Manuel Castello, miembro de Open Arms, rocía agua mientras bromea con Ramadán, de 22 años, de Sudán, a bordo del bote de rescate de la ONG Proactiva Open Arms en el mar Mediterráneo, el 7 de agosto de 2018. © Reuters/Juan Medina
Desde siempre las personas nos hemos desplazado de un lugar a otro. Las migraciones han sido una constante en la historia humana y uno de sus motores de progreso.
El derecho de las personas a migrar está reconocido y protegido por leyes internacionales. Como resultado de las guerras, el cambio climático y las enormes desigualdades, a finales de 2020 más de 82 millones de personas se han visto desplazadas a la fuerza y hay 26 millones de personas refugiadas en el mundo, el mayor número jamás registrado, encontrándose la mayoría (el 85%) en países de ingresos bajos y medios. Amnistía Internacional lleva años denunciando los múltiples obstáculos que se encuentran las personas en su intento de entrar en España. Las cifras actuales de la inmigración y refugio en España son aún mayores, puesto que a inicios de 2022 más de cinco millones de personas habían huido de Ucrania debido a las acciones militares llevadas a cabo por Rusia en este país.
En diciembre de 2018, el Estado español firmó el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular en Marrakech que, aunque no vinculante jurídicamente, se basa en los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a los Estados a respetar, proteger y garantizar estos derechos a todas las personas, sin discriminación alguna y propiciar vías seguras para la migración.
Amnistía Internacional exige al gobierno de España que deje atrás las políticas migratorias ambiguas, pare las devoluciones ilegales en frontera y apueste claramente por proteger los derechos de estas personas, recordando la necesidad de establecer vías legales y seguras para que las personas migrantes y refugiadas no se jueguen la vida en viajes peligrosos. Amnistía Internacional también recuerda la importancia de combatir los discursos demonizadores y la criminalización de las organizaciones que trabajan con las personas migrantes y refugiadas en España, o la urgencia de una solidaridad europea.
“Queremos una sociedad más acogedora y solidaria, que dé la bienvenida a quienes más apoyo necesitan”
Las llegadas a Canarias aumentaron en 2020 de manera exponencial: un total de 23.023 personas llegaron a sus costas, lo que supuso un incremento del 756%, en comparación con 2019. Solo entre los meses de septiembre y diciembre llegaron 19.090 personas. En 2021 las llegadas han seguido creciendo, aunque en menor medida. A fecha de 30 de noviembre de 2021, un total de 19.865 personas habrían llegado a Canarias de manera irregular por vía marítima.
La ruta canaria es una de las más peligrosas del mundo. Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en los seis primeros meses de 2021 habían muerto en esta ruta más personas que en todo el año anterior, una cifra que sigue incrementándose ante la falta de rutas legales y seguras.
Amnistía Internacional, tras seguir durante más de quince años la situación de los derechos humanos en Canarias y realizar en 2021 dos misiones de investigación a las islas, relató en su informe “Canarias: un año de análisis, décadas de fracasos de políticas migratorias” la saturación de los centros de recepción de personas refugiadas e inmigrantes, unas condiciones indignas de acogida que se prolongan en el tiempo y la falta de protección adecuada de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como los niños y niñas no acompañados o las mujeres víctimas de trata. Todo ello en el marco de un sistema de asilo degradado.
“Amnistía denuncia el fallido sistema de acogida y asilo, que causa sufrimiento a miles de personas migrantes y refugiadas"
Apenas un 4,4% de las personas que han solicitado asilo en España (3.083 del total de 88.826) lo han hecho en las islas Canarias, a pesar del incremento en las llegadas. Amnistía Internacional considera que los principales factores que contribuyen a este número tan bajo de solicitudes son la falta de acceso a información y asistencia letrada e intérprete adecuadas, así como las demoras y obstáculos para formalizar las solicitudes de asilo en las islas.
También en Melilla, desde antes del inicio de la pandemia ya se estaban incumpliendo los estándares internacionales sobre las condiciones de acogida de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. El constante estado de hacinamiento del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla o el uso de instalaciones no aptas, que se crearon durante la pandemia (como la plaza de toros de la ciudad) para acoger a personas, han sido espacios donde los protocolos sanitarios han sido de deficiente aplicación.
Amnistía Internacional lanzó un decálogo sobre cómo afrontar la crisis sanitaria surgida por la pandemia y una campaña solicitando el traslado urgente de las personas en situación de mayor vulnerabilidad a centros adecuados en otras zonas del país y una acogida y condiciones sanitarias dignas para todas ellas.
Frente a una política migratoria capaz de poner en primer término la defensa de la vida, tanto los gobiernos europeos como las instituciones europeas han seguido criminalizando a personas u organizaciones que trataban de prestar ayuda a las personas migrantes.
En los últimos años se han venido desplegando una serie de medidas restrictivas, sancionadoras y punitivas contra personas y grupos que defienden los derechos de la población en movimiento.
En toda Europa se ha procesado y hostigado a gente por actos de solidaridad con personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes (como proporcionar ropa de abrigo, ofrecer refugio y salvar vidas en el mar, cuando los propios Estados no lo estaban haciendo). Al castigar a quienes se ofrecían a paliar las carencias existentes, los gobiernos europeos han hecho que las personas en movimiento corran mayor peligro aún. Las autoridades españolas han hecho un uso indebido de normas administrativas para restringir las operaciones de salvamento de barcos de ONG, a las que han amenazado con multas de hasta 901.000 euros.
Ante los intentos de entrada y la llegada de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a las costas españolas, Amnistía Internacional denuncia la persistencia de expulsiones “en caliente” por parte de las autoridades españolas, así como la desprotección de las personas que podrían estar huyendo de abusos de derechos humanos en sus países de origen y podrían necesitar protección internacional, por ejemplo, aquellas procedentes de países en conflicto, con graves inestabilidades políticas, o donde se producen graves violaciones de derechos humanos como Siria, Irak, Afganistán, República Centroafricana, Sudán del Sur, República Democrática del Congo o Mali, entre otros.
El Tribunal Constitucional español se pronunció en 2020 sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana, que modificaba la Ley de Extranjería introduciendo una nueva figura reguladora de los “rechazos en frontera” aplicable solo a Ceuta y Melilla. Este aparente “amparo” judicial no puede hacernos olvidar que las devoluciones sumarias son prácticas que vulneran derechos humanos, ya que la aplicación práctica de garantías de derecho internacional, como tener acceso a los procedimientos de solicitud de asilo y a recurrir cualquier decisión, no resulta compatible con una expulsión inmediata de territorio europeo.
En mayo de 2021 más de 8.000 personas, entre las que había alrededor de 2.000 menores no acompañados, entraron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos. Según informes, las fuerzas armadas españolas desplegadas en la frontera llevaron a cabo devoluciones colectivas y forzosas sin ninguna salvaguardia.
Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, reclamó en marzo de 2022 que el Acuerdo de Gobierno para la reforma de la Ley de Seguridad ciudadana aparque la prohibición de las expulsiones sumarias y colectivas, contrarias al derecho internacional, y se limite a derivar la cuestión a la reforma de la Ley de Extranjería.
“Todas las personas que llegan a nuestras costas tienen derecho a ser tratadas con dignidad y humanidad. Las devoluciones en caliente pueden dejarlas sin protección ni garantías. ”
Europa es una región con un alto nivel de vida. Todos los Estados de la Unión deben acoger según su tamaño y capacidad porque queremos una sociedad más acogedora y solidaria que dé la bienvenida a quienes más apoyo necesitan.
Queremos que todas las personas tengan la oportunidad de vivir dignamente con independencia de su origen. España y Europa deben abrir rutas legales y seguras de acceder a su territorio, ofrecer una acogida digna, unos procesos de asilo justos (que ofrezcan protección efectiva a quienes la necesitan) y acabar con las devoluciones ilegales en las fronteras.
“El derecho de las personas a migrar está reconocido y protegido por leyes internacionales.”
