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Croacia

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Se negaba a las personas solicitantes de asilo el acceso a él, y la policía expulsaba y maltrataba a las que entraban en el país de forma irregular. Se mejoró el marco jurídico sobre la violencia de género, pero seguían imponiéndose penas leves en este tipo de casos. El acceso al aborto seguía muy restringido. Se concedió a las parejas del mismo sexo el derecho a acoger a niñas y niños. El gobierno retiró propuestas de reforma legislativa que permitían el rastreo de todos los teléfonos para responder a la pandemia de la COVID-19. Continuaron las amenazas contra periodistas por hacer su trabajo.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Se seguía negando el acceso a asilo a gran número de solicitantes que entraban en el país de manera irregular. Las organizaciones de ayuda humanitaria documentaron más de 15.000 casos de devolución y expulsión colectiva, acompañadas con frecuencia de violencia y maltrato. En mayo, en uno de los incidentes más graves, 16 migrantes denunciaron que unos agentes de policía con uniformes negros y pasamontañas los habían esposado, inmovilizado, atado a un árbol, y golpeado y torturado.1 Varios hombres sufrieron graves lesiones y traumas. La Agencia de la ONU para los Refugiados y los relatores especiales de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes y sobre la tortura instaron a Croacia a investigar inmediatamente estas denuncias. Por su parte, la Comisión Europea anunció una misión de observación para examinar las actividades fronterizas de Croacia. En agosto, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura realizó una visita de reacción rápida a Croacia con objeto de examinar el trato que dispensaba la policía croata a las personas migrantes y solicitantes de asilo. Al final del año no se había publicado aún el informe correspondiente.

Debido a las restricciones impuestas a causa de la COVID-19, se limitó el acceso a los centros de alojamiento para solicitantes de asilo, lo que obligó a las ONG que les proporcionaban asistencia letrada gratuita y apoyo psicosocial a dejar de desempeñar su labor. Durante el confinamiento, no se permitió permanecer en los centros a las personas refugiadas que habían recibido protección internacional ni a aquellas cuyas solicitudes habían sido rechazadas. No recibieron ningún apoyo del gobierno, y algunas se quedaron sin techo.

En septiembre, el gobierno aprobó cambios de la Ley de Extranjería que, según las ONG, podrían restringir los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo y, potencialmente, penalizar actos legítimos de solidaridad.

Violencia contra mujeres y niñas

En enero entraron en vigor reformas jurídicas que armonizaban la definición de violación de la legislación penal con la establecida en las normas internacionales y aumentaban las penas para los delitos de violencia de género. Según estadísticas del gobierno, el número de denuncias de violación aumentó más del doble a raíz de dichos cambios, que habían ampliado de manera significativa el alcance del delito. Las actuaciones judiciales continuaban siendo largas, pues duraban entre tres y cinco años.

Debido a la modificación del marco jurídico de la violencia de género en el ámbito familiar, el número de procesamientos penales por delitos de esta naturaleza experimentó un fuerte aumento. Con todo, en la mayoría de los casos la violencia de género en el ámbito familiar continuaba tratándose como un delito menor que acarreaba sanciones leves. La policía y los tribunales se mostraban reacios a aplicar medidas de protección.

Derechos sexuales y reproductivos

Las mujeres seguían afrontando obstáculos importantes para acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva. La negativa generalizada de los médicos y de algunas clínicas a practicar abortos por motivos de conciencia, así como los prohibitivos costes de los servicios y la deficiente cobertura regional de quienes estaban autorizados a prestarlos, constituía un obstáculo insuperable para las mujeres de posición socioeconómica baja. Según una encuesta realizada por organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, muchas clínicas suspendieron los servicios de aborto durante el confinamiento impuesto por la pandemia de COVID-19.

Al terminar el año todavía no se había aprobado una nueva ley sobre el aborto. El plazo para reemplazar la desfasada ley vigente, establecido por el Tribunal Constitucional en 2017, había vencido en febrero de 2019. En vísperas de las elecciones parlamentarias de julio, algunos candidatos de partidos conservadores, incluida la gobernante Unión Democrática Croata, condenaron el aborto y abogaron por restricciones más severas del acceso a los servicios, incluso para las víctimas de violación.

Derecho a la privacidad

En abril, el gobierno retiró propuestas de reforma de la Ley de Comunicaciones Electrónicas que habrían permitido rastrear la ubicación de todos los teléfonos móviles en el marco del rastreo de contactos por la COVID-19. La sociedad civil y especialistas en derecho constitucional se habían mostrado muy críticos y habían advertido de que dichas facultades iban mucho más allá de la protección de la salud pública y no incluían salvaguardias contra posibles abusos.

Discriminación

Las comunidades romaníes seguían sufriendo discriminación en todos los ámbitos de la vida, incluidos la educación, la salud, la vivienda y el empleo. Para muchas de las que vivían en asentamientos informales, el acceso a alimentos y productos de higiene estaba particularmente limitado a causa de la COVID-19, ya que las autoridades locales no les proporcionaban el apoyo necesario.

Debido a la continua falta de acceso a electricidad e Internet y de capacidad de las familias, muchos niños y niñas romaníes carecieron de acceso a todo tipo de aprendizaje a distancia durante el cierre de las escuelas, con lo que se amplió aún más la brecha educativa entre el alumnado romaní y no romaní.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En enero, una sentencia histórica del Tribunal Constitucional concedió a las parejas del mismo sexo el derecho a ser padres y madres de acogida en las mismas condiciones que cualquier persona que cumpliera los requisitos legales. Las parejas del mismo sexo seguían teniendo prohibido adoptar a niñas y niños.

Libertad de expresión

Los periodistas que investigaban la corrupción y la delincuencia organizada seguían siendo objeto de amenazas e intimidación.

Según la Asociación de Periodistas de Croacia, se presentaron más de 900 demandas judiciales contra periodistas y medios de comunicación por “violación del honor y la reputación”. La Federación Europea de Periodistas advirtió de que dichas demandas tenían un efecto disuasorio sobre ellos.

  1. Croacia: Nuevas pruebas de abusos y tortura policiales a migrantes y solicitantes de asilo (noticia, 11 de junio)

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República de Croacia
Jefe del Estado: Zoran Milanović (sustituyó a Kolinda Grabar-Kitarović en febrero)
Jefe del gobierno: Andrej Plenković

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