Marea Blanca, 7 de enero 2013. © Adolfo Luján
El derecho a la protección de la salud se reconoce en el artículo 43 de la Constitución y se concreta en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), que establece su financiación pública, universalidad y gratuidad; su descentralización autonómica y su integración en el Sistema Nacional de Salud (SNS). En definitiva, todas las personas tienen derecho a una atención sanitaria de calidad en condiciones de igualdad.
Más de dos años después de que estallara la pandemia, los presupuestos que manejan las Comunidades Autónomas (CCAA) destinados a la Atención Primaria distan mucho del 25% del presupuesto total de sanidad tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tener unos servicios de atención primaria sólidos que garanticen el derecho a la salud de la población.
En los presupuestos de 2022, el peso económico que supone la inversión en la Atención Primaria respecto del total destinado a Sanidad, de las CCAA sobre las que existe información pública, representa de media un 14,7%. Para alcanzar el porcentaje del 25% que recomienda la OMS, es urgente y necesario que las Comunidades incrementen en gran medida la partida destinada a este nivel asistencial durante muchos años y de manera sostenida en el tiempo, algo que ahora no está ocurriendo.
Desde Amnistía Internacional lanzamos la campaña "¿Quién más tiene que pedirlo?" respaldada por más de 300 000 firmantes de la petición online. ¿Nos ayudas?
Todas las personas tienen derecho a una atención sanitaria de calidad en condiciones de igualdad, pero este principio clave ha sido incumplido por diversas decisiones políticas, casi siempre con la disculpa de las distintas crisis. Una de las más graves fue el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que entró en vigor el 1 de septiembre de ese año y dejó sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas, gran parte de ellas inmigrantes en situación irregular.
El impacto negativo de esa reforma en la salud de las personas y colectivos especialmente vulnerables se vio agudizado por la aplicación dispar del RDL en las comunidades autónomas y por la falta de información del personal médico sobre la normativa, lo que derivó en caos administrativo, incluido el cobro de servicios de urgencias o la negativa de atención sanitaria a algunas personas.
Las medidas de exclusión sanitaria de 2012 fueron rectificadas por el Real Decreto Ley 7/2018 sobre el acceso universal al SNS, que entró en vigor el 31 de julio de ese año. Para Amnistía Internacional, se trató de un avance respecto de la legislación anterior, pero la norma contiene lagunas y ambigüedades que podría impedir que se alcance el objetivo pretendido. Para ello, es necesaria la adopción urgente de un reglamento que clarifique en detalle la norma para blindar el derecho a la salud de todas las personas sin ningún tipo de discriminación.
Seguiremos trabajando para que este Real decreto se mejore y no exista ninguna traba en el acceso a la atención sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular y con el Gobierno para que adopte un reglamento que clarifique el Real Decreto Ley 7/2018.
Se trata de un avance para los derechos humanos al recuperar la universalidad en el acceso a la salud, aunque todavía quedan cuestiones pendientes que mejorar.
Antes incluso del RDL 16/2012, en 2009, el Gobierno empezó a recortar el gasto público en sanidad al implantar diversos copagos de productos y servicios, anular el copago farmacéutico gratuito para ciertos grupos y eliminar la financiación pública de más de 400 medicamentos. También redujo el gasto salarial del personal sanitario, para lo cual limitó la contratación y modificó las condiciones laborales, lo que se tradujo en un fuerte recorte de plantilla y un paralelo aumento de contratos temporales.
Amnistía Internacional analizó esos recortes en su informe "La receta equivocada: El impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España", que refleja sus devastadoras consecuencias para las personas más vulnerables, obligadas incluso a racionar su medicación –algunos pacientes de cáncer llegaron a renunciar a fármacos para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia– para ahorrar costes. Sanhita Ambast, investigadora sobre salud de AI, no dudó en calificar de "regresivos y crueles" los ajustes.
En su porterior informe “La otra pandemia. Entre el abandono y el desmantelamiento: el derecho a la salud y la atención primaria en España”, Amnistía Internacional denunció que España había desoído durante 12 años las recomendaciones internacionales para garantizar un sistema de AP fortalecido y suficientemente dotado de recursos humanos y materiales, lo que se tradujo en una falta de planificación e inversión para afrontar con eficacia la pandemiade COVID-19.
Con respecto a las personas mayores durante la pandemia, Amnistía Internacional publicó el informe "Abandonas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España", en el que denunció la mala gestión durante el pico de la primera ola de la pandemia que desembocó en falta de protección del personal sanitario, la escasez de recursos y la exclusión generalizada y discriminatoria de la derivación hospitalaria y aislamiento de residentes durante semanas enteras sin apenas comunicación con sus familias ni con el mundo exterior. Estas medidas, que supusieron la denegación del derecho a la salud a las personas mayores, estuvieron estrechamente vinculadas a las medidas de austeridad y la infrafinanciación de la sanidad. Un tema de máxima preocupación para Amnistía, que denunció en su informe la ‘década perdida’ los recortes sanitarios y sociales y el consiguiente debilitamiento del sistema público de salud.
También ha resultado dañina para el SNS la reducción del gasto en personal sanitario, cuya insostenible carga de trabajo no solo ha reducido su capacidad asistencial, sino aumentado su desmotivación y desilusión con el sistema.
El resultado de todos estos ajustes ha sido el mayor tiempo de espera para recibir atención sanitaria, el menor tiempo de consulta por paciente, el deterioro de los servicios de salud mental (justo cuando son más necesarios por efecto de la crisis, el desempleo, los desahucios, la pandemia...) y la peor calidad del material médico. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) concluyó en su informe sobre "Repercusiones de la Crisis sobre la Atención Primaria. Evolución en las CC.AA." que la situación ha ido empeorando en todas las comunidades autónomas.
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