1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

Turquía

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

La judicatura no respetaba las garantías sobre juicios justos y el debido proceso, y continuó aplicando leyes antiterroristas de imprecisa definición para castigar actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Algunos miembros de la profesión jurídica y la judicatura fueron objeto de sanciones por el legítimo ejercicio de sus funciones profesionales. Persistió el acoso judicial contra personas tales como periodistas, activistas, figuras de la política, usuarios y usuarias de redes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos por su disidencia o presunta disidencia. Cuatro defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellos Taner Kılıç, fueron declarados culpables de cargos infundados en el juicio de Büyükada. Osman Kavala continuó en prisión a pesar de haber sido absuelto en el juicio de Gezi y de una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a favor de su liberación. Los comentarios de un alto cargo público contra el colectivo LGBTI fueron secundados por varias autoridades gubernamentales, entre ellas el presidente Erdoğan. El partido gobernante amenazó con retirar a Turquía del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul). Las reformas jurídicas introducidas en el contexto de la COVID-19 excluían de la liberación anticipada a personas injustamente condenadas en aplicación de la legislación antiterrorista y a quienes estaban en prisión preventiva. Continuaron las denuncias verosímiles de tortura y otros malos tratos.

Información general

En febrero, tras los ataques aéreos sirios que causaron la muerte de 33 soldados turcos en Idlib (Siria), Turquía lanzó la operación militar Escudo de Primavera contra las fuerzas sirias (véase el apartado sobre Siria). Simultáneamente declaró abiertas sus fronteras con la Unión Europea, y promovió y facilitó el traslado de miles de solicitantes de asilo y migrantes a la frontera terrestre de Grecia. Las fuerzas griegas respondieron con violentas devoluciones ilegales que causaron al menos tres muertes. En abril, el gobierno aprovechó la crisis de la COVID-19 para reprimir aún más a la oposición, prohibiendo varias campañas municipales de donaciones organizadas por ésta y abriendo investigaciones sobre las iniciativas de recaudación de fondos para combatir la pandemia emprendidas por los alcaldes de Estambul y Ankara.

En marzo y de nuevo en octubre, debido a la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Salud prohibió al personal sanitario dimitir de sus puestos. Inicialmente estaba previsto que la prohibición durara tres meses, pero más tarde se amplió hasta nuevo aviso.

En noviembre y diciembre se impusieron multas de 40 millones de liras turcas (más de 4 millones de euros) a empresas de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram por no haber nombrado un representante legal en Turquía como exigía la ley reformada sobre redes sociales. Las empresas que incumplieran sus obligaciones jurídicas se exponían a más sanciones, como una reducción del ancho de banda, lo que impediría acceder a sus servicios en Turquía. En diciembre, YouTube anunció el establecimiento de una entidad jurídica en el país.

Extralimitaciones del Estado

Judicatura y profesionales del derecho

Al final del año continuaba la investigación disciplinaria abierta por el Consejo de Jueces y Fiscales contra los tres jueces que el 18 de febrero habían absuelto a las personas acusadas en el juicio de Gezi, entre ellas el líder de la sociedad civil Osman Kavala. Antes de abrirse la investigación, el presidente había criticado públicamente la decisión absolutoria.

En julio, el Parlamento aprobó una ley que modificaba la estructura de los colegios de abogados. Miles de profesionales del derecho protestaron, y 78 de los 80 colegios existentes firmaron una declaración de oposición a la reforma. La nueva ley menoscababa la autoridad e independencia de los colegios.

Prosiguieron las investigaciones penales contra profesionales del derecho por representar a personas acusadas de “delitos de terrorismo”.

En septiembre, la policía detuvo, simplemente por realizar su trabajo, a 47 abogados y abogadas acusados de presunta “pertenencia a una organización terrorista”; al menos 15 quedaron bajo custodia en espera de juicio. También en septiembre, el Tribunal de Casación confirmó las condenas a prisión impuestas a 14 miembros de la Asociación de Abogados Progresistas tras su enjuiciamiento en virtud de la legislación antiterrorista.

Represión de la disidencia

Seguían utilizándose las investigaciones penales y los enjuiciamientos en aplicación de la legislación antiterrorista, así como la detención punitiva en espera de juicio, para silenciar la disidencia aunque no existieran pruebas de delito.

Con el pretendido fin de combatir las “noticias falsas”, la “incitación” o la “propagación de miedo y pánico”, las autoridades utilizaban el derecho penal para actuar contra quienes hablaban sobre la pandemia de COVID-19 en Internet. La Unidad de Delitos Informáticos del Ministerio del Interior afirmó que 1.105 usuarios de redes sociales habían hecho “propaganda de una organización terrorista”, entre otras cosas, al haber compartido “publicaciones provocadoras sobre la COVID-19” entre el 11 de marzo y el 21 de mayo; según informes, 510 fueron detenidos para ser interrogados.

En octubre, el presidente puso en el punto de mira a la Asociación Médica de Turquía y llamó “terrorista” a su nueva presidenta después de que la Asociación criticara reiteradamente la respuesta del gobierno a la COVID-19.

En abril, ante la propagación de la COVID-19 en el país, el gobierno reformó la ley sobre ejecución de sentencias para posibilitar la excarcelación anticipada de hasta 90.000 personas presas, pero excluyó expresamente a las que estaban detenidas en espera de juicio y a las condenadas en virtud de leyes antiterroristas.

Continuaron las investigaciones y los enjuiciamientos abusivos de exparlamentarios y de miembros partidos de la oposición. En junio, un tribunal de apelación de Estambul confirmó el fallo condenatorio de Canan Kaftancıoğlu, presidenta provincial de Estambul del opositor Partido Popular Republicano. Canan Kaftancıoğlu había sido condenada a nueve años y ocho meses de prisión por “insultar al presidente”, “insultar a un funcionario público”, “incitar a la enemistad y el odio” y “hacer propaganda de una organización terrorista”. La sentencia se refería a unos tuits que había publicado siete años antes. La causa continuaba pendiente ante el Tribunal de Casación al final del año.

En octubre, 20 miembros y exmiembros del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos, entre ellos el alcalde de la ciudad de Kars, Ayhan Bilgen, quedaron detenidos en espera de juicio por su presunta participación en las protestas violentas de octubre de 2014. Las acusaciones se basaban en gran medida en publicaciones de la cuenta oficial del partido en Twitter. El 2 de octubre, tras la decisión de poner a Ayhan Bilgen en prisión preventiva, el Ministerio del Interior nombró interventor de su municipio al gobernador de Kars. Los anteriores copresidente Selahattin Demirtaş y copresidenta Figen Yüksekdağ permanecían en prisión preventiva desde septiembre de 2019 como parte de la misma investigación. Al final del año estaba pendiente ante el tribunal de primera instancia una nueva acta de acusación formal presentada días después de que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos solicitara la liberación inmediata de Selahattin Demirtaş al considerar que se había violado su derecho a la libertad de expresión y su derecho a la libertad y la seguridad, a unas elecciones libres y a no ser objeto del uso indebido de las limitaciones de derechos.

En diciembre, el Parlamento aprobó una ley, teóricamente concebida para evitar la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que tuvo graves consecuencias para las organizaciones de la sociedad civil. Entre otras cosas, la ley permitía apartar de las juntas directivas de ONG a personas acusadas de virtud de leyes antiterroristas para ser sustituidas por interventores nombrados por el gobierno.

Libertad de expresión

Había periodistas y otros trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación que continuaban en detención en espera de juicio o cumpliendo penas de prisión. Algunos que estaban procesados en virtud de la legislación antiterrorista fueron declarados culpables y condenados a años de prisión; su legítima labor periodística se presentó como prueba de los delitos.

En marzo, la policía detuvo a al menos 12 periodistas por informar sobre la pandemia de COVID-19; entre ellos se encontraba la periodista y defensora de los derechos humanos Nurcan Baysal, acusada de “incitar a la enemistad y el odio” por sus publicaciones en redes sociales. Seis periodistas fueron a prisión por informar sobre el funeral de dos presuntos miembros de la Agencia Nacional de Inteligencia asesinados en Libia. En mayo se acusó formalmente a los seis detenidos y a otro periodista de “revelar la identidad de agentes de inteligencia”. En septiembre se dictó prisión contra cinco de ellos por “publicar información secreta”.

Los periodistas Alptekin Dursunoğlu y Rawin Sterk Yıldız, detenidos en marzo por sus publicaciones en redes sociales, quedaron en libertad en su primera vista, en marzo y septiembre, respectivamente. Sus causas seguían pendientes al terminar el año.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentaron a investigaciones penales y procesamientos por su labor de derechos humanos.

En julio concluyó el juicio de Büyükada contra 11 defensores y defensoras de los derechos humanos. El tribunal declaró a Taner Kılıç culpable de “pertenencia a la Organización Terrorista Fethullah Gülen (FETÖ)” y lo condenó a 6 años y 3 meses de prisión, y condenó a İdil Eser, Günal Kurşun y Özlem Dalkıran a “un año y 13 meses” de prisión por “ayudar de manera consciente e intencionada a FETÖ”. Los siete acusados restantes fueron absueltos. El 1 de diciembre, un tribunal regional de apelación confirmó los fallos condenatorios de los cuatro defensores y defensoras, quienes recurrieron ante el Tribunal de Casación.

En febrero, Osman Kavala y otras ocho figuras de la sociedad civil fueron absueltos de todos los cargos, entre ellos “intentar derrocar al gobierno” y “dirigir” las protestas del parque Gezi en 2013. Sin embargo, Osman Kavala fue detenido por nuevos cargos sólo unas horas después de su liberación. En mayo, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó su decisión de diciembre de 2019, en la que pedía la liberación inmediata de Kavala tras concluir que su prolongada reclusión previa al juicio era ilegal y servía a un “propósito ulterior”. Tanto en sus exámenes del caso en septiembre y octubre como en su resolución provisional de diciembre, el Comité de Ministros del Consejo de Europa pidió a Turquía que acatara la sentencia del Tribunal Europeo.

En octubre, un tribunal de Estambul admitió una nueva acta de acusación formal contra Osman Kavala y el académico estadounidense Henri Barkey por “intentar subvertir el orden constitucional” y “espionaje” a pesar de la ausencia de pruebas. En diciembre, el Pleno del Tribunal Constitucional concluyó que no había irregularidades en la reclusión preventiva de Kavala que, al terminar el año, continuaba en prisión.

En enero, la fiscalía de Estambul pidió un fallo de culpabilidad para la abogada de derechos humanos Eren Keskin en el juicio principal sobre el periódico Özgür Gündem, junto con otras personas que habían participado en una campaña de solidaridad. En febrero, dos de las acusadas, Necmiye Alpay y Aslı Erdoğan, fueron absueltas en virtud de una sentencia provisional. Se mantuvieron los cargos contra Eren Keskin y otras tres personas.

En marzo, Raci Bilici, expresidente de la sección de Diyarbakır de la ONG Asociación de Derechos Humanos (IHD), fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por “pertenencia a una organización terrorista” debido a su labor de derechos humanos. Al final del año estaba pendiente un recurso de apelación.

En octubre comenzó el juicio —a raíz de un informe publicado en 2019 por el grupo de investigación Forensic Architecture— contra tres agentes de policía y un presunto miembro del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) acusados de matar al abogado de derechos humanos Tahir Elçi en Diyarbakır casi cinco años antes. Los agentes se enfrentaban al cargo de “causar la muerte por negligencia dolosa”.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En abril, un alto funcionario público de la Dirección de Asuntos Religiosos (Diyanet) culpó de la propagación del VIH/sida a la homosexualidad y a las personas que tenían relaciones extramatrimoniales. En un sermón del viernes centrado en la pandemia de COVID-19, pidió a sus seguidores que combatieran este “mal”, y el presidente secundó su llamamiento. Los colegios de abogados que criticaron sus declaraciones fueron objeto de investigación criminal en aplicación del artículo 216/3 del Código Penal, que tipificaba como delito “insultar los valores religiosos”.

Derechos de las mujeres y de las niñas

En julio, el brutal asesinato de la estudiante de 27 años Pınar Gültekin dio paso a protestas en todo el país. Al final del año seguía abierto el juicio de dos hombres acusados de su asesinato.

En agosto, las propuestas de retirar a Turquía del Convenio de Estambul formuladas por algunos miembros del partido gobernante, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, provocaron manifestaciones en todo el país. Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres criticaron el incumplimiento del Convenio, incluida la falta de respuesta adecuada al aumento de la violencia de género en el ámbito familiar durante las restricciones impuestas por la COVID-19. Aunque el Ministerio del Interior anunció que habían muerto 266 mujeres por violencia de género en 2020, los datos proporcionados por organizaciones de mujeres eran muy superiores.

Libertad de reunión

En marzo, las autoridades prohibieron la manifestación del Día Internacional de la Mujer en Estambul por segundo año consecutivo. La policía utilizó gas lacrimógeno y balas de plástico para dispersar a manifestantes pacíficos que habían desafiado la prohibición.

El juicio de las seis mujeres acusadas de “no dispersarse” en aplicación del artículo 32 de la Ley de Reuniones y Manifestaciones comenzó en noviembre. Los cargos tenían que ver con su participación en una protesta pacífica organizada en diciembre de 2019 con la coreografía de Las Tesis para combatir el feminicidio.

En junio, un tribunal administrativo de Ankara resolvió que prohibir la marcha estudiantil del Orgullo en el campus universitario era ilegal. El 10 de diciembre se aplazó hasta abril de 2021 el juicio de 18 estudiantes y un profesor de la Universidad Técnica de Oriente Medio (METU) de Ankara por participar en una marcha del Orgullo organizada en el campus en mayo de 2019.

Tortura y otros malos tratos

Según el testimonio de Osman Şiban, él y Servet Turgut sufrieron lesiones graves tras ser detenidos y golpeados por un nutrido grupo de soldados en la provincia de Van en septiembre. Servet Turgut murió en el hospital el 30 de ese mismo mes. Las declaraciones de la oficina del gobernador de Van y del ministro del Interior contradecían las de Osman Şiban y testigos presenciales. La investigación criminal abierta por la fiscalía de Van sobre las acusaciones de tortura estaba sometida a secreto. En octubre fueron detenidos en Van, por “pertenencia a una organización terrorista”, cuatro periodistas que cubrían la información del caso; los cargos se basaban en las agencias de noticias para las que trabajaban los periodistas y en el hecho de que éstos habían convertido en noticia “incidentes públicos desde la perspectiva del Partido de los Trabajadores Kurdos/Unión de Comunidades Kurdas (PKK/KCK) y siguiendo sus órdenes en detrimento del Estado”.

En diciembre, Mehmet Sıddık Meşe, quien estaba en prisión preventiva en la cárcel de Diyarbakır, fue privado de asistencia médica urgente y de un reconocimiento médico forense tras sufrir presuntamente una brutal paliza a manos de guardias de la prisión. Al terminar el año, las autoridades de la fiscalía no habían emprendido una investigación independiente sobre estas denuncias.

Desapariciones forzadas

En febrero, Gökhan Türkmen, uno de los siete acusados de tener vínculos con el movimiento Fethullah Gülen que habían estado desaparecidos en 2019, relató ante el tribunal la tortura y otros malos tratos que había sufrido durante los 271 días de su desaparición forzada. El tribunal pidió que se llevara a cabo una investigación criminal sobre sus denuncias.

Al concluir el año seguía sin conocerse el paradero de Yusuf Bilge Tunç, desaparecido en agosto de 2019.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Turquía continuaba siendo el país con la mayor población refugiada del mundo: unos 4 millones de personas, 3,6 millones de ellas de origen sirio. Seguía vigente el acuerdo UE-Turquía de 2016, por el que el país recibía ayuda económica europea para atender a las personas refugiadas en su territorio a cambio de su cooperación en materia de control migratorio y devoluciones.

Tras anunciar la apertura de sus fronteras con la Unión Europea el 27 de febrero, Turquía cometió la irresponsabilidad de promover y facilitar el desplazamiento de solicitantes de asilo y migrantes hasta la frontera terrestre griega, donde se registraron violentas devoluciones sumarias que causaron muertes y lesiones (véase el apartado sobre Grecia). Al final de marzo, las autoridades turcas trasladaron a personas desde la zona fronteriza.

Según el informe de una ONG publicado en octubre, Turquía deportó a más de 16.000 personas a Siria durante el año. En mayo, unas personas sirias denunciaron que habían sido objeto de devolución a Siria y presionadas para firmar documentos donde declaraban que querían regresar.1

En septiembre, según datos de la ONU, Turquía había deportado a alrededor de 6.000 personas a Afganistán, a pesar de que la situación en ese país no permitía regresar de forma segura y digna.

  1. Turkey: Halt illegal deportation of people to Syria and ensure their safety (EUR 44/2429/2020)

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

República de Turquía
Jefe del Estado y del gobierno: Recep Tayyip Erdoğan

Noticias

Ver más noticias

Artículos

Análisis, opinión, historias personales y otros

Ver más artículos

Documentos

Ver más documentos