución y se concreta en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), que establece su financiación pública, universalidad y gratuidad; su descentralización autonómica y su integración en el Sistema Nacional de Salud (SNS). En definitiva, todas las personas tienen derecho a una atención sanitaria de calidad en condiciones de igualdad.

Exclusión sanitaria por el RDL 16/2012

Pero este principio clave ha sido incumplido por diversas decisiones políticas, casi siempre con la disculpa de la crisis. Una de las más graves fue el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que entró en vigor el 1 de septiembre de ese año y dejó sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas, gran parte de ellas inmigrantes en situación irregular.

A falta de evaluación oficial, Amnistía Internacional ha comprobado que el impacto negativo de esa reforma en la salud de las personas y colectivos especialmente vulnerables se vio agudizado por la aplicación dispar del RDL en las comunidades autónomas y por la falta de información del personal médico sobre la normativa, lo que derivó en caos administrativo, incluido el cobro de servicios de urgencias o la negativa de atención sanitaria a algunas personas.

Las medidas de exclusión sanitaria de 2012 han sido rectificadas por el Real Decreto Ley 7/2018 sobre el acceso universal al SNS, que entró en vigor el 31 de julio de ese año. Para Amnistía, se trató de un avance respecto de la legislación anterior, pero la norma contiene lagunas y ambigüedades que podría impedir que se alcance el objetivo pretendido. Para ello, es necesaria la adopción urgente de un reglamento que clarifique en detalle la norma para blindar el derecho a la salud de todas las personas sin ningún tipo de discriminación.

El 6 de septiembre, el Congreso validó este texto y además, aprobó tramitarlo como proyecto de ley, lo que quiere decir que el Congreso podrá reformar su contenido.

Seguiremos trabajando para que este Real decreto se mejore y no exista ninguna traba en el acceso a la atención sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular y con el Gobierno para que adopte un reglamento que clarifique el Real Decreto Ley 7/2018. Se trata de un avance para los derechos humanos al recuperar la universalidad en el acceso a la salud, aunque todavía quedan cuestiones pendientes que mejorar.

Crueles medidas de austeridad

Antes incluso del RDL 16/2012, en 2009, el Gobierno empezó a recortar el gasto público en sanidad al implantar diversos copagos de productos y servicios, anular el copago farmacéutico gratuito para ciertos grupos y eliminar la financiación pública de más de 400 medicamentos. También redujo el gasto salarial del personal sanitario, para lo cual limitó la contratación y modificó las condiciones laborales, lo que se tradujo en un fuerte recorte de plantilla y un paralelo aumento de contratos temporales.

Amnistía Internacional analizó esos recortes en su informe "La receta equivocada: El impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España", que refleja sus devastadoras consecuencias para las personas más vulnerables, obligadas incluso a racionar su medicación –algunos pacientes de cáncer llegaron a renunciar a fármacos para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia-- para ahorrar costes. Sanhita Ambast, investigadora sobre salud de AI, no dudó en calificar de "regresivos y crueles" los ajustes.

Para muchas personas de rentas bajas con enfermedades crónicas, costearse los medicamentos que dejaron de ser gratuitos se convirtió en misión imposible, lo que las obligó a aplazar su adquisición, comprarlos a costa de privarse de comida y depender de sus familias para mantener su atención sanitaria.

Deterioro del sistema sanitario

También ha resultado dañina para el SNS la reducción del gasto en personal sanitario, cuya insostenible carga de trabajo no solo ha reducido su capacidad asistencial, sino aumentado su desmotivación y desilusión con el sistema.

El resultado de todos esos ajustes ha sido el mayor tiempo de espera para recibir atención sanitaria, el menor tiempo de consulta por paciente, el deterioro de los servicios de salud mental (justo cuando son más necesarios por efecto de la crisis, el desempleo y los desahucios) y la peor calidad del material médico. La FADSP ha concluido en su informe sobre Repercusiones de la Crisis sobre la Atención Primaria. Evolución en las CC.AA. que la situación ha empeorado en todas las comunidades autónomas, lo que se suma a las grandes diferencias interautonómicas ya constatadas en su último informe sobre el funcionamiento de los sistemas sanitarios regionales.

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