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Desapariciones forzadas

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Las desapariciones forzadas las cometen agentes del Estado o personas que actúan en su nombre y se niegan a reconocerlo. Ocultan la suerte y el paradero de la víctima, dejándola fuera del alcance de la protección de la ley.

El término legal “desaparición forzada” puede sonar algo tosco, pero la historia humana que subyace es sencilla: las personas desaparecen, literalmente, de entre sus seres queridos y de su comunidad, cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. Es un delito de derecho internacional.

A menudo, estas personas nunca son puestas de nuevo en libertad, y no llega a conocerse su suerte. Muchas veces, las víctimas sufren tortura y viven con el temor constante de que las maten. Saben que sus familias desconocen por completo su paradero, y que no es probable que alguien acuda en su ayuda. Incluso si escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices físicas y psicológicas permanecen.

Durante el último decenio se han alcanzado algunos logros importantes. Por ejemplo, en 2010, celebramos la llegada de una convención internacional contra las desapariciones. Desde Amnistía Internacional, todos los años cientos de miles de simpatizantes envían cartas personales de apoyo a familias o llamamientos a gobiernos para reclamar el paradero de las personas desaparecidas.  

El marido de Bintou fue desaparecido por las fuerzas de seguridad de Camerún en diciembre de 2014. Ella lo ha buscado por todas partes pero no lo ha encontrado. Su paradero todavía es desconocido. ©Vincent Tremeau/Amnistía Internacional

"SIEMPRE ME PREGUNTO: ¿HABRÁ TENIDO HOY COMIDA SUFICIENTE? ¿ESTARÁ HERIDO? PERO QUIZÁ NADA DE ESTO IMPORTE. QUIZÁ ESTÉ MUERTO"

Madre de un muchacho desaparecido en 2011.

En imagen, Sandya Ekneligoda, esposa del periodista srilankés desaparecido Prageeth Ekneligoda, y Sithy Yameena, madre de Mohamed Hakeem, desaparecido desde 2009 en Sri Lanka. © Jean Marie Banderet

Vivir en la incertidumbre

Los familiares y amistades de las personas que han desaparecido sufren una lenta angustia psicológica, sin saber si su hijo o hija, madre o padre todavía viven, dónde están recluidos ni qué trato reciben. Buscar la verdad puede comportar gran peligro para toda la familia.

Las mujeres son quienes generalmente encabezan la lucha por averiguar lo ocurrido durante los minutos, días y años que transcurren desde la desaparición, exponiéndose ellas mismas a sufrir intimidación, persecución y violencia 

Además, cuando un miembro fundamental de la familia desaparece, la seguridad económica puede esfumarse. La persona desaparecida suele ser el principal sostén económico de la familia, la única capaz de cultivar el campo o llevar el negocio familiar. Esta situación puede llegar a empeorar debido a algunas leyes nacionales que no permiten cobrar una pensión ni ninguna otra ayuda si no se presenta el certificado de defunción.

Sin saber si su ser querido volverá alguna vez, la familia vive en una situación de absoluta incertidumbre.

Convención contra las desapariciones

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas entró en vigor en 2010. Su objetivo es evitar las desapariciones forzadas, descubrir la verdad cuando ocurren y garantizar que los supervivientes y las familias de las víctimas obtienen justicia y reparación.

Parte de un memorial dedicado a las víctimas de desapariciones forzadas, La Paz, Bolivia.
Parte de un memorial dedicado a las víctimas de desapariciones forzadas en La Paz, Bolivia. © AI

Sembrar el terror

La desaparición forzada se usa a menudo como una estrategia para sembrar el terror en la sociedad. La sensación de inseguridad y miedo que genera no se limita a los familiares cercanos de las personas desaparecidas, sino que afecta también a las comunidades y a la sociedad en su conjunto.

Su uso se ha convertido en un problema mundial. Ampliamente utilizadas por las dictaduras militares en su momento, ahora se producen desapariciones en muchos conflictos internos, especialmente cuando se intenta reprimir a la oposición política.

Parecen ir dirigidas específicamente contra defensores y defensoras de los derechos humanos, familiares de víctimas, testigos y profesionales del derecho, pero las personas vulnerables, como los niños y las niñas y las personas con discapacidad, también corren peligro.

Cada desaparición supone la violación de una serie de derechos humanos, entre ellos:

  • derecho a la seguridad y la dignidad personales
  • derecho a no sufrir tortura ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes
  • derecho a unas condiciones de detención humanas
  • derecho a la personalidad jurídica
  • derecho a un juicio justo
  • derecho a la vida familiar
  • derecho a la vida (si matan a la persona desaparecida o se ignora su suerte)  
Familiares de prisioneros políticos desaparecidos se manifiestan para pedir justicia, Santiago de Chile.
Familiares de prisioneros políticos desaparecidos se manifiestan para pedir justicia, Santiago de Chile. © Julio Ekchart

México, Siria y Egipto: tres puntos calientes

México, Siria y Egipto son tres de los países donde se han dado casos significativos de desapariciones forzadas en los últimos años.

México

En México, en septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que se dirigían a una protesta contra las reformas educativas del gobernador fueron atracados por la policía y hombres armados. Casi dos años después, sólo se ha encontrado el cuerpo de uno de ellos. Los 42 restantes continúan en paradero desconocido.

Los 43 estudiantes de Ayotzinapa son un caso emblemático de una larga lista de personas desaparecidas en un país en el que persiste la impunidad y donde esta práctica continúa estando generalizada. Al término de 2015, el Gobierno mexicano informó de que 27.638 personas se hallaban en paradero desconocido, pero no especificó cuántas de ellas habían sido sometidas a desaparición forzada.

Universidad rural de Ayotzinapa © Amnistía Internacional / Sergio Ortiz Borbolla

Siria

En Siria, el número de desapariciones forzadas continúa aumentando. Según un informe de 2015 de Amnistía Internacional, el Estado se está beneficiando de estas prácticas a través de un insidioso mercado negro. En él, los familiares, desesperados, son extorsionados para que paguen por información sobre sus seres queridos. La Red Siria de Derechos Humanos ha documentado al menos 65.000 desapariciones desde 2011, de las que 58.000 corresponden a civiles.

Algunas familias han vendido sus bienes o entregado los ahorros de toda su vida para pagar sobornos que les permitan averiguar la suerte de sus seres queridos. A veces obtienen a cambio información falsa. Un hombre cuyos tres hermanos desaparecieron en 2012 dijo a Amnistía Internacional que había pedido un préstamo de más de 150.000 dólares estadounidenses tratando infructuosamente de averiguar su paradero. Ahora está trabajando en Turquía para pagar su deuda.

Egipto

En Egipto, la desaparición forzada se ha convertido en un instrumento clave de la política de Estado para intimidar a la oposición y acallar la protesta pacífica. Cientos de ciudadanos corrientes, estudiantes, a veces menores de edad, y activistas políticos son secuestrados por la Agencia de Seguridad Nacional. Son recluidos en secreto, en condiciones crueles e inhumanas para forzar una confesión. Según diversas organizaciones de derechos humanos egipcias, actualmente entre tres y cuatro personas son detenidas cada día en el país.

Omar Ayman Mohamed Mahmoud, estudiante de noveno curso, fue arrestado en su casa por fuerzas de seguridad egipcias el 2 de agosto de 2015. Fue víctima de tortura y desaparición forzada. © Private

La situación en España

En España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el régimen franquista (1939-1975). Las autoridades españolas siguen sin prestar asistencia adecuada al poder judicial argentino, que ejerce la jurisdicción universal para investigar crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Cinco organismos de Naciones Unidas, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y varios Relatores Especiales han cuestionado a España sobre su falta de colaboración con la justicia argentina. y sobre su decisión de no extraditar a 19 ciudadanos españoles acusados de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen franquista. En febrero de 2016, la justicia argentina solicitó a España que se tomara declaración a estas 19 personas. La respuesta del Ministerio de Justicia español fue devolver a Argentina la petición de interrogatorio con una reclamación: el listado de preguntas, lo que ha obligado a la justicia argentina a enviar de nuevo el exhorto. Es hora de que España colabore con la justicia argentina; debe acceder a la petición de la jueza argentina de viajar a España y facilitar que se interrogue a las personas acusadas.

En julio de 2015, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias pidió a las autoridades españolas que redoblaran los esfuerzos para esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas durante el franquismo.

Un grupo de simpatizantes de Baltasar Garzón despliega decenas de fotografías de algunas de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y franquismo a la llegada del juez al Tribunal Supremo, durante el juicio contra él por declararse competente
Un grupo de simpatizantes de Baltasar Garzón despliega decenas de fotografías de algunas de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y franquismo a la llegada del juez al Tribunal Supremo, durante el juicio contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. Madrid, 08/02/2012. © EFE/Juanjo Martín

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE:


El 30 de agosto se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Todos los años Amnistía Internacional junto con otras ONG, asociaciones de familias y grupos de base, recuerda a las personas desaparecidas y exige justicia para las víctimas de desapariciones forzadas mediante actividades y eventos.

Si los gobiernos no saben realmente dónde están recluidas las personas desaparecidas, deben hacer un mayor esfuerzo para averiguarlo. Si lo saben, deben dejarlas en libertad, o, si han muerto, ofrecer información detallada sobre el lugar donde ocurrió.

Los gobiernos deben:

– Investigar y procesar a los responsables en un juicio justo.
– Legislar para incorporar la Convención Internacional a la legislación nacional.
– Aplicar la Convención Internacional y aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada.
– Cumplir con las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional.
– Asegurarse de que quienes han sobrevivido a la desaparición forzada y quienes han perdido a sus seres queridos reciben reparación, que incluya indemnización, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición.

© Telesur

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