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Croacia

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Croacia vivió un periodo de inestabilidad política desencadenada por una moción de censura contra el nuevo gobierno. Las condiciones de acogida de las personas solicitantes de asilo eran, en general, adecuadas, pero no existía una política coherente de integración social a largo plazo. Persistía la discriminación de las minorías étnicas. La libertad de los medios de comunicación sufrió menoscabos. La intensificación de la retórica nacionalista y del discurso de odio contribuyó al aumento de la inseguridad y la intolerancia étnica.

En enero, dos meses después de unas elecciones generales sin vencedor claro, se formó un nuevo gobierno. La inestable coalición se rompió en junio, lo que dio lugar a una moción de censura contra el gobierno presidido por Tihomir Orešković, y a la disolución del Parlamento en julio. Tras la celebración de elecciones en septiembre, el partido de centro-derecha Unión Democrática Croata (HDZ), que obtuvo 61 de los 151 escaños, formó coalición con pequeños partidos del mismo signo político y constituyó un nuevo gabinete presidido por Andrej Plenković.

Croacia siguió siendo un país de tránsito para las personas refugiadas y migrantes que se dirigían a Europa occidental. Reconociendo que sólo un número limitado de ellas solicitaban asilo y permanecían un largo periodo en Croacia, el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa afirmaron que las condiciones en los centros de recepción eran adecuadas. Señalaron que había servicios para las personas refugiadas y migrantes, incluidos apoyo psicosocial y cursos para aprender el idioma, aunque eran proporcionados principalmente por ONG. Las organizaciones de derechos humanos señalaron deficiencias en la legislación sobre inmigración y asilo, y criticaron un proyecto de Ley de Extranjería que el gobierno había aprobado en mayo. El proyecto, que en diciembre continuaba sometido a la consideración del Parlamento, incluía disposiciones que penalizaban la ayuda social y humanitaria a migrantes irregulares y mantenía las medidas que exigían a las personas migrantes pendientes de expulsión correr con los gastos de su alojamiento y partida del país.

En diciembre, Croacia había recibido a 50 refugiados como parte del programa de reasentamiento de la UE, incluidos 30 sirios procedentes de Turquía, así como a 10 solicitantes de asilo de Grecia y otros 10 de Italia en virtud del programa de reubicación. El país se había comprometido a aceptar a un total de 1.600 personas refugiadas y solicitantes de asilo en virtud de los programas de reasentamiento y reubicación de la UE hasta el final de 2017. Aunque las condiciones de recepción a su llegada al país seguían siendo adecuadas, las autoridades continuaron sin aplicar una política integral que garantizara la integración social efectiva y a largo plazo de las personas refugiadas y migrantes.

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia expresó su preocupación por el ritmo y la eficacia de los enjuiciamientos de crímenes cometidos en la guerra de 1992-1995 ante tribunales nacionales. La legislación aprobada en 2015 que regulaba la situación de las víctimas civiles de la guerra contribuyó a facilitar el acceso a una reparación y permitió a los sobrevivientes acceder más fácilmente a servicios esenciales; sin embargo, persistían las dificultades para que todas las víctimas, en particular las pertenecientes a minorías étnicas, tuvieran acceso igualitario y efectivo a la justicia.

Por segundo año consecutivo no se hicieron progresos en la tarea de establecer la suerte y el paradero de 1.600 personas desaparecidas durante la guerra.

La discriminación de la comunidad romaní y otras minorías étnicas seguía siendo generalizada. El marco legislativo para la prevención de la discriminación proporcionaba protección legal suficiente, pero estaba gravemente infrautilizado.

Discurso de odio

Durante el periodo de inestabilidad política registrado a finales de 2015 y comienzos de 2016 se produjo también un aumento de la retórica nacionalista y del discurso de odio contra grupos específicos, sobre todo contra las personas de etnia serbia y contra personas las refugiadas y migrantes. Grupos de la sociedad civil documentaron casos cada vez más frecuentes de autoridades públicas y medios de comunicación que “evocaban la ideología fascista” del pasado promoviendo el uso de iconografía incendiaria y, en general, avivando un sentimiento contrario a las minorías.

Mientras que la investigación de los casos de incitación a la discriminación e incluso violencia contra minorías era excepcional, los tribunales enjuiciaban de manera habitual casos de difamación e insultos al honor y la reputación de las personas, que estaban tipificados como delitos graves en el Código Penal. Los periodistas seguían expuestos a procesamiento en estos casos.

Derechos de las minorías étnicas

De todas las personas de etnia serbia que habían huido del país durante la guerra, el ACNUR documentó que unas 133.000 —más de la mitad— habían regresado antes de acabar el año, aunque expresó su preocupación por la persistencia de los obstáculos para que recuperaran sus propiedades.

El número de personas pertenecientes a minorías étnicas contratadas en servicios públicos no alcanzaba los objetivos nacionales. Las personas de etnia serbia encontraban importantes obstáculos para acceder a un puesto de trabajo en el mercado laboral privado y público. El derecho a hablar y escribir en una lengua minoritaria seguía estando politizado y en algunas localidades no se respetaba.

Romaníes

A pesar de los esfuerzos de las autoridades para mejorar su integración, la población romaní seguía encontrando importantes obstáculos para acceder de manera efectiva a la educación, la salud, la vivienda y el empleo.

El ACNUR registró a 2.800 romaníes sin residencia permanente ni temporal que corrían riesgo de convertirse en apátridas. Las personas romaníes tenían dificultades para conseguir documentos de identidad, lo que limitaba su acceso a los servicios públicos.

Persistieron las amenazas contra la libertad de los medios de comunicación y los ataques contra periodistas. En marzo, el gobierno puso fin, de repente, a los contratos de casi 70 redactores y periodistas de la radio-televisión pública croata, aparentemente con el fin de influir en su política editorial. Simultáneamente, las autoridades decidieron eliminar las subvenciones estatales a las iniciativas culturales independientes y los medios de comunicación pequeños y sin fines de lucro, lo que hizo peligrar aún más el pluralismo de los medios de comunicación.

Croacia descendió del puesto 54 al 63 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.

República de Croacia
Jefa del Estado: Kolinda Grabar-Kitarović
Jefe del gobierno: Andrej Plenković (sustituyó a Tihomir Orešković en octubre, quien a su vez había sustituido a Zoran Milanović en enero)
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