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Tadjikistan

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las autoridades siguieron imponiendo restricciones drásticas a los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica para silenciar las voces críticas. La policía y los servicios de seguridad continuaron persiguiendo a los abogados y abogadas de derechos humanos y a sus familias. Un abogado de derechos humanos fue torturado y su condena se amplió a 28 años de prisión después de tres juicios injustos. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) sufrían violencia, detenciones arbitrarias y discriminación. Las autoridades obligaron a miles de mujeres a quitarse el velo (hiyab) para cumplir la Ley sobre Tradiciones.

Los problemas de orden público y lucha antiterrorista, reales o percibidos, dominaban la agenda política. Las autoridades invocaron constantemente cuestiones de seguridad nacional para justificar restricciones cada vez más duras a lo que consideraban expresiones de disidencia, alegando que dichas medidas garantizaban la estabilidad y preservaban las tradiciones culturales.

En su informe de junio, el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión indicó que desde su visita de 2016 a Tayikistán, las “restricciones draconianas a las voces de la oposición y la presión contra la sociedad civil” habían seguido empeorando y concluyó que, “en virtud del derecho de los derechos humanos, el gobierno tiene la obligación de reconsiderar por completo su planteamiento de coartar a la oposición, los medios de comunicación, Internet y la sociedad civil en su conjunto”.

En diciembre, menos de la mitad de los 2.000 abogados y abogadas registrados en todo el país habían conseguido volver a homologar su título y obtener la licencia para ejercer. En virtud de los cambios introducidos en 2015 a la Ley sobre la Abogacía, aumentó el control del gobierno sobre la concesión de estas licencias y se redujo significativamente el número total de profesionales habilitados para ejercer, lo que limitó de forma drástica el acceso a la justicia de la ciudadanía.

Persecución de abogados y abogadas de la defensa

Los abogados y abogadas que aceptaron la defensa de casos políticamente delicados o relacionados con la seguridad nacional y la lucha antiterrorista sufrieron cada vez más hostigamiento, intimidación y presiones indebidas en relación con su legítima actividad profesional. Los abogados y abogadas de derechos humanos fueron objeto de detenciones arbitrarias, procesamientos por cargos basados en motivos políticos y duras penas de prisión, así como de actos de hostigamiento contra sus familias y colegas. Muchos de ellos huyeron del país por razones de seguridad.1

El caso de Buzurgmekhr Yorov

En febrero, el Tribunal Supremo de Dushambé, la capital del país, rechazó los recursos presentados contra las penas de prisión que habían sido impuestas a los abogados de derechos humanos Buzurgmekhr Yorov y Nuriddin Makhkamov, que habían representado a varios miembros del Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán, prohibido en el país. El Tribunal Municipal de Dushambé los había sentenciado a 23 y 21 años de prisión, respectivamente, en octubre de 2016, tras un juicio manifiestamente injusto. Ambos abogados, que fueron declarados culpables de “provocar hostilidad nacional, racial, local o religiosa” y de hacer “llamamientos públicos a la alteración violenta del orden constitucional de la República de Tayikistán”, negaron todos los cargos sistemáticamente. Los medios de comunicación estatales presentaron a Buzurgmekhr Yorov como simpatizante de los terroristas y, por tanto, “terrorista” él también.

En febrero comenzaron ante el Tribunal de Distrito de Firdavs, en Dushambé, las vistas de una tercera causa penal por nuevos cargos de fraude contra Buzurgmekhr Yorov iniciada por las autoridades, al parecer en respuesta a las denuncias formuladas contra él por ciudadanos particulares.

En marzo, en el segundo juicio contra él, el Tribunal Supremo lo declaró culpable de desacato al tribunal e insultos a las autoridades en su declaración final ante el Tribunal Municipal de Dushambé en octubre de 2016, y lo condenó a dos años más de prisión. El juicio se inició en diciembre de 2016, estando Buzurgmekhr Yorov recluido en el centro de prisión preventiva (SIZO) número 1 de Dushambé.

En abril se informó a su esposa de una cuarta causa penal contra su él por presuntos insultos al “líder de la Nación”. En agosto fue condenado a tres años más de prisión por cargos de fraude e insultos al “líder de la Nación” en sus declaraciones ante el tribunal durante el primer juicio contra él por cargos de fraude. En total, su condena era de 28 años. La familia no pudo encontrar a ningún abogado que lo representara, ya que temíansufrir represalias de las autoridades, pues la abogada de derechos humanos Muazzamakhon Kadirova, que lo había representado en 2016, se había visto obligada a buscar protección en el extranjero.

En septiembre, las autoridades permitieron a la madre de Buzurgmekhr Yorov que lo visitara en el SIZO 1. Durante la visita, su hijo le contó que los guardias solían propinarles palizas a él y a otros compañeros de celda, golpeándolos en la cabeza y en otras partes del cuerpo con piernas, brazos y porras, a la vez que los insultaban y los amenazaban. A consecuencia de una de estas palizas, Buzurgmekhr Yorov pasó varios días en la enfermería del centro. Además, fue recluido en régimen de aislamiento al menos cuatro veces como castigo por “violaciones del régimen de detención”, según explicó a los medios de comunicación el director del SIZO, que negó todas las denuncias de tortura y otros malos tratos del abogado.

Las relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas no estaban penalizadas, pero seguían estando sumamente estigmatizadas. La “homosexualidad y el lesbianismo” estaban en la lista de “delitos amorales, prostitución y proxenetismo” del Ministerio del Interior desde 2014. Las personas LGBTI fueron el centro de dos campañas públicas para prevenir y combatir “el comportamiento amoral” y los delitos contra la “moralidad” que realizaron en 2015 la Fiscalía General, el Ministerio del Interior y el Comité de Estado sobre Asuntos de la Mujer y Familia. Las personas LGBTI sufrían actos de violencia, arrestos arbitrarios, reclusión y discriminación, como por ejemplo, la inscripción forzosa en listas del Ministerio del Interior. En octubre, el ministro del Interior anunció que los nombres y datos personales de 367 personas presuntamente LGBTI se habían incluido en un registro del Ministerio del Interior, con el pretexto de protegerlas y “prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH/sida”. El gobierno acusó a las ONG que trabajaban con personas LGBTI en cuestiones de salud sexual de menoscabar los valores culturales tradicionales.

En agosto, el presidente sancionó las reformas de la Ley sobre las Tradiciones, que regulaba la práctica de las tradiciones y celebraciones culturales. Estas reformas obligaban a la ciudadanía a utilizar vestimenta tradicional para celebraciones o ceremonias culturales como bodas y funerales. En particular, se prohibía que las mujeres vistieran de negro en los funerales.

En el mismo mes, la policía y las autoridades locales abordaron a más de 8.000 mujeres que usaban el pañuelo islámico (hiyab) en lugares públicos, les ordenaron quitárselo porque era contrario a la ley y les pidieron que se lo anudaran en la nuca, a la “manera tradicional tayika”. Decenas de mujeres estuvieron detenidas durante breves periodos y a muchas les quitaron el hiyab a la fuerza. No se abordó a las mujeres que vestían ropa occidental. Las autoridades sostenían que el hiyab era una forma de “tradición y cultura extranjera” y un signo de “extremismo”. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en tiendas que vendían ropa islámica, muchas de las cuales se vieron obligadas a cerrar.

Decenas de miembros y simpatizantes de grupos de oposición prohibidos, como el Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán y Grupo 24, así como sus familias, buscaron protección en el extranjero. Activistas en el exilio de ambos partidos denunciaron que, en represalia por sus acciones en el extranjero,como realizar protestas pacíficas durante reuniones y conferencias internacionales, la policía y los servicios de seguridad habían detenido, interrogado y, en algunos casos, golpeado a sus familiares —incluidas personas ancianas, niños y niñas— en Tayikistán. Las autoridades locales avergonzaban públicamente a los familiares, calificándolos de “traidores” y “enemigos del Estado”.

Las autoridades continuaron imponiendo restricciones draconianas a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, y controlaban prácticamente todas las formas de acceso a la información. La policía y los servicios de seguridad siguieron sometiendo a los profesionales del periodismo a intimidación y hostigamiento. Decenas de ellos se vieron obligados a huir del país por temor a represalias por su periodismo crítico.

En mayo, las autoridades desbloquearon el acceso a algunas redes sociales y plataformas de búsquedas, tales como Facebook, Vkontakte y YouTube. Sin embargo, continuó bloqueado el acceso a plataformas de medios de comunicación que se consideraba que promovían el “extremismo”, como BBC, CNN y Ferghana.ru.

En julio, el Parlamento aprobó nueva legislación que confería a la policía y a los servicios de seguridad nuevas facultades para obtener información sobre los sitios de Internet visitados por la ciudadanía. La nueva legislación se había propuesto en respuesta a declaraciones infundadas de algunas autoridades según las cuales más del 80% de los internautas accedían a sitios de contenido “extremista”.

  1. In the line of duty. Harassment, prosecution and imprisonment of lawyers in Tajikistan (EUR 60/6266/2017)
República de Tayikistán
Jefe del Estado: Emomali Rahmon
Jefe del gobierno: Qokhir Rasulzoda