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Croacia

Información extraída de nuestro INFORME 2021/22

Se negó el acceso al asilo a las personas que lo solicitaban, y la policía expulsó sumariamente a las que habían entrado irregularmente en el país y cometió abusos contra ellas. Hubo más mejoras del marco jurídico sobre la violencia de género, pero los casos continuaron aumentando. El acceso al aborto continuó muy restringido. Se reconoció a las parejas del mismo sexo el derecho a adoptar. Los pleitos por difamación hicieron peligrar el trabajo de periodistas y medios de comunicación.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Croacia siguió negando el acceso al asilo a miles de posibles solicitantes. Organizaciones de ayuda humanitaria documentaron alrededor de 10.000 casos de devolución sumaria y expulsión colectiva, y múltiples ejemplos de violencia y abusos. En febrero, el Consejo Danés para los Refugiados informó de que dos mujeres habían sido víctimas de abusos sexuales, obligadas a desnudarse, detenidas a punta de pistola y amenazadas de violación por agentes de policía croatas. El Ministerio del Interior negó estos informes.

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa afirmó que las denuncias eran coincidentes y apuntaban a una práctica establecida de expulsiones colectivas y malos tratos a migrantes, así como a una falta de investigaciones inmediatas. En julio, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes también reconoció que había informes de devoluciones ilegales generalizadas desde territorio croata, junto con informes de robos, destrucción de bienes, malos tratos y agresiones.

En abril, el Tribunal Constitucional resolvió que Croacia había violado el derecho al asilo de una familia afgana al expulsarla a Serbia en 2018 sin evaluar debidamente los riesgos de su devolución. En noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Croacia había infringido el Convenio Europeo de Derechos Humanos con la devolución sin el debido procedimiento de esa misma familia a Serbia en 2017, cuando una de sus miembros, Madina Hussiny, de seis años, había muerto atropellada por un tren. En diciembre, el Alto Tribunal de Faltas de Zagreb ratificó la decisión de un tribunal inferior de declarar a un voluntario de Are You Syrious —quien había ayudado a la familia afgana a solicitar asilo— culpable de “ayudar a migrantes a cruzar ilegalmente la frontera” y le impuso el pago de una multa de 60.000 kunas (unos 8.000 euros) más las costas judiciales.

Tribunales de Italia y Austria concluyeron que las expulsiones en cadena de solicitantes de asilo desde ambos países, primero a Eslovenia y después a Croacia, basadas en acuerdos bilaterales infringían el derecho internacional y sometían a las víctimas a trato degradante a manos de la policía croata.

En junio, las autoridades establecieron un mecanismo de vigilancia encargado de investigar los informes de violaciones de derechos humanos cometidas en las fronteras de Croacia. Sin embargo, varias organizaciones de derechos humanos advirtieron de que este órgano no era independiente ni tenía un mandato firme para abordar eficazmente estas violaciones.1

En octubre, un grupo de medios de comunicación europeos publicó un informe de investigación que contenía imágenes de agentes de la Policía Especial Croata golpeando a personas solicitantes de asilo indefensas antes de devolverlas a Bosnia y Herzegovina.2 Este informe impulsó una investigación interna que dio lugar a la suspensión de los agentes implicados. Las autoridades lo consideraron un incidente aislado, pero las ONG aseguraron que las expulsiones sumarias violentas desde las fronteras del país eran generalizadas y sistémicas.

En diciembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, dijo que en su anterior visita a la frontera había recibido numerosos informes verosímiles sobre graves malos tratos de la policía croata a migrantes y solicitantes de asilo.3

Las tasas de reconocimiento de solicitantes de asilo siguieron siendo bajas, y al final del año sólo se había concedido protección internacional a 42 personas.

Violencia contra mujeres y niñas

Hubo avances notables en el refuerzo de la lucha contra la violencia por motivos de género. Se reformó el Código Penal para permitir que la fiscalía actuara de oficio en los casos de violencia de género en que la víctima no pudiera o no quisiera presentar cargos, para penalizar la difusión no consentida de imágenes privadas o “pornovenganza” y para ampliar la definición de “relación íntima” de modo que incluyera a las parejas anteriores y actuales, en consonancia con las normas del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).

No obstante, las autoridades informaron de un incremento continuo de la violencia de género, que incluía violaciones y violencia en el ámbito familiar. La defensora del pueblo para la igualdad de género instó a las autoridades a reforzar aún más los programas de prevención y educación.

Derechos sexuales y reproductivos

El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva se vio restringido por la negativa general del personal médico y el rechazo de algunas clínicas a practicar abortos por motivos de conciencia, el costo prohibitivo de los servicios y la escasa cobertura regional de los proveedores autorizados. Las personas con recursos limitados sufrieron las consecuencias de manera desproporcionada.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En abril, un tribunal de la capital, Zagreb, refrendó el derecho a adoptar de las parejas del mismo sexo.

Por primera vez en más de un decenio, el acto anual del Orgullo en Zagreb, celebrado en julio, estuvo marcado por insultos y agresiones de carácter homófobo y la quema de una bandera arcoíris del movimiento LGBTI. Entre quienes sufrieron los ataques había una periodista que estaba informando sobre el acto. Varias personas fueron detenidas.

Libertad de expresión

Continuaron —dentro y fuera de Internet— las amenazas y los actos de intimidación contra periodistas, a quienes se imponían cláusulas de silencio y se demandaba con frecuencia.

En septiembre, un tribunal de Zagreb dictó medidas cautelares contra el sitio web de noticias H-alter que le prohibían publicar cualquier información sobre un centro local de salud infantil y su director. H-alter había publicado una serie de artículos que afirmaban que este centro favorecía al padre en las disputas conyugales por la custodia, incluso en los casos en que se demostraba su falta de aptitud para ejercerla. Las propias autoridades se desvincularon de la decisión del tribunal.

La Asociación de Periodistas de Croacia informó de que había más de 900 causas penales por difamación abiertas contra periodistas y medios de comunicación. La mayoría de las denuncias habían sido presentadas por políticos, cargos públicos e incluso la propia empresa pública de radiodifusión. La Asociación advirtió de que estos pleitos tenían un efecto intimidatorio y representaban una amenaza, especialmente, para los medios más modestos y periodistas independientes. La Federación Europea de Periodistas pidió a las autoridades que despenalizaran la difamación, garantizaran su consideración como asunto civil y adoptaran un marco normativo para impedir los pleitos por difamación que sólo pretendían acallar las críticas.

  1. Croatia/EU: Strengthen border monitoring system. Effective mechanism needed: Independent, broad mandate, adequate resources (Índice: EUR 64/4546/2021), 3 de agosto
  2. UE: Nuevos indicios de violencia y devoluciones sumarias sistemáticas e ilegales en las fronteras, 6 de octubre
  3. Croacia:Abrumador nuevo informe critica abusos policiales sistemáticos en las fronteras del país, 3 de diciembre

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República de Croacia
Jefe del Estado: Zoran Milanović
Jefe del gobierno: Andrej Plenković

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