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República Checa

República Checa 2019

El Parlamento no ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. El Ministerio de Asuntos Sociales propuso una nueva ley sobre ayudas a la vivienda que podía dejar sin hogar a muchas personas. Persistió la preocupación por el uso de discursos discriminatorios contra las personas migrantes y romaníes.

Información general

En abril, mayo, junio y noviembre se celebraron en todo el país protestas multitudinarias, en las que salieron a la calle cientos de miles de personas. Todas fueron organizadas por el mismo grupo, y estaban motivadas por el temor de que el gobierno interfiriera en la judicatura. Asimismo, en los primeros meses del año se protestó también por la falta de medidas contra la crisis climática.

En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial criticó la discriminación de la población romaní en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, así como la retórica racista utilizada por figuras políticas y personalidades públicas, entre ellas alcaldes y miembros del Parlamento y del gobierno. Además, el Comité resaltó la prevalencia de las agresiones racistas contra personas romaníes, judías y migrantes, y contra activistas de los derechos de las minorías.

El Parlamento no ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), pese a que, según informes, sólo en un reducido número de casos se llevaba a los perpetradores ante la justicia.

Derechos económicos, sociales y culturales

En febrero, la Comisión Europea señaló que la República Checa carecía de viviendas sociales económicas y de calidad y que el número de personas sin techo y los niveles de endeudamiento personal eran cada vez mayores.

En junio, el Ministerio de Asuntos Sociales presentó un anteproyecto de ley sobre ayudas a la vivienda que contenía requisitos más estrictos para solicitarlas y excluía a quienes vivían en residencias. Las ONG que trabajaban en el ámbito de la vivienda advirtieron de que, en la práctica, esa ley pondría en peligro las ayudas de miles de familias.

Discriminación: Romaníes

Vivienda

En marzo, la Autoridad Regional de Bohemia Central declaró ilegal un decreto municipal de la localidad de Kladno por el que se declaraban “zonas de comportamiento social indeseable” una serie de barrios, muchos de ellos habitados por romaníes. Este decreto había sido adoptado en aplicación de la reforma de 2017 de la legislación de bienestar, que impedía a quienes residieran en dichas “zonas” solicitar ayudas para vivienda. La Autoridad Regional resolvió que el decreto no especificaba los lugares en cuestión de manera adecuada y declaraba como tales “zonas” barrios enteros. En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial criticó como discriminatoria la práctica de declarar esas “zonas”.

Sin embargo, decenas de municipios con considerable población romaní —entre ellos Ústí nad Labem, Most, Karviná y Ostrava-Sur— siguieron declarando “zonas” partes de sus términos municipales, pese a los llamamientos de los órganos de tratados de derechos humanos para que se promoviera el acceso de la población romaní a viviendas adecuadas y se combatieran las prácticas discriminatorias en este sector.

Educación

En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial se mostró preocupado por la prevalencia de las escuelas segregadas, en las que la gran mayoría del alumnado era romaní.

En septiembre, el Comité de Ministros del Consejo de Europa revisó las medidas tomadas para combatir la segregación discriminatoria del alumnado romaní en escuelas y aulas para estudiantes con discapacidades mentales (puesto que seguía sin aplicarse la sentencia de la causa D.H. and Others v. Czech Republic. Aunque se congratuló de ciertas reformas, el Comité resaltó con preocupación que seguía habiendo una proporción excesiva de niños y niñas romaníes en programas para estudiantes con discapacidades mentales leves. Según cifras del gobierno, durante el curso 2018-2019, el porcentaje de romaníes entre el alumnado de los centros de enseñanza primaria era del 3,7%, mientras que en los programas educativos de contenido reducido era del 29,1%.

En octubre, el Ministerio de Educación restringió el número de auxiliares docentes a uno por clase, limitando así la ayuda de que disponían los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Asimismo, dio a las escuelas la retrógrada opción de establecer aulas separadas para estudiantes con dificultades de aprendizaje y de comportamiento. Varias ONG manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que estas iniciativas ahondaran en la segregación de los niños y niñas romaníes en las escuelas.

Discriminación: Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En marzo, el Parlamento debatió un proyecto de reforma del Código Civil que ofrecía la posibilidad de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo; sustituiría la legislación existente, que les permitía formalizar uniones civiles.  Un grupo de parlamentarios presentó una contrapropuesta que pretendía consagrar en la Constitución el “matrimonio tradicional” entre hombre y mujer. Al concluir el año, aún no se había sometido a votación ninguna de las dos propuestas.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

La República Checa siguió manteniendo recluidos a solicitantes de asilo —incluidos niños y niñas— que estaban sujetos a una orden de traslado en virtud del sistema de asilo de la UE.

El gobierno continuó negándose a participar en iniciativas de reubicación dentro de la UE. En 2017, la Comisión Europea había presentado una alegación contra la República Checa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por negarse a participar en el régimen de reubicación de emergencia de la UE, que establecía cuotas obligatorias de reubicación de personas refugiadas; la resolución seguía pendiente al final del año.

Con anterioridad a 2019, la defensora del Pueblo había criticado el trato dispensado por las autoridades a un grupo de solicitantes de asilo de origen chino, por razones tanto de forma como de fondo. En 2017, 78 ciudadanos y ciudadanas chinos habían solicitado asilo por motivos de persecución religiosa, pero en 2018 se desestimaron hasta 70 de estas solicitudes.  En septiembre, el Tribunal Administrativo Supremo remitió de nuevo tres de los casos desestimados a la oficina de migración para que los evaluara de nuevo.

Comercio de armas

Seguía preocupando la constante transferencia de armas a la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, dado el riesgo considerable de que se utilizaran para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en el conflicto de Yemen.

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