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Información extraída de nuestro INFORME 2021/22

El Estado no garantizó verdad, justicia y reparación a las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas en los “hogares maternoinfantiles”. Preocupaban las condiciones y la asequibilidad de la vivienda, los obstáculos para acceder a servicios de aborto y la criminalización de los trabajadores y trabajadoras sexuales. El gobierno propuso un sistema de acogida de solicitantes de asilo respetuoso con los derechos humanos.

Impunidad

En enero se publicó el informe final de la comisión de investigación sobre los hogares maternoinfantiles, establecida por el gobierno en 2015 tras la campaña llevada a cabo durante años por sobrevivientes y personas afines a su causa. El informe venía a confirmar las denuncias formuladas desde hacía tiempo sobre malos tratos a mujeres y menores de edad en estos centros de subvención estatal dirigidos por órdenes religiosas desde la década de 1920 hasta la de 1990 adonde se enviaba a las “madres solteras” para dar a luz. Según sus conclusiones, en estos centros había altas tasas de mortalidad infantil, condiciones deficientes, maltrato físico y emocional, entrega en adopción de bebés sin el consentimiento informado de sus madres, y ensayos vacunales en bebés que incumplían requisitos normativos o éticos.

No obstante, había muchas y graves lagunas en los datos, análisis y conclusiones presentados por la comisión. Por ejemplo, el informe no incluía conclusiones sobre la entrega forzosa de bebés en adopción, las adopciones ilegales, las detenciones arbitrarias y los trabajos forzados a pesar de la evidencia de los testimonios de sobrevivientes. Las propuestas del gobierno sobre valoración de las indemnizaciones para las sobrevivientes eran sumamente deficientes.

Derecho a la vivienda

En un informe publicado en septiembre, la Comisión Irlandesa de Igualdad y Derechos Humanos y el Instituto de Investigación Económica y Social señalaban “problemas persistentes en relación con el acceso a la vivienda”. Según este informe, algunos grupos —como padres y madres sin pareja, personas con discapacidad y migrantes— sufrían especialmente la falta de calidad, espacio o asequibilidad de las viviendas; la dificultad de encontrar una vivienda asequible también afectaba de manera desproporcionada a menores de edad y jóvenes. También concluía que la población nómada tenía una “desventaja considerable en términos de vivienda adecuada”, que incluía la adecuación cultural.

No se estableció una fecha para el referéndum constitucional sobre la vivienda prometido en el Programa de Gobierno de 2020 y seguía sin estar claro si el gobierno iba a proponer un derecho constitucional a la vivienda en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos, como había recomendado la asamblea constituyente establecida por el gobierno en 2014.

Derechos sexuales y reproductivos

En septiembre, el grupo Abortion Rights Campaign publicó su investigación sobre la experiencia de las usuarias de los servicios de aborto en Irlanda desde la ampliación del acceso a ellos en 2019. En sus conclusiones señalaba los efectos negativos del periodo de 3 días de espera preceptiva para acceder a los servicios (previa solicitud y hasta las 12 semanas de gestación) y los obstáculos para acceder al aborto en alguno de los supuestos legales cuando el embarazo estaba más avanzado. La investigación revelaba falta de acceso al aborto en casos de malformación grave del feto, permitido por la ley si se determinaba que el bebé no sobreviviría un periodo de 28 días tras el parto. Asimismo, concluía que la disponibilidad de los servicios de aborto era desigual en todo el país, que había dificultades para acceder a información sobre estos servicios y que existían actitudes negativas y obstrucción por parte de algunos proveedores de servicios de salud.

A pesar de los compromisos formulados por el gobierno en 2018 y de los informes que indicaban que persistían los actos de intimidación y acoso a la entrada de los hospitales y clínicas de maternidad que prestaban servicios de aborto, no se aprobó legislación que estableciera zonas de seguridad para proteger los derechos de quienes necesitaban estos servicios.

Derechos laborales

La legislación promulgada en 2017 que mantenía los delitos y duplicaba las penas por varios aspectos del trabajo sexual seguía criminalizando directa e indirectamente a los trabajadores y trabajadoras sexuales. Preocupaba en especial el delito de “regentar burdeles”, según el cual dos o más trabajadores o trabajadoras sexuales podían ser procesados si trabajaban en el mismo lugar por razones de seguridad, ya que ese lugar se consideraba un “burdel”. Al final del año no había concluido la revisión, encargada por el gobierno e iniciada en 2020, de la aplicación de esta ley.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En febrero, el gobierno publicó un Libro Blanco en el que proponía sustituir antes de 2024 el sistema de “provisión directa” de alojamiento para solicitantes de asilo, ampliamente criticado, por un modelo respetuoso con los derechos humanos, y reconocía que el sistema actual no respetaba la dignidad ni los derechos humanos de las personas. Sin embargo, no se publicó un plan de ejecución detallado. Tampoco estaba claro cómo se protegerían los derechos y el bienestar de las personas acogidas a este sistema durante la transición al nuevo modelo.

Derecho a la salud

No se establecieron las investigaciones públicas que había recomendado una comisión parlamentaria creada en 2020 para examinar la gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del gobierno, que incluían investigar el alto número de muertes en las residencias de mayores. El gobierno declaró que no llevaría a cabo el examen de su propia gestión hasta el fin de la pandemia.

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