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Turquia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El estado de excepción vigente en Turquía fue el telón de fondo de las violaciones de derechos humanos. La disidencia fue reprimida de forma implacable. Entre quienes sufrían esa represión había periodistas, activistas políticos y defensores y defensoras de los derechos humanos. Continuaron denunciándose actos de tortura, aunque en menor número que durante las semanas posteriores al intento de golpe de Estado de julio de 2016. La impunidad generalizada impidió que se llevara a cabo una investigación efectiva sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Continuaron los abusos cometidos por grupos armados, incluidos dos ataques en enero. Sin embargo, a diferencia de lo habitual en años anteriores, no hubo más atentados con explosivos contra miembros de la población general. No se encontró ninguna solución a la situación de las personas desplazadas en el sudeste del país. Turquía siguió acogiendo a una de las mayores poblaciones de personas refugiadas del mundo, con más de tres millones de personas refugiadas registradas procedentes únicamente de Siria, pero persistía el riesgo de devolución.

El estado de excepción, declarado tras un intento de golpe de Estado en julio de 2016, siguió vigente durante todo el año y se utilizó para justificar restricciones indebidas de los derechos humanos y permitir al gobierno aprobar leyes que trascendían el control efectivo del Parlamento y de los tribunales de justicia.

Tras su ingreso en prisión preventiva en 2016, continuaron privados de libertad durante todo el año nueve parlamentarios del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), formación política izquierdista de filiación kurda, incluidos sus dos líderes. También continuaron en prisión sesenta alcaldes elegidos del Partido Democrático de las Regiones, partido hermano del HDP, que representaban a electorado del este y del sudeste de Turquía, de mayoría kurda. Las personas que los sustituyeron, que no habían sido elegidas por votación, continuaron ocupando sus cargos a lo largo de 2017. En octubre, seis alcaldes elegidos, entre ellos los de Ankara, la capital, y Estambul, se vieron obligados a dimitir a petición del presidente. ESto significó que un tercio de la población de Turquía no estuvo representada por las personas que habían elegido en las elecciones locales de 2016.

Más de 50.000 personas estaban en prisión preventiva por cargos relacionados con la “pertenencia a la Organización Terrorista Fethullahista”, a la que las autoridades culpaban del intento de golpe de 2016. Un número similar de personas quedaron en libertad bajo fianza con el requisito de presentarse periódicamente ante las autoridades. Sólo una pequeña minoría fue acusada de participar realmente en el intento de golpe de Estado. El sistema judicial, que también se vio diezmado por la destitución o detención de hasta un tercio de los jueces y fiscales del país, permaneció bajo una presión política extrema. Siguieron siendo habituales las detenciones preventivas arbitrarias, prolongadas y punitivas, así como el incumplimiento de las normas sobre juicios justos.

Continuaron los enfrentamientos armados entre el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) y las fuerzas de seguridad del Estado. Las fuerzas armadas turcas también llevaron a cabo operaciones militares contra grupos armados en Siria y en Irak; en septiembre, el Parlamento las prorrogó durante un año más.

En abril se aprobaron en referéndum reformas constitucionales que concedían amplios poderes al presidente. Quienes se oponían a las reformas propuestas denunciaron que habían tenido un acceso mucho menor a los medios de comunicación estatales y que se les había impedido manifestar su oposición en público. Las autoridades rechazaron las denuncias de que se hubieran cometido irregularidades en el recuento de votos.

Los representantes de la sociedad civil y la población en general ejercían la autocensura de forma generalizada: borraban publicaciones en las redes sociales y se abstenían de hacer comentarios públicos por miedo a que los despidieran del trabajo, a que cerraran sus organizaciones o a que los procesaran penalmente. Se iniciaron miles de procesos penales por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, muchos de ellos en virtud de la legislación que prohibía la difamación o por cargos falsos relacionados con el terrorismo. Se impusieron de manera habitual detenciones preventivas arbitrarias y de duración punitiva. Era frecuente que detalles confidenciales de las investigaciones se filtraran a los medios de comunicación vinculados al gobierno y se publicaran en las primeras planas de los periódicos, mientras que los portavoces gubernamentales hacían declaraciones perjudiciales sobre casos que se estaban investigando. Continuaron los procesamientos de periodistas y activistas políticos, y aumentaron notablemente los procesamientos de defensores y defensoras de los derechos humanos. También se persiguió a periodistas y medios de comunicación internacionales.

Desaparecieron en gran medida las críticas al gobierno en los medios de comunicación audiovisuales e impresos, y la disidencia quedó fundamentalmente confinada a los medios de comunicación online. El gobierno continuó utilizando de forma habitual órdenes administrativas de bloqueo, contra las que no había recurso efectivo, para censurar el contenido en Internet. En abril, las autoridades turcas bloquearon el acceso a la enciclopedia en línea Wikipedia por una página en la que se citaban informes de prensa sobre presuntos vínculos entre el gobierno turco y varios grupos armados en Siria. Wikipedia se negó a editar la página y, al terminar el año, el acceso a su sitio web permanecía bloqueado.

Periodistas

Entre los más de 100 periodistas y trabajadores de medios de comunicación que se encontraban en prisión preventiva al finalizar el año, tres eran del periódico laico de oposición Cumhuriyet; durante el año, ocho de sus colegas, que habían estado en prisión preventiva, fueron puestos en libertad en espera de conocer el resultado de sus juicios. Se seguía sometiendo a enjuiciamiento, sentencias condenatorias y prisión a periodistas de medios de comunicación que habían sido cerrados por decretos dictados bajo el estado de excepción. Ahmet Altan, exredactor del diario Taraf, y su hermano Mehmet Altan, continuaban en prisión preventiva tras haber sido detenidos en julio de 2016 por pertenencia al movimiento Gülen, al igual que 34 profesionales de los medios de comunicación que trabajaron para el grupo de periódicos Zaman. Zehra Doğan, periodista de la agencia kurda de noticias de mujeres Jinha, fue encarcelada en junio tras haber sido declarada culpable de propaganda terrorista y condenada a 2 años, 9 meses y 22 días de prisión. İnan Kızılkaya, redactor del diario kurdo Özgür Gündem, fue puesto en libertad en octubre, después de pasar 440 días en prisión preventiva en espera de conocer el resultado de su juicio por pertenencia al Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK).

Deniz Yücel, corresponsal del diario alemán Die Welt, fue arrestado en febrero y al terminar el año continuaba detenido sin cargos, gran parte del tiempo en régimen de aislamiento. La periodista del Wall Street Journal Ayla Albayrak fue declarada culpable de propaganda terrorista, y en octubre fue condenada a dos años y un mes de prisión por un artículo publicado en 2015 sobre enfrentamientos armados entre fuerzas estatales y personas jóvenes afiliadas al PKK.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En julio, la policía irrumpió en un taller sobre derechos humanos en la isla de Büyükada, cerca de Estambul, y detuvo a los 10 defensores y defensoras de los derechos humanos presentes, entre ellos dos extranjeros. A ocho de las personas detenidas, entre ellas la directora de Amnistía Internacional Turquía, İdil Eser, las mantuvieron en prisión preventiva hasta octubre, cuando empezó un juicio por cargos falsos de “pertenencia a una organización terrorista” por su trabajo como defensores y defensoras de los derechos humanos. El tribunal también decidió unir a la causa el procesamiento de Taner Kılıç, presidente de Amnistía Internacional Turquía, detenido en junio bajo la acusación de “pertenencia a la Organización Terrorista Fethullahista”, por descargarse supuestamente en su teléfono la aplicación de mensajería ByLock que, según las autoridades, iba a ser utilizada para las comunicaciones del grupo. Al terminar el año, Taner Kılıç continuaba en prisión preventiva, a pesar de que dos informes periciales independientes indicaban que no se había descargado dicha aplicación y de que la fiscalía no había presentado pruebas creíbles.

En agosto, Murat Çelikkan, veterano defensor de los derechos humanos, fue encarcelado tras ser condenado por propaganda terrorista en relación con un evento de 2016 en el que había expresado solidaridad con periodistas del Özgür Gündem, actualmente clausurado. En octubre fue puesto en libertad condicional, tras haber cumplido 2 meses de una condena a 18 meses de prisión. Se impusieron condenas condicionales a otros 16 activistas por participar en la misma acción, mientras continuaban los procesamientos contra 18.

En octubre, el líder de la sociedad civil Osman Kavala fue detenido y acusado de “intento de derrocar el orden constitucional” en relación con el intento de golpe de Estado de 2016. Al terminar el año continuaba en prisión preventiva sin haber sido acusado formalmente.

En noviembre, Raci Bilici, vicepresidente de la Asociación de Derechos Humanos (İHD), organización de carácter nacional, y presidente de su sección en Diyarbakır, fue llevado a juicio acusado de pertenencia a una organización terrorista. También se procesó a otros más de 20 miembros de İHD por presuntos delitos relacionados con el terrorismo.

Cinco representantes de la Asociación de Abogados Progresistas (ÇHD), que se encargaba de casos de derechos humanos y fue cerrada en 2016 en virtud de un decreto de excepción, fueron puestos en prisión preventiva tras operaciones policiales realizadas en todo el país. Habían sido acusados de delitos relacionados con el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) o el grupo armado Partido-Frente Revolucionario de Liberación Popular (DHKP-C). Selçuk Kozağaçlı, presidente nacional de la Asociación de Abogados Progresistas, fue detenido en noviembre. Al finalizar el año continuaba recluido en espera de juicio.

Activistas

Se persiguió a activistas por criticar a las autoridades. La activista Nuriye Gülmen y su colega Semih Özakça fueron detenidos en mayo y permanecieron bajo custodia por órdenes judiciales que hacían referencia a sus protestas pacíficas. Ambos habían estado en huelga de hambre desde marzo en protesta contra sus despidos arbitrarios, basados en un decreto del estado de excepción. Semih Özakça fue puesto en libertad en octubre, pero Nuriye Gülmen continuó detenida hasta diciembre, cuando la declararon culpable de pertenencia al DHKP-C, quedando en espera del resultado de su apelación. Semih Özakça fue absuelto de los mismos cargos. La policía detenía de forma habitual a quienes protestaban exigiendo la liberación de ambos activistas.

Más de 70 Académicos por la Paz fueron acusados de hacer propaganda del PKK tras haber presentado en enero de 2016 una petición en la que solicitaban que se pusiera fin a las operaciones militares en el sudeste de Turquía. Los primeros juicios empezaron en diciembre.

El activista Barbaros Şansal ingresó en prisión preventiva en enero tras difundir en las redes sociales publicaciones en las que criticaba al gobierno. En junio fue declarado culpable de “denigrar a la nación turca” en virtud del artículo 301 del Código Penal y le impusieron una condena condicional de 6 meses y 20 días.

Las manifestaciones públicas disminuyeron debido a las arbitrarias prohibiciones generales impuestas por los gobernadores provinciales al amparo de las atribuciones otorgadas por el estado de excepción. La policía empleó fuerza excesiva contra el reducido número de personas que se manifestaba a pesar de los riesgos. La “marcha por la justicia”, dirigida por el Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal partido de la oposición, que se llevó a cabo de forma pacífica, constituyó una notable excepción a esta tendencia. Las manifestaciones del Día Internacional del Trabajo, que se celebraban tradicionalmente en Estambul, se organizaron fuera del centro de la ciudad, con el acuerdo de los principales sindicatos.

Por tercer año consecutivo se negó la autorización para celebrar la marcha anual del Orgullo en Estambul, alegando motivos espurios de seguridad. La policía empleó fuerza innecesaria y excesiva contra grupos pequeños de personas que intentaron celebrar la marcha del Orgullo: los agentes dispararon balas de goma y efectuaron detenciones arbitrarias. En noviembre, con anterioridad a un festival de cine LGBTI que estaba previsto que se celebrase en Ankara, las autoridades locales prohibieron de forma indefinida los eventos organizados por organizaciones de solidaridad LGBTI. De nuevo, las autoridades alegaron falsos motivos de seguridad.

En junio y julio, más de 200.000 personas participaron en una “marcha por la justicia”, de 400 km, entre Ankara y Estambul. La marcha se anunció después de que Enis Berberoğlu, parlamentario del Partido Republicano del Pueblo (CHP), fuera declarado culpable y condenado a 25 años de prisión tras haber sido acusado de espionaje por entregar a periodistas un vídeo en el que supuestamente se mostraba la transferencia de armas a Siria en camiones del Servicio Nacional de Inteligencia. En octubre, la sentencia condenatoria de Enis Berberoğlu se anuló en apelación y se ordenó un nuevo juicio.

Continuaron denunciándose actos de tortura y otros malos tratos, sobre todo bajo custodia policial, pero a un nivel sensiblemente inferior que durante las semanas posteriores al intento de golpe de Estado de julio de 2016. Las autoridades turcas continuaron sin autorizar que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura publicara su informe sobre las denuncias de tortura tras el intento de golpe de Estado. No existía ningún mecanismo nacional de prevención efectivo con mandato para supervisar los centros de detención. No se disponía de estadísticas sobre las investigaciones de denuncias de tortura, ni había indicios de que esas denuncias se estuvieran investigado de manera efectiva.

En agosto, varias ONG denunciaron que al menos 30 personas habían sido golpeadas por soldados y agentes de policía en la localidad de Altınsu/Şapatan, en la provincia de Şırnak, sudeste de Turquía, tras un enfrentamiento con el PKK en el que murieron dos miembros de las fuerzas de seguridad. Según los testigos, a los vecinos los sacaron de sus casas, los detuvieron de forma arbitraria y los golpearon en la plaza del pueblo; 10 de ellos quedaron bajo custodia policial. Se compartieron en las redes sociales imágenes de las heridas que sufrieron los vecinos a consecuencia de los golpes. En una declaración, la oficina del gobernador negó las denuncias de tortura y sostuvo que las noticias en los medios de comunicación que las defendían eran “propaganda terrorista”.

En una situación de presión política extrema, los fiscales y los jueces estaban menos dispuestos aún que en años anteriores a investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes encargados de hacer cumplir la ley o a llevar a los responsables ante la justicia. La intimidación que sufrían los profesionales del derecho como, por ejemplo, detenciones e inicio de procesos penales contra ellos, los disuadía aún más de presentar denuncias penales. No se avanzó en la investigación de las denuncias generalizadas de violaciones de derechos humanos cometidas durante los toques de queda que duraban las 24 horas del día y que se habían impuesto en el sudeste de Turquía en 2015 y 2016. Más de cinco años después de que Turquía ratificara el Convenio de Estambul para luchar contra la violencia contra las mujeres, su aplicación seguía siendo deficiente y continuaron aumentando las denuncias de violencia contra las mujeres.

En abril empezó en Estambul el juicio contra un agente de policía acusado de matar a Berkin Elvan, que murió a consecuencia de las heridas que sufrió tras ser golpeado por un bote de gas lacrimógeno durante una manifestación en el parque Gezi en junio de 2013. La investigación sufrió fuertes demoras al no ser posible obtener imágenes de circuito cerrado de televisión del lugar donde ocurrieron los hechos.

Más de dos años después del disparo que el 28 de noviembre mató a Tahir Elçi, abogado de derechos humanos y presidente del Colegio de Abogados de Diyarbakır, seguía sin identificarse a ningún sospechoso. La investigación seguía viéndose obstaculizada por los retrasos o la imposibilidad de obtener imágenes de circuito cerrado de televisión.

En julio, el gobierno presentó información sobre 34 causas interpuestas ante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas a presuntas violaciones del derecho a la vida, la prohibición de la tortura y el derecho a la libertad y la seguridad cometidas en el sudeste de Turquía durante los toques de queda de 2015 y 2016.

La organización We Will Stop Femicide (Detendremos el feminicidio) denunció que los asesinatos de mujeres aumentaban mientras que la atención de los medios de comunicación por dichos casos disminuía. Según la organización, hasta el 25 de noviembre hubo 392 mujeres asesinadas.

Continuaron los abusos cometidos por grupos armados, pero el número de ataques indiscriminados o contra la población general fue menor que en los últimos años.

En enero, 39 personas murieron y 70 resultaron heridas después de que un hombre abrió fuego en un popular club nocturno de Estambul. El grupo armado Estado Islámico reivindicó la autoría del ataque.

También en enero, 2 hombres murieron y 10 personas resultaron heridas tras un ataque contra el juzgado de Esmirna. Los Halcones por la Libertad del Kurdistán, una rama del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), se atribuyó la responsabilidad del ataque.

En junio, el PKK reivindicó la responsabilidad por el homicidio del profesor Necmettin Yılmaz, que había sido secuestrado en la provincia de Tunceli/Dersim, en el sudeste de Turquía.

En virtud de los decretos de excepción, los trabajadores y trabajadoras del sector público continuaban expuestos a despidos sumarios por presuntos vínculos no especificados con grupos terroristas. Cerca de 20.000 trabajadores y trabajadoras fueron despedidos en 2017, con lo que se elevó a 107.000 el número total de personas despedidas desde julio de 2016. A muchas de ellas se les impidió en la práctica continuar ejerciendo su profesión, y tuvieron problemas para encontrar otros empleos después de ser calificados de “terroristas” a consecuencia de sus despidos. En enero, las autoridades anunciaron una Comisión de apelación formada por siete personas para evaluar los despidos. La comisión no se estableció hasta julio, y al terminar el año se había pronunciado en menos de 100 de las 100.000 apelaciones que, según informes, se habían presentado. Según las críticas generalizadas, la comisión carecía de la independencia y capacidad necesarias para llevar a cabo su labor. En junio, al desestimar por inadmisible la solicitud en el caso Köksal v. Turkey, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que no había razón para creer que la comisión no fuera un remedio efectivo. La decisión dejó la puerta abierta a que el Tribunal pudiera reevaluar la efectividad de la comisión en el futuro.

Carecían de acceso a viviendas y medios de vida adecuados muchas de las 500.000 personas que, según estimaciones, fueron desplazadas de sus hogares en las zonas del sudeste de Turquía sometidas a toques de queda en 2015 y 2016. Muchas no podían regresar a sus hogares, que habían sido destruidos durante o tras las operaciones militares en las que las fuerzas de seguridad del Estado se enfrentaron a personas armadas afiliadas al Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK). Las autoridades no tenían un plan integral para que las personas desplazadas volvieran a sus hogares.

En el distrito de Sur, en Diyarbakır, las personas que ya habían sido desplazadas de sus hogares durante el toque de queda perdieron sus hogares por segunda vez al ser desalojadas por la fuerza como parte de un proyecto de reurbanización que afectaba a todo el distrito. En mayo, a cientos de residentes se les cortó el suministro de agua y electricidad, en un aparente intento de obligarlos a marcharse.

Turquía siguió acogiendo a una de las mayores poblaciones de personas refugiadas del mundo, con más de 3.300.000 registradas procedentes únicamente de Siria. A pesar de las nuevas iniciativas para mejorar su situación, muchas tenían un acceso insuficiente a medios de vida, vivienda, atención médica y educación para sus hijos e hijas. Las personas refugiadas, con excepción de las de nacionalidad siria, no tenían acceso a procesos justos y eficaces para determinar su condición. Hubo noticias constantes de devoluciones de personas refugiadas y solicitantes de asilo, incluso a Siria. Las ONG internacionales humanitarias que trabajaban con personas refugiadas encontraban cada vez más obstáculos para realizar su trabajo en Turquía, debido a que las autoridades les imponían restricciones para trabajar en el país y, en algunos casos, les retiraban la autorización para hacerlo.

Según la información disponible, entre finales de mayo y principios de junio tuvieron lugar devoluciones colectivas de personas refugiadas y solicitantes de asilo sirias e iraquíes a sus países de origen respectivos desde el centro de expulsión de Van, en el este de Turquía. Según informes, cerca de 200 personas iraquíes y unas 300 sirias fueron devueltas después de que los funcionarios las obligaran a firmar formularios en los que accedían a “retornar voluntariamente”.

República de Turquía
Jefe del Estado: Recep Tayyip Erdoğan
Jefe del gobierno: Binali Yıldırım