Irlanda

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Empeoró la crisis de vivienda. La reparación ofrecida a las sobrevivientes de abusos en los “hogares para madres y bebés” fue insuficiente. Continuó la discriminación de las mujeres y niñas romaníes y nómadas. Persistía la preocupación por el acceso limitado al aborto. Hubo críticas al Plan de Acción Climática del gobierno por la ausencia de políticas claras. La policía empleó fuerza innecesaria contra manifestantes.

Derecho a la vivienda

Se agravó la crisis generalizada de disponibilidad y asequibilidad de la vivienda con cifras récord de personas sin hogar. El Programa de Gobierno publicado en enero no incluía el compromiso de celebrar un referéndum constitucional sobre el derecho a una vivienda adecuada que había recomendado la anterior Comisión de Vivienda gubernamental.

Derechos de las mujeres y de las niñas

En julio, en sus observaciones finales sobre el octavo informe periódico de Irlanda, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió la eliminación de las barreras arbitrarias para la obtención de reparación que seguían afrontando las sobrevivientes de abusos en los “hogares para madres y bebés”, las Lavanderías de la Magdalena y otros centros de internado para mujeres y niñas en funcionamiento en el siglo XX. El Comité señalaba que el acceso de las mujeres y niñas romaníes y nómadas a educación, empleo, asistencia médica y vivienda seguía siendo limitado y que el número de mujeres nómadas en las cárceles seguía siendo desproporcionado. Asimismo, expresaba preocupación por que “no se h[ubier]an aplicado las recomendaciones del examen independiente de 2023 de la aplicación de la Ley de Salud (Regulación de la Interrupción del Embarazo) de 2018, y toma[ba] nota con preocupación de la falta de servicios de interrupción del embarazo y datos conexos disponibles y de la estigmatización y la objeción de conciencia entre el personal médico”.

Derecho a un medioambiente saludable

En abril, el gobierno publicó su Plan de Acción Climática 2025. Grupos de la sociedad civil señalaron con preocupación que el plan no incluía políticas ni obligaciones claras de los órganos del Estado para abandonar gradualmente y de forma equitativa los combustibles fósiles y las infraestructuras asociadas.

El Informe Económico sobre Clima y Medioambiente de Irlanda, publicado en marzo, mostraba un incremento de un tercio en los gastos de financiación climática en 2023, lo que indicaba que Irlanda estaba en el buen camino para cumplir su compromiso de 225 millones de euros anuales en 2025.

Rendición de cuentas de las empresas

El periódico The Guardian reveló pruebas de que las fuerzas armadas israelíes habían utilizado los centros de datos de Microsoft radicados en Irlanda para vigilar a la población palestina y planear ataques aéreos contra ésta. Tras una investigación, Microsoft anunció en septiembre de 2025 la cancelación del acceso de la Unidad 8200 israelí a determinados servicios de almacenamiento en la nube y de inteligencia artificial de Azure. Sin embargo, al concluir el año no estaba claro si Microsoft había investigado y cancelado todos los contratos y suministro de productos a entidades israelíes por su implicación en posibles violaciones de derechos cometidas contra la población palestina.

El gobierno no promulgó la legislación prometida para prohibir el comercio con asentamientos ilegales israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.

Libertad de reunión pacífica

La policía llevó a cabo arrestos innecesarios y empleó fuerza innecesaria en una manifestación del movimiento Madres contra el Genocidio en marzo. En octubre, la policía usó fuerza excesiva contra quienes protestaban por la detención por Israel de activistas de la Flotilla Global Sumud.

Libertad de expresión y de asociación

En octubre, el órgano regulador de las organizaciones benéficas estableció un grupo consultivo reglamentario para informar sobre cómo se aplicaría el nuevo fin benéfico de “promover los derechos humanos” —introducido en la Ley de Reforma de las Entidades Benéficas de 2024— a las decisiones sobre la concesión de la condición de entidad benéfica. Persistía la preocupación por los efectos negativos que Ley Electoral seguía teniendo en el acceso de las organizaciones cívicas a financiación para fines de campaña.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En abril se publicó un anteproyecto de ley que proponía reformar por completo el sistema de asilo en consonancia con el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE. Sin embargo, la Comisión Irlandesa de Derechos Humanos e Igualdad (IHREC, por sus siglas en inglés) expresó el temor de que esa propuesta legislativa introdujera un sistema que no respetara los derechos de las personas solicitantes de asilo. Los motivos de preocupación se referían en concreto a la detención, el acceso a representación y asesoramiento jurídicos, y el trato a la infancia y a las personas vulnerables.

Derechos laborales

En marzo, el Departamento de Justicia publicó su revisión —largamente esperada— del artículo 7A de la Ley sobre Delitos Sexuales de 2017, que penalizaba la compra de servicios sexuales. En ella recomendaba continuar con el enfoque de la penalización a pesar de los indicios de que exponía a los trabajadores y trabajadoras sexuales a un mayor riesgo de violencia y otros abusos.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación ante la falta de consentimiento libre, previo e informado para someter a menores intersexuales a intervenciones médicas y pidió que se prohibieran las prácticas de conversión para personas LGBTIQ+.

Derechos de las personas detenidas

En julio, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura publicó el informe de sus conclusiones tras una visita a Irlanda en 2024, en el que señalaba un empeoramiento de las condiciones penitenciarias, sobre todo para los hombres, con indicios de unos servicios de salud mental deficientes, violencia entre reclusos y muertes evitables bajo custodia, así como denuncias sobre abusos a manos del personal.

Derechos de las personas con discapacidad

En su primer informe como Mecanismo de Observación Independiente de Irlanda en virtud de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la IHREC señaló una “ausencia crónica de apoyos de base comunitaria, de vivienda y de servicios equivalente a una política de institucionalización de facto”, así como la “reiterada falta de protección del Estado a las personas con discapacidad” en entornos institucionales.

Violaciones del derecho internacional humanitario

En julio, la organización de la sociedad civil Uplift presentó una demanda en la que acusaba al gobierno de no haber investigado los indicios de vuelos civiles reiterados e ilegales desde Estados Unidos hacia Israel que transportaban cargamento militar a través del espacio aéreo irlandés.