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Turquía

Información extraída de nuestro INFORME 2021/22

No se abordaron las graves deficiencias del sistema judicial. Miembros de la oposición política, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas afrontaron investigaciones infundadas, procesamientos y sentencias condenatorias. Turquía se retiró del Convenio de Estambul. Altos cargos del gobierno usaron un discurso homófobo contra las personas LGBTI. Se limitó gravemente la libertad de reunión pacífica. Una nueva ley restringió de manera indebida la libertad de asociación de las organizaciones de la sociedad civil. Hubo denuncias graves y creíbles de tortura y otros malos tratos. Turquía acogía a 5,2 millones de personas migrantes y refugiadas, pero se negó la entrada a miles de solicitantes de asilo. Aumentaron las agresiones físicas a personas refugiadas y migrantes en el contexto del incremento de la retórica contra las personas refugiadas.

Información general

Un nuevo Plan de Acción sobre Derechos Humanos y dos paquetes de reformas judiciales elaborados por el Ministerio de Justicia no abordaron las graves deficiencias del sistema judicial.

En octubre, el Parlamento prorrogó otros dos años el mandato de las operaciones militares en Siria e Irak. La amenaza del presidente de expulsar a 10 embajadores y embajadoras occidentales a raíz de que pidieran la liberación inmediata del líder de la sociedad civil Osman Kavala se retiró después de varios días.

Extralimitaciones del Estado

Poder judicial y profesionales del derecho

En enero, el Ministerio de Justicia dio permiso para que se abriera una investigación sobre 12 personas que ocupaban cargos ejecutivos en el Colegio de Abogados de Ankara. Fueron acusadas de “insultar a un funcionario público” por criticar unos comentarios homófobos y discriminatorios realizados en 2020 por el presidente de la Dirección de Asuntos Religiosos durante un sermón del viernes. En abril, el tribunal de Ankara aceptó el acta de acusación formal. En julio se concedió el mismo permiso para investigar a miembros de los colegios de abogados de Estambul y Esmirna por “insultar los valores religiosos”. Las investigaciones y los enjuiciamientos seguían en curso al terminar el año.

En julio, el Parlamento aprobó un proyecto de ley general que prorrogaba un año los poderes de excepción y permitía el despido de funcionarios del Estado, incluidos jueces y fiscales, por tener presuntos vínculos con organizaciones “terroristas”, sin posibilidad de revisión judicial.

Represión de la disidencia

En enero, el tribunal de Ankara aceptó un acta de acusación formal de 3.530 páginas para enjuiciar a 108 personas, incluidos miembros y exmiembros del Partido Democrático de los Pueblos y su antiguo colíder Selahattin Demirtaş. El acta de acusación contenía 29 cargos distintos entre los que figuraban “homicidio intencional” y “socavar la unidad y la integridad territorial del Estado”. Se las acusó de movilizar a las masas para cometer actos de violencia durante las protestas que habían tenido lugar del 6 al 8 de octubre de 2014 siguiendo instrucciones del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK). Las actuaciones, conocidas como el “juicio de Kobani”, seguían en curso al concluir el año.

En marzo, el defensor de los derechos humanos y parlamentario de la oposición Ömer Faruk Gergerlioğlu fue despojado de su inmunidad y encarcelado después de que el Tribunal de Casación confirmara su condena a dos años y medio de prisión por compartir un tuit en 2016. Quedó en libertad tras casi tres meses bajo custodia después de que el Tribunal Constitucional fallara en julio que se habían vulnerado sus derechos a la libertad y a participar en la vida política.

En abril, en otro caso contra Selahattin Demirtaş, el Tribunal de Casación confirmó la condena a cuatro años y ocho meses de prisión por “hacer propaganda de una organización terrorista”. En septiembre y diciembre, el Comité de Ministros del Consejo de Europa encargado de vigilar la aplicación de la sentencia de diciembre de 2020 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Demirtaş v. Turkey reiteró su petición de que fuera puesto en libertad inmediata.

En septiembre, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Eruh condenó a Zana Aksu, objetor de conciencia y exdirector de la ONG Asociación de Derechos Humanos (IHD) en Siirt, a 18 meses de cárcel y al pago de una multa de 10.000 liras turcas (unos 700 euros) por “deserción”. Al terminar el año, la causa estaba pendiente de resolución ante el Tribunal Regional de Apelación de Diyarbakır. Zana Aksu ya había sido condenado por el mismo cargo en 2018 y absuelto en una causa distinta en 2020 en aplicación del principio de prohibición de procesar más de una vez por el mismo delito.

Libertad de expresión

En abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que se habían violado los derechos a la libertad de expresión, a la libertad y a la seguridad del periodista Ahmet Altan. Al día siguiente, el Tribunal de Casación anuló la sentencia dictada contra él, y al mismo tiempo ordenó su puesta en libertad inmediata por la duración excesiva de su encarcelamiento. También se anuló la sentencia de la coprocesada, Nazlı Ilıcak. La causa se devolvió al Juzgado de Primera Instancia para que celebrase un nuevo juicio. En diciembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó asimismo que se habían violado los derechos a la libertad y a la seguridad, y a la libertad de expresión de Nazlı Ilıcak.

En septiembre, un tribunal de Diyarbakır impuso a la abogada de derechos humanos Nurcan Kaya una condena condicional de un año y tres meses de cárcel por “hacer propaganda de una organización terrorista” en relación con un tuit sobre el asedio de Kobani por el Estado Islámico en 2015.

En octubre, el tribunal de Malatya condenó a Meral Şimşek, escritora kurda y miembro del Centro Kurdo de Pen Internacional, a un año y tres meses de cárcel por “hacer propaganda de una organización terrorista” en relación con sus escritos, los premios que había recibido y el contenido de conversaciones intervenidas. En julio, Meral Şimşek había sido torturada y devuelta con violencia por las fuerzas fronterizas griegas.

En octubre, en la histórica sentencia del caso Vedat Şorli v. Turkey, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que el artículo 299 del Código Penal, que tipificaba como delito insultar al presidente, era incompatible con el derecho a la libertad de expresión e instó al gobierno a ajustar la legislación al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En enero, el Tribunal Regional de Apelación de Estambul anuló las absoluciones, dictadas en febrero de 2020, de Osman Kavala y otras ocho figuras de la sociedad civil en el juicio del parque de Gezi. En febrero, las autoridades judiciales incorporaron el enjuiciamiento de Osman Kavala por “intentar subvertir el orden constitucional” y “espionaje” al del parque de Gezi por “intentar derrocar al gobierno”. En agosto, se decidió además fusionar estos enjuiciamientos combinados con el nuevo juicio del caso no vinculado de Çarşı, en el que estaban procesados 35 aficionados al fútbol por su presunta participación en las protestas de 2013 en el parque de Gezi. Aunque los 35 habían sido absueltos en diciembre de 2015, el Tribunal de Casación anuló en marzo sus absoluciones y recomendó incorporar el caso al juicio del parque de Gezi. En diciembre, el Comité de Ministros del Consejo de Europa notificó formalmente a Turquía su intención de iniciar procedimientos de infracción por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordenaba excarcelar a Osman Kavala.

En febrero, la abogada y defensora de los derechos humanos Eren Keskin fue condenada a seis años y tres meses de prisión por “pertenencia a una organización terrorista”. Fue juzgada en el proceso contra el periódico Özgür Gündem por participar en una campaña de solidaridad. El caso estaba pendiente de apelación al terminar el año.

El nuevo juicio de Şebnem Korur Fincancı y Erol Önderoğlu por su respaldo editorial de un día al periódico Özgür Gündem comenzó en febrero, después de que sus absoluciones de 2019 fueran revocadas en apelación.

En marzo, Öztürk Türkdoğan, copresidente de la Asociación de Derechos Humanos, fue arrestado en una redada policial en su casa como sospechoso de “pertenencia a una organización terrorista”. Quedó en libertad al día siguiente sujeto a medidas de control judicial.

En marzo, el fiscal del Tribunal de Casación emitió un dictamen en el que solicitaba la confirmación sin justificación de la sentencia condenatoria de Taner Kılıç, expresidente de Amnistía Internacional Turquía, al mismo tiempo que pedía la anulación de las sentencias condenatorias contra Özlem Dalkıran, Idil Eser y Günal Kurşun. Al terminar el año, la causa estaba pendiente de resolución ante el Tribunal de Casación.

En septiembre, Raci Bilici, expresidente de la Asociación de Derechos Humanos en Diyarbakır, fue sometido a un nuevo juicio después de que el Tribunal Regional de Apelación anulara su sentencia condenatoria en diciembre de 2020. El tribunal de Diyarbakır volvió a condenar a Raci Bilici a seis años y tres meses de cárcel por pertenencia a una organización terrorista. El caso estaba pendiente de apelación al terminar el año.

En octubre, el defensor de los derechos humanos Mehmet Selim Ölçer fue condenado a dos años y un mes de prisión por “apoyar a una organización terrorista” debido a su pertenencia a la Asociación Sarmaşık, organización de la sociedad civil con sede en Diyarbakır que luchaba contra la pobreza y que había sido cerrada en 2016 mediante un decreto ejecutivo.

El juicio contra tres policías y un presunto miembro del grupo armado PKK acusados de matar al abogado de derechos humanos Tahir Elçi continuó en Diyarbakır. Los agentes hacían frente a cargos de homicidio impremeditado por negligencia grave.

Derechos de las mujeres y de las niñas

El 20 de marzo, por decisión presidencial, Turquía se retiró del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), lo que privó a las mujeres y las niñas de un instrumento vital de protección frente a todas las formas de violencia, sin discriminación. El anuncio coincidió con un aumento de los casos de violencia de género en el ámbito familiar durante la pandemia de COVID-19 y desató protestas en todo el país. La retirada entró en vigor el 1 de julio. Según organizaciones independientes de derechos de las mujeres, durante el año 280 mujeres murieron como consecuencia de la violencia de género y las muertes de otras 217 fueron consideradas sospechosas.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En enero, en un tuit, el ministro del Interior llamó “pervertidos LGBT” a cuatro estudiantes de la Universidad de Boğazici. En el tuit comentaba su detención en relación con una exposición de arte en el campus en la que se veía un lugar de culto con símbolos de la comunidad LGBTI.

En marzo, el gobierno trató de justificar la retirada del país del Convenio de Estambul afirmando que éste estaba instrumentalizado para “normalizar la homosexualidad”, lo que era “incompatible con los valores sociales y familiares de Turquía”.

Libertad de reunión

La policía empleó fuerza innecesaria y excesiva durante la detención de estudiantes en reuniones pacíficas de protesta contra la designación presidencial del profesor Melih Bulu como rector de la Universidad del Bósforo. Al menos 11 estudiantes fueron enviados a prisión preventiva y otros 31 puestos bajo arresto domiciliario, y centenares fueron sometidos a control judicial y a procesamientos por infringir la Ley sobre Manifestaciones y Reuniones. Un total de 7 alumnos y alumnas hacían frente a procesamiento por cargos de “incitación al público a la enemistad y el odio” y a penas de hasta 3 años de prisión en relación con una exposición celebrada en el campus de la universidad. Al concluir el año, 2 estudiantes habían sido enviados a prisión preventiva por protestar contra el nuevo rector que sustituyó a Melih Bulu en agosto.

En marzo comenzó el juicio contra 46 personas, entre las que figuraban defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos, periodistas y familiares de víctimas de desaparición forzada, a quienes se conocía como “Gente/Madres del Sábado”. Habían sido acusadas en aplicación de la Ley sobre Manifestaciones y Reuniones por negarse a dispersarse el 25 de agosto de 2018 durante su 700ª vigilia semanal. La causa seguía en curso.

Un total de 17 mujeres que el 8 de marzo participaron en la marcha nocturna en conmemoración del Día Internacional de la Mujer fueron detenidas y posteriormente puestas en libertad bajo medidas de control judicial por “insultar al presidente” y violar la Ley sobre Manifestaciones y Reuniones. En agosto, un tribunal de Estambul aceptó el acta de acusación formal que pedía 8 años de cárcel para cada una.

En abril, la Gendarmería respondió con gas lacrimógeno a una protesta de residentes de la localidad de İkizdere, en la provincia de Rize, contra la decisión de reabrir una cantera en el pueblo que, alegaban, destruiría el medioambiente y contaminaría el agua potable. Algunos lugareños fueron detenidos y más tarde puestos en libertad. Las protestas continuaron pese a las órdenes de prohibición dictadas por la gobernación de Rize.

En junio, la marcha anual del Orgullo de Estambul se prohibió por sexto año consecutivo. La policía empleó fuerza innecesaria y excesiva para dispersar a quienes protestaban y detuvo al menos a 47 personas, entre ellas el periodista Bülent Kılıç. Todas las personas detenidas fueron puestas en libertad el mismo día. En noviembre de celebró la primera vista del juicio contra ocho manifestantes en virtud de la Ley sobre Manifestaciones y Reuniones.

Tras 2 años de juicio por participar en una marcha del Orgullo en la universidad, 18 estudiantes y un docente de la Universidad Técnica de Oriente Medio de Ankara fueron absueltos en octubre. El fiscal presentó un recurso contra la decisión. El caso estaba pendiente de apelación al terminar el año.

Libertad de asociación

La nueva Ley de Prevención de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva afectó negativamente al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. En octubre, el Grupo de Acción Financiera añadió a Turquía a la “lista gris” para que se aumentara su vigilancia. El Grupo aludió al hecho de que Turquía no abordaba graves deficiencias en sus esfuerzos por combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, incluida la ausencia de un planteamiento basado en los riesgos para supervisar el sector de las organizaciones sin ánimo de lucro.

En junio, el Tribunal Constitucional aceptó el acta de acusación formal presentada por el Fiscal General del Tribunal de Casación, que pedía la disolución del Partido Democrático de los Pueblos y la prohibición a sus 451 dirigentes y miembros de participar en política durante 5 años. Se acusaba al Partido de convertirse en el centro de coordinación de acciones contrarias a la integridad del Estado sobre la base de los procesamientos penales y sentencias condenatorias dictadas contra 520 personas en virtud de la legislación antiterrorista, excesivamente general.

Tortura y otros malos tratos

En enero, un juzgado de paz de lo penal de Diyarbakır rechazó una apelación de Mehmet Sıddık Meşe contra la decisión de no juzgar las denuncias de que había sido brutalmente golpeado por unos guardias en la cárcel Tipo-T núm. 3 de Diyarbakir en diciembre de 2020. Durante el año, el Colegio de Abogados de Diyarbakır recibió denuncias de tortura similares de presos de la misma cárcel. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura visitó la cárcel en enero, pero al final del año no se había publicado su informe.

En diciembre se incoó el enjuiciamiento penal contra Osman Şiban por “pertenencia a una organización terrorista”. Al parecer, Şiban había sido torturado por soldados en Van en 2020. El procesamiento de cuatro periodistas que informaron del caso de tortura continuaba al concluir el año.

Ese mismo mes, Garibe Gezer, encarcelada por cargos de terrorismo en la prisión de Kandira, fue encontrada sin vida en su celda mientras estaba en régimen de aislamiento en lo que se consideró un suicidio. Había denunciado sufrir torturas sistemáticas y agresiones sexuales por los guardias penitenciarios, pese a lo cual la fiscalía había descartado una investigación sobre las denuncias.

Desapariciones forzadas

Hüseyin Galip Küçüközyiğit, exasesor jurídico del Ministerio del Interior acusado de vinculación con el Movimiento de Fettullah Gülen, reapareció en la prisión de Ankara en septiembre, nueve meses después de haber sido sometido a desaparición forzada. Las autoridades habían negado que se hallara bajo custodia oficial. Al concluir el año seguían sin conocerse detalles sobre su suerte y su paradero durante esos meses.

Al terminar el año, no se conocían aún la suerte ni el paradero de Yusuf Bilge Tunç, de quien no se tenían noticias desde agosto de 2019.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Según las autoridades turcas de inmigración, en noviembre Turquía acogía a unos 5,2 millones de personas refugiadas y migrantes, 3,7 millones de ellas procedentes de Siria y beneficiarias de protección temporal.

En julio, las autoridades anunciaron la ampliación del muro existente en la frontera con Irán. Ese mismo mes, la gobernación de Van anunció que desde enero se había impedido la entrada al país a 34.308 personas. Se recibieron informes de que Turquía continuaba devolviendo a Irán a las personas afganas que trataban de entrar en el país de manera irregular. En agosto, tras la toma del poder en Afganistán por los talibanes, las autoridades turcas declararon que no iban a permitir la llegada de un gran número de personas de ese país.

En agosto, 145 personas afganas fueron detenidas en redadas policiales y trasladadas a un centro de devolución en el distrito de Tuzla, en Estambul. En el mismo periodo, 30 personas afganas fueron arrestadas en Ankara y detenidas por las autoridades de inmigración en espera de deportación.

En septiembre, las autoridades de inmigración concluyeron la inscripción de personas sirias en el registro de protección temporal en Ankara y anunciaron la deportación de migrantes irregulares sin estatuto de protección o permiso de residencia.

Aumentaron los ataques violentos contra personas sirias. En agosto, una gran multitud atacó las viviendas y bienes de personas sirias en el distrito de Altındağ, en Ankara, tras el apuñalamiento mortal de un joven turco durante una reyerta callejera entre jóvenes turcos y sirios.

En octubre y noviembre, las autoridades de inmigración arrestaron y detuvieron para ser deportadas a 45 personas refugiadas sirias por participar en una moda que consistía en compartir en las redes sociales vídeos de sí mismas comiendo plátanos. La moda, que surgió como reacción a un vídeo viral en el que una mujer siria era reprendida por personas de la población local que decían que no podían permitirse comprar plátanos, fue calificada por las autoridades de deliberadamente provocadora. El periodista sirio Majed Shamaa fue una de las personas objeto de detención.

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Jefe del Estado y del gobierno: Recep Tayyip Erdoğan

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