1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

Manuel Castello, miembro de Open Arms, rocía agua mientras bromea con Ramadán, de 22 años, de Sudán, a bordo del bote de rescate de la ONG Proactiva Open Arms en el mar Mediterráneo, el 7 de agosto de 2018. © Reuters/Juan Medina

Inmigración y refugio en España

Desde siempre las personas nos hemos desplazado de un lugar a otro. Las migraciones han sido una constante en la historia humana y uno de sus motores de progreso. El derecho de las personas a migrar está reconocido y protegido por leyes internacionales.

Como resultado de las guerras, el cambio climático y las enormes desigualdades, a día de hoy alrededor de 80 millones de personas se han visto desplazadas a la fuerza y hay 26 millones de personas refugiadas en el mundo, el mayor número jamás registrado, encontrándose la mayoría (el 85%) en países de ingresos bajos y medios. Amnistía Internacional lleva años denunciando los múltiples obstáculos que se encuentran las personas en su intento de entrar en España. Denunciamos que el gobierno español se comprometió a reubicar a 15.888 personas y a reasentar a 1.449, si bien a 28 de febrero de 2018 solo se habían acogido a 2.782.

En diciembre de 2018 el Estado español firmó el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular en Marrakech, que aunque no vinculante jurídicamente, se basa en los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a los Estados a respetar, proteger y garantizar estos derechos a todas las personas, sin discriminación alguna y propiciar vías seguras para la migración.

Varias personas refugiadas cantan durante una acción social en la que refugiados y ciudadanos se miran en silencio para conmemorar el Día Mundial del Refugiado, organizado por la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR) en Málaga, España, 20 de junio de 2018. © Reuters/Jon Nazca
Abu Salem, de 30 años, de Senegal, descansa en un banco del parque en Fraga, Huesca, España, el jueves 2 de julio de 2020. Las autoridades del noreste de España han ordenado el cierre de una comarca alrededor de la ciudad de Lleida debido a los preocupantes brotes de COVID-19.
Abu Salem, de 30 años, de Senegal, descansa en un banco del parque en Fraga, Huesca, el 2 de julio de 2020. © AP Photo/Emilio Morenatti

Las solicitudes de asilo en España se encuentran colapsadas: según cifras de EUROSTAT en marzo de 2019 España tenía pendientes de resolver más de 100.000 solicitudes de protección internacional.

Amnistía Internacional exige al gobierno que deje atrás las políticas migratorias ambiguas, pare las devoluciones ilegales en frontera y apueste claramente por proteger los derechos de estas personas, recordando la necesidad de establecer vías legales y seguras para que las personas migrantes y refugiadas no se jueguen la vida en viajes peligrosos, la importancia de combatir los discursos demonizadores y la criminalización de las organizaciones que trabajan con estas personas, o la urgencia de una solidaridad europea que no se deje a la libre decisión de los Estados y que ha sido poco ambiciosa con el reciente Plan sobre Migración de la Comisión Europea presentado en septiembre de 2020.

Acogida digna y traslado urgente

La situación que se está viviendo en las Islas Canarias es un motivo de gran preocupación, donde se han incrementado de manera considerable las llegadas de personas migrantes, a pesar de lo peligroso de la ruta, cobrando más de 500 vidas durante el año 2020.

A pesar de que ya desde principios de 2020 se empezaron a incrementar las llegadas por esta vía, la gestión por las autoridades ha estado rodeada de improvisación, desatendiendo incluso las necesidades más básicas de las personas migrantes, entre las que se encontraban posibles refugiadas.

Una vez más, la respuesta institucional ha sido la implantación de la política de dificultar los traslados a la península como forma de disuasión, permitiendo de nuevo que se creen campamentos para acoger a personas migrantes y refugiadas que no respetan las condiciones de dignidad y seguridad de las que allí se ven obligadas a vivir.

Biram Fall, un migrante de 52 años de Senegal, espera un autobús.
Biram Fall, un migrante de 52 años de Senegal, espera un autobús. © AP Photo/Emilio Morenatti
Imágenes del CETI de Melilla en la actualidad.
Imágenes del CETI de Melilla en la actualidad. Cedida por personas residentes

Las imágenes del Muelle de Arguineguin son solo una muestra de la falta de una verdadera política en materia migratoria.

También en Melilla, desde desde antes del inicio de la pandemia ya se estaban incumpliendo los estándares internacionales sobre las condiciones de acogida de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. El constante estado de hacinamiento del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, o el uso de instalaciones no aptas para acoger a personas que se crearon durante la pandemia, como la plaza de toros de la ciudad, en unas condiciones deplorables, han sido espacios donde los protocolos sanitarios han sido de deficiente aplicación.

Amnistía Internacional lanzó una campaña solicitando el traslado urgente de las personas en situación de mayor vulnerabilidad a centros adecuados en otras zonas del país y una acogida y condiciones sanitarias dignas para todas ellas.

Criminalización de la solidaridad a quienes ayudan a personas migrantes

Frente a una política migratoria que ponga en primer término la defensa de la vida, tanto los gobiernos europeos como las instituciones europeas han seguido criminalizando a personas u organizaciones que trataban de prestar ayuda a las personas migrantes.

En los últimos años se han venido desplegado una serie de medidas restrictivas, sancionadoras y punitivas contra personas y grupos que defienden los derechos de la población en movimiento, con medidas como utilizar normas de inmigración y lucha contra el terrorismo para restringir indebidamente el derecho a defender los derechos humanos.

En toda Europa se está procesando y hostigando a gente por actos de solidaridad con personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes como proporcionar ropa de abrigo, ofrecer refugio y salvar vidas en el mar cuando los propios Estados no lo estaban haciendo. Al castigar a quienes se ofrecen a paliar las carencias existentes, los gobiernos europeos hacen que las personas en movimiento corran mayor peligro aún.

En el caso de las autoridades españolas la amenaza de multas de hasta 901.000 euros al barco humanitario Open Arms después de poner rumbo de nuevo al Mediterráneo central desde Nápoles en junio de 2019, ha sido un ejemplo de esta práctica.

En Europa se está procesando y hostigando a gente por actos de solidaridad con personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes"

Los servicios de emergencia llevan el cuerpo sin vida de un migrante rescatado por el Servicio de Salvamento Marítimo español, en el puerto de Arguineguín en la isla de Gran Canaria, España, el viernes 21 de agosto de 2020. Las autoridades españolas afirman que cinco migrantes han muerto y 11 han sobrevivido mientras intentaban llegar al sur de las Islas Canarias,
Los servicios de emergencia llevan el cuerpo sin vida de un migrante rescatado por el Servicio de Salvamento Marítimo español, en el puerto de Arguineguín en la isla de Gran Canaria, el viernes 21 de agosto de 2020. Las autoridades españolas afirmaron que cinco migrantes habían muerto y 11 habían sobrevivido mientras intentaban llegar al sur de las Islas Canarias, © AP Photo/Emilio Morenatti
Migrantes africanos hacen gestos desde lo alto de la valla fronteriza de Melilla durante un intento de cruzar a territorio español, 22 de octubre de 2014.© Reuters/Jesús Blasco de Avellaneda
© AP Photo/Emilio Morenatti

Expulsiones "en caliente"

Ante los intentos de entrada y la llegada de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a las costas españolas, Amnistía Internacional denuncia la persistencia de expulsiones “en caliente” por parte de las autoridades españolas, así como la desprotección de las personas que podrían estar huyendo de abusos de derechos humanos en sus países de origen y podrían necesitar protección internacional, por ejemplo, aquellas procedentes de países en conflicto, con graves inestabilidades políticas, o donde se producen graves violaciones de derechos humanos como Siria, Irak, Afganistán, República Centroafricana, Sudán del Sur, República Democrática del Congo o Mali, entre otros. Solo en 2018 España devolvió “en caliente” a 658 personas.

El Tribunal Constitucional español se pronunció en 2020 sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana, que modificaba la Ley de Extranjería introduciendo una nueva figura reguladora de los “rechazos en frontera” aplicable solo a Ceuta y Melilla. Este aparente “amparo” judicial no puede hacernos olvidar que las devoluciones sumarias son prácticas que vulneran derechos humanos, ya que la aplicación práctica de garantías de derecho internacional, como tener acceso a los procedimientos de solicitud de asilo y a recurrir cualquier decisión, no resulta compatible con una expulsión inmediata de territorio europeo.

Además, la aplicación del Acuerdo de 1992 entre España y Marruecos es una muestra más de unas políticas de externalización que pretenden hacer de países como Marruecos o Libia “guardianes” para contener la migración y mantener la Fortaleza Europa cerrada a cal y canto. Al amparo de la aplicación de este acuerdo, España ha llevado a cabo devoluciones exprés a Marruecos de decenas de personas en las que difícilmente se puede garantizar un procedimiento individualizado con todas las garantías.

¿Qué queremos que cambie tanto en España como en Europa?

Europa es una región con un alto nivel de vida. Aquí cabe mucha más gente y todos los Estados de la Unión deben acoger según su tamaño y capacidad, porque queremos una sociedad más acogedora y solidaria, que dé la bienvenida a quienes más apoyo necesitan.

Queremos que todas las personas tengan la oportunidad de vivir dignamente con independencia de su origen. España y Europa deben abrir rutas legales y seguras de acceder a su territorio, ofrecer una acogida digna, así como procesos de asilo justos que ofrezcan protección efectiva a quienes la necesitan y poner fin a las devoluciones ilegales en las fronteras.

Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que:

  • Aceleren los traslados de personas desde el CETI y la plaza de toros de Melilla y Canarias a la península, especialmente de las personas más vulnerables, hasta que dejen de estar sobresaturados y garantizando que todas ellas sean acogidas en condiciones adecuadas.
     
  • Reconozcan públicamente el papel y la contribución de los y las defensoras de los derechos humanos y la legitimidad de sus actividades, incluida su participación en los esfuerzos de salvamento y rescate, de conformidad con el derecho del mar.
     
  • Terminen con las prácticas de expulsiones ilegales y apliquen las normas internacionales de derechos humanos, también en la frontera, incluyendo la zona vallada. Y rindan cuentas ante las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en nuestras fronteras.– Deroguen la disposición adicional de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que busca dar cobertura legal a las expulsiones sumarias de España a Marruecos.
     
  • Deroguen la disposición adicional de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que busca dar cobertura legal a las expulsiones sumarias de España a Marruecos.
     
  • Garanticen el derecho de asilo, estableciendo mecanismos adecuados que permitan identificar a personas con necesidades de protección internacional, asegurando la presencia de traductores, y facilitando el acceso de las organizaciones especializadas que puedan informarles de cuáles son sus derechos.
Varias mujeres sostienen banderas de la oposición siria mientras gritan consignas durante una protesta en solidaridad con personas refugiadas sirias, en Málaga, el 9 de septiembre de 2015. © Reuters/Jon Nazca
Europa es una región con un alto nivel de vida(...) Queremos una sociedad más acogedora y solidaria, que dé la bienvenida a quienes más apoyo necesitan.
Agentes de policía colocan botas impermeables en el suelo mientras inspeccionan una embarcación en la que se encontraron 15 malienses muertos a la deriva en el Atlántico el jueves 20 de agosto de 2020 en la isla de Gran Canaria.
Agentes de policía colocan botas impermeables en el suelo mientras inspeccionan una embarcación encontrada a la derivada con 15 malienses muertos, el 20 de agosto de 2020 en la isla de Gran Canaria. © AP Photo/Emilio Morenatti

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