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Turquía 2019

Durante 2019 siguió reprimiéndose la disidencia, real o supuesta, a pesar de que el estado de excepción se había levantado en julio de 2018, tras dos años en vigor. Miles de personas se hallaban sometidas a detención prolongada y punitiva en espera de juicio, en muchos casos, sin que existieran pruebas creíbles de que hubieran cometido algún delito reconocible según el derecho internacional. El derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica estaba gravemente restringido, y las personas consideradas críticas con el gobierno —sobre todo, periodistas, activistas de la esfera política y defensores y defensoras de los derechos humanos— eran privadas de libertad o acusadas falsamente de delitos. Las autoridades siguieron prohibiendo manifestaciones de manera arbitraria y haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza para disolver protestas pacíficas. Hubo denuncias creíbles de tortura y desaparición forzada. Turquía sometió a devolución (refoulement) a personas refugiadas sirias, aunque seguía albergando a más población refugiada que ningún otro país.

Información complementaria

Entre enero y mayo, miles de personas presas se sumaron a una huelga de hambre iniciada por la parlamentaria Leyla Güven para pedir que se permitiera a Abdullah Öcalan, líder de la organización armada Partido de los Trabajadores Kurdos, recibir visitas de sus familiares y abogados. Esas personas, así como quienes realizaron acciones solidarias en su apoyo, fueron criminalizadas y, en muchos casos, perseguidas judicialmente en aplicación de la legislación antiterrorista.

La Junta Suprema Electoral anuló por razones espurias los resultados de las elecciones municipales celebradas en marzo en Estambul, en las que se había alzado con la victoria el candidato del principal grupo de oposición, el Partido Popular Republicano. En junio, el mismo candidato ganó la repetición de las elecciones con una mayoría aún más holgada. Los alcaldes y alcaldesas designados por elección en 32 municipios en representación del grupo izquierdista de base kurda Partido Democrático de los Pueblos fueron destituidos por motivos poco creíbles, para reemplazarlos por funcionarios públicos no elegidos democráticamente. En justificación de justificar su destitución, el gobierno aludió a investigaciones y procesamientos que se estaban llevando a cabo por motivos de terrorismo. Al terminar el año, 18 seguían en detención previa al juicio.

El 9 de octubre, Turquía lanzó la operación “Manantial de la Paz”, ofensiva militar emprendida contra las fuerzas kurdas del noreste de Siria con el objetivo declarado de establecer una "zona segura” de 32 kilómetros de ancho adyacente a la frontera. La operación, llevada a cabo por el ejército turco junto con grupos armados sirios aliados con él, terminó en la práctica el 22 de octubre, en medio de indicios de crímenes de guerra.

En el último trimestre del año, el Parlamento aprobó un paquete de reformas judiciales, que no abordaron las deficiencias estructurales de una judicatura sometida a presión política extrema ni la necesidad de poner fin a los juicios y condenas injustos y de motivación política.[1]

Libertad de expresión

Con el fin de silenciar la disidencia real o supuesta, continuó recurriéndose a emprender investigaciones penales e interponer acciones judiciales en aplicación de la legislación antiterrorista, así como a la detención punitiva en espera de juicio, sin pruebas de delito alguno. Los tribunales bloquearon contenido online, y se abrieron investigaciones penales contra cientos de usuarios y usuarias de las redes sociales. En agosto entró en vigor una nueva normativa que exigía a las plataformas de transmisión por Internet solicitar licencias al Consejo Supremo de Radio y Televisión (RTÜK), con lo que sus contenidos pasaban a estar controlados por él, que extendía así a Internet sus facultades de censura.

Se investigaron al menos 839 cuentas de las redes sociales por haber compartido, presuntamente, “contenido delictivo” relacionado con la operación “Manantial de Paz”. Cientos de personas fueron puestas bajo custodia policial y al menos 24 quedaron detenidas en espera de juicio.<[2]

Periodistas

Decenas de periodistas y personal de los medios de comunicación se hallaban en prisión en espera de juicio o cumpliendo condena. En algunos casos habían sido investigados y juzgados en aplicación de la legislación antiterrorista, y declarados culpables y condenados a años de cárcel presentando como prueba del delito su trabajo periodístico pacífico. 

El 5 de julio, el Tribunal Supremo de Apelaciones anuló la sentencia dictada por un tribunal de primera instancia contra los periodistas Ahmet Altan y Nazlı Ilıcak por “intentar subvertir el orden constitucional”. En noviembre, tras la celebración de un nuevo juicio, fueron declarados culpables de “ayudar de manera consciente y voluntaria a una organización terrorista, sin pertenecer a ella” y condenados a 10 años y 6 meses y 8 años y 9 meses de prisión, respectivamente.[3] Ambos quedaron en libertad el 4 de noviembre, en espera de la resolución de un recurso de apelación. Sin embargo, Ahmet Altan fue detenido de nuevo el 12 de noviembre, tras haber presentado la fiscalía un recurso contra su liberación, y al concluir el año se hallaba recluido en la prisión de Silivri.

También se intimidó a periodistas cuando cubrían actos de protesta. Los periodistas Zeynep Kuray e İrfan Tunççelik fueron detenidos por la policía el 10 de mayo cuando cubrían protestas celebradas en Estambul en solidaridad con personas presas que se habían declarado en huelga de hambre. Quedaron en libertad bajo fianza el 13 de mayo, en espera de una investigación penal. Hakan Demir, director de los servicios digitales del diario Birgün, y Fatih Gökhan Diler, director editorial del sitio web de noticias Diken, fueron detenidos el 10 de octubre a causa de unos artículos sobre la operación “Manantial de Paz” que no contenían ninguna incitación a la violencia ni nada que se pudiera considerar delictivo. Ambos quedaron en libertad ese mismo día, pero se les prohibió viajar al extranjero en espera del resultado de las correspondientes investigaciones penales. El 27 de octubre fue detenida en el aeropuerto de Estambul la abogada y columnista Nurcan Kaya,investigada por “incitación a la animadversión o al odio” debido a un tuit en el que criticaba la operación “Manantial de Paz”. Quedó en libertad ese mismo día, pero posteriormente le prohibieron viajar al extranjero en espera de los resultados de la investigación.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentaron a investigaciones penales y procesamientos o fueron puestos bajo custodia policial o encarcelados por su labor de derechos humanos.

Durante 2019 continuó la vista judicial del caso de Büyükada, relativo a 11 defensores y defensoras de los derechos humanos —entre ellos, el expresidente, la exdirectora y varias personas más miembros de Amnistía Internacional Turquía, además de activistas en favor de los derechos de las mujeres y de la igualdad— acusados sin fundamento de “pertenencia a una organización terrorista”. En caso de ser declarados culpables, podrían ser condenados hasta a 15 años de prisión.[4]

El líder de la sociedad civil Osman Kavala y otras 15 personalidades del mismo ámbito se enfrentaban al cargo de de “intentar derrocar al gobierno o impedirle desempeñar sus obligaciones” por su presunto papel en la “dirección” de las protestas del parque Gezi de 2013. De ser declarados culpables, podrían ser condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 10 de diciembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la prolongada detención en espera de juicio de Osman Kavala no estaba justificada por ninguna sospecha razonable y que, en último extremo, lo que se pretendía con ella era silenciarlo, por lo que pidió su liberación inmediata. Al concluir el año, Kavala llevaba ya más de dos años recluido en la prisión de alta seguridad de Silivri. Yiğit Aksakoğlu, que había sido acusado junto con él, quedó en libertad bajo fianza tras una primera vista judicial, celebrada en junio, después de haber pasado siete meses en prisión.[5]

La abogada de derechos humanos Eren Keskin continuaba en peligro de ser encarcelada a consecuencia de más de 140 causas penales abiertas en su contra por el papel que había desempeñado como editora jefe simbólica del clausurado diario kurdo Özgür Gündem. En octubre, la sección antiterrorista de la Dirección de Seguridad de Estambul irrumpió en su domicilio y la interrogó por haber compartido publicaciones en las redes sociales en las que se criticaba la operación “Manantial de Paz”.

Figuras políticas y activistas

En julio, el Tribunal Constitucional halló que las sentencias condenatorias dictadas contra 10 figuras del mundo académico por “hacer propaganda de una organización terrorista”, como consecuencia de haber firmado en 2016 una petición por la paz en la que se criticaban los toques de queda indefinidos y las operaciones de seguridad en el sureste de Turquía, habían violado su derecho a la libertad de expresión y debían anularse. Esto supuso también la absolución de más de un centenar de personas que estaban siendo juzgadas por haber apoyado la petición, aunque otras continuaron imputadas pese a la decisión del Tribunal Constitucional. 

En septiembre, Bülent Şık, ingeniero alimentario y profesor universitario despedido de su puesto docente, fue declarado culpable de “revelar información clasificada” y condenado a 15 meses de prisión por una serie de artículos que ponían al descubierto la presencia de pesticidas cancerígenos y otras toxinas en productos agrícolas y en el agua. Al concluir el año, no se había resuelto aún su recurso de apelación contra la sentencia.[6]

Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdağ, expresidente y expresidenta conjuntos del Partido Democrático de los Pueblos, continuaban en prisión, condenados por cargos de terrorismo que, a falta de pruebas creíbles, se basaban sobre todo en sus discursos públicos. Desde las elecciones municipales de marzo, 20 alcaldes y alcaldesas electos de este partido quedaron detenidos en espera de juicio, y el Estado designó a otras personas para administrar los municipios. Al finalizar el año, 18 continuaban en detención en espera de juicio.

En septiembre, Canan Kaftancıoğlu, presidenta provincial de Estambul del principal grupo de oposición, el Partido Popular Republicano, fue condenada a nueve años y ocho meses de prisión por “insultar al presidente”, “insultar a un funcionario público por el desempeño de su deber”, “incitar a la animadversión” y el odio y “hacer propaganda de una organización terrorista”.

Libertad de reunión  

En varias ciudades del país se prohibieron todas las reuniones públicas, sin evaluar caso por caso la necesidad y la proporcionalidad de esa medida. La policía disolvió con violencia varias protestas pacíficas, y decenas de personas participantes en ellas fueron sometidas a investigaciones penales y juzgadas por cargos como “hacer propaganda de una organización terrorista”, “participar en una reunión ilegal” y “oponer resistencia a la policía”.

Los gobernadores de varias provincias continuaron restringiendo el derecho de reunión pacífica, sirviéndose para ello de las facultades extraordinarias que les confería una ley aprobada al terminar el estado de excepción.

En abril se levantó finalmente, por orden judicial, la prohibición general e indefinida de todos los actos convocados por personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI), impuesta por la gobernación de Ankara en noviembre de 2017, pero entonces se prohibieron estos actos individualmente. En mayo, la policía disolvió con fuerza innecesaria y excesiva la marcha estudiantil del Orgullo Gay y Lésbico de la Universidad Técnica de Oriente Medio de Ankara, que el rectorado había prohibido. En junio, las gobernaciones de Esmirna, Antalya y Mersin impusieron prohibiciones generales para impedir la celebración de actos durante la semana del Orgullo. En Estambul, se prohibió la marcha del Orgullo por quinto año consecutivo.[7]

En marzo, las autoridades prohibieron la manifestación de Estambul del Día Internacional de la Mujer justo antes de su celebración. La policía utilizó gases lacrimógenos y otras formas de fuerza excesiva para dispersar a las miles de personas que participaban pacíficamente en ella. En noviembre, la policía agredió en Estambul a cientos de mujeres que se habían congregado en un acto de protesta con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, utilizando contra ellas gases lacrimógenos y balas de plástico, y en Esmirna se abrió una investigación penal contra 25 mujeres que habían participado en un acto de protesta con la coreografía del colectivo Las Tesis. En diciembre, la policía disolvió con fuerza excesiva un acto de protesta celebrado en Estambul con la coreografía de Las Tesis y detuvo a seis participantes, que quedaron en libertad al día siguiente; la policía de Antalya impidió a unas 100 mujeres celebrar un acto de protesta con la coreografía de Las Tesis.

Se prohibieron de manera absoluta todas las concentraciones solidarias con las personas que se habían declarado en huelga de hambre entre noviembre de 2018 y mayo de 2019,[8] así como las concentraciones de protesta por la destitución de los alcaldes y alcaldesas electos y contra la operación “Manantial de Paz”.

Las concentraciones pacíficas de las “Madres del Sábado”, grupo que venía celebrando vigilias semanales en la plaza de Galatasaray desde mediados de la década de 1990 en recuerdo de las víctimas de desaparición forzada, seguían prohibidas desde agosto de 2018, fecha en que fueron eliminadas utilizando fuerza excesiva e innecesaria. Habían quedado prohibidos todos los actos de protesta en dicha plaza.

Se siguió enjuiciando a estudiantes por su participación en protestas pacíficas, Entre ellos figuraban 30 estudiantes de la Universidad de Boğaziçi que habían protestado pacíficamente contra la intervención militar turca en Afrín (Siria), y cuatro de la Universidad Técnica de Oriente Medio que habían exhibido una pancarta con una caricatura del presidente Erdoğan durante la ceremonia de graduación. Ambos juicios habían comenzado en 2018, y al concluir el año seguían en curso. Un total de 18 estudiantes y un profesor de la Universidad Técnica de Oriente Medio fueron enjuiciados en aplicación de la Ley sobre Manifestaciones y Reuniones por su presunta participación en la marcha del Orgullo Gay y Lésbico que, pese a haber sido prohibida, se celebró en mayo.

Derecho al trabajo y libertad de circulación

Seguían inhabilitados para trabajar en la función pública y sin pasaporte más de 115.000 de los 129.411 empleados y empleadas públicos —entre ellos, personal académico, militares, agentes de policía, docentes y profesionales de la salud— que habían sido despedidos de manera arbitraria en virtud del decreto de excepción dictado tras el intento de golpe de Estado de 2016. Muchos de estos trabajadores y trabajadoras —junto con sus familias— se vieron sumidos en la miseria y sufrieron un enorme estigma social, al haber aparecido sus nombres en los decretos ejecutivos, que los vinculaban a “organizaciones terroristas”. La comisión de investigación establecida para revisar sus recursos de apelación, antes de permitirles pedir la revisión judicial de sus casos, recibió 126.300 solicitudes, de las que estudió 98.300 y desestimó 88.700.

El Consejo de Jueces y Fiscales se valió de una ley aprobada en 2018 (Ley núm. 7145) —que permitía prorrogar tres años más la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, esgrimiendo de nuevo imprecisos motivos de presunta vinculación con “organizaciones terroristas”— para destituir al menos a 16 jueces y 7 fiscales durante el año, socavando aún más la independencia e integridad del sistema judicial.

Al final del año seguían pendientes de resolución ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos varios casos de separación del servicio público, entre ellos los de un funcionario —Hamit Pişkin— y tres profesores universitarios —Alphan Telek, Edgar Şar y Zeynep Kıvılcım— a quienes se había destituido de sus cargos, anulado el pasaporte e inhabilitado para el ejercicio del servicio público por haber firmado una petición en la que se criticaban las operaciones de seguridad efectuadas en el sureste de Turquía .

Tortura y otros malos tratos

Siguieron recibiéndose denuncias creíbles de tortura y otros malos tratos.

En Urfa, al este de Turquía, varios hombres y mujeres detenidos en mayo tras un enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y la organización armada Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) denunciaron, por medio de sus abogados, haber sufrido torturas, incluidas descargas eléctricas en los genitales.

Según denuncias de sus abogados, a algunos de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores detenidos en mayo en la Dirección de Seguridad de Ankara, acusados de “pertenencia a organización terrorista, fraude con agravantes y falsificación con fines terroristas”, los habían desnudado y los habían amenazado con violarlos con porras.

En ambos casos, los abogados afirmaron que sus clientes no habían tenido acceso a una consulta confidencial con un médico.

Desapariciones forzadas

Tras periodos de entre cinco y nueve meses sin noticias de ellos, fueron apareciendo bajo custodia policial seis hombres acusados de vínculos con el movimiento Fethullah Gülen, que habían desaparecido en febrero y de quienes se pensaba que habían sido víctimas de desaparición forzada. Las autoridades no facilitaron ni al público ni a las familias información sobre las circunstancias de su desaparición ni explicaron por qué cinco de ellos habían aparecido en la sección antiterrorista de la jefatura de policía de Ankara y el sexto en la jefatura de policía de Antalya, meses después de su desaparición. Las familias comunicaron que todos ellos habían perdido peso y estaban muy pálidos y nerviosos. Según la información recibida, los hombres no revelaron lo que les había ocurrido durante los meses de su desaparición. Tras permanecer hasta 12 días bajo custodia policial, quedaron detenidos en espera de juicio, acusados de terrorismo, después de haber comparecido en vistas judiciales sin el conocimiento ni de sus abogados ni de sus familias.

Al concluir el año, seguía sin conocerse la suerte y el paradero de un séptimo hombre, Yusuf Bilge Tunç, que había desaparecido en agosto, en circunstancias sospechosas similares.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Turquía continuó albergando a más personas refugiadas y solicitantes de asilo que ningún otro país, con más de 3,6 millones de personas refugiadas de Siria y unas 400.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo de otros países.

Sin embargo, en 2019, la población refugiada siria se enfrentó a mayores dificultades en un contexto de creciente polarización política y empeoramiento del panorama económico del país, que contribuía a agudizar las críticas y la intolerancia hacia las personas de nacionalidad siria.

Siguió operativa la Declaración UE-Turquía de 2016, por la que se destinaban fondos a Turquía para ayudarla a mantener a la población refugiada, a cambio —entre otras cosas— de su cooperación para evitar que las personas refugiadas y solicitantes de asilo pasasen a la Unión Europea. A fecha de 30 de septiembre, se habían desembolsado 2.570 de los 6.000 millones de euros prometidos.

Entre julio y octubre, al menos 20 personas sirias fueron devueltas de manera ilegal al noroeste de Siria, donde corrían peligro real de sufrir violaciones graves de sus derechos humanos.[9] No había cifras oficiales del número de personas deportadas, pero según declaraciones recibidas por Amnistía Internacional, durante ese periodo cada devolución afectaba a decenas de personas, lo que indicaba que el número total de personas devueltas ascendía, como mínimo, a varios cientos. Según informes, la policía turca golpeaba, amenazaba o engañaba a las personas de nacionalidad siria para obligarlas a firmar impresos de “retorno voluntario”. Estos hechos se produjeron antes de la incursión militar de Turquía en el noreste de Siria en octubre. Las autoridades negaron oficialmente las acusaciones de refoulement (es decir, devolución a un país o territorio pese al riesgo de sufrir persecución allí) de personas sirias e insistieron en que un total de 315.000 habían regresado “voluntariamente”.

Las personas migrantes y solicitantes de asilo corrían riesgo de detención arbitraria y devolución en los aeropuertos turcos, donde no tenían acceso efectivo a procedimientos de asilo ni ayuda. En enero, un hombre fue detenido de manera arbitraria en un aeropuerto de Estambul y deportado a Egipto, donde fue recluido en régimen de incomunicación y corría peligro de ser ejecutado. En mayo, un solicitante de asilo palestino de Siria pasó varias semanas recluido de manera arbitraria en el nuevo aeropuerto de Estambul, mientras intentaban deportarlo a Líbano, desde donde corría riego de devolución en cadena a Siria.[10]


[1] Turkey: ‘Judicial reform’ package is a lost opportunity to address deep flaws in the judicial system (EUR 44/1161/2019)

[2] Turkey: ‘We can’t complain’. Turkey’s continuing crackdown on dissent over its military operation ‘Peace Spring’ in northeast Syria (EUR 44/1335/2019)

[3] Turquía: Día negro para la libertad de prensa en un injusto proceso judicial por motivos políticos (noticia, 12 de noviembre)

[4] Turquía: Farsa judicial que debe concluir con la absolución de defensores y defensoras de los derechos humanos (noticia, 8 de octubre)

[5] Turquía: Después de más de 700 días, Osman Kavala debe quedar en libertad y deben retirarse los cargos presentados contra él y otras 15 personas (noticia, 7 de octubre)

[6] Turquía: Deben retirarse los cargos contra el denunciante de irregularidades que reveló riesgos para la salud pública (noticia, 25 de septiembre)

[7] Turquía: Los cargos absurdos contra estudiantes que celebraban el Orgullo deben ser retirados (noticia, 11 de noviembre)

[8] Turkey: Hunger strikes. Rights violations faced by prisoners on hunger strikes and those protesting in solidarity (EUR 44/0835/2019)

[9]Turkey: Sent to a war zone. Turkey's illegal deportations of Syrian refugees (EUR 44/1102/2019)

[10] Turquía: Palestino recluido en el aeropuerto, en peligro de expulsión. Mohamed Ajlani Younes (EUR 44/0670/2019)

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