Marea Blanca, 7 de enero 2013. © Adolfo Luján
El derecho a la protección de la salud se reconoce en el artículo 43 de la Constitución y se concreta en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), que establece su financiación pública, universalidad y gratuidad; su descentralización autonómica y su integración en el Sistema Nacional de Salud (SNS). En definitiva, todas las personas tienen derecho a una atención sanitaria de calidad en condiciones de igualdad.
Defiende la sanidad pública en España: invertir es vivir
Doce años después del inicio de las medidas de austeridad y tras la crisis sanitaria sin precedentes que supuso la pandemia, el sistema de salud público ha seguido sin ser una prioridad. Entre las consecuencias de su financiación insuficiente nos encontramos con profesionales sanitarios desbordados, listas de espera, retraso en diagnósticos o incapacidad para atender necesidades crecientes de salud mental. Los problemas en el acceso y calidad de la atención sanitaria ponen el peligro el derecho a la salud de las personas en el país.
La inversión en el sistema público solo ha crecido un 5% desde el inicio de los recortes, incluyendo el gasto extraordinario que supuso la pandemia. Aún más grave es la situación específica de la atención primaria que ni siquiera con los recursos extraordinarios por el COVID ha recuperado el nivel de inversión previo a los recortes.
En este momento crítico para la adaptación de los sistemas de salud a posibles pandemias futuras y a los efectos de la crisis climática, como recomiendan la OMS y a OCDE, el incremento de la inversión es clave.
Seguimos defendiendo nuestro derecho a la salud, investigando, movilizándonos y presionando a las autoridades para que cumplan sus obligaciones internacionales en materia de salud. Consulta nuestro último análisis de gasto sanitario y, si aún no lo has hecho, únete a nuestra petición respaldada ya por más de 400.000 personas.
“El sistema de sanidad público sigue sin ser una prioridad. La inversión solo ha crecido un 5% desde el inicio de los recortes”
Por una sanidad pública, universal y gratuita en España
Todas las personas tienen derecho a una atención sanitaria de calidad en condiciones de igualdad, pero este principio clave ha sido incumplido por diversas decisiones políticas, casi siempre con la disculpa de las distintas crisis. Una de las más graves fue el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que entró en vigor el 1 de septiembre de ese año y dejó sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas, gran parte de ellas inmigrantes en situación irregular.
El impacto negativo de esa reforma en la salud de las personas y colectivos especialmente vulnerables se vio agudizado por la aplicación dispar del RDL en las comunidades autónomas y por la falta de información del personal médico sobre la normativa, lo que derivó en caos administrativo, incluido el cobro de servicios de urgencias o la negativa de atención sanitaria a algunas personas.
LA SALUD MENTAL ES UN DERECHO HUMANO
El derecho a la salud incluye tanto la salud física como mental.
La salud mental no es un privilegio, es un derecho. Te lo contamosInvestigamos, denunciamos, movilizamos, presionamos
Desde que en 2009 el Gobierno central y las autoridades autonómicas empezaran a aplicar medidas de austeridad, que se tradujeron en duros recortes en el sistema sanitario público, hemos documentado el impacto de dichas medidas en las personas y en su derecho a la salud.
Nuestros informes “La receta equivocada”, “La década perdida” y “La otra pandemia” han denunciado cómo, al debilitar los sistemas de salud, España ha desoído durante 12 años las recomendaciones internacionales, en especial en el caso de la atención primaria. Este nivel asistencial, que debe ser la piedra angular de todo sistema, es el que ha sufrido con más dureza las medidas de austeridad y sigue al límite tras el sobresfuerzo que ha supuesto la pandemia, carga que no ha ido acompañada de la recuperación de recursos perdidos.
Trabajamos por el derecho a la salud de todas las personas sin discriminación, prestando especial atención a quienes puedan ser más vulnerables, ya sea por razones de género, edad, situación administrativa o estado de salud. Así, entre otros trabajos, hemos denunciado el mayor impacto de los recortes en personas con cáncer o la desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia.
“Nuestros informes han denunciado cómo, al debilitar los sistemas de salud, España ha desoído durante 12 años las recomendaciones internacionales, sobre todo en el caso de la atención primaria”
¡No te vayas!
Queremos contarte algo
Nuestra salud está en juego. La falta de inversión y los recortes han dejado a profesionales desbordados y a personas sin acceso a la atención que necesitan. Es urgente exigir a las autoridades que pasen de las palabras a los hechos y refuercen nuestra sanidad pública. Te necesitamos para que nos escuchen.
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