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Croacia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Continuó la discriminación de las minorías étnicas y sexuales. Las personas refugiadas y migrantes que entraron en el país de forma irregular fueron devueltas sin que tuvieran acceso a un proceso de solicitud de asilo efectivo. Croacia aceptó menos de una décima parte de las personas refugiadas y solicitantes de asilo a las que se había comprometido a reubicar y reasentar en virtud de los programas de la UE. El acceso al aborto seguía estando restringido.

Seguía sin esclarecerse la suerte y el paradero de más de 1.500 personas de las más de 6.000 que desaparecieron durante la guerra de 1991-1995. La Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas denunció que Croacia no había tomado las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, entre otras cosas al no haber respondido de más de 900 restos mortales no identificados en las morgues.

La discriminación de las minorías étnicas y sexuales seguía siendo generalizada.

Las organizaciones de la sociedad civil criticaron las nuevas propuestas presentadas en marzo por el gobierno de establecer una estrategia nacional y un plan de acción para combatir la discriminación. Las políticas adoptadas posteriormente por el gobierno en diciembre no reflejaban ni abordaban de forma adecuada las violaciones de derechos humanos que sufrían la población serbia y la romaní y las minorías sexuales.

En febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que en la causa Škorjanec v. Croatia las autoridades no habían garantizado el derecho de la demandante a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes al no investigar adecuadamente ni enjuiciar los motivos racistas de los agresores que, en 2013, atacaron y golpearon a la demandante y a su pareja, de etnia romaní.

Croacia continuó devolviendo a Serbia a las personas refugiadas y migrantes que entraban en el país de forma irregular, sin concederles acceso a un proceso de solicitud de asilo efectivo. Era habitual que en estas devoluciones realizadas por la policía, en ocasiones desde zonas del interior de Croacia, los agentes recurrieran a la coacción, la intimidación, la confiscación o destrucción de bienes privados y al uso desproporcionado de la fuerza.

En julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló que Croacia había actuado contra las disposiciones del Reglamento de Dublín (que define qué Estado miembro de la UE tiene la obligación de evaluar las solicitudes de asilo) al permitir en 2015 que las personas refugiadas y migrantes atravesaran el país sin que se examinaran las solicitudes de protección internacional.

La ONG Centro de Estudios para la Paz documentó que, entre enero y abril, se habían denegado al menos 30 solicitudes de asilo, entre ellas algunas de familias con niños, alegando “motivos de seguridad” durante una comprobación rutinaria realizada por los servicios de seguridad e inteligencia como parte del proceso de solicitud de asilo. Las observaciones a dichas solicitudes se clasificaron como “confidenciales” y no podían consultarse, por lo que las personas que buscaban asilo o sus representantes legales no podían rebatirlas, impugnarlas o recurrirlas. El Ministerio del Interior rechazó automáticamente las solicitudes con observaciones clasificadas, con el consiguiente riesgo, para las personas afectadas, de ser expulsadas del país y un mayor riesgo de devolución (refoulement), medida por la que se devuelve a una persona a un país donde podría sufrir violaciones graves de derechos humanos.

Los menores no acompañados constituían una cuarta parte de las personas solicitantes de asilo en el país. Al terminar el año se había concedido protección internacional a menos de 200 solicitantes de asilo.

En virtud de los programas de reasentamiento y reubicación de la UE, Croacia se comprometió a aceptar a 1.600 personas refugiadas y solicitantes de asilo para final de año, pero a mediados de noviembre se había reubicado a menos de 100 personas y no se había reasentado a ninguna.

En junio, una reforma a la Ley de Extranjería prohibió la prestación de asistencia para acceder a necesidades básicas, tales como vivienda, salud, saneamiento o alimentos, a las personas extranjeras que residieran de forma irregular en Croacia, excepto en casos de emergencia médica o humanitaria o en situaciones de peligro mortal.

El sistema de justicia penal continuó sin proteger a muchas víctimas de abusos en el ámbito familiar al tratar éstos habitualmente como un delito menor.

En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en Ž.B. v. Croatia que las autoridades habían violado el derecho al respeto de la vida privada y familiar de una víctima de múltiples episodios de violencia en el ámbito familiar. Las autoridades no procesaron penalmente al presunto maltratador ni determinaron los hechos, sugiriendo en cambio que la víctima debería haber actuado en su propio nombre como acusación particular y haber puesto en marcha una acción penal privada.

Croacia todavía no había ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.

En abril, el relator especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental señaló con preocupación que la reforma y revisión pendiente de la ley de 1978 sobre medidas de atención a la salud para el ejercicio del derecho a una decisión libre sobre el parto podría restringir el acceso al aborto. Diferentes profesionales de la medicina y, en algunos casos, centros médicos, continuaron negándose a practicar abortos alegando motivos de conciencia, por lo que las mujeres tenían que recurrir a abortos clandestinos e inseguros. En marzo, el Tribunal Constitucional desestimó un recurso que pedía que la Ley de 1978 se declarara inconstitucional y pidió a la Asamblea Nacional que se abstuviera de adoptar cualquier ley que prohibiera en la práctica el aborto. En las farmacias, como requisito para dispensar anticonceptivos de emergencia, se seguía obligando a las mujeres y las niñas a responder a un cuestionario en el que tenían que revelar información personal sobre su conducta sexual y salud reproductiva, a pesar de que dichos anticonceptivos se vendían sin receta médica. Esta práctica constituía una violación del derecho de las mujeres y niñas a la intimidad.

Los niños, niñas y mujeres romaníes continuaban estando en situación desfavorecida en lo que respecta al acceso a la atención médica, y una quinta parte de las personas pertenecientes a este grupo carecía por completo de acceso a dicha atención.

República de Croacia
Jefa del Estado: Kolinda Grabar-Kitarović
Jefe del gobierno: Andrej Plenković
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