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Inmigración y refugio en España

Manuel Castello, miembro de Open Arms, rocía agua mientras bromea con Ramadán, de 22 años, de Sudán, a bordo del bote de rescate de la ONG Proactiva Open Arms en el mar Mediterráneo, el 7 de agosto de 2018. © Reuters/Juan Medina

Desde siempre las personas nos hemos desplazado de un lugar a otro. Las migraciones han sido una constante en la historia humana y uno de sus motores de progreso. El derecho de las personas a migrar está reconocido y protegido por leyes internacionales.

Como resultado de las guerras, el cambio climático y las enormes desigualdades, a día de hoy hay 25 millones de personas refugiadas en el mundo, el mayor número jamás registrado.encontrándose la mayoría (el 85%) en países de ingresos bajos y medios. En este contexto Amnistía Internacional lleva años denunciando los múltiples obstáculos que se encuentran las personas en su intento de entrar en España. También denunciamos que el gobierno español se comprometió a reubicar a 15.888 personas y a reasentar a 1.449. A 28 de febrero de 2018 solo se habían acogido a 2.782. Más información.

Las solicitudes de asilo en España se encuentran colapsadas: según cifras de EUROSTAT en marzo de 2019 España tenía pendientes de resolver más de 100.000 solicitudes de protección internacional.

Recientemente el Estado español ha firmado el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular en Marrakech, que aunque no vinculante jurídicamente, se basa en los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a los Estados a respetar, proteger y garantizar estos derechos a todas las personas, sin discriminación alguna y propiciar vías seguras para la migración. Amnistía Internacional exige al gobierno que deje atrás las políticas migratorias ambiguas, pare las devoluciones ilegales en frontera y apueste claramente por proteger los derechos de estas personas.

Expulsiones “en caliente”

Ante los intentos de entrada y la llegada de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a las costas españolas, Amnistía Internacional denuncia la persistencia de expulsiones “en caliente” por parte de las autoridades españolas, así como la desprotección de las personas que podrían estar huyendo de abusos de derechos humanos en sus países de origen y podrían necesitar protección internacional, por ejemplo, aquellas procedentes de países en conflicto, con graves inestabilidades políticas, o donde se producen graves violaciones de derechos humanos como Siria, Irak, Afganistán, República Centroafricana, Sudán del Sur, República Democrática del Congo o Mali, entre otros. Solo en 2018 España devolvió “en caliente” a 658 personas.

Amnistía Internacional recuerda a las autoridades españolas que las expulsiones sumarias y colectivas, están prohibidas por tratados internacionales como el Protocolo IV del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También incumplen la legislación española de extranjería, al privar a las personas migrantes de un proceso con garantías, que permita identificar de manera individualizada si estas personas necesitan protección internacional.

Además, la aplicación del Acuerdo de 1992 entre España y Marruecos es una muestra más de unas políticas de externalización que pretenden hacer de países como Marruecos o Libia “guardianes” para contener la migración y mantener la Fortaleza Europa cerrada a cal y canto. Al amparo de la aplicación de este acuerdo, España ha llevado a cabo devoluciones exprés a Marruecos de decenas de personas en las que difícilmente se puede garantizar un procedimiento individualizado con todas las garantías.

¿Qué queremos que cambie tanto en España como en Europa?

Europa es una región con un alto nivel de vida. Aquí cabe mucha más gente y todos los Estados de la Unión deben acoger según su tamaño y capacidad, porque queremos una sociedad más acogedora y solidaria, que dé la bienvenida a quienes más apoyo necesitan.

Queremos que todas las personas tengan la oportunidad de vivir dignamente con independencia de su origen. España y Europa deben abrir rutas legales y seguras de acceder a su territorio, así como procesos de asilo justos que ofrezcan protección efectiva a quienes la necesitan y poner fin a las devoluciones ilegales en las fronteras.

Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que:

– Terminen con las prácticas de expulsiones ilegales y apliquen llas normas internacionales de derechos humanos, también en la frontera, incluyendo la zona vallada. Y rindan cuentas ante las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en nuestras fronteras.

– Deroguen la disposición adicional de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que busca dar cobertura legal a las expulsiones sumarias de España a Marruecos.

– Garanticen el derecho de asilo, estableciendo mecanismos adecuados que permitan identificar a personas con necesidades de protección internacional, asegurando la presencia de traductores, y facilitando el acceso de las organizaciones especializadas que puedan informarles de cuáles son sus derechos.

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