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República Txeca

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El gobierno se negó a participar en las cuotas obligatorias de reubicación de personas refugiadas de la UE. A pesar de las reformas adoptadas, se seguía segregando al alumnado romaní en las escuelas. Entró en vigor una reforma jurídica en virtud de la cual los municipios podían declarar zonas de “conducta socialmente patológica” en las que habría restricciones de acceso a las prestaciones para vivienda.

Derecho a la educación

Un año después de la reforma del sistema de educación primaria dirigida a facilitar la inclusión del alumnado de entornos socialmente desfavorecidos en las escuelas de educación general, los niños y niñas romaníes continuaban sufriendo discriminación en el acceso a la educación. En julio, el gobierno publicó datos que mostraban que más del 24% del alumnado romaní seguía asistiendo a escuelas donde había segregación étnica.

En marzo, un tribunal de distrito ordenó a una escuela primaria de la ciudad de Ostrava que se disculpara con dos alumnos romaníes por haberse negado a matricularlos en 2014 con el argumento de que el centro había alcanzado su capacidad máxima. Los tutores legales de los alumnos se quejaron de que el director había justificado su decisión afirmando que las familias no romaníes podían empezar a llevarse a sus hijos de la escuela porque ya había nueve alumnos romaníes matriculados en ese curso. El tribunal sostuvo que el temor a una “fuga” de la población blanca no justificaba el trato que habían recibido esos alumnos por su origen étnico.

Derecho a la vivienda

En julio entró en vigor una reforma de la ley sobre prestaciones sociales y decenas de ayuntamientos anunciaron que iban a restringir el acceso a las ayudas para vivienda. La reforma permitía a los municipios declarar zonas de “conducta socialmente patológica”, cuyos residentes tendrían prohibido solicitar determinadas ayudas para vivienda, y afectaría a los nuevos inquilinos de casas de alquiler y a quienes se mudaran a estas zonas o cambiaran de domicilio dentro de ellas. Las ONG señalaron con preocupación que la nueva normativa iba a afectar de manera desproporcionada a romaníes y a personas sin recursos.

Al final del año, la República Checa sólo había admitido a 12 de los 2.691 solicitantes de asilo asignados al país en aplicación del programa de reubicación de emergencia de la UE de 2015, dirigido a reubicar personas refugiadas desde Estados miembros de la UE como Italia y Grecia. En junio, la Comisión Europea había abierto procedimientos de infracción contra la República Checa, e igualmente contra Polonia y Hungría, por negarse a participar en el programa. En julio, el gobierno había afirmado que no aceptaría más solicitantes de asilo. En diciembre, la Comisión Europea decidió intensificar las medidas contra los tres países y los remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por negarse a admitir solicitantes de asilo en virtud del programa.

Cuando terminó el año se habían presentado 974 solicitudes de protección internacional. Se aceptaron las de 13 personas y se rechazaron 79. A 16 solicitantes de asilo de Afganistán se les denegó la prórroga de su condición de beneficiarios de protección temporal. El gobierno seguía basando tales decisiones sobre asilo en su arbitraria designación de ciertas zonas de Afganistán como “seguras”, a pesar de que había indicios de lo contrario y de la continua escalada de violencia observada a lo largo del año en ese país.

Altos cargos públicos, entre ellos el presidente, hicieron declaraciones xenófobas sobre las personas refugiadas y migrantes. Durante la campaña electoral, el ministro del Interior presentó como un logro las políticas restrictivas que disuadían a las personas refugiadas de intentar entrar en la República Checa.

En febrero, la policía dejó de investigar la muerte de un hombre romaní en una pizzería de Žatec en 2016, al determinar que no se había cometido ningún delito. El hombre había muerto tras ser inmovilizado por agentes de la policía municipal y varios clientes del establecimiento debido a su comportamiento presuntamente agresivo. La familia de la víctima había presentado una denuncia contra la policía en enero, en la que alegaba que la investigación no había sido exhaustiva; su abogado criticó a la policía por no haber protegido el lugar del delito ni las pruebas.

En mayo, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa instó a las autoridades checas a retirar una granja de cerdos del emplazamiento de un antiguo campo de concentración nazi en el pueblo de Lety u Písku, cuyas víctimas habían sido mayoritariamente romaníes. Al mismo tiempo que apreciaba los esfuerzos del gobierno para adquirir los terrenos, el comisario expresó su preocupación por el alargamiento del proceso y por la reiterada falta de medidas oficiales para retirar la granja y levantar un monumento conmemorativo a la población romaní que había sufrido y muerto allí durante la Segunda Guerra Mundial como medida de reparación. En noviembre, el gobierno firmó un contrato para comprar los terrenos al propietario de la granja y se comprometió a levantar allí el monumento.

La República Checa continuó exportando armas a países donde existía un riesgo considerable de que se emplearan para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos, incluido el uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes o grupos de oposición. En mayo, durante una feria de armas celebrada en la ciudad de Brno, el presidente afirmó que la industria armamentística checa necesitaba “exportar globalmente” y negó que el país tuviera la obligación de impedir que sus materiales se reexportaran a países “no seguros”.

República Checa
Jefe del Estado: Miloš Zeman
Jefe del gobierno: Andrej Babiš (sustituyó a Bohuslav Sobotka en diciembre)